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Ya quiero ver lo que va a pasar cuando a los millones de peruanos independientes les cobren en sus recibos de honorarios un porcentaje para las AFP. Porque eso es lo que dispone la ley que acaba de promulgar el Congreso. La bancada de Fuerza Popular, impulsora del proyecto de marras, les ha regalado a las AFP ingresos superlativos, que seguirán abonando en el drenaje de rentabilidades de las clases medias a favor de cuatro grupos de poder económico.

Hoy se impone que los gremios empresariales impulsen una vuelta al libre mercado imperante hasta el 2011, que nos permitió crecer superlativamente y sacar de la pobreza a millones de peruanos. Pero no, tales asociaciones empresariales han decidido optar por el mercantilismo puro y duro aprovechando la porosidad de un Congreso mediocre y que se vende al mejor postor.

Es el caso por ejemplo de la Sociedad Nacional de Industrias, que debería cambiarse el nombre a Sociedad Nacional de Mercantilistas, y que insiste, tozudamente, en una ley de promoción industrial que solo consiste en beneficios tributarios que nadie más tiene en la economía nacional. La SNI ha vuelto a los tiempos en los que se oponía a la liberalización del comercio exterior que se impulsó en los 90, siendo hoy en día uno de los gremios más retardatarios y proteccionistas que existen. Hay que estar atentos a que su poderoso lobby congresal no derive en la aprobación de un mamarracho proteccionista, equivalente al nuevo sistema pensionario que el lobby de las AFP ha logrado consagrar.

Ojalá la Confiep se logre distinguir de estos graves retrocesos ideológicos de los gremios citados y sea un motor de presión para que los candidatos el 2026 tengan claro que el norte al que debemos dirigirnos es el de la contrarreforma liberalizadora que libere el país de las sobrerregulaciones que empezaron a edificarse desde la gestión de Ollanta Humala.

Lo otro es mercantilismo y proteccionismo puro y duro que debe ser cuestionado severamente porque al final del día los que pagan las consecuencias de su puesta en marcha son los millones de peruanos de a pie y no los ricachones que se aposentan en los directorios gremiales.

Una labor crucial de los medios de comunicación, sobre todo los masivos, es organizar debates programáticos sobre los principales problemas del país (inseguridad, crisis económica, corrupción, etc.) convocando a los partidos que aspiran a llegar al poder el 2026 a que expongan sus planes al respecto.

En lugar de dedicarse al pueril y banal juego de llevar candidatos a programas de espectáculos a que improvisen bailes o a hacer el ridículo cocinando, contando chistes, participando de concursos improcedentes, que los obliguen a debatir, con buena producción televisiva, un intercambio de contenidos sobre los temas mencionados.

¿Cómo va a reformar la policía, la Fiscalía y el Poder Judicial? ¿Cómo va a resolver la carencia de establecimientos penitenciarios? ¿De dónde va sacar la plata? ¿Piensa efectuar una purga policial, como se hizo en otros países? ¿El plan Bukele la parece adecuado? ¿Cómo combatir las economías ilegales? ¿Le parece adecuada la estructura de los serenazgos?

¿Qué piensa hacer con Petroperú y Sedapal? ¿Cómo piensa activar los proyectos mineros congelados por los conflictos sociales? ¿Evalúa una reforma tributaria que elimine tantas exoneraciones, por ejemplo a los casinos? ¿Cómo piensa reducir la informalidad laboral? ¿Tocará la trama de la regionalización y la distribución de recursos que conlleva?

Con un buen panel de periodistas, escenografía adecuada, formato ágil y periodístico, programas de ese tipo pueden pegar, inclusive, en el rating, y, sobre todo, aportarán a la cultura cívica del electorado, que se acercará a las urnas con un poco más de conciencia política.

El 2026 no puede repetirse la ruleta rusa que fueron las elecciones del 2021, donde al final, el peor de los candidatos, el más improvisado -como demostró luego en el poder- fue el que triunfó, con las consecuencias devastadoras que hasta hoy pagamos. Los medios de comunicación grandes tienen una grandísima cuota de responsabilidad en evitar que ello vuelva a suceder.

Que de una vez vayan desnudando la improvisación y no que esperen a última hora para desplegar campañas de demolición que terminan siendo inútiles cuando ya la ola ciudadana tomó cierto sentido a favor de un outsider radical.

¿Puede interpretarse la negativa del Congreso a la realización del viaje presidencial a Nueva York como un síntoma de que se inicia ya la temporada de alejamiento del Legislativo y sus principales partidos, respecto de un gobierno absolutamente impopular y cuya cercanía podría suponerle un costo político a los que aparezcan como sus aliados?

Parece prematura esa interpretación. Quizás, inclusive, ilusoria, porque todo indica, más bien, que la alianza Ejecutivo Legislativo no se va a romper nunca, hasta julio del 2026, y que lo más que podría haber es amagos de querella.

El statu quo le permite, por el contrario, a partidos como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso ejercer poder ejecutivo sin sufrir los costos de hacerlo. Vemos cómo en las encuestas Keiko Fujimori aparece primera con una intención de voto cercana al 10% (muy similar a la del 2021), o sea, daño no le está produciendo ser el principal sostén legislativo de Dina Boluarte.

Si el Congreso, en un arranque de severidad -y seriedad- decidiera vacar a una presidenta incapaz, mediocre y comprometida ya con temas peliagudos en términos de ética personal, tendría que asumir las riendas de Palacio y allí sí se produciría una hecatombe social que los arrastraría al hoyo del descrédito mayúsculo.

Como queda claro, ni al Ejecutivo ni al Legislativo les importa un rábano la impopularidad de la que gozan, menos aún cuando el país se ciñe a una relativa paz social (ojo con la huelga general del Sutep convocada a partir del 21 de octubre, que podrá cambiar ese proscenio de relativa tranquilidad pública).

La negativa del viaje ha sido un accidente, un claro llamado de atención a la excesiva frivolidad presidencial, pero no pasará de eso. No es el inicio de una escalada de confrontación entre ambos poderes del Estado. Seguirán viviendo apapachados mientras las calles y la ciudadanía lo permitan. El infame pacto de intereses que identifica a la alianza de la plaza de Armas con la plaza Bolívar seguirá en pie hasta que el pueblo, por uno u otro detonante, lo permita.

La presidenta Dina Boluarte ha querido estrenar un discurso populista a consecuencia de la negativa del Congreso a autorizarle un viaje a la Asamblea General de la ONU. Así, y no es la primera vez que lo hace, ha hablado de malos peruanos que se dedican a obstruir la marcha del gobierno.

Patético amago de populismo. El populismo era normalmente entendido por los liberales como cualquier plan heterodoxo en economía. Al final, ha predominado la visión de que es una fórmula política que busca crear una confrontación con una élite o un grupo social y lanza toda su artillería en contra de aquellos para galvanizar cierto apoyo popular.

Personalmente pienso que es necesaria una dosis de populismo en países como el Perú para que sea gobernable. Pero, obviamente, estamos hablando de gobiernos que quieren desplegar políticas de Estado confrontacionales o controversiales, no un viajecito a Nueva York, lo cual dice mucho de la diluida densidad política de nuestra primera mandataria.

Fujimori arremetió contra la partidocracia, Chávez contra la oligarquía venezolana, Milei lo hace contra la “casta” kirchnerista, Vizcarra lo hacía contra el fujiaprismo. ¿Contra quién combate Boluarte? Contra unos cuantos congresistas -porque la mayoría la apoya por alianzas non sanctas- que osaron negarle un permiso.

Boluarte no está emprendiendo ni una sola política pública que merezca fragor político. Lo suyo es la nada, la indolencia, la vacuidad absoluta. No tenemos gobierno y mucho menos un enemigo contra el que aquel deba arremeter.

Ya lo hemos dicho: después del de Castillo, éste es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos lustros. Es incapaz de asumir responsabilidades mínimas de gobierno y se dedica a sobrevivir a cuenta de concesiones políticas pueriles a sus aliados principales, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Confío en que no tarde la calle en reaccionar. Es de espanto la banalidad del gobierno y su impune soslayo de las preocupaciones esenciales de los ciudadanos de a pie: crisis económica, inseguridad y corrupción. Si no se pronuncia el activismo callejero, habremos sembrado un voto antisistema vigoroso para el 2026.

Ojalá el Congreso no reconsidere la votación que le negaba a la presidenta Boluarte el permiso para ausentarse del país para acudir a la Asamblea General de la ONU.

Demasiado viaje inútil en medio de una situación de absoluta ingobernabilidad nacional. Con el caso Petroperú arreglado desastrosamente, con incendios forestales que han arrasado y siguen haciéndolo con miles de hectáreas de bosques sin que el gobierno atine a nada, con la inseguridad ciudadana creciendo impunemente sin ningún control, con un Congreso desatado proponiendo leyes cada vez más antidemocráticas sin que el Ejecutivo imponga cierto criterio.

Dina Boluarte claramente no gobierna, pero el problema para ella es que está obligada constitucionalmente a hacerlo. No se puede escabullir de esa responsabilidad, como al parecer simbólicamente le representan psicológicamente estos viajes sin sentido.

Y está muy bien que el Congreso le ponga un alto a esa estancia vacacional permanente en la que parece hallarse la primera mandataria. Pocas veces se ha visto una gobernante tan frívola como la actual, carente de todo sentido de compromiso con los problemas nacionales confiada con que cuenta con el aval vergonzoso de bancadas como la de Fuerza Popular, a cambio de prebendas políticas.

Un “estáte quieto” a Palacio podría servir para enderezar la psique presidencial y a ver si se pone a pensar un poco más en las obligaciones que por su condición le corresponden y deja de vivir esta fiesta de inauguraciones irrelevantes y protocolos pomposos (los funerales de Alberto Fujimori parecieron diseñados para ella).

Nos va a costar muy caro esta indolencia presidencial. La furia popular sigue creciendo y si no explota socialmente lo va a hacer en el encuentro con las urnas, el 2026 o antes (si se alinean los astros de la protesta social y termina precozmente su mandato).

Los radicalismos desquiciados que ya vemos prodigarse, son hechura de la inutilidad gubernativa que sufrimos. Cada día que transitamos ese sendero, esos radicalismos se van engordando y asomándose con posibilidades electorales que luego lamentaremos, pero de los que no podremos sorprendernos.

Una de las tantas razones que explican el éxito en la gestión administrativa del fujimorismo de los 90, fue la convocatoria por parte de Alberto Fujimori de operadores políticos, capaces de cruzar transversalmente las divisiones normativas del Estado peruano, entonces mil veces más endiablado que el de hoy.

Así, contó con un tándem de operadores de primer nivel: Santiago Fujimori, encargado de la convocatoria de cuadros tecnocráticos, Jaime Yoshiyama de las reformas económicas, y Absalón Vásquez de la microobra popular y el populismo asistencial.

De otra manera hubiera sido imposible derrotar al Estado elefantiásico heredado de los 80, que ni Belaunde ni García se atrevieron a desmontar de la herencia militar. No se movía un alfiler del Estado sin veinte cartas selladas. Sin estos operadores, que movilizaban recursos logísticos, que cruzaban transversalmente el Estado y además tenían cuadros trabajando a nivel del Congreso, gran parte de las reformas o actos de gobierno positivos de los 90 hubieran sido imposibles de llevarse a cabo.

Lamentablemente, Fujimori se dejó llevar de las narices por Montesinos y terminaron todos ellos apartados de mala manera del ejercicio gubernativo en el segundo mandato de Fujimori y allí se halla una de las tantas razones de la parálisis reformista de ese segundo lustro.

Pero a lo que íbamos. Hoy también se va a necesitar que quien gobierne el país, del 2026 en adelante, cuente con operadores semejantes. El Estado intervencionista y empresario de los 80 ya no existe más, pero desde el gobierno de Ollanta Humala, el modelo de libre mercado consagrado en la Constitución del 93 ha ido poco a poco desmontándose, llegándose hoy a una situación de sobrerregulación que traba de manera superlativa el flujo de inversiones privadas.

Y a ello se le suma el empeoramiento de un mal proceso de regionalización emprendido con Toledo y que ha construido una trama corrupta e intervencionista que coadyuva, aún más, a la ralentización del crecimiento económico. Estos poderes regionales, que no existían en los 90, deberán sumarse a la red de influencia que los operadores políticos deberán añadir a su cartera de poderes a ser gestionados.