Odebrecht

Tejada fue detenida en febrero de 2017 para cumplir con una orden de prisión preventiva, en medio de los escandalosos destapes del caso Lava Jato. Logró su excarcelación en el 2019, después de presentar un recurso ante el Poder Judicial. A Cuba, su expareja, también se le impuso comparecencia con restricciones. El equipo especial Lava Jato considera que Cuba, junto con otros funcionarios del gobierno aprista son parte de “un tercer grupo de personas que han colaborado con la organización criminal” que tenía al expresidente Alan García Pérez en la jefatura. Pronto se conocerá si esta acusación se sostiene ante el tribunal.

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Jessica Tejada, Metro de Lima, Odebrecht

El Contralor General de la República alarmado, como buena parte del país, por el incumplimiento de los perfiles de algunas personas designadas para ocupar cargos en algunos ministerios, se reunió de inmediato con el presidente Pedro Castillo. Al concluir la sesión, pudo comunicar a la prensa que el jefe de Estado había ya dispuesto las medidas respectivas ante las faltas y que había acogido su propuesta de presentar una iniciativa legislativa para evitar se repitan este tipo de situaciones. La contraloría, nos dijo, se hará cargo de revisar que no exista ninguna irregularidad en la contratación y designación de funcionarios.

Pero mientras ocurría este encuentro en las salas del Ejecutivo, en el Congreso se estaban acordando los parlamentarios que dirigirían las comisiones permanentes. Y tal como en los irónicos listados de ministras y ministros que Fuerza Popular hubiese puesto en cada sector de haber ganado las elecciones, el perfil de sus cuatro congresistas también podría requerir de los métodos de la Contraloría para vigilar su desempeño. Las comisiones que Fuerza Popular ha recibido son cuatro: Relaciones Exteriores con Carlos Bustamante, Comisión Agraria a cargo de Leslie Olivos, Fiscalización y Contraloría bajo Alejandro Aguinaga y Constitución presidida por Patricia Juárez.

Ernesto Bustamante, biólogo y actual legislador de Fuerza Popular, es quien envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros contra la vacuna Sinopharm, a la cual meses antes había calificado como “agua destilada”, ignorando los estudios y medidas de la Organización Mundial de la Salud y poniendo en riesgo a la población. A pesar de ese directo interés vinculado a sus intereses laborales, presidirá la comisión que dará pase a iniciativas legislativas e investigará el funcionamiento del Estado en materia de política exterior, relaciones y cooperación internacional.

La Comisión Agraria, de seguro carácter protagónico para las medidas que planteará el Ejecutivo este año, estará a cargo de la abogada Leslie Olivos. En las elecciones 2020, Leslie Olivos fue tachada por no haber declarado en la hoja de vida su sentencia condenatoria por los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso. Para llegar al Congreso, en esta ocasión sí declaró el antecedente, pero omitiendo que fue condenada por falsificación y uso de documento falso en agravio del Congreso de la República. Olivos era la candidata auspiciada por el excongresista fujimorista Elard Melgar Valdez, quien para titularse como abogado por una universidad en la que no estudió, sustentó una tesis con más de la mitad de párrafos tomados de otras tantas, incluida hasta la dedicatoria.

La ineficacia que nos preocupa se agrava cuando se trata de congresistas que ya han hecho daño al país en instituciones públicas. Patricia Juárez tendrá a su cargo la Comisión de Constitución, la cual debatirá y aprobará los proyectos de reforma de la Constitución, interpretará y derogará leyes, e investigará la conducta política del gobierno. Patricia Juárez fue presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel que estuvo a cargo de investigar el caso Comunicore durante la gestión de Castañeda Lossio. Al exburgomaestre lo encubrió y defendió públicamente hasta que fue sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Solo entonces se distanció de Solidaridad Nacional.

Quizá lo más lamentable es que la Comisión de Fiscalización y Control que tiene como función principal el funcionamiento eficaz del Estado y toda la administración pública, haya sido entregada a Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud de Alberto Fujimori, acusado de haber supervisado las intervenciones de esterilización forzada a centenares de mujeres. Las pruebas sustentan que estaba al tanto incluso de cómo se captaba a las mujeres sin su consentimiento. Aguinaga, hoy médico de cabecera de Fujimori, y su esposa formaron parte de la lista de las 487 personas que se vacunaron contra la COVID-19 antes de que comenzara el proceso de inmunización a nivel nacional.

Un Congreso que se atribuye el querer hacer hasta el plan de gobierno del Ejecutivo, apelando a un ofensivo paternalismo, distorsionando el terrorismo y sembrando miedo en los medios de comunicación para proteger sus intereses, debería contemplar primero si sus integrantes se encuentran preparados moral e intelectualmente para las tareas que las Comisiones exigen.

10 de agosto de 2021

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Odebrecht, Pedro Castillo

Si hay alguien en Fuerza Popular que no puede negar conocer a Jorge Barata ese es Luis Carranza Ugarte, el jefe del plan económico de la candidata Keiko Fujimori. 

La empresa de Carranza fue una socia clave de la constructora Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima SAC, el mismo que a inicios del 2013 había obtenido un sospechoso contrato de más de $498 millones para mejorar las carreteras y administrar los peajes de nuestra capital por un periodo de 30 años.

 

El economista era entonces presidente del directorio de Sigma Capital, una empresa que es parte de la firma Sigma Safi y que asesora a esta en la administración de un fondo de inversión llamado, redundantemente, Sigma FI.

Este fondo coloca recursos de sus clientes -entre estos algunas AFP- en distintos proyectos de infraestructura. “Somos el vehículo por el cual los fondos de pensiones pueden entrar en el capital de proyectos de infraestructura, como Rutas de Lima”, explicó el mismo Carranza en una nota del diario La Primera, el 21 de octubre de ese año, ocho meses después de que Rutas de Lima firmase el contrato con la comuna limeña.

Para ese momento el jefe del plan económico naranja aún no se hacía directivo del consorcio, pero meses después, el 7 de julio del 2014, las cosas cambiarían.

Durante una reunión del directorio Rutas de Lima, hasta entonces conformada por representantes de Odebrecht, se decidió aumentar el capital en el consorcio. Sigma FI, el fondo que ayudaba a administrar Carranza, decidió transferir a la sociedad $37 millones de dólares y hacerse con el 10% del accionariado.

 

De Sigma FI a Rutas de Lima SAC. Este documento del BCP, acreditado por la notaría Laos de Lama, acredita la transferencia de 37 millones de dólares a la cuenta N° 193-2177359-1-33 del consorcio en el que participaba Oebrecht, como parte del aumento de capital. Este aporte le permitió a Luis Carranza ser parte del directorio junto a Jorge Barata, entonces presidente de Odebrecht Latinvest.

 

Con la transferencia hecha a través de una cuenta del BCP, Luis Carranza fue nombrado en el directorio que ya conformaban Jorge Barata, Nelson Vieira de Bulhoes, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes y Fernando Antonio Ocampo Vásquez. Todo consta en un acta de aquella fecha inscrita en la Notaría Eduardo Laos de Lama a la cual Sudaca pudo acceder.

En el documento se puede leer que la sesión del acuerdo estuvo dirigida por el mismo Barata, como presidente de Odebrecht Latinvest, quien después de casi dos años y medio de esa fecha, a inicios de 2017, comenzaría a confesar sus coimas en el Perú. Aunque la fiscalía brasileña ya tenía en la mira a la constructora al menos desde el 2013.

 

El acuerdo del directorio en el que se acepta el aporte de Sigma FI a Rutas de Lima SAC fue presidido por Jorge Barata (arriba) y fue legalizado notarialmente.  Después, el directorio de Rutas de Lima, con Luis Carranza como flamante director, fue inscrito en Registros Públicos (abajo).

 

Rutas de corrupción

La historia de Rutas de Lima empezó en septiembre del 2012, durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, cuando la comuna capitalina le adjudicó el proyecto “Vías Nuevas de Lima”. El 9 de enero del 2013, dos meses antes de la consulta de revocatoria contra Villarán, el contrato se firmó.

“La MML [Municipalidad de Lima] entregó la explotación de los peajes de las vías metropolitanas por 30 años [Rutas de Lima] y 40 años [Línea Amarilla] sin una proyección adecuada de la recaudación a obtener en esos plazos. Las concesionarias, con poca inversión, recuperarían su capital en poco tiempo y aumentarían sus ganancias muy por encima de lo declarado en su iniciativa privada, en agravio de las finanzas de la MML y del bolsillo de los usuarios de los peajes”, se lee en el informe del 2018 elaborado por la comisión Lava Jato, que entonces presidía la excongresista de Fuerza Popular Rosa Bartra.

El informe señala, entre varias de las irregularidades, que la municipalidad de Lima contrató “los servicios de asesoría legal externa del estudio de abogados Rebaza Alcázar & De las Casas para el análisis del proceso de iniciativa privada”.

Según el informe, el estudio tenía como consultor externo a Fernando Antonio Ocampo Vásquez, quien a la vez era director de Rutas de Lima. El bufete de abogados participó del acto de revisión de los documentos solicitados para el contrato de concesión.

No solo eso. Uno de los socios del estudio, Gonzalo de las Casas, era director junto a Luis Carranza en el negocio de los fondos de inversión de Sigma.

El 2017, además, se terminó por confirmar que para hacerse del proyecto, Odebrecht había pagado coimas. Los gastos aparecían en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de febrero y octubre del 2014. El receptor era José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Villarán.

Carranza renunció al directorio de Rutas de Lima el 2016 y lo reemplazó el ya mencionado Gonzalo De las Casas. 

Si bien ni él ni los exdirectores del consorcio son investigados por la Fiscalía -únicamente están siendo procesados los funcionarios públicos-, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado, en enero pasado, la incorporación de la Constructora Norberto Odebrecht y del consorcio Rutas de Lima como terceros civiles responsables en las investigaciones contra Susana Villarán.

Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la  figura del “tercero civil responsable” no impide que en el camino se pueda encontrar responsabilidad individual de los directivos de una empresa para conocer si era política de la compañía realizar actos irregulares, como pago de coimas o, simplemente, si sus directivos “lo sabían”. ¿Cómo se puede descubrir eso? “A través de los testimonios de los involucrados”, responde Lamas Puccio.

Carranza ya ha desfilado por el Ministerio Público cuando fue llamado a declarar por el caso de la Línea 1 del tren eléctrico. Él había sido uno de los ministros de Alan García que firmaron decretos que terminaron permitiendo la ejecución y la adjudicación de la obra, según contó el exsecretario de Palacio Luis Nava.

Según Registros Públicos, Carranza sigue figurando como presidente de Sigma Capital. Al cierre de esta edición, el exministro no había respondido nuestras consultas.

 

(*) Focomposición de Portada: Leyla López

Fotografías tomadas de Andina en la que aparecen Jorge Barata (izquierda) y Luis Carranza (derecha), y atrás de ambos, el peaje administrado hoy por Rutas de Lima.

 

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Jorge Barata, Luis Carranza, Odebrecht, Rutas de Lima

Una cosa es la declaración de un colaborador eficaz y, otra, la documentación que acredita todos los detalles que se ocultan detrás. Hace más de dos años, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo que su empresa había aportado dinero de procedencia ilícita a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Fue un día clave para el proceso, pero no era –en absoluto– suficiente. Desde entonces, el equipo especial ha logrado encontrar el camino que el dinero habría seguido de la contabilidad paralela de Odebrecht al partido político que todavía busca llegar al poder. Con ello, el círculo se sigue cerrando.

“Odebrecht participó de la campaña de la señora Keiko Fujimori haciendo un aporte [el primero, de US$500 mil] en la campaña del 2011 […] Después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar. Incluso por una sugerencia de Marcelo, quien me dijo que, si estaba sintiéndome mal por haber apoyado a Ollanta, “aumente la participación” de la contribución a Keiko Fujimori. Y aumentamos US$500 mil más a Keiko Fujimori”, dijo Barata ante el fiscal José Domingo Pérez en marzo del 2018.

La delación permitió a la fiscalía, cuyas investigaciones estaban aún en etapa preliminar, avanzar con mucha mayor velocidad. A partir de ese testimonio se pudo continuar con diligencias que permitieron identificar el papel de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como receptores de US$1 millón, y llegar luego a los aportantes fantasma que habría usado el fujimorismo para esconder el dinero de la constructora brasileña.

Ya era conocido, entonces, el camino que empleó el partido para ocultar los aportes. Según la tesis fiscal, una vez recibido el dinero, Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general, contactó a su sobrino Jorge (quien acaba de oficializar un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía) para que reclute falsos aportantes y que estos ingresen el dinero a las cuentas del partido en Scotiabank.

Lo que no se conocía, sin embargo, era la ruta exacta que habría seguido el dinero desde que salió de Odebrecht hasta que llegó a Fuerza 2011. ¿Cómo pasó del Departamento de Operaciones Estructuradas, llamado ‘Caja 2’, a las manos de Yoshiyama y Bedoya? Solo con esa información se puede acreditar la procedencia ilícita de los fondos.

A poco de finalizar la investigación, el equipo especial ha logrado reconstruir el esquema que habría usado la constructora para financiar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto, mientras sobre su partido, hoy, está pendiente un pedido fiscal de suspensión por dos años y medio. Si el juez Víctor Zúñiga le da la razón a la fiscalía, Fuerza Popular no podrá participar de las elecciones del 2021.

La ruta

Sudaca ha podido acceder a documentación bancaria que registra el ingreso de dinero desde Panamá al Perú: reportes de transferencias, retiros en efectivo y emisión de cheques. El exprocurador Antonio Maldonado consideró que todo ello permitiría corroborar “los supuestos que están tipificados sobre criminalización de lavado de activos, actos de conversión y transferencia”.

La información tiene como personaje principal al empresario Gonzalo Monteverde Busalleu, identificado por la fiscalía como el ‘doleiro’ peruano de la constructora. Es decir, quien escondía y entregaba el dinero en efectivo. Su empresa, Construmaq SAC, fue utilizada por Odebrecht para ingresar dinero al país. Monteverde se encuentra hoy prófugo de la justicia.

Para entender el camino que recorrió la plata es necesario volver a recordar el testimonio de Jorge Barata ante el equipo especial. “El dinero venía de alguna forma, a través de nuestro Departamento de Operaciones Estructuradas”, declaró. La Caja 2 fue creada por Odebrecht para el pago de sobornos y de aportes a partidos políticosDichos fondos provenían de actos ilícitos cometidos por la empresa, como los sobrecostos de los proyectos que tenía a su cargo. Barata continuó: “Exactamente de dónde, cuál de las empresas, no tendría como informar. Imagino que eran empresas offshore”.

La Constructora Internacional del Sur S.A fue creada el 11 de octubre de 2006 en Panamá, con un capital social de US$10 mil, según los documentos a los que accedió Sudaca, y fue una de las offshore utilizada para el pago de coimas. Según la tesis fiscal, también sirvió para la entrega de aportes de campaña al fujimorismo. A través de un acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas realizada el 3 de diciembre de 2006, se acordó autorizar a Olivio Rodrigues Junior, exoperador principal de la Caja 2, a firmar documentos de apertura de cuentas, otorgar, firmar y entregar cheques, giros, pagarés, entre otros, a nombre de Constructora Internacional.

En su declaración de febrero pasado ante fiscales peruanos, Luiz Da Rocha Soares, extesorero de la Caja 2, ya había explicado verbalmente cómo llegó el dinero de Odebrecht al Perú. Su testimonio resulta clave: dijo que fue Gonzalo Monteverde, mediante su empresa, quien se encargó de esconder los pagos. Da Rocha Soares confirmó que transfirió dinero a las cuentas de las empresas de Monteverde mediante Olivio Rodrigues Junior, el mismo a quien se le dio poder en Constructora Internacional, la offshore de Odebrecht.

En diciembre de 2009, Gonzalo Monteverde abrió una cuenta para su empresa Construmaq SAC en el Credicorp Bank de Panamá, muestran los documentos revisados por este medio. Él y María Isabel Carmona figuraron como los apoderados. En la declaración de apertura de cuentas de depósito de Construmaq aparece como principal cliente depositante la Constructora Internacional del Sur y se precisa que la procedencia de los fondos para abrir la cuenta son transferencias internas de la offshore de  Odebrecht.

Seis meses después, en junio de 2010, la cuenta de Construmaq SAC en el Scotiabank (Perú) comenzó a recibir transferencias de dinero de la cuenta que Monteverde abrió para la misma empresa en el Credicorp Bank de Panamá. De acuerdo a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana, la cuenta de Construmaq en Perú recibió un total de US$5,828,216.

Pero como reveló Barata, Odebrecht destinó US$1 millón para Fuerza 2011, en dos armadas de US$500.000. De todas las transferencias, ¿cuáles concuerdan con el testimonio de Barata sobre los aportes realizados al fujimorismo? Los reportes de transferencias desde el exterior, emitidos por Scotiabank y también revisados por Sudaca, revelan que el 30 de junio del 2010 la cuenta de Construmaq en Perú recibió US$549,950. Además, al año siguiente, el 6 de mayo del 2011, se le entregó US$349,925. Ambos montos suman US$900.000.

Las dos fechas coinciden con lo mencionado por Barata, quien recordó ante la fiscalía los meses en los que pidió y entregó el dinero en efectivo para el partido de Keiko Fujimori. “Fueron 500 mil a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después […] acordamos entregar 500 mil más, para la segunda vuelta. Ese segundo aporte de 500 fue entregado una parte en nuestra oficina al señor Bedoya”, sostuvo.

De todo el dinero que llegó las cuentas de Construmaq en el país, Monteverde retiró US$1,197,227 en efectivo y la UIF reportó, además, la emisión de cheques por más de US$6 millones para el empresario. De la plata retirada en efectivo y en cheques habría salido todo el millón finalmente entregado al fujimorismo, según ha podido determinar la fiscalía. 

La fiscalía sostiene que Monteverde fue el encargado de llevar el dinero para Fuerza Popular en maletas a Jorge Barata.Luego de recibir el dinero, el exejecutivo declaró haberse reunido con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes han sido sindicados como los receptores de los aportes ilícitos y parte de la presunta red criminal que se habría formado en Fuerza 2011 para darles apariencia de legalidad. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Yoshiyama Tanaka, ya se ha encargado de contar cómo se ‘pitufeó’ ese dinero a través de empresarios como Gianrcarlo Bertini o Erick Matto Monge.

A Gonzalo Monteverde, aparte, la fiscalía le imputa el delito de lavado de activos por recibir el dinero ilícito de Odebrecht en las cuentas de sus empresas. No solo habría recibido aportes para campañas políticas, sino también sobornos para funcionarios públicos. Construmaq recibía montos diversos de Odebrecht desde su constitución.

Información que completa la tesis fiscal

En su momento, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, la ha defendido señalando que falsos aportantes “indicarían tan solo una acción de simulación”, pero no de lavado de activos. “Las declaraciones de supuestos aportantes y de Jorge Yoshiyama no corroboran el conocimiento de la señora Fujimori, elemento central para la configuración del tipo penal de lavado de activos. No se aportan mayores indicios de la participación directa de la señora Fujimori”, dijo durante las audiencias donde se evaluó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En conversación con Sudaca, sin embargo, el abogado penalista Rafael Chanjan explicó que detectar la ruta del dinero que aportó Odebrecht al fujimorismo “robustece y afianza la hipótesis de lavado de activos” que tiene el equipo especial. “Sirve para que la fiscalía pueda reafirmar que Odebrecht no quería que este dinero fuera contabilizado. Era un dinero que tenía origen espurio y para que no sea detectado se sigue esta ruta offshore, son prácticas recurrentes para lavar dinero. Sirve para reafirmar que querían darle apariencia de legalidad. Sí es posible hablar de un origen ilícito y de que las personas que recibieron hayan podido presumirlo”.

Chanjan sostuvo que existen indicios, a partir de estos documentos, que pueden indicar que se pudo conocer el origen ilícito del dinero. “Por ejemplo, cómo te lo entregan, no bancarizado, luego lo pitufeas y lo diluyes en cócteles, son indicios que pueden llegar a indicar que podrías haber presumido el origen ilícito”, señaló.

En tanto, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que la información revisada por Sudaca permite corroboraciones cruciales para la hipotesis de los fiscales. “Odebrecht convierte, transfiere el dinero de otra persona, la persona asume que el dinero iba para ella, y luego ese dinero es transferido al entorno cercano de Keiko Fujimori, con lo que se configuran los actos de ocultamiento y tenencia”.

El letrado explicó que los delitos de lavado de activos son siempre dolosos; es decir, aquellos actos que son cometidos a sabiendas de que van en contra de la ley. Dijo que Keiko Fujimori, por su nivel de formación, debía por lo menos presumir el origen del dinero.

“En base a esta información habría suficientes elementos de convicción, indicios que deberían ser constituidos como medios de prueba, y que deben ser sometidos a juicio. Son comportamientos que demuestran infiltración del dinero proveniente de actividades criminales, la entrega y el acto de recibir. Por lo menos el corazón del lavado de activos estaría ahí para ser desarrollado con los otros elementos que se tienen”, indicó. En el caso de Keiko Fujimori y su entorno, el equipo especial se acerca cada vez más a los momentos decisivos del proceso.

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