A fines de marzo de este año, Pedro Pablo Kuczynski recibió una visita fuera de lo común en medio del arresto domiciliario que cumplió durante 36 meses. A su casa de San Isidro llegó el fiscal José Domingo Pérez, el mismo que lidera la investigación contra el exmandatario por el presunto delito de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. El motivo también era inusual: Pérez llegó a la casa de PPK para conversar sobre la posibilidad de iniciar un proceso de colaboración eficaz.
Según pudo conocer Sudaca, la iniciativa partió de los abogados del expresidente. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la defensa de PPK ya había tenido dos reuniones previas con fiscales, y en ellas se planteó la posibilidad de una colaboración eficaz. Todo ello ocurrió antes de que el fiscal Pérez llegue a la casa del expresidente, para conversar cara a cara.
Kuczynski –vale la pena recordar– es investigado a raíz de los pagos realizados por Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, mientras desempeñaba los cargos de Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en los años 2002, 2004 y 2006. Sobre el papel, estos pagos eran por asesorías financieras por los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur – Tramos 2 y 3. Para la fiscalía, sin embargo, la participación de PPK fue fundamental para que Odebrecht pueda adjudicarse la construcción y mantenimiento de las obras. Como consecuencia de estos presuntos actos de corrupción, según la fiscalía, Kuczynski recibió beneficios económicos ilegales. Los contratos de asesoría financiera habrían servido para disimular el carácter ilícito de esos pagos.
Cuando el Poder Judicial incorporó a las empresas de Kuczynski al proceso, hace unas semanas, el juez Jorge Chávez Tamariz sostuvo que «ha quedado acreditado que existe una vinculación entre las Empresas Westfield Capital y First Capital, quienes eran debidamente representados por los imputados Pedro Pablo Kucsynski Godard y Gerardo Sepúlveda Quesada [socio de PPK], conjuntamente con la empresa Odebrecht, en las que existía una relación contractual de ‘asesoría financiera’ para los proyectos Trasvase Olmos, IIRSA SUR TRAMOS 2 y 3, sin embargo, dicho acto era la forma de ingresar dinero maculado proveniente a un acuerdo colusorio, que beneficiaba a los representantes y dueños de dichas empresas».
A la fecha, el caso continúa en investigación preparatoria y Kuczynski ya no está bajo arresto domiciliario (la medida se revocó en abril). El plazo para el fin de la investigación termina en agosto próximo, pero el Ministerio Público podría solicitar algunos meses más para finalizar con las pesquisas.
El caso es que Pérez y Kuczynski dialogaron, pero finalmente el expresidente desestimó la idea de convertirse en colaborador. Estos procesos implican necesariamente que los procesados reconozcan la comisión de delitos, reciban una condena por ello, y entreguen información valiosa que permita avanzar en las investigaciones. Nada de esto ocurrió en el caso de PPK. No hubo admisión de culpabilidad, ni tampoco entrega de información.
Según confirmaron las fuentes a Sudaca, el expresidente se negó a reconocer responsabilidad, con excepción de la estructura que creó para que sus bienes inmuebles pasen a estar a nombre de sus empresas. Kuczynski señaló que había sido inducido a error por sus abogados.
Al finalizar la reunión, el fiscal Pérez leyó las condiciones de un proceso de colaboración eficaz, pero todo quedó ahí. Y tras aquella visita la defensa no ha vuelto a tener un acercamiento con el Ministerio Público.
En declaraciones a Sudaca, Julio Midolo, abogado de PPK, sostuvo que “no hubo un requerimiento formal” para que el exmandatario se acoja a un proceso de colaboración eficaz, pero que es una posibilidad dentro de un proceso judicial. “No ha habido un planteamiento, la tesis de la defensa del presidente es sobre la inocencia”, insistió.
