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Es un buen proyecto el propuesto por el abogado constitucionalista Natale Amprimo. Consiste en plantear una reforma constitucional para que los expresidentes del Tribunal Constitucional conformen una comisión reorganizadora que reemplace a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que, de inmediato, remueva a los fiscales supremos y elija a los nuevos entre los fiscales superiores, previa evaluación.

El proyecto ha sido recogido ya por varias bancadas y ojalá hagan lo propio las mayoritarias, especialmente Fuerza Popular. No se ve otra manera de salir del entrampamiento en el que se halla el sistema de justicia, plagado de corrupción y de politización.

Los fiscales todopoderosos abusan de su poder, avasallando derechos constitucionales y la JNJ no hace absolutamente nada al respecto. Hay una connivencia que merece ser cortada de raíz.

Consolidado el proceso, será necesario que el nuevo gobierno, a partir del 2026, reforme por completo el sistema de justicia. La de Amprimo es una solución de emergencia, pero lo que debe lograrse es un cambio radical de uno de los pilares fundamentales de la democracia, como es el sistema de justicia (uno de los pocos en los que el Estado debe invertir sin cortapisas).

El Estado de Derecho democrático es condición imprescindible para que funcione correctamente una economía de mercado. Sin una justicia justa, valga la redundancia, no hay tutela de los derechos individuales, piedra angular de la vida social y económica.

El Poder Judicial, en sus instancias superiores y supremas mal que bien se salva de la ignominia, pero el Ministerio Público es un antro de injusticia y abuso, impune y sin control alguno.

Hay fiscales honestos e institucionalistas que ven con espanto lo que se ha hecho con su institución, convirtiéndola en una chaveta contra los que conviene destruir y en un manto de impunidad en beneficio del amigo o del poder del dinero.

La república pocas veces en su historia ha visto el grado de descomposición moral y profesional del Ministerio Público que hoy apreciamos. Se espera que la propuesta de Amprimo, que ayuda a mejorar la situación, tenga el eco merecido en el Congreso y pronto veamos una calificaciónsustantiva del problema.

Se debe mirar con optimismo que algunos candidatos nuevos de la centroderecha estén dedicados a recorrer el sur andino con intensidad. Es un bastión electoral que hay que arrebatarle a la izquierda radical porque, de otro modo, puede ésta asegurarse el pase a la segunda vuelta, por lo menos con un candidato sino con dos.

Este cálculo ya lo hemos hecho, pero vale la pena reiterarlo: el gran sur andino representa casi el 20% del electorado nacional. Si persiste el nivel de beligerancia y contestación que hoy alberga este bolsón poblacional, lo más probable es que en la primera vuelta del 2026 vote como en la segunda vuelta del 2021, es decir, cerca de un 80% a favor del candidato de izquierda radical. Allí nomás ya tiene el 15% de la votación en el bolsillo.

Si a eso se le agrega el resto del mundo andino y los bolsones crecientes de pobreza en la costa norte y la selva (un nuevo pobre es un ser amargado y antisistema en potencia), la tasa podría crecer tranquilamente a 25 o 30% de la población electoral del país. Y si recordamos que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con el 9% de la votación (su 18.9% oficial es resultado de la maniobra estadística de los votos válidos), no es difícil pensar que con un porcentaje cercano al 30%, coloque no solo uno sino dos candidatos radicales (por eso es tonto que haya quienes se consuelen señalando que la izquierda radical también va a ir dividida; por lo pronto, están Antauro Humala, Guido Bellido y Aníbal Torres).

Esa identidad política radical del sur andino y del resto del país debe ser rota. Y la mejor y quizás única manera de hacerlo políticamente es haciendo campaña allí. El gobierno ayudaría si hiciese buena política económica y rápidamente redujese la pobreza aprovechando el superciclo de las materias primas, pero ya se ve que eso no va a ocurrir por la medianía de su gestión. La cancha la tienen que recorrer, solos y con la adversidad a cuestas, los propios precandidatos.

Lo que está haciendo Rafael Belaunde, recorriendo Ayacucho, Cusco, el propio Puno, es formidable y digno de imitar por quienes, ojalá, luego se integren en un gran frente centroderechista. Allí está la clave del triunfo próximo.

-La del estribo: a ver, en el teatro de la Universidad del Pacífico, Inbestia, obra dirigida por Patricia Biffi y Mariela Noles y con la actuación de Liliana Trujillo, Cecilia Monserrate y Lupe Ramos. Entradas en Joinnus y va hasta el 8 de julio. Y gracias nuevamente al club del libro de Alonso Cueto, recomiendo leer Ciudad de cristal, novela corta que forma parte de Trilogía de Nueva York, del gran Paul Auster. Un placer su lectura.

Una de las mejores noticias para el futbol peruano es la aprobación de la ley de viabilidad de los equipos profesionales de fútbol (proyecto 1137), en la comisión de Economía. Quienes quieren detenerla -Gremco y los compadres- están realmente desesperados para que no llegue a aprobarse en el Pleno del Congreso.

Puntualmente establece un régimen excepcional para lograr que los clubes puedan presentar un plan de viabilidad que garantice el pago total de su deuda concursal, tributaria y corriente, su recuperación financiera y deportiva y la protección de su patrimonio.

¿Qué se establece? Que sea la Sunat la que administre el club hasta el pago total de su deuda concursal, tributaria y corriente. Y la Sunat, mediante concurso público, nombra un administrador.

La ley complementaria establece una tabla de montos y plazos obligatorios para que exista certeza jurídica del cobro de sus acreencias a entidades públicas y privadas.

Su vigencia previa ha logrado resultadosextraordinarios. El caso de Universitario de Deportes es excepcional: viene avanzando de una manera acelerada con el pago de la deuda corriente, que incluye la tributaria a favor del Estado. Ha duplicado los ingresos del club y dejado de depender solamente de los derechos de transmisión. Debido al éxito deportivo, ahora la taquilla es su principal ingreso, batiendo sus récords de asistencia en 100 años y recaudando más de 25 millones de soles por ese concepto que el año pasado. Por esos mismos logros deportivos, el nivel de los sponsors del equipo ha aumentado en cantidad y sobre todo en rentabilidad. Las cifras de hoy son muy superiores a las de toda su historia. Hay nuevas unidades de negocio como Socio adherente que acercaron al hincha con el club y lograron ingresos nunca antes generados. Se ha modernizado totalmente el viejo estadio Lolo Fernández y levantado el coliseo Apuesta Total para sus otras disciplinas como el vóley y futsal down. Y la base de todos estos logros ha sido una nueva realidad deportiva con grandes éxitos que han despertado la ilusión de toda la familia crema que ha vuelto masivamente al estadio.

Después de un carrousel de administraciones concursales fallidas que llevaron al equipo a la quiebra económica y deportiva, la institución se ha levantado de sus cenizas para celebrar su centenario como campeón del fútbol peruano 2023 y ahora campeón del torneo Apertura 2024.

El fantasma de Gremco que llevó al equipo a sus noches más oscuras ha desaparecido por ahora gracias a la Ley 31279 y se espera que ello se consolide con la nueva ley. El Congreso no puede estar de espaldas a la realidad de millones de hinchas del fútbol.

Va en el sentido correcto la afiliación del precandidato presidencial Fernando Cillóniz en las filas del PPC y su anuncio de que ya andan buscando alianzas con otros partidos que, como ellos, promuevan la defensa democrática y el respeto a la propiedad privada.

Ese es el camino a seguir. Ha mencionado a Avanza País, Libertad Popular, Renovación Popular e, inclusive, a Fuerza Popular (aunque ha anticipado que este partido no estaría interesado), como eventuales nuevos aliados del frente.

Sería claramente un frente de derecha o centroderecha. Si, por otro lado, la gente de Lo Justo se une con Jorge Nieto y llaman a otros partidos del mismo perfil centrista podríamos arribar al proceso del 2026 con dos grandes frentes, uno de centro y otro de derecha, que ayudarían a evitar la enorme fragmentación existente y, además, considerando que la gente está harta de la politiquería, podría tener mucho arrastre electoral.

Por cierto, partidos como el Apra o Alianza para el Progreso, o candidatos como Carlos Anderson y Alfredo Barnechea, no deberían ser soslayados en estos esfuerzos de integración multipartidaria.

Es un error pensar que estos pactos serán interpretados por la ciudadanía como enjuagues politiqueros, o imposturas ideológicas. Todo lo contrario, veremos cómo su conformación atraerá atención y preferencia cívica. En otras circunstancias históricas, tal vez podrían haber sido vistos, efectivamente, como componendas ambiciosas de poder, pero en los tiempos que corren, en los que la política es percibida como un mercado fenicio, plagado de ineficiencia y corrupción, esfuerzos que impliquen desprendimiento y trabajo colaborativo, serán bien apreciados.

Lo interesante de tales pactos es que aseguran, además, que las cuotas partidarias para las candidaturas al Parlamento tengan cierto filtro (cada partido tratará de colocar a sus mejores cuadros en el elenco) y de esa manera, poder aspirar a tener una mayoría parlamentaria o provocar un escenario propicio para que una posterior ampliación de la alianza, si gana las elecciones, le permita conformar una mayoría legislativa que le facilite la tarea ejecutiva.

Mis parabienes a Fernando Cillóniz. Sea en la lid presidencial o en la congresal, su presencia supone un aporte a la política peruana y su gesto debería ser imitado.

Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.

Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).

Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.

Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.

Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.

Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.

Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.

Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.

¿Qué pesa más en la balanza: el eventual ciclo de inestabilidad que supondría un anticipado proceso electoral o la resolución del hartazgo ciudadano con un gobierno mediocre y sin rumbo?

Apenas 5% de la población aprueba al gobierno de Dina Boluarte y 90% lo desaprueba, según la última encuesta del IEP. Y al socio político del Ejecutivo -el Congreso- solo lo aprueba el 6% y lo desaprueba el 91%.

Lo que es más grave: un 50% de peruanos considera que el gobierno de Dina Boluarte será más corrupto que los anteriores y 42% igual de corrupto. Además, un 72% considera que la situación económica es peor que hace un año y 55% considera que será peor en el futuro.

La sensación de corrupción, desatada luego del Rolexgate y de las andanzas del hermanísimo, ha corroído seriamente las bases de legitimidad del régimen. Y si se le suma la desesperanza respecto de la economía (expresada fácticamente en el aumento de la pobreza), se entenderá la foto del presente desalentador para la democracia, y, como bien señala el propio IEP, esto alentará la aparición de propuestas radicales o autoritarias.

Volvemos a la pregunta inicial: ¿es mejor cortar por lo sano, adelantando las elecciones generales, o, en aras de no aumentar la inestabilidad -que no veo dónde está (hay relativa paz social)- mantenemos como sea a Boluarte hasta el 2026?

Esta situación no va a mejorar. Va a ir para peor, y cuando queramos reaccionar políticamente ya va a ser muy tarde. La crisis del gobierno afecta a la democracia y le quita lustre ciudadano. Mientras más se sostenga este tinglado, más abono a favor de candidaturas disruptivas, radicales y autoritarias.

Mi posición es clara: se debe adelantar elecciones y cortar la sangría democrática que implica este gobierno mediocre y sin idea de cómo gobernar. Coincide con ello el 77% de los peruanos, aunque un 58.6% no sepa aún por quién votar. ¿Hay riesgo de que en las actuales circunstancias los Antauros descollen? El riesgo de que lo hagan será mayor si el deterioro se acentúa.

Y no hay nada que nos permita pensar que este gobierno mejorará. Al contrario, ya hasta los ámbitos tecnocráticos del Ejecutivo -el MEF, sobre todo- están tocados por la medianía y la contaminación política. Todo nos lleva a pensar que lo mejor para el país es zanjar el problema, convocar a elecciones generales y apostar a que las fuerzas democráticas, apremiadas por la urgencia, tengan la responsabilidad de conducirse inteligentemente.

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Adelanto de elecciones, Dina Boluarte, Rolexgate

El prematuro lanzamiento a la carrera presidencial de Rafael López Aliaga es un disparate descomunal que nadie de su entorno parece haber sido capaz de advertirle.

Primero, porque incumple una enfática promesa de campaña de que no renunciaría a la Alcaldía de Lima para postular a las lides presidenciales (ello le sería enrostrado corrosivamente durante toda la campaña por sus adversarios). Segundo, porque su gestión edil es tan mala que no tiene madera para hacer flotar alguna expectativa de dar el salto presidencial.

Pocas veces se ha visto una actuación administrativa en el municipio capitalino tan errática, ineficiente e improductiva como la que está desplegando López Aliaga y de allí sus altísimos niveles de desaprobación. La Lima que nos va a entregar va a ser una bastante peor que la que recibió.

Si en algún momento pensó que el sillón de Nicolás de Ribera era el mejor atajo político para llegar al solar vecino se equivocó de cabo a rabo. No solo por los antecedentes fallidos que existen al respecto (Bedoya, Barrantes, Belmont, Andrade, Castañeda, Villarán, etc.), sino porque mal puede, quien no es capaz de lo menos, de mostrarse como alguien con la capacidad de hacer lo más.

Seguramente, en su imaginación cree poder encarnar el carácter disruptivo y motivador de las dos figuras que la derecha regional mira con embeleso, como son Bukele y Milei. Lo que no está al alcance mental de López Aliaga es que él ya perdió ese aire disruptivo que lo acompañó cuando recién apareció en el firmamento político peruano y, además, que el Perú no parece demandar figuras de ese perfil.

Lo que se necesita para derrotar a los disruptivos radicales de izquierda, que sí tienen tela por cortar, como Antauro Humala, Guido Bellido o Aníbal Torres, es un gran frente de centroderecha, republicano, liberal y demócrata, y para conformarlo se requieren virtudes de las que adolece el burgomaestre limeño.

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Nicolás de Ribera, Rafael Lopez Aliaga

Entrevistando a Max Hernández para el segundo número de la revista Pulsión, el psicoanalista hacía notar con agudeza cómo había ocurrido en el país que tres grandes fenómenos democratizadores (el ascenso de las clases medias, la migración del campo a la ciudad y la condición ciudadana del emprendedor popular) habían ocurrido durante dictaduras, como las de Leguía, Odría y Fujimori. Agregaría la reivindicación del indio, bajo el régimen militar de Velasco.

Y ello en medio de la paradoja de que durante los periodos democráticos no se haya producido nada de esa envergadura, ni en los tiempos de la República Aristocrática ni en el periodo post Fujimori, los dos periodos más prolongados de alternancia democrático electoral que el país hatenido a lo largo de su vida republicana. Quizás solo podría ser equiparable la reducción de la pobreza desplegada sobre todo entre el 2001 y el 2011, cuando acaba el segundo gobierno de Alan García.

Eso debe cambiar radicalmente si queremos que sobreviva la feliz conjunción de capitalismo y democracia, que es la fórmula más exitosa para generar prosperidad en los países que los albergan. Con defectos enormes por corregir en ambos sistemas, aún hay porvenir propicio en ese matrimonio difícil y a veces conflictivo.

La democracia tiene que ser más efectiva. No puede contentarse con elecciones periódicas y la relativa existencia de una separación de poderes. Hay que darle vitalidad ejecutiva a los gobiernos democráticos, y dinámica participativa a las propias democracias, con mecanismos que involucren al ciudadano y lo hagan sentirse partícipe de las tomas de decisiones (referéndums, renovaciones parciales del Legislativo, revocatorias, etc.).

La democracia se debe comer. Si dejamos que se convierta en un adorno institucional, bajo cuyo manto prospera la inacción económica, el descuido de la igualdad de oportunidades (salud y educación públicas), la inseguridad ciudadana y la corrupción rampante, se explica por qué somos el país que peor consideración tiene sobre los valores democráticos y los riesgos que ello implica para la irrupción de candidatos populistas autoritarios tanto de izquierda como de derecha.

Nota: agradezco a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, por su reciente comunicado alertando sobre los abusos fiscales de los que he sido y soy víctima, yendo a contrapelo de la libertad de prensa y del principio constitucional de la reserva de las fuentes periodísticas.

Antaño era en los grandes medios, especialmente los televisivos, que se definían las campañas electorales. Un buen debate, una buena entrevista o un buen spot publicitario definía la diferencia necesaria para obtener el ansiado resultado en las urnas.

Después se le dio más importancia a la radio y últimamente a las radios regionales, como la clave del éxito. Rápidamente, en cuestión de una década, las redes sociales reemplazaron a los medios radiales como principal vehículo de comunicación.

Hoy tampoco es así. Las cosas varían aceleradamente en un mundo tan cambiante. Son los medios digitales y los microsegmentospoblacionales los que marcan la pauta. Una buena performance en La Encerrona, en El diario de Curwen, en el podcast de Hildebrandt en sus trece o en Sin Guión, pesa más que una entrevista en el principal diario nacional o en el principal canal o radio nacionales.

Adicionalmente, ya no es tiempo de los grandes mítines. Lo que impacta, y profundamente, son los microsegmentos poblacionales representativos. Una visita al mercado Unicachi o a la feria artesanal de Puquio, tienen más efecto de irradiación que organizar un gran encuentro en la plaza de Armas de la ciudad.

Claro, a uno lo escuchan treinta o cuarenta personas, pero el efecto de propagación posterior que ello tiene es inmenso. A la postre, produce un efecto de divulgación mayor que acudir a un recurso tradicional y manido de las estrategiaselectorales de antaño.

Esto hace más compleja e interesante la contiendaporque obliga a los equipos de campaña a salir de la caja para llevar a sus asesorados candidatos al triunfo. Las famosas Escuelas Naranja del fujimorismo, por ejemplo, tienen un efecto político mayor que un road show mediático de la lideresa del partido.

El rey de la campaña de Pedro Castillo, hace casi tres años, fue el whatsapp. Hoy, a pesar del poco tiempo transcurrido, ya no funciona así. Los tiempos cambian aceleradamente y obliga a que los candidatos afinen sus estrategias y sus equipos de campaña. Ya no basta con ver Al Fondo hay sitio o leer El Trome, para entender la psicología popular, como decía hacer el estratega brasileño Luis Favre.

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