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La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó con 12 votos a favor el dictamen del proyecto de ley 2803, que establece la unión civil entre dos adultos que quieren formalizar su convivencia, sin importar si son del mismo sexo o de sexos opuestos.

Siempre he pensado que en este tema del reconocimiento a las parejas homosexuales era mejor ir con todo (matrimonio, derecho de adopción, etc.), pero quizás resulta mejor la estrategia de ir avanzando de a pocos y paulatinamente llegar a la meta de los logros señalados.

En esa medida, se debe saludar la iniciativa impulsada por el congresista Alejandro Cavero, porque abre la puerta al camino de ir logrando derechos civiles para todos los peruanos sin distinción de género. Y hay que felicitar a los congresistas que se han allanado al proceso y que probablemente no lo hubieran hecho si se iba por más.

Entre los derechos que otorga la unión civil se encuentran las decisiones médicas prioritarias, la inclusión en seguridad social, los bienes adquiridos durante la convivencia, el derecho a pensión, beneficios económicos, prestación de alimentos, así como los derechos sucesorios, todos ellos derechos legales hoy proscritos y que tantos problemas generaba en la vida real a parejas homosexuales.

El Perú es uno de los países más rezagados en derechos civiles de la región. No sólo en lo concerniente al tema vinculado a los derechos de homosexuales, sino en asuntos como el aborto, los métodos de control de la natalidad a nivel de servicio público, etc. Es hora de ir poniéndonos al día y lograr poco a poco la constitución de un Estado de Derecho inclusivo, moderno y liberal.

Ojalá el Pleno del Congreso ratifique esta iniciativa legal y los conservadores rancios -que abundan no solo en la derecha sino también en la izquierda, como se ha visto en la votación de la comisión de Justicia- no impongan sus prejuicios y aversiones medievales, ante un proyecto moderno y profundamente democrático.

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derechos civiles, género, homosexuales, unión civil

La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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Boluarte, Datum, Encuesta

Ahora que la APEC permite ensalzar las virtudes del libre comercio y de los múltiples tratados que el Perú ha firmado, es bueno recordar el papel funesto que jugaron en contra, la izquierda nativa y algunos sectores empresariales, coludidos en ideologías proteccionistas.

La izquierda, aún hoy, reniega de las bondades de la apertura arancelaria y sostiene que es necesario apoyar a los productores nacionales con tasas impositivas especiales. Y coincide en ello con la derecha populista y nacionalista que ha reaparecido en el planeta (Trump es la mejor expresión de ello).

Así como la tozuda y miope visión ideológica de la izquierda frustró y sigue frustrando proyectos de inversión privada de naturaleza extractiva (desde Camisea hasta Tía María o Conga), hizo lo propio con la apertura comercial que tantos beneficios, inmensos ellos, le ha brindado al país, merced a los tratados liberales firmados a continuación del inicial, con los Estados Unidos, gracias a la gestión, hay que reconocerlo, del gobierno de Alejandro Toledo.

Y, por supuesto, todo el despliegue comercial comentado es posible gracias al modelo económico propiciado por la Constitución del 93, cuyo capítulo económico -que la izquierda, cuándo no, quiere cambiar- siembra las bases que luego permitieron que el libre comercio global deviniera en necesario y natural.

Los tratados de libre comercio, contra lo que pensaban los gremios empresariales mercantilistas, no han destruido ninguna industria ni creado desempleo masivo, sino todo lo contrario. Han alineado, más bien, las fuerzas productivas locales hacia los sectores en los que somos competitivos, corrigiendo las distorsiones que el modelo velasquista de protección industrial había generado.

Que la cumbre APEC se realice una vez más con nuestro país como anfitrión es buena ocasión para reafirmar los principios del libre comercio y la economía de mercado, así como también para recordar a quienes actuaron con enorme irresponsabilidad histórica a económicos ya tendrían al Perú colocado en un lugar muy superior al que actualmente ostenta.

 

Uno de los distritos más afectados por la congestión de tránsito es Barranco. Pequeño, pero cada vez más poblado, sufre las consecuencias de la construcción del Metropolitano durante la gestión de Luis Castañeda, que ocupó la avenida Bolognesi en carril exclusivo, dejando únicamente la avenida San Martín-Pedro de Osma, como vía de acceso a Chorrillos (junto con la Costa Verde).

Cuando al alcalde chorrillano se le ocurre hacer una actividad deportiva, cuando hay un accidente o un deslizamiento en la playa y la Costa Verde es cerrada al tránsito, Barranco simplemente colapsa, pudiendo ser necesaria una hora y media para transitar el kilómetro y medio de largo que tiene.Y sin necesidad de ello, todos los fines de semana es una tragedia circular por sus calles.

Ahora, sin embargo, se está abriendo una oportunidad de oro para que el problema se resuelva: la construcción o ampliación de la vía expresa hacia el sur. Se calcula que concluya en diciembre del 2025 y conectaría el final que hoy tiene en República de Panamá con la carretera Panamericana Sur. Si, con sensatez, se lleva al Metropolitano por esa vía, ya no será necesario mantener el corredor exclusivo hacia Matellini como hoy sucede. Tranquilamente, la avenida Bolognesi podría volver a ser de doble tránsito vehicular en todo su trayecto y se convertiría al Metropolitano en un alimentador hasta Matellini,que conecte con los otros alimentadores (aunque seguramente, tendrá más demanda la línea que iría por la vía expresa que se está construyendo).

Se evitaría con ello, además, la separación de Barranco en dos, uno rico y otro pobre, que el Metropolitano de la avenida Bolognesi consagró, impidiendo la accesibilidad a la zona popular del distrito que, como está ocurriendo con Surquillo, tranquilamente podría convertirse en un centro gastronómico y turístico de la ciudad.

Jessica Vargas, la actual alcaldesa, está haciendo hasta el momento una buena gestión. Se anuncia la puesta en marcha del teleférico, la reconstrucción de la ermita, debería retornar la ecoferia de las primeras cuadras de la avenida San Martín, al costado del Gálvez Chipoco, peatonalizar algunas calles, y si sus buenas relaciones con el alcalde de Lima, permiten que se haga la sugerido con el Metropolitano habrá cambiado, para bien, la faz del distrito.

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barranco, Metropolitano, teleferico

José Arista, titular del MEF, y Rómulo Mucho, del Ministerio de Energía y Minas, por un mínimo de decoro y verguenza deberían haber ya renunciado a sus puestos, luego del escandaloso manejo gubernativo de Petroperú.

Contraviniendo sus propias ideas respecto del problema que acarrea la millonaria pérdida que Petroperú le endilga al fisco peruano regularmente -es decir, que pagamos todos-, el gobierno, con resabios ideológicos estatistas, ha colocado en la presidencia y gerencias del organismo estatal, a personas con prontuario estatista que caminarán muy lejos de la propuesta del anterior directorio, que proponía un manejo corporativo que condujese paulatinamente al traslado de la empresa al sector privado.

Es verdad que el problema se arrastra desde hace décadas y son varios los ministros corresponsables del desastre, pero en esta ocasión, el asunto ya tocó fondo y había, además, una solución sensata planteada, simplemente a la espera del visto bueno del gobierno para resolverlo.

Si algún ministro debe andar siempre con la carta de renuncia en el bolsillo es el ministro de Economía y Finanzas. Su propio prestigio profesional lo debería compelir a emplearla a la primera de bastos en que el gobierno se desvíe por rutas heterodoxas o reñidas con el buen manejo de la cosa pública.

Ya son varios brulotes que al ministro Arista ha dejado pasar por alto y no parece movérsele un pelo de dignidad, pero al menos se esperaba que un ministro como Rómulo Mucho, comprometido con la inversión privada y creyente en la economía de mercado, este manejo de Petroperú le resultase intolerable, pero, al parecer, el fajín tiene un poder magnético que los hace evadir la única respuesta decorosa: la renuncia.

Este gobierno no es que no sepa qué hacer con Petroperú. Lo sabe muy bien. Utilizar la empresa como caja chica y antro de favores políticos para sus allegados y socios gubernativos, para lo cual cuenta con los enormes recursos fiscales que, sin rubor, ha empleado y seguirá empleando para mantener a flote un elefante blanco como es Petroperú. Una vergüenza por donde se le mire.

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Arista, MEF, Ministerio de Energía y Minas, Mucho, Petroperú

La expectante ubicación de Francisco Sagasti en la encuesta de Ipsos sobre preferencias electorales, revela que el centro político en el país, si logra consolidar una buena candidatura, puede aspirar a un rol protagónico.

Sagasti ha dicho que no va a postular, pero hay varios otros en el candelero que bien podrían reemplazarlo en las simpatías ciudadanas. De hecho, se parte además de una realidad estadística: en todas las encuestas el centro supera a la derecha y a la izquierda en autoidentificación ideológica.

Es verdad que buena parte de ese resultado se debe a que la gente responde “centro” cuando alberga indefinición, en lugar de indicar una opción ideológica específica, pero, de todas maneras, revela que hay un espacio para quienes no quieren los extremos polarizados.

El desafío es conformar una opción de centro disruptiva, algo que parece una contradicción en los términos. Sin embargo, en medio de la izquierda radical, el fujimorismo y las derechas ultras, un paquete político que combine políticas económicas liberales con una defensa de la institucionalidad democrática -tan menoscabada hoy por los desmanes congresales- bien podría consolidar una propuesta disidente del establishment.

Ya tan solo poner especial énfasis en la construcción de una educación y salud públicas dignas y eficaces, puede marcar una diferencia respecto del resto de contrincantes. La ciudadanía resiente ambas falencias como un déficit democrático y lo percibe como una exclusión indignante del mundo normal de los peruanos de primer nivel, como deberíamos ser todos.

Al Perú de hoy le conviene la consolidación de opciones de centro y derecha potentes y políticamente viables. La izquierda, cada vez más radicalizada, es carta de garantía hacia el fracaso y destruiría los islotes de republicanismo democrático supervivientes, que el pacto infame del Congreso y el Ejecutivo se están tirando abajo con fruición sin pausa.

Lo peor que le podría pasar al Perú es que el 2026, la fragmentación del centro y la derecha produzca un triunfo de la izquierda radical. Eso pasa por consolidar ambos sectores ideológicos, y, particularmente, en medio de la polarización mundial, que reaparezca un centro democrático y liberal en el país es una noticia a celebrar.

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Encuestas, Francisco Sagasti, IPSOS

Son dos las tareas fundamentales que le corresponde ejecutar a la flamante fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Primero, hacia afuera, la defensa de los fueros institucionales frente la arremetida política del Congreso. Segundo, hacia adentro, limpiar la casa de malos fiscales que han pervertido el buen quehacer deontológico al cometer excesos impunemente.

Hay una fábrica de falsos testimonios de colaboradores eficaces o aspirantes a serlo, al gusto del prejuicio o las rencillas de algunos fiscales, como está sucediendo con Eficoop y la fiscal Marita Barreto, quien a pesar de haber sido suspendida, sigue manejando los hilos del equipo y se ha dedicado a tomar venganza de sus críticos manipulando a diversas personas, como Jaime Villanueva, a que diga lo que quieren que diga e impute falsedades, a cuenta de evitarle el temido ingreso a la cárcel que le correspondería por los delitos confesados y por la falta de pruebas que ha otorgado para todos sus dichos, que hasta el momento no pasan de ese nivel.

De otro lado, la politización de la tarea fiscal es evidente en casos como LavaJato, donde se ha inventado cargos penales para justificar investigaciones sin sentido desde un inicio y que pronto, cuando pasen a la esfera judicial, demostrarán su levedad.

Delia Espinoza tiene que reconstruir la Fiscalía radicalmente y enmendar los rumbos tomados. Tarea descomunal la que le espera a la nueva Fiscal de la Nación. El Ministerio Público se ha convertido en un superpoder que aplana honras e inventa delitos, al son del humor del fiscal de turno, sin importarle el daño reputacional, los costos personales de los imputados y el tiempo enorme que se gasta en defenderse de cargos insostenibles.

La democracia requiere que el Ministerio Público recupere su solvencia profesional y se ponga punto final a la politización y la perversión profesional de malos fiscales. Ojalá la nueva titular de la entidad sepa aquilatar los desafíos que tiene al frente y actúe con celeridad.

La del estribo: merece teatro lleno en todas las funciones que restan, la obra María Estuardo que se presenta en el ICPNA de Miraflores, bajo la dirección de Alberto Isola y las actuaciones brillantes de Alejandra Guerra y Ximena Lindo. Es, sin duda, la mejor puesta en escena del año que pronto culmina y va hasta el 8 de diciembre. Entradas en Joinnus

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delia espinoza, Fiscalía

El triunfo abrumador de Donald Trump es una pésima noticia política y económica para los Estados Unidos y para el planeta entero. Populista, autoritario, nacionalista, proteccionista, antiderechos civiles, solo asegura un porvenir sombrío para la aún primera potencia mundial y, como efecto colateral, para el mundo.

La mediocre campaña de Kamala Harris, el papelón del retiro de Biden, y el alejamiento de los demócratas de los sectores populares norteamericanos, le abrieron la puerta a un personaje que hace pocos años nadie hubiera imaginado que iba a llegar dos veces a la Casa Blanca, más aún luego de una primera gestión gris y rupturista de la tradición democrática del país continente.

Como bien ha señalado el periodista Andrés Oppenheimer “en materia económica, la presidencia de Trump fue muy mala. Durante su mandato, la economía estadounidense creció menos que con Biden, y el déficit nacional alcanzó un máximo histórico. Trump dejó el cargo con tres millones de empleos menos que cuando lo tomó, mientras que el gobierno de Biden creó 16 millones de empleos, según cifras oficiales”.

Pero lo peor es el proteccionismo comercial que Trump pregona y que ahora podrá llevar a la práctica gracias a la mayoría obtenida en ambas cámaras. Si a ello le sumamos el control de la Corte Suprema, habrá también un retroceso en los derechos civiles que tan bien definían una democracia liberal como la norteamericana y que ahora sufrirá, sin duda, un retroceso radical.

Trump no es un representante de la derecha liberal. Es la versión gringa de la DBA. Su desempeño complicará al mundo y a la sostenibilidad -ya precaria- de las democracias liberales del orbe, que transitan por una severa crisis de legitimidad y representación.

Por lo pronto que Ucrania y Palestina se pongan a buen recaudo, dada la política exterior del rubicundo autócrata. Y que el Perú se prepare para ver sus exportaciones afectadas por el reaccionario proteccionismo trumpiano. Estados Unidos ha dado un salto para atrás y solo queda confiar en que la poderosa sociedad civil y política democráticas, que anida en su seno, sepa cómo contener los desmanes que, no cabe la menor sospecha, Trump pretenderá perpetrar desde el poder que se le ha conferido.

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DBA, Elecciones, Trump

No debiera tranquilizar a nadie que hayan sacado de la carrera electoral a Antauro Humala. Es verdad que su presencia protagónica -ya aparecía segundo en la reciente encuesta de Ipsos respecto de preferencias electorales- y sus desvaríos hacían temblar a cualquiera y en esa medida resulta saludable que la democracia se proteja (ojalá la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional no reviertan la inicial decisión judicial), pero lo que la centroderecha debe entender es que los candidatos disruptivos radicales van a aparecer de todas maneras.

Si no es Antauro será otro y por ello nadie debería confiarse y cejar en el empeño de construir una candidatura sólida y potente en dicho sector del espectro ideológico. Hay que saber, además, si el Congreso amplía el plazo ya vencido para registrarse en un partido y postular. En ese escenario, Antauro podría hacerlo y moderar su discurso estratégicamente. Es un tema aún por definirse plenamente.

El grado de irritación popular, que se arrastra desde la pandemia y la escandalosa inacción gubernativa y estatal para atender las demandas de los más pobres, que se acentúa con la brutal represión tras la caída de Pedro Castillo -entre diciembre del 2022 y enero del 2023- y que ahora alcanza su cúspide por la mediocridad absoluta del gobierno de Dina Boluarte, producirá que la narrativa radical de algún candidato prenda rápidamente, peor aún cuando se asocia a la centroderecha con el régimen y solo unos pocos líderes de ella toman debida distancia del establishment.

Si Antauro finalmente no postula, hay dos candidatos que se asoman como receptores de la alta intención de voto que Antauro ya tenía (8% según Ipsos): Guido Bellido y Aníbal Torres, ambos tan o más radicales que el líder etnocacerista, y cuyo discurso fácilmente tendría empatía con la cólera ciudadana vigente, la misma que ya ha empezado a manifestarse con paros y protestas, como no ocurría hace meses.

Que el susto no se pase, pues lo peor que podría ocurrir es que lleguemos a abril del 2026 con más de treinta candidaturas de centroderecha (en general, ya hay 37 partidos inscritos y 31 en proceso). Le dejarían la mesa servida a los radicales antisistema, sean Antauro, los mencionados o cualquiera que surja en el horizonte final del proceso electoral (como sucedió con Pedro Castillo).

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