En diciembre del año pasado, el Poder Judicial ordenó la intervención de dos teléfonos celulares del expresidente Alan García, incautados el día de su muerte, en su vivienda de Miraflores. Como informó Sudaca hace un par de meses, el equipo especial Lava Jato obtuvo el permiso judicial para ingresar a los equipos móviles y buscar información vinculada al caso de los presuntos sobornos por el Metro de Lima durante el segundo gobierno aprista. Sin embargo, a la fecha, esta diligencia no se ha concretado, por una demora del juez a cargo del caso, John Pillaca Valdez.
Alan García ya no es investigado en el caso Metro de Lima, pues con su muerte se extingue toda acción penal contra él, pero el Equipo Especial considera que en los teléfonos podría hallar información relevante sobre otros investigados, como exfuncionarios de su gobierno. Para la fiscalía, los integrantes de la presunta red criminal, que habría estado liderada por García, tenían comunicación entre sí «con correos electrónicos, aplicación de chats y llamadas por WhatsApp, llamadas telefónicas».
En marzo le fue notificada a la Fiscalía que una Sala de Apelaciones le había dado la razón y podrían intervenir los celulares, pero es necesario que el juez Pillaca emita una resolución para ejecutar la diligencia. Según pudo conocer Sudaca, desde abril el despacho del fiscal José Domingo Pérez viene cursando pedidos al magistrado, a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, para que se pronuncie y la fiscalía continúe con su trabajo. Pero el juez aún no resuelve este requerimiento.
El último pedido de la fiscalía para que el juez emita una resolución tiene fecha del 14 de junio. «Lo solicitado urge en razón a que la emisión de dicha resolución judicial es necesaria para efectos de realizar diligencias ordenadas respecto a los bienes incautados y que han sido objeto de la medida de levantamiento de secreto de las comunicaciones, tanto más si la presente investigación está sujeta a plazos perentorios que tienen como finalidad el esclarecimiento de los fines del proceso», se lee en el pedido fiscal.
Antes, se presentaron solicitudes el 8 de abril y el 25 de mayo pasados, pero no se obtuvo respuesta por parte del juzgado. Sin este documento, la fiscalía no podrá revisar los equipos móviles de García.
«Se reitera la solicitud para que se emita la resolución del levantamiento del secreto de las comunicaciones, para aperturar, extraer, recuperar, leer, examinar, analizar, acceder, visualizar, registrar y almacenar, únicamente los correos electrónicos, comunicaciones electrónicas, comunicaciones o correspondencias informáticas, enviadas, recibidas, almacenadas, borradas, y de cualquier otra modalidad, relacionados con la investigación preparatoria formalizada en el presente caso», sostiene el fiscal.
La investigación fiscal recoge la declaración del investigado Miguel Atala Herrera. En ella se señala que este se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero. Atala se desempeñó como vicepresidente de Petroperú durante la gestión de García y, según la fiscalía, era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.
La sala de apelaciones que resolvió a favor del Ministerio Público sostuvo que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». Además, destaca que la medida solicitada por el fiscal «resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
La fiscalía investiga la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala. En su declaración del 26 de abril de 2019, Atala señaló que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
