Un criterio comúnmente utilizado para medir la labor parlamentaria es la cantidad de proyectos de ley que presenta un congresista. Sugeriría reconsiderarlo. No es la cantidad, sino la calidad de las normas propuestas la que debe medir su labor legislativa. De lo contrario, nos encontramos en un escenario en el que la creatividad lleva a los parlamentarios y sus asesores a indagar qué nuevas regulaciones o días conmemorativos pueden crearse, lo cual inevitablemente nos lleva a la sobrerregulación. Otra consecuencia de la sobre producción legislativa es que no se le dedica suficiente reflexión a proyectos de ley que tienen impacto en distintos aspectos de nuestra vida como la economía, salud o ambiente.
Esta columna tiene el propósito de llamar la atención a un proyecto de ley presentado en la actual legislatura, cuyo adecuado debate e implementación podría llevar a una mejora sustancial la gobernabilidad. Se trata del proyecto de ley de reforma constitucional para la renovación por mitades del parlamento. Esta noción no es nueva. Es aplicada, con algunas variantes, en varios países de la región e incluso fue parte de nuestro sistema político hasta inicios del siglo XX. Ha sido, además, propuesta en varias oportunidades en periodos parlamentarios recientes, sin éxito en su aprobación.
Se trata de la convocatoria a elecciones hacia la mitad del periodo parlamentario, a fin de someter a renovación a la mitad del Congreso. De esta manera, se premiaría a aquellos congresistas que han venido desempeñando una buena labor de representación, y reemplazar a quienes no cumplieron adecuadamente con el encargo de los ciudadanos que los eligieron. Es, además, una herramienta que coadyuva a la relación Ejecutivo-Legislativo, en tanto la nueva mitad electa podría pertenecer al partido de gobierno, si este muestra ser efectivo en sus políticas, otorgándole mayor respaldo desde el legislativo. De esta manera, se asignan los incentivos tanto para que los congresistas como para el gobierno de turno.
No debe perderse de vista, no obstante, que para que esta propuesta sea beneficiosa, deberá ser acompañada de una reforma para la reelección de los congresistas, pues de lo contrario solo tendrá como consecuencia el recorte del periodo congresal de la mitad del parlamento a dos años y medio.
Si bien la propuesta del expresidente Martín Vizcarra respecto a la no reelección parlamentaria tuvo una amplia aprobación ciudadana, lo cierto es que esta se debió a una coyuntura política y al mal desempeño de gran parte de los congresistas durante los últimos periodos, reflejado en las bajas tasas de aprobación, mas no al sistema propiamente dicho. La reelección parlamentaria trae diversos beneficios, cuyo desarrollo escapa del tema de la presente columna. Sin embargo, un beneficio particularmente relevante para la materia bajo análisis es el incentivo que genera la reelección. Este es, en esencia, el mismo que se genera en la renovación parlamentaria. Un congresista que sabe que puede continuar con su trabajo si lo desempeña bien, tendrá los incentivos para proponer y desarrollar reformas a largo plazo. Por el contrario, parlamentarios que no podrán continuar con sus labores tras cinco años -o dos años y medio, según esta propuesta- en el cargo, no tendrán la misma proyección para emprender importantes cambios que trasciendan de cinco años.
Por otro lado, se deberá prevenir que esta reforma derive en la creación o refuerzo de relaciones de clientelismo, en las que los parlamentarios posponen sus labores y se dedican al cumplimiento de otras demandas que no son de su competencia y que muchas veces violan su mandato al generar gasto público. Para ello, el retorno a la bicameralidad será fundamental. Este sistema invita a un mayor debate y reflexión de las propuestas legislativas, evita aprobaciones express de propuestas que no han sido suficientemente tratadas y, estructurado adecuadamente, previene crisis de gobernabilidad como las que hemos sufrido en los últimos años.
Finalmente, amable lector, quisiera recordarle que todas estas reformas, adecuadamente implementadas, no serán de mayor utilidad, si renunciamos a nuestro derecho y deber de informarnos sobre los candidatos que buscan representarnos, así como de hacer seguimiento a su labor parlamentaria una vez elegidos, para lo cual, se deberá enfocar en la calidad de la participación de los congresistas, en lugar de la cantidad de producción legislativa.
