Ojalá siga el ejemplo de Pacheco, el exministro de Transportes, Juan Silva, y de esa manera se cierre el círculo y se termine de desentrañar la red de la organización criminal que precozmente se instaló en los pasillos palaciegos, respecto de la cual, resulta difícil de creer que el presidente fuera ajeno.
Puede cambiar pronto, muy rápidamente, la escena política peruana. La implosión del gobierno puede ser muy acelerada y ojalá en el Congreso haya la madurez y valentía suficiente para administrar la gran crisis política venidera y proceda dentro de los marcos constitucionales a darle continuidad democrática al país. Es lo mínimo que se espera de la nueva Mesa Directiva y la correlación de fuerzas opositoras.
Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.
Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías.
Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.
Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020.
Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de loscupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú.
“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.
Además, Karelim López aseguró que el verdadero financista fue un empresario, aunque no reveló el nombre. “Le contacté a Bruno Pacheco con el promotor del Grupo 5, Christian Robles, a efectos de que coordine sobre la contratación de dicho grupo musical. Sé que el Grupo 5 ha contratado con un empresario que no es Bruno Pacheco”, dijo la lobista, en una declaración obtenida por Sudaca.
Y añadió: “Sé que Bruno Pacheco comentó que le había dado a Christian Robles el número de un empresario que se iba a hacer cargo de todo y sé que Christian Robles coordinaba con ese empresario para el tema musical”.
Sobre Villaverde, Karelim López sólo dijo que dos camionetas del empresario estuvieron estacionadas en la casa de Cieneguilla y que las reconocía “porque eran usadas para transportar a las hijas de Bruno Pacheco”.
¿Una fiesta de cumpleaños puede desnudar una trama de corrupción al interior del gobierno? Todo apunta a que sí. De comprobarse que Zamir Villaverde financió el evento con el Grupo 5, esto desmontaría su principal argumento de defensa: que él no tuvo relación cercana con Bruno Pacheco y, por eso, no pudo ser favorecido con licitaciones.
Villaverde, actualmente con detención preliminar, está con la soga al cuello. La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro lo acusa de ser un “operador” del presidente Castillo y de ofrecer un listado de obras en el Ministerio de Transportes al empresario constructor Luis Pasapera Adrianzén. Ello, valiéndose de sus presuntos contactos con Bruno Pacheco y con los sobrinos del mandatario.
Sudaca llamó a uno de los abogados de Villaverde, quien dijo desconocer que su patrocinado haya participado del financiamiento de la fiesta de la hija mayor de Pacheco. “Todo lo dicho por la señora Karelim López está siendo desmentido. Esa colaboración eficaz se va a caer”, afirmó el abogado, quien pidió que no se revele su nombre al no tener autorización para declarar. No dio más detalles.
El 25 de marzo, tres días antes de su arresto, Villaverde colgó un video levantando pesas en su Facebook, con música de la película “Rocky” de fondo. “El entrenamiento te hace fuerte para estar preparado para lo que sea”, escribió. La novela aún no termina.
“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, dijo en el video. Desde aquella vez, sin embargo, no se le ha vuelto a ver.
Bruno Pacheco no tenía límites. Cuando era secretario general de Palacio, la ex mano derecha del presidente Castillo intercedió por una empresa que, para importar cantidades descomunales de mercurio, presentó información falsa a la Sunat. Se trata de la comercializadora de minerales y metales MQVC Corporation, que el año pasado pidió ampliar de forma considerable -de 20 a 500 toneladas anuales- el permiso que le habían dado para ingresar dicho químico al país.
MQVC Corporation, fundada por José Hanco Lupinta, informó a la Sunat que tenía un acuerdo para comprarle el mercurio a Didi Chemical, una supuesta empresa estadounidense de la que no hay rastro en ninguna base de datos. Además, comunicó que tenía como “potenciales clientes” a cuatro grandes mineras: Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Pero estas firmas negaron haber negociado con MQVC Corporation, según documentos internos que Sudaca pudo revisar.
DESMENTIDOS
La historia empieza en junio del 2020, cuando José Hanco Lupinta, un empresario dedicado a la extracción de oro en el Cusco, funda MQVC Corporation. Once meses después, en mayo del 2021, la compañía le solicitó a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat un permiso anual para importar 20 toneladas de mercurio, dando información muy general que este medio pudo revisar. La solicitud fue aceptada.
El problema es que, ya con Pedro Castillo en el poder, Hanco Lupinta fue por más. Mucho más. El 13 de setiembre del 2021 le pidió a la Sunat ampliar la autorización de importación a 500 toneladas de mercurio, de acuerdo a los documentos internos de la superintendencia. Y luego echó mano de sus influencias: el 29 de de ese mes, vía Telegram, Bruno Pacheco envió el pantallazo de esa solicitud al jefe de la entidad tributaria, Luis Enrique Vera Castillo. “Corrobora eso, hermano, y trata de ayudar en algo”, le escribió.
El 6 de octubre del año pasado, de nuevo por Telegram, Pacheco insistió. “Si no sale los 500, aunque sea los 300”, le escribió a Vera. Y al día siguiente, el 7 de octubre, le envió el teléfono de Hanco al jefe de la Sunat. “Este es el número”, le dijo.
Por la noche, Hanco realizó un nuevo pedido –escueto y a través de la mesa de partes virtual– para que le aumenten la cantidad de mercurio. “Espero ser atendido cuanto antes posible, brindándome la aprobación de lo solicitado en el presente escrito”, escribió, sin dar detalles de la operación comercial.
Una semana después, el 14 de octubre, Patricia Salazar, funcionaria de la Sunat, le contestó a Hanco. Le dijo que la información que había enviado era insuficiente y que necesitaba más datos, como las empresas a las que les vendería el mercurio, las medidas de seguridad y la capacidad de almacenamiento. En suma, una información detallada del negocio, por tratarse de un químico que puede ser usado para actividades ilegales.
El empresario contestó al día siguiente con otra carta. Dijo que MQVC Corporation, que tiene un local en San Juan de Lurigancho, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.000 toneladas y que el mercurio que pretendían traer era fabricado por la supuesta compañía Didi Chemical, de Nueva York. “La empresa industrial Didi Chemical, ubicada en los Estados Unidos, nos exige como requisito para celebrar contrato de comercialización la existencia de la autorización de su institución”, escribió el hombre por el que abogaba Bruno Pacheco.
El detalle es que no hay rastro de Didi Chemical en ninguna base de datos, confirmaron fuentes que conocen la investigación sobre este tema del fiscal anticorrupción Marco Huamán. Al ser consultado por Sudaca sobre la veracidad de un acuerdo con esta supuesta compañía, Hanco respondió: “¿Cuál es el interés de usted? ¿Usted es abogado? ¿Usted es de la Fiscalía? Hable con mi abogado cualquier cosa”.
El empresario también indicó a la Sunat que, para el negocio del mercurio, tenía como “potenciales clientes” a las mineras Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Una mentira que cayó rápidamente.
El ente tributario envió cartas a estas empresas consultándoles si tenían un convenio comercial o habían mantenido negociaciones con MQVC Corporation. El 26 de octubre las mineras respondieron que no la conocían ni en pelea de perros. Ahí fue cuando se descubrió la telaraña de falsedades.
“[…] remitimos nuestra respuesta indicando que no tenemos ninguna referencia del mencionado proveedor [MQVC Corporation] y por el momento no tenemos proyecciones de compra de mercurio”, respondió Fernando Ortiz de Zevallos, representante legal de Buenaventura.
“Al respecto cumplimos con informar a su despacho que Compañía Minera Antapaccay no tiene proyectado adquirir el bien fiscalizado mercurio. Tampoco ha recibido comunicación de la empresa MQVC Corporation”, contestó Antapaccay a la Sunat.
“Informamos que no utilizamos mercurio en ningún proceso de nuestra operación minera. Por ello, no proyectamos adquirir el bien fiscalizado “mercurio” a la empresa MQVC Corporation. Asimismo, no hemos recibido comunicación alguna de MQVC Corporation a efectos de proyectar la potencial o eventual compra de dicho bien fiscalizado”, dijo Marsa.
“Nuestra empresa minera aurífera Cuatro de Enero no proyecta adquirir el bien fiscalizado mercurio con la empresa MQVC Corporation. Dicha empresa tampoco se ha comunicado con nosotros para proyectar realizar operaciones de compra con este bien fiscalizado”, respondió Cuatro de Enero.
“Yo nunca he dicho que tenga un convenio con esas empresas”, se limita a decir José Hanco para este informe. Lo que sí dijo -y fue desmentido- es que eran los potenciales clientes del mercurio que iba a traer.
LA PISTA DE HANCO
El 15 de noviembre del año pasado, casi un mes después de que la Sunat advirtiera las mentiras, el portal “Limagris” publicó los mensajes de Pacheco presionando al jefe de la Sunat para beneficiar a distintos empresarios, entre ellos estaba José Hanco. El 23 de noviembre, el ente tributario decidió finalmente desestimar el pedido para importar más mercurio.
La Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat justificó el rechazo con los desmentidos de las mineras. “Luego de verificar que lo consignado por el usuario en el Informe Técnico no tenía el fundamento correspondiente, en atención a la respuesta negativa de los potenciales clientes, se determinó que el usuario MQVC Corporation no sustentó el incremento de mercurio solicitado”, dijo esa dependencia. El informe añade que no se dieron detalles sobre el almacenamiento del producto.
“Hay cosas que no tienen lógica. En este tipo de acuerdos se tiene que hablar de clientes, no de potenciales clientes. Tengo que tener seguro a quién se lo voy a distribuir. Además, el mercurio se utiliza en la pequeña minería, no en la gran minería. Las grandes mineras, como Buenaventura, no usan mercurio porque lo ven como un elemento residual”, dice a Sudaca José Farfán Estrada, especialista en pequeña minería. Es presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala.
En Perú, enormes cantidades de mercurio son usadas por los mineros ilegales para extraer oro, sobre todo en la selva. El químico se adhiere al metal precioso y lo separa de otros elementos. Por eso, su importación está regulada. Sin embargo, siempre encuentra la forma de llegar. “Buena parte del consumo de mercurio es de contrabando”, asegura Farfán Estrada. Otras veces, entra a través de empresas importadoras ‘legales’ que lo revenden a la actividad ilícita.
Sobre el pedido para aumentar la cantidad de mercurio importado, el especialista señala: “El pedido de ampliación es muy fuerte también. Pasar de vender 20 toneladas, que es el consumo de una empresa, a 500, que es el consumo para diez, quince o veinte empresas, es considerable”.
El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz, que investiga las presiones de Pacheco al jefe de la Sunat, hoy trata de atar los cabos sueltos en la historia. Por ejemplo, cuál es el vínculo de Pacheco con José Hanco y qué ganaba el primero ayudándolo. Una de las hipótesis de Huamán es que Pacheco no actuaba por cuenta propia. El fiscal apunta a desentrañar la madeja de la red palaciega en las próximas semanas.
El empresario José Hanco fue objeto de vigilancia por parte de agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, de acuerdo a un reporte obtenido por Sudaca, el pasado 19 de noviembre. Lo siguieron a su casa en San Juan de Lurigancho. Este caso promete más sorpresas.
El jefe de la Sunat vivió bajo asedio durante dieciséis días. Este medio ha podido revisar el testimonio completo que Luis Enrique Vera Castillo le dio a la Fiscalía y que relata, de principio a fin, la historia de las presiones que recibió desde Palacio. Entre otras cosas, el funcionario cuenta cómo fue contactado 17 veces, entre mensajes y llamadas, por Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo.
El bombardeo se dio entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre. Así se desprende de la declaración que dio la cabeza de la máxima autoridad tributaria, el 26 de noviembre pasado, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz. “Sus pedidos resultaban inaceptables”, declaró Vera sobre Pacheco.
Antes del acoso de Pacheco, Vera tuvo un primer acercamiento con Palacio el 12 de agosto. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en ese entonces con Guido Bellido a la cabeza, le pidió la lista de los “cien contribuyentes con mayores deudas”, de acuerdo a la transcripción de su declaración ante el fiscal Huamán.
“Recordemos que esos días se habían dado dos pagos importantes de dos empresas mineras por más de 3 de mil millones de soles”, dijo Vera. Se refiere a las compañías Buenaventura y Cerro Verde, que coincidentemente pagaron sendas deudas tributarias al inicio del gobierno del lápiz, tras haberlas disputado -y perdido- en diversas instancias tiempo antes. Lo hicieron, sin embargo, advirtiendo que seguirían litigando para obtener la devolución del dinero.
Once días después, el 23 de agosto, Vera fue convocado a Palacio. Los anfitriones fueron los entonces asesores palaciegos Auner Vásquez y Óscar Cabrera, quienes lo llamaron para “conversar sobre las deudas tributarias, pues querían conocer de qué se trataban”, de acuerdo al testimonio de Vera en Fiscalía.
El 9 de septiembre, Vera fue convocado nuevamente a Palacio. Esta vez para hablar con el presidente Castillo. Fue en ese momento que entró en escena Bruno Pacheco. “Me indica [Bruno Pacheco] que la reunión con el presidente sería al mediodía. Es así que asistí y tuve una reunión a solas con el presidente por espacio de cincuenta minutos”, dijo Vera.
“Antes de entrar a la reunión con el presidente, en la sala contigua a su despacho, encontré a Auner Vásquez y Bruno Pacheco, que se presentó conmigo. De ahí entre los tres conversamos unos 10 minutos haciendo tiempo hasta que el presidente lo atendiera. Ahí el señor Pacheco me señala que lo vuelva a contactar en una semana para ver si se necesita alguna información complementaria”, añadió el jefe de la Sunat.
Según el registro de visitas de Palacio, la reunión de aquel día con el mandatario empezó a las 11:55 de la mañana y terminó a las 12:40. Pedro Castillo se mostró interesado en seguir aprovechando políticamente el pago de impuestos, pero le explicaron que la mayoría de deudas tributarias sigue en disputa. “El contexto de esta reunión con el presidente fue que quería saber qué empresas más estaban por cobrar [pagar], ya que había dos mineras que habían pagado y quería saber quiénes más podían pagar. Es así que en dicha reunión le expliqué al presidente que la mayoría de las deudas tributarias está en litigio. Asimismo, hablamos de las deudas tributarias y gestión de la SUNAT, quedando satisfecho”, declaró Vera.
ACOSADO
Hasta ahí todo transcurría con normalidad para el jefe de la Sunat. Pero días después, a las siete y media de la noche del 22 de septiembre, Pacheco empezó con la presión. “ […] recibí una llamada del señor Bruno Pacheco señalando que me iba a pasar un caso de un contribuyente que había sido mal atendido; no recuerdo con qué aplicación me llamó, pero no fue por llamada normal”, dijo Vera.
A las 7:40 de la noche de aquel día, Pacheco develó el nombre del “contribuyente” en un mensaje por la aplicación Telegram dirigido a Luis Enrique Vera. Se trataba del grupo informático Deltron, cuyo dueño es Néstor Quispez Asín Serna.
“Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto de la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron, RUC 20213331377, apóyalo por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Yo veo lo otro. NTP [No te preocupes]”, le escribió Pacheco al jefe de la Sunat, como ya ha sido revelado por otros medios.
Al ser consultado en el interrogatorio por el fiscal Huamán sobre la frase “yo veo lo otro”, Vera respondió que “es algo que Pacheco debe explicar. Yo no le veo explicación”. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Pacheco se refería al nombramiento definitivo de Vera como jefe de la Sunat, dado que en ese momento estaba como interino. La hipótesis fiscal es que Pacheco quería sacar ventaja de la expectativa de Vera por ser nombrado, definitivamente, en el puesto.
El 26 de septiembre Pacheco volvió a la carga con dos llamadas que Vera no respondió. Ese mismo día, vía Telegram, envió un mensaje pidiendo que favorezca en un concurso al martillero Marco Urbina Chumpitassi, dedicado a las subastas públicas. Luego mandó otro mensaje para recordarle del favor al grupo Deltron.
Vera declaró que días después, el 29 de septiembre a las 5:20 de la tarde, Pacheco le envió por WhatsApp “una foto de una parte de la agenda con los temas a tratar en la reunión del gabinete, entre ellos la designación del superintendente de Sunat propuesto por el MEF”. “Luego escribe: ‘ya lo programé. Estamos en gabinete’”, contó el superintendente.
La cabeza de la Sunat, sin embargo, ya sabía que Pacheco no tenía cómo influir en su nombramiento. “No obstante, antes de sus comunicaciones, yo ya había recibido la llamada del ministro del MEF [Pedro Francke] comunicándome que mi designación para un nuevo periodo había sido aprobada por el Consejo de Ministros. Como puede apreciarse de la secuencia de las horas, el señor Pacheco me estaba trasladando información inexacta”, dijo Vera.
Pacheco siguió con las presiones en el Telegram ese 29 de septiembre. Aquel día, a las 9:36 de la noche, continuó con los mensajes acosadores. Y añadió a una nueva empresa en su lista: MQVC Corporation, cuyo gerente es José Hanco Lupinta. Quería ampliar la importación de mercurio de esta firma. Después insistió con favorecer a Deltron porque “no queremos que quiebre”. Con el martillero Marco Urbina tiró la toalla ante el silencio de su interlocutor. “Y del martillero si no se puede, simplemente no se puede”, escribió el exsecretario general en el Telegram, según relató el jefe de la Sunat.
Vera fue finalmente nombrado el 3 de octubre como el mandamás de la Sunat. Esto no fue óbice para que el profesor de secundaria de Química y Biología siguiese pidiendo favores. El 6 de octubre, entre las 8:39 y 8:41 de la mañana, Pacheco envió al WhatsApp de Luis Enrique Vera tres mensajes que luego eliminó. Tres minutos después, a las 8:44 de aquel día, escribió: “Buenos días, Kike, necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría conversar contigo o necesitas que te visite. Hay que ser recíprocos en la atención”, escribió Pacheco, mostrando desesperación al ser ignorado.
“Esta insistencia evidencia que todas sus solicitudes eran ignoradas por mi persona. Luego, con fecha 7 de octubre a las 14:10 pm, vía WhatsApp, el señor Pacheco me llama dos veces optando por no contestarlas ni devolverle sus llamadas”, dijo Vera. A las 14:36 de aquel día el exsecretario general escribió en el WhatsApp para dejar el teléfono del directivo de la empresa importadora de mercurio. Esa fue la última comunicación con el exsecretario general de Palacio, según relató el jefe de la Sunat. Diecisiete presiones en dieciséis días.
Vera entregó copias de los mensajes de Telegram y WhatsApp al Ministerio Público, mientras que Pacheco dijo que se le había “extraviado” el celular, de acuerdo a la resolución judicial del 7 de diciembre pasado que le ordena impedimento de salida del país .
“Veo que es un tema mediático, toda vez que no hay una persona que me haya denunciado. Todo es en base a notas periodísticas. Y acá hay que ver el tema principal: la vacancia del presidente”, dijo Pacheco en una entrevista al medio “PerúDigital”, en la que habló postrado en una cama y con una mascarilla. Pacheco contó que se había enfermado de Covid-19.
El cuestionado exasesor dejó mal parado al presidente Castillo al decir que el gobernante nunca le pidió la renuncia. “A mí el presidente no me ha dicho que me retire. Yo he sido que he dado un paso al costado por la gobernabilidad”, dijo en la entrevista. Y es que Castillo declaró, tras la renuncia de Pacheco, que tiene la “capacidad moral para separar las cosas inmediatamente”
Según fuentes cercanas al despacho de la fiscal Norah Córdova, que investiga la trama petrolera del biodiesel, Pacheco ha sido visto en la sede de Petroperú con la lobista Karelim López. “Con la señora Karelim López es una relación de conocidos. Nada más”, señaló Pacheco a “PerúDigital”.
El exbrazo derecho del jefe de Estado se juega el pellejo en estos días. Es una pieza clave en la trama de presunta corrupción que hace temblar los cimientos de Palacio.
Esta es la respuesta a la carta notarial del empresario Marco Antonio Zamir Villaverde García enviada a Sudaca, quien pide rectificaciones por el reportaje ¨La generosa propuesta para el Despacho Presidencial de un empresario vinculado a Bruno Pacheco¨, publicado el pasado 21 de noviembre. Dice que posee información “falsa” e “inexacta”. A continuación respondemos las cinco observaciones realizadas por Villaverde, cuyas visitas a Palacio quedaron registradas en cuatro ocasiones, cuando Bruno Pacheco era secretario general. Sudaca considera que no hay nada que rectificar y que se actuó en todo momento de manera diligente, buscando, como corresponde, la versión del empresario con anticipación a la publicación. Villaverde ha preferido responder por medio de esta carta.
1. La relación de Zamir Villaverde con Vigarza SAC. Zamir Villaverde señala en su carta que el reportaje “La generosa propuesta para el Despacho Presidencial de un empresario vinculado a Bruno Pacheco”, publicado el pasado domingo 21, “desliza la continuidad de su vinculación del suscrito con la empresa Vigarza SAC; sin embargo se debe precisar que esta aseveración es falsa, pues a la fecha no tengo la calidad de accionista, socio, representante o apoderado de la referida empresa”.
Respuesta: El texto del reportaje no indica que Zamir Villarde sea actualmente accionista, socio, representante o apoderado de la empresa Vigarza SAC, como señala el empresario en su carta. Sobre este punto, no hay nada que rectificar y nos reafirmamos en lo publicado, es decir, que Zamir Villaverde “ha sido apoderado hasta el año 2019” de la empresa Vigarza SAC. Esto se puede corroborar en la partida de la empresa en la Sunarp.
Según los documentos de la partida de Vigarza SAC, él no es actualmente apoderado de dicha empresa porque dejó de serlo en el año 2019, y eso lo hemos señalado en nuestro informe. El informe recogió, además, la versión del diario El Comercio que en un artículo menciona que Villaverde “fue apoderado de Vigarza S.A.C. y a cuya administración sigue vinculado, según indicaron en la oficina de la empresa a este Diario”.
2.-Las visitas de Zamir Villaverde a Palacio de Gobierno. La carta de Zamir Villaverde dice que “se puede apreciar de manera clara que existe una forma tendenciosa de informar estos hechos, pues al utilizar los términos ‘rondando Palacio de Gobierno’, dan a entender que el suscrito estuviera haciendo reglaje a los alrededores de Palacio, deslizando la existencia de supuestos hechos irregulares sin ceñirse a la estricta realidad del ingreso registrado y haciendo inferencias indebidas de un supuesto servicio especializado de seguridad gratuita para el despacho presidencial, lo cual es falso, debido a que nunca hice tal ofrecimiento ni fue el motivo de mis visitas a Palacio de Gobierno, motivo por el cual se está solicitando al funcionario respectivo, la rectificación de dicha información errada”.
Respuesta: El señor Villaverde, de acuerdo al registro de visitas de la Presidencia, posee cuatro ingresos y salidas en las siguientes fechas: 4 de agosto, 14 de agosto y 6 de octubre –en dos ocasiones- del presente año. La Academia de la Lengua Española define el verbo rondar como “dar vueltas alrededor de algo” y el señor Villaverde ha dado no una vuelta sino cuatro al Despacho Presidencial. No hay, por lo tanto, ninguna connotación peyorativa ni delictiva al respecto.
Villaverde señala que estaríamos “haciendo inferencias indebidas de un supuesto servicio especializado de seguridad gratuita para el despacho presidencial, lo cual es falso, debido a que nunca hice tal ofrecimiento” . El 10 de noviembre del presente año, 11 días antes de la publicación del reportaje, la Oficina de Acceso a la Información, conforme a la Ley de Transparencia, nos respondió textualmente el motivo de su visita del pasado 14 de agosto al subsecretario general de Palacio de Gobierno, Ysmael Rafael Mayuri Quispe, con consecuencias legales en caso no informe con veracidad. Dijo textualmente lo que se consigna en el informe. El 29 de octubre y el 20 de noviembre, este periodista le envió al Whatsapp de su número celular una solicitud de entrevista para que nos responda sobre el motivo de sus cuatro visitas a Palacio y nos dejó en visto. No quiso responder a nuestras 13 llamadas telefónicas y no pudimos ubicarlo en la visita que le hicimos a su departamento ubicado en la urbanización Juan XXIII de Surco, que es la dirección que tiene registrada en Reniec. El señor Villaverde tampoco ha señalado en su carta cuál ha sido el motivo de sus cuatro visitas a Palacio de Gobierno.
3.-La visita a eventos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Ministerio del Interior. Zamir Villaverde dice que “estas afirmaciones demuestran la carencia de objetividad al momento de informar los hechos, ya que se pretende establecer una vinculación con la PNP por el solo hecho de concurrir a una actividad de naturaleza pública, buscando inducir a la opinión pública para que esta noticia adquiera un carácter conspirativo”.
Respuesta: Las imágenes de su participación en el “XXV Curso de Capacitación Básica de Protección y Seguridad de Entidades Bancarias” donde “se codea” o aparece junto a altas autoridades han sido publicadas por él mismo en su cuenta personal de Facebook, que es de acceso público. Y no solo tiene registrada esa visita sino varias otras más a entidades policiales. Le preguntamos por el motivo de sus visitas a la Policía en las dos solicitudes de entrevista que le pedimos a través de su Whatsapp y en las 13 llamadas telefónicas que no nos contestó. Esas consultas se las hemos hecho saber también, a través de la Oficina de Acceso a la Información, al Ministerio del Interior el pasado 25 de octubre. Desde esa fecha, dicha cartera ministerial solo nos ha respondido que “está en trámite” nuestra consulta sobre si existen convenios o contratos de esta institución con las empresas Villaverde Consultores Inversiones SAC, Villaverde Company SAC, Fundación Villaverde, Mazavig SAC, Vigarza SAC, Asociación Playa Los Delfines así como con el propio señor Marco Antonio Zamir Villaverde García.
4.- Sobre las denuncias en comisarías y Ministerio Público. “Es deber del periodista verificar con objetividad si las que mencionan se encuentran archivadas, así como en estricto cumplimiento de la presunción de inocencia se debe manejar con mucho cuidado este tipo de información ya que el inadecuado manejo afecta el honor y dignidad de las personas”.
Respuesta: El empresario exige precisión en la información sobre sus denuncias en las comisarías y el Ministerio Público. A continuación recordamos que, según información que registra en el Ministerio Público, Zamir Villaverde, hasta el momento de la difusión del informe, posee dos denuncias por el presunto delito de lavado de activos: una denuncia como imputado que se encuentra en calidad de “pendiente” y otra como “denunciado” que está en ampliación fiscal, según los registros.
Villaverde posee además cuatro denuncias con el estado de “pendiente” de calificar: una por el presunto delito de usurpación; la segunda, por el presunto delito contra el patrimonio; la tercera, por el presunto delito contra la administración pública; y la cuarta, por daños. Desde que tomamos conocimiento de esto, nos pusimos en contacto con el señor Villaverde para que pueda darnos su versión sobre estos hechos. Pero no obtuvimos respuesta.
5.-Sobre denuncia policial en la comisaría de Cañete. Zamir Villaverde da una propia versión de los hechos ocurridos el 16 de enero de este año, hecho denunciado un día después en la comisaría de Cañete, y dice que Sudaca deberá “rectificarse en este extremo, al no haberse efectuado una mínima verificación sobre los mismos, pues al afirmar que mi persona es el actor intelectual del ataque, hace parecer ante la opinión pública que mi persona es un delincuente, lo cual daña mi reputación y honra”.
Respuesta: Los hechos ocurridos el 16 de enero en el kilómetro 126 de la Panamericana han sido recogidos del texto de la denuncia verbal realizada por el ciudadano Miguel Ángel Barrientos Chávez. Sudaca llamó 13 veces al teléfono del señor Villaverde y le dejó dos mensajes vía Whatsapp para que nos brinde una entrevista sobre sus denuncias. La versión del empresario plasmada en esta carta pudo haberla dado para el informe si accedía a una entrevista.
El exsecretario general de la Presidencia pasó de hacer taxi en un Daewoo Tico, modelo 1994, a presumir de una camioneta Toyota Fortuner 2019, valorizada en US$41.490. Con este último vehículo el profesor de secundaria de los cursos de Química y Biología llegó el viernes pasado a Palacio de Gobierno, de acuerdo a las imágenes de varios canales de televisión. La camioneta pertenece a la compañía Servicios de Salud Guadalupe, la razón social de la clínica Guadalupe de Chorrillos, según Registros Públicos.
Pacheco visitó a Beder Camacho Gadea, nuevo subsecretario general de Presidencia y exfuncionario en el gobierno de Ollanta Humala. Lo hizo en medio de la polémica por el hallazgo de US$20.000 en el baño de su oficina en Palacio, durante una inspección del fiscal anticorrupción Marco Huamán que lo investiga por presionar al jefe de la SUNAT, Enrique Vera Castillo. Para la cita Pacheco llegó y salió a bordo de la camioneta de la clínica Guadalupe.
El centro de salud es dirigido por Elena Maco Flores, quien –en noviembre del 2020- fue detenida por presuntamente dirigir a personal médico que no reunía los requisitos para atender. El caso no llegó a mayores porque la clínica sigue funcionando, con Elena Maco al frente. La clínica Guadalupe ganó este año un contrato de S/11.031 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a datos de la cartera de Economía y Finanzas. El portal no consigna qué mes. ¿Qué hacía Pacheco a bordo de un automóvil de un proveedor? Por ahora es un misterio. Sudaca se comunicó con él, pero al cierre de esta edición no respondió a nuestras llamadas. También llamamos a la casa de la directora de la clínica, pero dijeron que no se encontraba.
La ostentación actual de Pacheco contrasta con su modo de vida de años atrás. En el 2004, por ejemplo, compró un Daewoo Tico a US$1.200, conforme a los documentos registrales. El pequeño auto se usaba para hacer taxi, según informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Tico hasta ahora está a su nombre.
El 2009, Pacheco fue multado por haber cometido una falta grave a bordo de este carro. El vehículo registra otras sanciones. En el 2012, le aplicaron papeletas por estacionarse en zonas indebidas en el Rímac e Independencia, por un monto total de S/704. Los informes colocan que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo era el propietario del Tico amarillo y no dan cuenta que haya alquilado el carro o que el conductor fuese otro. Los inspectores le tomaron foto al auto de Pacheco. Tenía el letrero de “Taxi”.
Uno de los reportes del SAT da cuenta de otra infracción por “detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (pase peatonal)”.
Pacheco tuvo otros tres autos a lo largo de su vida, que ya no le pertenecen. Tuvo un Nissan de 1985, que también lo usó para hacer taxi, de acuerdo a información del SAT. Y dos autos Toyotas, de 1993 y 1995. Los carros terminaron en manos de sus hermanos Gloria y Misael. No tiene inmuebles a su nombre.
En la declaración jurada de intereses que presentó a la Contraloría, Pacheco consignó que ejerce de profesor en la Unidad de Gestión Educativa Local 07 desde 1998. En el 2014 comenzó a trabajar como jefe de selección y capacitación de personal en la compañía de seguridad Vigarza.
Pacheco llegó a la cumbre al ser designado este año secretario general de Palacio, ganando S/25.000 mensuales. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó recientemente S/80.000 en las cuentas del exasesor del presidente Pedro Castillo, informó “La República”. Los movimientos financieros de Pacheco son escudriñados con lupa por la Fiscalía.
Deltron por dentro
El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz ha puesto el punto de mira, principalmente, en la relación entre Pacheco y el grupo informático Deltron, creado en 1992. Deltron es un importante proveedor del Ministerio de Educación, el sector en que Pacheco se mueve como pez en el agua. Ha ganado contratos por S/478’704.000, entre 1999 y 2021, según el portal de Transparencia Económica del MEF. El año pasado la compañía obtuvo el acuerdo más ventajoso en su historial con el Estado: la cartera de Educación le adjudicó una licitación de S/123’309.703 como proveedor de las tabletas para los escolares.
El grupo Deltron fue fundado por Néstor Quispez Asín Serna, un empresario vinculado a Perú Posible, el partido al que perteneció Silvia Barrera, considerada el enlace entre la empresa y Bruno Pacheco.
Quispez Asín se dejó ver en eventos relacionados con los peruposibilistas. En el 2015 participó en la presentación del libro “La sociedad compartida”, de Toledo, actualmente prófugo. También asistió a eventos coordinados por Gustavo Pacheco, exescudero de Toledo y actual parlamentario andino por Renovación Popular, sobre gobernabilidad y negocios.
No resulta extraño, por lo tanto, la conexión entre Quispez Asín y Silvia Barrera, exalcadesa de Villa María del Triunfo por Perú Posible e incondicional del expresidente Toledo.
Barrera fungió como intermediaria entre Pacheco y Deltron al enviarle al primero una resolución de la SUNAT, en el 2015, sobre la deuda tributaria de la compañía. El objetivo: que el exsecretario mueva sus influencias para dejar de cobrarle impuestos a la firma que vende productos informáticos. Pacheco aceptó el encargo y empezó a operar. Le envió un chat al jefe de la SUNAT para que perdone la deuda de sus amigos de Deltron porque “si no lo van a mandar a la bancarrota”,
De acuerdo a los estados financieros del 2018, Deltron arrastraba una deuda de S/2’067.000. El grupo empresarial, ante el escándalo suscitado por las presiones de Bruno Pacheco al jefe de la SUNAT, dijo no tener “deuda tributaria vencida” y agregó que “goza de una saludable posición económica y financiera”. Todo esto a través de un comunicado.
La trama también tiene ingredientes políticos. Silvia Barrera se afilió a Podemos Perú, el partido de José Luna, en septiembre último. Esta agrupación tiene una bancada próxima al oficialismo en el Congreso. Y, desde esa militancia, Barrera ha tenido acercamientos con el otrora hombre fuerte del gobierno, Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio, incluso, participó en una actividad proselitista de Silvia Barrera, que aspira a volver al sillón municipal en Vila María del Triunfo. El hecho podría suponer un interés de Pacheco de que el gobierno tenga un pacto con el partido de Luna Gálvez, en medio de una feroz pugna con la oposición.
En abril del 2021 Deltron, además, cambió a su directorio. Tomó las riendas de la empresa Alberto Oropeza Malpartida, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de César Acuña, que le hace un guiño al Ejecutivo en estos días.
El hallazgo de los veinte mil dólares en el baño del exsecretario presidencial es sólo la punta del iceberg de la investigación contra Bruno Pacheco, el hombre que nueve años atrás manejaba un taxi Tico.