Si querían información de la transferencia de acciones del 2016, el fiscal Pérez tendría que haber ido a Invepar, a la que dice que quiere agregar al proceso de investigación sobre Susana Villarán, pero que aún no logra hacer. ¿Seis años se demora y no puede incluir a Invepar en este proceso y ni tampoco hacer algo contra OAS?
¿Se le pasó el tren? ¿Qué ha hecho el fiscal Pérez contra OAS? Pues nada y ahora quiere arreglar sus malos resultados con un show mediático en contra de la subsidiaria de una empresa multinacional (últimamente, como se ha comprobado con el caso Kuczynski, el fiscal de marras anda de show en show).
Resulta evidente que la Fiscalía no hizo nada en su momento contra la empresa OAS y ahora es demasiado tarde, pero en ese talante se afecta la seguridad jurídica que la inversión privada necesita en el Perú con actos desproporcionados e innecesarios.
Zoraida Ávalos y el Informe Policial de Cavassa Roncalla que desapareció del mapa
El hecho de la demora de más de dos años en abrir investigación al hacedor de su nombramiento como Fiscal Suprema, sin que haya justificación alguna que no sea el mero chalequeo descarado y al más alto nivel del Ministerio Público, no se debe ver como un acto aislado, sino en un contexto más amplio y delicado que explica el proceder de Ávalos Rivera. Veamos:
El 4 de febrero del 2021 la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DIVIAC) remitió el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 (firmado por SO PNP Norman Valdarrago Soria y con la conformidad del Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), mediante el Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 (firmado por el Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), a la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, que en ese entonces despachaba la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra. En dicho Informe se realizaba un “análisis de contenido de la información existente en diversos audios obtenidos producto de la ejecución de la medida limitativa de derechos (escuchas legales), practicado a integrantes de la Organización Criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre los cuales se encuentra inmerso José Luis CAVASSA RONCALLA”.
En la página 41 del el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 se identifica a José Luis Cavassa Roncalla como titular del celular número 993686608 y se señala que dicha persona es conocida como “Pepe Lucho”. El Informe analiza 21 audios en los que directamente estaría relacionado “Pepe Lucho” Cavassa Roncalla y se comunica con otros miembros de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto o simplemente se refieren a él. En las conclusiones del Informe Policial se destaca la intervención de Walter Ríos Montalvo y José Luis Cavassa Roncalla para beneficiar al candidato a la Presidencia del CNM Orlando Velásquez Benites y en el que Cavassa habría influenciado ante sus amistades (Guido Águila Grados y Julio Atilio Gutiérrez Pebe) para que voten a favor de dicho candidato (página 24).
Sudaca se comunicó con la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, quien confirmó la autenticidad del Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 y nos señaló, para disipar cualquier duda, que en la parte superior del Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 se puede ver el sello de recepción del 4 de febrero del 2021 a las 3.47, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra el crimen organizado –Equipo Especial– que en ese entonces dirigía.
Lo grave del asunto es que el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 ha desaparecido de la Carpeta Fiscal en la que se investiga a José Luis Cavassa Roncalla como parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Se ha consultado a algunos abogados y asistentes que han conocido la carpeta principal del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y ninguno recuerda haber visto incorporado a la Carpeta Fiscal el Informe N° 08-2021.
Resulta sumamente preocupante y escandaloso que dicho Informe, que llegó a la Fiscalía el 4 de febrero del 2021 en horas de la tarde y se comprueba con su sello de recepción, se haya extraviado y nadie lo ubique, luego que Zoraida Ávalos decidiera remover del cargo a la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, pocos días después de recibido el Informe. Y justamente, lo extraño es que dicho Informe tenga como objeto exclusivo de análisis la intervención en la Organización Criminal de los Cuellos Blancos de José Luis Cavassa Roncalla, quien fue la persona que se encargó del nombramiento de Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema el año 2013.
La historia oficial del caso “Cuellos Blancos” refiere que la Fiscal Rocío Sánchez fue retirada del caso por haberse reunido con el expresidente de la República, Martín Vizcarra; sin embargo, es absolutamente razonable sostener como lo hizo hace casi tres años Ricardo Uceda en su artículo “Recuerdos de un ascenso” que: “Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza”.
Con ello, no solo se comprueba que hay una situación de complicidad e impunidad recíproca entre Zoraida Ávalos y su mentor José Luis Cavassa Roncalla, sino que refleja cinematográficamente la magnitud de cómo se llega a utilizar el poder en la Fiscalía en beneficio propio y de las personas cercanas que en su día fueron claves para la toma del Ministerio Público.
Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.
Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».
Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».
«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.
Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.
Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.
En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.
Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta».
Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.
En el Ministerio Público se libra una batalla sin cuartel. La razón: los fiscales José Domingo Pérez y Jesús Fernández Alarcón se están tirando la pelota sobre a quién le corresponde investigar a la exjueza María Zavala, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una pesquisa que salpica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos son fiscales que investigan casos emblemáticos de corrupción. Pérez en ‘Lava Jato’ y Fernández en la trama de los ‘Cuellos Blancos’.
Según Pérez, el 2017 Zavala participó en un complot para apoyar a Fujimori “en sus investigaciones ante la Fiscalía”, junto a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y excongresistas de Fuerza Popular. Por eso, el 7 y el 9 de septiembre presentó dos quejas a su inmediato superior, la cabeza del Equipo Especial, Rafael Vela Barba.
En sus quejas, Pérez acusa la “omisión” del fiscal Fernández al no investigar a María Zavala, quien también fue ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista. Vela hizo suyo el reclamo y lo elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez.
José Domingo Pérez saltó hasta el techo luego de una entrevista concedida por Fernández a radio Exitosa, el pasado 31 de agosto. Allí Fernández justificó por qué Zavala no es investigada. “Para investigar y procesar a una persona tiene que haber una imputación concreta, más allá de la inconducta reprochable”, dijo. Y agregó que Zavala -en esa época- no era funcionaria pública y “por eso se derivó a la Fiscalía que investiga a Fuerza Popular”. Es decir, al despacho de Pérez.
UNA REUNIÓN SOSPECHOSA
¿Qué hizo María Zavala para desatar un conflicto en el Ministerio Público? En septiembre del 2017, la exjueza participó en un almuerzo en el segundo piso del stud (la caballeriza) que tiene Óscar Peña, el llamado “rey de la pesca negra”, en el hipódromo de Monterrico. Peña fue bautizado así por operar con tres embarcaciones con medidas cautelares. Está prófugo de la justicia luego de ser condenado a cinco años de prisión por su participación en la venta de terrenos subvaluados en el fundo Oquendo, en el Callao.
En el almuerzo participaron, además de Zavala, los entonces congresistas fujimoristas Rolando Reátegui y Úrsula Letona; Guido Águila, expresidente del desaparecido CNM; y el operador montesinista Enrique Vidal. Todo esto, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz.
La reunión, según el delator, tuvo como finalidad coordinar la destitución del consejero Baltazar Morales y reemplazarlo por su accesitaria, María Zavala, de acuerdo al mismo colaborador. “María Zavala fue citada por Guido Águila para definir el apoyo hacia ella de parte de Fuerza Popular”, dijo.
Al fujimorismo le interesaba copar el CNM para asegurarse el control del sistema de justicia, según una fuente del Equipo Especial. Por aquel entonces, en ese 2017, el fiscal José Domingo Pérez ya era un dolor de cabeza para los fujimoristas. Había iniciado una investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de dinero.
El consejero Baltazar Morales no estaba alineado con los intereses fujimoristas en el consejo, según el colaborador. “El interés de Guido Águila era tratar de cambiar a una persona en el CNM porque él no tenía la mayoría absoluta. Asimismo, [quería] ganar poder político y quedar bien con el partido de Keiko Fujimori”, añadió.
Morales tenía en ese momento un flanco débil para explotar por sus adversarios. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por Fuerza Popular, llegó una denuncia contra él por haber contratado al novio de su hija como asesor. Una oportunidad de oro para aplicarle la guillotina.
Así que el almuerzo fue a todo dar. Óscar Peña llevó a su chofer y empleada doméstica, Miguel Honores Pérez y Diana Meza, respectivamente, para atender de la mejor manera a los comensales.
“En un momento determinado, el congresista [Rolando] Reátegui hacía consultas por teléfono con Keiko Fujimori, toda vez que luego del almuerzo mencionó ‘ya hablé con Keiko’. Asimismo, conversaba con la doctora Zavala e indicaba que este tema se iba a apoyar de forma inmediata en el Congreso para que se dé el reemplazo”, dijo el colaborador.
Honores Pérez, el chofer de Óscar Peña, declaró en marzo de este año y corroboró la presencia de los participantes en el almuerzo. Y dijo que en el 2017 le entregó, en tres oportunidades, US$30.000 a Guido Águila, el exhombre fuerte del Consejo Nacional de la Magistratura. No detalló el porqué. De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, el testimonio del trabajador es clave para entender por qué en esa reunión no se había ido a hablar precisamente de hípica.
EL VERSUS
El presunto acuerdo para reemplazar a Baltazar Morales por María Zavala no llegó a concretarse ante el estallido del caso ‘Cuellos Blancos’, en julio del 2018. Zavala renunció a ser suplente de Morales y declaró a “IDL Reporteros” que “jamás he acordado nada” con los fujimoristas.
Pero el caso abrió grietas en la Fiscalía. El 25 de agosto de este año, el fiscal Jesús Fernández envió toda la información sobre la hoy integrante de la JNJ a José Domingo Pérez. El mensaje tácito era este: el asunto está en la cancha del Equipo Especial.
El escrito provocó la fuerte reacción de Pérez. Él envió un escrito a su jefe, Rafael Vela, diciendo que el Equipo Especial carece de competencia para investigar a la exjueza y que esa chamba le corresponde a su colega Jesús Fernández.
“Al Equipo Especial no le compete investigar a los funcionarios públicos vinculados al Ministerio Público, Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura ni a los particulares relacionados a la investigación de ‘Los Cuellos Blancos’”, redactó Pérez.
“No es cierto que María Zavala Valladares sea ajena a los actos de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, más aún cuando el propio fiscal supremo Jesús Fernández señala su participación en la ilícita reunión en la caballeriza del Jockey Club”, agregó.
La polémica entre Pérez y Fernández debería ser zanjada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del caso ‘Cuellos Blancos’ y al que Vela pidió tomar posición. El fuego cruzado sigue mientras tanto.
Este lunes entrante el juez Víctor Zúñiga Urday decidirá si acoge el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender a Fuerza Popular por dos año y medio de cualquier actividad política, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.
Ojalá no prospere el pedido y no se vicie de esa manera un proceso electoral como el venidero. FP debe poder postular libremente y sufrir las consecuencias de su desplome político. Deben ser las urnas las que cancelen la vigencia de un proyecto político que ha enrarecido la vida democrática del último lustro.
Hoy solo lo acompaña su núcleo duro al fujimorismo y alberga el mayor antivoto de todos los grupos partidarios en la contienda. Sería un milagro que pueda triunfar, peor aún luego de su indecoroso papel en la crisis política que se inició con la vacancia irregular de Martín Vizcarra y el aupamiento vergonzozo de Manuel Merino a la Presidencia y su posterior renuncia.
Los propios círculos de allegados que antaño acompañaban al fujimorismo han decantado en otros lares. Las candidaturas y listas de equipos técnicos o de congresistas de agrupaciones como las lideradas por Hernando de Soto, Rafael López Aliaga o el propio Fernando Cillóniz, hace cinco años seguramente hubieran estado dentro de las filas naranjas.
Ha surgido un impulso protorepublicano masivo en la protesta contra la vacancia. Cientos de miles salieron a las calles y millones participaron en defensa del orden democrático. Por su carácter descentralizado, fue superior inclusive a la convocatoria de la marcha de los Cuatro Suyos. Esa juventud es el principal dique de contención del fujimorismo, agrupación que gracias a las sucesivas torpezas de su lideresa Keiko Fujimori ha terminado arrinconada en un espacio populista, autoritario y conservador muy alejado de los nuevos vientos sociales.
No repitamos el error del 2016. Gran parte de la disfuncionalidad que hemos sufrido con PPK, Vizcarra y Merino, se ha debido al hecho de haber sacado de mala manera a Julio Guzmán y César Acuña de esa campaña.