Alan García Pérez celular fiscalia

Hurgando en los teléfonos de Alan García

El Equipo Especial Lava Jato ha obtenido autorización judicial para revisar los celulares del expresidente, incautados el día de su muerte. García Pérez era sindicado como el líder de una presunta red criminal vinculada al faenón del Metro de Lima. La Fiscalía cree que encontrarán información sobre coimas de Odebrecht, pues Miguel Atala declaró que, antes de las entregas de dinero, se comunicaba por teléfono con el exlíder aprista.

Una reciente resolución judicial −a la que accedió Sudaca ha dispuesto que el Equipo Especial Lava Jato pueda revisar los celulares del expresidente Alan García Pérez como parte de la investigación del caso Metro de Lima, una obra en la que su segundo gobierno invirtió US$510 millones. Se trata de dos celulares de marca Samsung y color negro. 

La Fiscalía busca revisar los teléfonos que pertenecieron al expresidente desde el 2019. Los equipos fueron recogidos por una fiscalía de Miraflores el día que García se quitó la vida en su domicilio, ubicado en ese distrito. Hasta allí se habían movilizado agentes de la Diviac para detenerlo, tras ser señalado como el líder de la presunta red criminal que hizo un faenón con el mentado proyecto de transporte público.

La fiscalía en mención −que realizó la pesquisa sobre la muerte del exmandatario− envió los equipos al despacho del fiscal José Domingo Pérez, por ser considerados como elementos pertinentes en la investigación. Pero este no podía revisarlos sin autorización judicial. Un mes después, el hijo de García, Alan Raúl García Nores, envió un escrito al fiscal en el que pedía la devolución de los celulares de su padre. Su solicitud se justificó en la “extinción de la acción penal”, pues tras su muerte ya no había investigación que se pudiera hacer contra él.

La respuesta del Equipo Especial fue pedirle al Poder Judicial, ese mismo año, permiso para revisar el contenido de los dispositivos. En primera instancia se rechazó la solicitud del fiscal, pero una sala de apelaciones terminó dándole la razón en diciembre pasado. Esto le fue notificado al Equipo Especial en marzo del presente año.

La resolución autoriza la restricción del derecho a la intimidad, “pudiendo el fiscal del caso aperturar, extraer, recuperar, leer, examinar, analizar, acceder, visualizar, registrar y almacenar únicamente información (archivos de texto y otros semejantes, imágenes, audios, videos, documentos digitalizados, programas, etc.) relacionada con la investigación preparatoria formalizada en el presente caso». La Fiscalía ahora solo espera a que haya peritos disponibles.

PRUEBA CLAVE

Si bien Alan García ya no es investigado en el caso Metro de Lima, pues con su muerte se extingue toda acción penal contra él, el Equipo Especial considera que en los teléfonos podría hallar información relevante sobre otros investigados. Por ejemplo, exfuncionarios del segundo gobierno aprista. Los fiscales explicaron en su apelación que los integrantes de la presunta red criminal tenían comunicación entre sí «con correos electrónicos, aplicación de chats y llamadas por WhatsApp, llamadas telefónicas». Por eso −aseguraron− resultaba “idóneo” solicitar que se levante el derecho a la intimidad que pesaba sobre el contenido de los celulares y los dispositivos de memoria externa.

La fiscalía precisó que, conforme a la declaración del investigado Miguel Atala Herrera, este se comunicaba previamente por teléfono con García para las entregas de dinero. Atala fue vicepresidente de Petroperú durante la gestión del líder aprista y era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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