Recientes propuestas de reformas al sistema de gobierno han llamado la atención, pues parecen no centrarse en atacar el problema de raíz, sino en respuestas a situaciones coyunturales. El proceso de reforma constitucional tiene un gran impacto y, por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.
Una constitución es un texto que recoge los principios y valores, las reglas de convivencia, de una sociedad. En ese sentido, no es propósito del texto constitucional desarrollar cada aspecto de nuestro quehacer cotidiano. En cambio, a partir de la norma suprema, se aprueban leyes y reglamentos específicos para cada sector y actividad que amerite regulación, siempre en armonía con los principios constitucionales.
Esta norma, al reflejar los valores de la sociedad, tiene vocación de permanencia en el tiempo que nos dé predictibilidad y seguridad. Esto no significa de ningún modo que nuestras reglas de convivencia no puedan evolucionar y adaptarse a los cambios sociales. La Constitución puede ser interpretada de manera dinámica por el Tribunal Constitucional, de tal forma que sus disposiciones se apliquen de acuerdo al contexto actual.
Sin embargo, ante cambios sociales que lo ameriten, la propia Constitución contempla la regulación para introducir reformas que permitan ajustarla a la realidad nacional. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se reconoció el derecho al voto a nuestras Fuerzas Armadas, en el año 2005, o cuando se prohibió la reelección presidencial inmediata, según nuestra tradición constitucional.
Cualquier reforma constitucional debe ser evaluada con detenimiento y con particular enfoque en su impacto en el resto del texto constitucional. Es imprescindible mantener la armonía y consistencia de la norma suprema, de forma que el cambio en una disposición no entorpezca o vuelva inviable la aplicación de otra.
En este contexto, preocupa la reciente tendencia a la presentación de proyectos que buscan reformar la interacción de los poderes del Estado, pues no parecen derivar de un estudio profundo del problema que se busca solucionar y sus causas, sino más bien aparentan ser reacciones a situaciones a las que se ha enfrentado el país recientemente. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de interpretación de la cuestión de confianza, así como de las propuestas de modificación de la vacancia presidencial, o la llamada muerte cruzada, cuya aplicación derivaría en la disolución automática del Congreso.
No cabe duda que la relación ejecutivo legislativo es uno de los aspectos de la Constitución que mayor atención ha atraído, en particular a raíz de la interacción entre estos poderes en los últimos cinco años. En tal sentido, es necesario implementar cambios al sistema de balance de poderes. Sin embargo, estos cambios deben partir por evaluaciones profundas de expertos, seguidas por propuestas que ataquen el problema de raíz y de manera integral, en lugar de a cada figura de manera aislada. Finalmente, estas propuestas deben ser analizadas, reflexionadas y debatidas por los legisladores en búsqueda de la mejor alternativa. Es responsabilidad del legislador generar propuestas de calidad, debidamente sustentadas y evaluadas.
Urge regular adecuadamente un mecanismo real de control político al Ejecutivo, como el juicio político, así como el alcance de la cuestión de confianza. Pero la única manera de evitar futuras crisis políticas que nos paralicen de la forma en la que ha ocurrido en el pasado, es mediante una mirada integral y poniendo por delante el interés del país. Mucho bien nos haría retornar al sistema bicameral, entre otras razones porque las propuestas legislativas ameritan una reflexión más profunda.
