Cartas

El 11 de junio último, el ciudadano Marcelino Aguilar Mollinedo, gerente de la empresa Acuario Export, envió una carta al equipo de Sudaca solicitando la rectificación del artículo titulado “¡De Ripley!: así fue como el gobierno abandonó a la moribunda industria textil”, publicado en marzo con la firma del periodista Paolo Benza. Este medio cumple con difundir el documento enviado por Mollinedo, pero aclara que no hay nada que rectificar. 

Aguilar Mollinedo pide que Sudaca se rectifique de “haber utilizado mi nombre y el nombre de mi empresa de forma tendenciosa”, en alusión al siguiente párrafo del artículo: 

“A la elaboración del informe [preliminar del Indecopi] no solo se “apersonaron” Comex y sus agremiadas importadoras, con los argumentos que luego ha repetido el gobierno, sino también la Cámara de Comercio China para la Exportación de Textiles y una empresa con un pasado reciente particular: Acuario Export E.I.R.L, cuyo gerente es Marcelino Aguilar Mollinedo. El empresario figura entre los 16 detenidos en un megaoperativo realizado el pasado 17 de diciembre por la Fiscalía. Los presuntos delitos fueron el contrabando y la defraudación tributaria” (Corchetes agregados para contextualizar)

Al respecto, este medio responde que la información consignada en el citado párrafo es veraz, en tanto recoge la información publicada por la Fiscalía sobre un megaoperativo en el que se detuvo a 16 personas para desarticular la presunta banda criminal Los Tigres del Oriente. Se puede revisar la información en este enlace

Los términos “defraudación tributaria” y “contrabando” son formas coloquiales, accesibles a lectores no especializados, de nombrar a los presuntos delitos de “defraudación de rentas de aduanas” y “tráfico de mercancías prohibidas o restringidas”, como también utiliza el portal especializado en derecho LP.

Aguilar Mollinedo aparece entre los 16 detenidos del megaoperativo -algo que no niega en su carta- y Sudaca consigna, como corresponde a la etapa del proceso informada por la Fiscalía, los delitos como “presuntos”. Es decir, no existe violación de la presunción de inocencia como alega el suscrito. Cabe agregar que Aguiler Mollinedo ha sido vinculado previamente a presuntos delitos de contrabando, sin que ello implique su culpabilidad. 

El otro cuestionamiento del empresario es sobre la pertinencia de mencionar su nombre y su detención en un artículo que tiene que ver con salvaguardias a las importaciones textiles asiáticas. Al respecto, es un hecho comprobable -con la información del autor de la nota- que la empresa que gerencia Aguilar Mollinedo se “apersonó” al proceso de elaboración del informe preliminar del Indecopi que recomendó colocar las salvaguardias. 

A su vez, esta gestión de intereses privados (conocida como ‘lobby’, término que no reviste ilegalidad en sí mismo) es de interés periodístico por las repercusiones que tiene en la industria textilera nacional. Por ende, la hoja de vida de las personas involucradas en dicha gestión -así sea a través de sus empresas- son de absoluto interés público. Más aún si se les acusa de presunto tráfico de mercadería. 

Vale precisar, por último, que Sudaca no “utiliza” a Aguilar Mollinedo “como medio para tildar a las demás empresas apersonadas” al proceso “como parte de un grupo que actúa al margen de las normas”, según dice la carta del empresario. Para comprobarlo basta solo con leer la redacción del párrafo citado líneas arriba. 

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Cartas

El pasado 3 de febrero, la directora del hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera, Elizabeth Rivera Chávez, envió una carta al periodista Juan Carlos Chamorro, de Sudaca. En la misiva, Rivera solicita que este medio haga aclaraciones o correcciones al artículos que publicó el 31 de enero, titulado “Los hospitales psiquiátricos, la (otra) grave crisis que ha desatado la pandemia”, que el lector puede revisar en el siguiente link.

El citado artículo aborda la precaria situación en la que ha caído la atención de los tres principales hospitales psiquiátricos de Lima luego de que el Covid-19 aterrizara en el país. Se abordan primero -y con mayor énfasis- los casos del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y del Hospital Hermilio Valdizán. Finalmente, se menciona al Víctor Larco Herrera en base a un caso puntual de un paciente que se escapó y hoy vive en la calle.

A continuación, Sudaca publica la carta enviada por la directora del Larco Herrera y, más abajo, responde a sus cuatro puntos relevantes:

 

3) Consultas externas: Sobre este punto, Sudaca informó que el Larco Herrera no atiende consultas externas de forma virtual ni presencial de pacientes nuevos. Vale decir que, si una persona que no se ha atendido antes en el hospital llama por teléfono, no podrá sacar una consulta externa porque no tiene historial clínico. Tampoco lo podrá hacer vía chat porque ese servicio solo es para los pacientes antiguos, o “continuadores”.

Como dice la carta enviada a este medio, en el Larco Herrera las atenciones a los pacientes antiguos, con historial clínico, sí se realizan. Todo paciente nuevo, en cambio, es obligado a pasar antes por su red de salud local (“comunitaria”), las cuales -la mayoría de las veces- no tienen en la práctica la capacidad operativa ni humana para recibirlos y derivarlos.

Efectivamente, en la primera versión del artículo publicado por Sudaca no quedaba del todo claro que este medio se refería a las consultas con pacientes nuevos. La precisión, sin embargo, fue realizada por este medio varios días antes de que la directora del Larco Herrera enviara su carta y de motu proprio. Sin embargo, por trabajos técnicos en nuestra web -que empezaron a realizarse al día siguiente de publicado el artículo-, el cambio no fue actualizado en la nueva web. Hemos vuelto a realizar la precisión correspondiente.

4) La fuga del señor Arce: El pasado sábado 30 de enero, el reportero a cargo de la nota encontró al paciente Richard Arce caminando sin mascarilla por las calles de Magdalena, muy cerca al Larco Herrera. Este medio reafirma lo escrito sobre este paciente: se escapó de dicho hospital psiquiátrico. Incluso, la propia directora lo afirma en su carta: “egresó de nuestro hospital de manera subrepticia, dado que pudo burlar nuestra seguridad porque su comportamiento es de una persona normal”.

El hospital afirma que luego se le dio el alta médica al señor Arce, algo que no se opone en ningún extremo a lo publicado por este medio. Asimismo, Sudaca ha vuelto a comprobar tras la publicación del reportaje que el paciente habita actualmente en la calle, cerca del lugar donde lo encontramos (cruce de avenidas Brasil y jirón Inclán).

Es importante recordar que nos encontramos en un periodo de pandemia por el Covid-19 y que el señor Arce no usa mascarilla dada la precariedad de la condición en la que vive. Su salud, fuera del Larco Herrera, corre un alto riesgo.

5) ¿Preocupación o calidez?: El quinto punto de la carta del Larco Herrera es confuso, pues no busca desmentir hechos o información fáctica, sino percepciones y sentimientos. Dicen que “no hay preocupación” por los pacientes que han enfermado de Covid-19 -los que son tratados allí desde antes de la pandemia. En cambio, la carta asegura que “hay calidez”. Este medio ha solicitado entrar al hospital psiquiátrico para poder comprobar lo que dice la misiva, pero su ingreso fue negado. Mientras tanto, no queda mucho que responder a este punto.

6) Empleados muertos por Covid-19: El médico psiquiatra Óscar Villanueva ha informado a Sudaca que el año pasado murieron 10 personas en el Larco Herrera y en lo que va de este año, otras 12. Estas son cifras extraoficiales y Sudaca ha confirmado que son las que maneja el personal médico, que tenía trato directo con el personal fallecido.

No existe una cifra oficial por parte de la dirección del Larco Herrera y, precisamente, el personal médico está a la espera de que se transparente la información al respecto. La directora del Larco Herrera le dice a Sudaca que ese número “no es preciso”, pero omite precisar un número de fallecidos.

¿Cuál es el número preciso de muertos por Covid-19 y quiénes son? Extendemos nuevamente la pregunta al hospital. Cabe agregar que antes de la publicación del artículo, Sudaca envió un completo pliego de preguntas al Ministerio de Salud, cartera a la que está adscrito el Larco Herrera. Estas fueron recibidas pero se optó por no responder. Por transparencia, se debería comunicar -a trabajadores y a la opinión pública- cómo se está enfrentando la pandemia dentro del nosocomio.

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Cartas, Lectores

El empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, a través de su abogado Luis Francia, envió una carta notarial dirigida a la periodista María Isabel Alvarez, tras la publicación de un informe en Sudaca el pasado 7 de diciembre titulado “La ruta del dinero que Odebrecht aportó al fujimorismo”. La nota está basada en información a la que han tenido acceso este medio y las partes vinculadas a la investigación sobre los aportes de la constructora al partido de Keiko Fujimori.

En la nota, Sudaca explica cuál habría sido el camino que siguió el dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la Caja 2, hasta llegar a la campaña de Keiko Fujimori. Todo de acuerdo a documentación bancaria que la fiscalía ha incorporado como parte de su tesis fiscal y en la que aparecen las cuentas de la empresa Construmaq de Gonzalo Monteverde.

En su carta, Monteverde se refiere al testimonio de Luiz Da Rocha Soares, extesorero de la Caja 2, quien ha mencionado al empresario ante los fiscales peruanos durante los interrogatorios en Brasil.

“En ninguna de las dos declaraciones que brindó Luis Da Rocha Soares (el 21 de febrero y el 10 de diciembre de 2019), ha declarado que “Gonzalo Monteverde, a través de su empresa se encargó de esconder los pagos” , supuestamente provenientes de Odebrecht”, dice la defensa del empresario en su misiva.

Al finalizar el interrogatorio a Da Rocha Soares de diciembre del año pasado, el fiscal superior Rafael Vela se refirió a la diligencia en declaraciones a la prensa que cubría los interrogatorios en Brasil de la siguiente manera:

“Para el Ministerio Público, siempre dentro de sus hipótesis de investigación, el señor Monteverde es presuntamente uno de los principales lavadores de activos vinculados a Odebrecht, como tal siempre lo hemos postulado así en nuestra línea de investigación y pensamos que todas las declaraciones y elementos que han sido aportados generan que exista un avance notable dentro de la investigación comprobando la hipótesis del equipo del fiscal José Domingo Pérez. El lavador presunto Gonzalo Monteverde también tiene una participación directa a partir de que lo es de público conocimiento, que hay codinomes relacionados a campañas nacionales, él era el que liquidaba esos recursos. La empresa Construmaq era una del grupo empresarial de Gonzalo Monteverde y que a partir de la posibilidad de ocultar el origen de dinero y tener solvencia para entregar estos montos se convirtió presuntamente en el principal lavador de Odebrecht”, manifestó.

El Poder Judicial también ha respaldado la tesis fiscal y ha dado crédito a lo dicho por Da Rocha Soares, a través de una resolución emitida en setiembre de este año por la Primera Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción, donde rechazan un pedido de la defensa de Monteverde para que se ordene el cese de la orden de prisión preventiva en su contra. La cual, vale agregar, no se ha hecho efectiva porque está prófugo de la justicia.

“(…) de una lectura integral de la declaración de Luiz Da Rocha Soares, preliminarmente se puede concluir lo contrario a lo manifestado por la defensa técnica, pues éste refiere que Monteverde Bussalleu era contratista y que generaría caja en efectivo en el Perú proveniente de la Caja 2. Explica que la empresa Constructora Área y Construmaq sirvieron para generar efectivo para la División de Operaciones Estructuradas, a través de operaciones fiscales con subcontratistas y que en ellas existían sobrevaloraciones o una sobrefacturación, de modo que el subcontratista devolvía el exceso de la caja a través de otras operaciones. Lo cual, en efecto, guarda relación con la traducción certificada de la Sentencia del 13° Juzgado Federal Penal de Curitiba, en donde se concluye que Odebrecht utilizó empresas offshores para el pago de coimas o comisiones ilícitas”.

La defensa de Monteverde también señala en su carta que “si bien aparece la Constructora Internacional del Sur como cliente de Construmaq, aquella nunca transfirió dinero a las cuentas de esta”. Agrega que “además, en el 2010 nadie sospechaba que Constructora Internacional del Sur era offshore de Odebrecht, puesto que recién la investigación Lava Jato, en Brasil, se inicia en el año 2013, y estalla en el 2016”.

Al mismo tiempo indica que, si bien aparece el monto de US$5’828,216.00 en el reporte UIF, al no tener fecha de operación bancaria, “se trata de un documento deficiente”, y que la defensa ha constatado que a la cuenta de Construmaq en Panamá “entre enero del 2009 y diciembre del 2014 no existe un solo centavo que haya ingresado de Constructora Internacional del Sur”.

Como informó Sudaca en el reportaje, la documentación bancaria a la que tuvimos acceso es parte de la tesis fiscal. El reporte de UIF del 2017 al que refiere el abogado de Monteverde, que revisó este medio y en el que se advierten las transacciones, permitió que el Ministerio Público determine el movimiento financiero de las cuentas del prófugo. Este año, el equipo especial ha establecido que el dinero que recibe la cuenta en el Scotiabank está vinculado a las cifras de US$500 mil en el 2010 y US$500 mil en el 2011 que habría recibido Fuerza Popular de Odebrecht.

La afirmación del abogado de Monteverde busca dar a entender que la Constructora Internacional del Sur no ha transferido fondos a la cuenta de Construmaq en Panamá. Sin embargo, ya de por sí el documento que registra la apertura de cuenta de la empresa Construmaq en el Credicorp Bank Panamá, cuya primera página publicamos en el informe, precisa en sus siguientes hojas que la cuenta fue abierta con fondos de la offshore de Odebrecht, Constructora Internacional del Sur, por US$500 mil. A continuación, publicamos un extracto de esa página del documento:

Además, en una disposición fiscal emitida el pasado lunes 14 de diciembre por el fiscal José Domingo Pérez, vinculada al caso de los presuntos aportes ilícitos de Fuerza Popular, se indicó que el financiamiento para la campaña de Keiko Fujimori y “entregado por la empresa Odebrecht, habría llegado al Perú a través de las empresas vinculadas a Gonzalo Monteverde, tal como la empresa Construmaq”.

Se debe indicar que la fiscalía ha recibido más documentación vinculada a las transferencias bancarias realizadas entre las cuentas de Monteverde, el retiro de dinero en efectivo y la emisión de cheques.

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