Carta-Sudaca

Respuesta a Fanny Quispe, Fiscal Suprema Provisional

El 12 de julio hemos recibido una carta notarial de la Fiscal Suprema Provisional Fanny Quipe Farfán. En ella nos acusa de “acoso mediático” por las publicaciones que venimos realizando y que solo “haya tomado como referencia versiones interesadas o información obtenida de manera subrepticia y tendenciosa” al haberle adjudicado hechos o funciones que no le corresponden o que no han sucedido.

A continuación, reproducimos la carta en su totalidad.

Carta Notarial - Fany Soledad Quispe 01

 

Carta Notarial - Fany Soledad Quispe 02

Carta Notarial - Fany Soledad Quispe 03

 

Entendemos la incomodidad de la fiscal Quispe por las publicaciones nada gratificantes que hemos venido publicando desde Sudaca y que también han generado la preocupación de otros medios de comunicación (El Comercio, Cuarto Poder, Willax, Expreso, entre otros) sobre la diligencia y el trabajo poco objetivo de algunos miembros del Ministerio Público que ven casos emblemáticos. 

El poder de la fiscal Fanny Quispe 

Como medio de comunicación independiente nos preocupa, tal como ocurre con los casos de corrupción del actual gobierno, que ciertos funcionarios públicos hayan acumulado poder y un control absoluto sobre ciertos ámbitos de la administración pública, desplazando a los propios titulares de despacho y decidiendo no solo procesos de contratación, sino –en el caso del sistema de justicia– el blindaje y encubrimiento a personajes como ha ocurrido con el empresario Samir Samir Abudayeh y el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, entre otras personas.

Fanny Quispe no es una fiscal cualquiera dentro del Ministerio Público, sino una fiscal que ha concentrado –a partir de los procesos de colaboración eficaz que tiene a su cargo– un poder total sobre la administración de justicia que amenaza la estabilidad de la Corte Suprema de Justicia y del propio Ministerio Público, debido a que en su afán mesiánico de refundar el sistema de justicia ha dirigido y dirige sus baterías contra magistrados (jueces y fiscales), empresarios y abogados que le son incómodos utilizando el ventrículo de la delación premiada. Ella decide a quién se investiga, procesa o acusa en el caso Cuellos Blancos y en casos afines; ella es quien da las órdenes y supervisa su cumplimiento, aunque, no aparezca firmando muchos documentos fiscales y también es la que decide qué hechos y documentos se entregan a la prensa amiga para potenciar sus objetivos. Dicha información no solo es real y cierta, sino que el poder que tiene la Fiscal Quispe no tiene ningún temor en revelarlo al interno del Equipo Especial.

Cualquier fiscal en el mundo que tiene a su cargo los procesos de colaboración eficaz no solo dirige –como nos pretende hacer creer la fiscal Quispe– dichas carpetas, sino que tiene en sus manos el control sobre la investigación principal y sobre otras investigaciones que pueden surgir como consecuencia de las delaciones a su cargo. ¿O de dónde se cree que salen la cantidad de investigaciones e investigados que tanto se ufanan en mostrar como estadísticas los fiscales Fernández Alarcón y Quispe?

La fiscal Quispe dice en su carta notarial: “mi persona ejerce como fiscal adjunta suprema provisional en el despacho de la Primera Fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, siendo una de los cuatro fiscales adjuntos supremos que la componen. Por mi jerarquía no soy el fiscal que se encarga del despacho fiscal en ausencia del fiscal supremo, sino que me encargo de las labores que puntualmente se me encomiendan”. De manera muy astuta se pretende señalar por la Fiscal Quispe que solo es una simple Fiscal adjunta suprema que ni se encarga del despacho en ausencia del Fiscal Fernández Alarcón y que solo cumple las funciones que se le asignan. Si algo los peruanos hemos aprendido en los casos de corrupción de Odebrecht, el club de la construcción y de la corrupción del actual gobierno es que siempre hay funcionarios públicos que tienen un poder que excede el marco de sus competencias formales y que buscan camuflar su poder real en cuestiones legales. Basta recordar el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, del ex secretario de la Presidencia de la República Bruno Pacheco, de los sobrinísimos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y el empresario Zamir Villaverde, quienes no tenían supuestamente gran poder en la administración pública, pero terminarodfvn manejando el aparato estatal.     

Si se hace una encuesta sincera al personal administrativo y a los fiscales de todos los niveles de la Primera Fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos acerca de quién tiene y ejercer el poder real en dicho despacho, por abrumadora mayoría dirán que se trata la Fiscal Fanny Quispe. 

Tan cierto es lo que señalamos que la propia Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su entrevista personal del 1 de junio ante la Junta Nacional de Justicia para ocupar el cargo de Fiscal supremo aludió al excesivo poder de algunos fiscales supremos adjuntos y el escaso control que había sobre ellos.  

 

El caso del nombramiento delivery de Castillo Nieto como Fiscal adjunto provincial provisional

La carta notarial que nos remite la Fiscal Quispe Farfán resalta que no ha participado en la designación Juan Carlos Castillo Nieto, que no ha realizado alguna gestión en la oficina de Registro de evaluación de fiscales encargada del trámite y que no es cierto que haya convencido a la Fiscal de la Nación de ese entonces, Zoraida Ávalos, de dicha designación. También resalta que quien dicta las resoluciones judiciales es el juez supremo y no el secretario judicial y que en relación a la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos Montalvo del 31 de diciembre del 2021 se encontraba de vacaciones y fuera de Lima.  

Los hechos y la evidencia del irregular nombramiento de Castillo Nieto no solo son claros, sino abrumadores. Hay un indiscutible intercambio de favores y de banderines entre los involucrados, debido a que a cambio de la aprobación express de la colaboración eficaz de Walter Ríos del 31 de diciembre del 2021 ese mismo día aparecía publicado en el diario oficial el Peruano la designación del secretario de confianza del Juez Supremo Núñez Julca como Fiscal adjunto provincial provisional en una resolución administrativa suscrita por la propia Fiscal de la Nación. 

Nos preguntamos ¿Por qué apurar tanto una designación de fiscal adjunto si es que no se estaba en una carrera contra el tiempo para lograr la aprobación delivery de un acuerdo de colaboración eficaz que se tenía encarpetado más de 42 meses? ¿Por qué el acuerdo de colaboración eficaz se impulsó en la Fiscalía Suprema luego de la salida del audio del 12 de diciembre del 2021 que tenía como protagonista al Juez Núñez Julca y se tramitó en tiempo record, pese a que había casos de la misma Fiscalía más antiguos, pendientes de resolver? ¿Por qué un acuerdo que debía discutirse en varias sesiones se llevó a cabo de manera maratónica en una sola sesión de tres horas? ¿Por qué la Dra. Quispe se rasga las vestiduras por el artículo que publicamos y no elevó un informe ni puso en alerta a la Fiscalía de la Nación de que se ponía en riesgo la integridad de la sentencia de colaboración eficaz con la designación del secretario que elaboró dicha sentencia? ¿Acaso la Dra. Quispe no leyó “El Peruano” el 31 de diciembre del 2021 y recién se enteró de la designación de Castillo Nieto como Fiscal adjunto provincial provisional con el artículo de Sudaca del 2 de julio del 2022? ¿Acaso la propia Fiscal no ha reconocido internamente que la persona que tenía de total confianza en el Juzgado Supremo era “Juan”, refiriéndose a Juan José Castillo Nieto? ¿Por qué la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón y Quispe Farfán salió el 2 de febrero del 2022 en una defensa cerrada de Zoraida Ávalos frente a declaraciones periodísticas de la ex Fiscal Rocío Sánchez pasando por la autoridad del Coordinador del caso Cuellos Blancos Pablo Sánchez?

El tema clave y que la Fiscal Fanny Quispe no niega es que a la audiencia de la colaboración eficaz de Walter Ríos realizada el 22 de diciembre del 2021 no acudió el Fiscal Supremo, ni el fiscal adjunto más antiguo, sino ella misma. Si es cierto lo que la Fiscal Quispe sostiene en su carta notarial que ella solo se encarga de la fase de corroboración de las delaciones premiadas, no se explica qué hace concurriendo a una audiencia que debía acudir el titular del despacho. Como fiscal con experiencia sabe que un caso de la importancia de la aprobación de un acuerdo de una colaboración eficaz debe discutirse con seriedad y rigor en varias sesiones, sobre todo, si hay una cantidad de hechos muy amplia y en el caso de Walter Ríos llegaban a los 44 hechos delatados. ¿Por qué no pidió al juez la programación de sesiones continuadas para discutir con calma cada uno de los 44 hechos? ¿Por qué apuró el paso y solo utilizó tres horas para un caso que por lo menos debía emplear más de 20 sesiones? ¿No es evidente que la rapidez en el caso no la imprimió ni la Procuraduría Pública Anticorrupción ni el juez Supremo, sino la propia Fiscal Fanny Quispe?.        

Por otro lado, nadie discute que es el juez supremo quien dicta las resoluciones judiciales. Nosotros así lo destacamos en nuestro artículo “LA NUEVA FISCAL Y LOS «TOPOS» DE ZORAIDA ÁVALOS”; sin embargo, lo reprochable del caso Castillo Nieto es que a quien se le ofreció un puesto y se le terminó designando en el Ministerio Público fue a un auxiliar jurisdiccional, específicamente, a un secretario judicial lo que representa la comisión del delito de corrupción de auxiliares jurisdiccionales (artículo 396). 

De igual forma, el hecho de que la Fiscal Fanny Quispe a fines del año 2021 haya estado haciendo uso de sus vacaciones no resta impacto ni valor al destape efectuado por Sudaca en el nombramiento de Castillo Nieto, en la medida que estuvo presente en la audiencia del 22 de diciembre del 2021 y sabía perfectamente por las coordinaciones previas antes de sus vacaciones que el problema no era que el juez expide la resolución aprobando la colaboración eficaz, sino que lo haga rápidamente y antes del cambio se iban a dar en la apertura del año judicial por el escándalo producido por la divulgación del audio que compromete la imparcialidad del juez Núñez Julca.

Los demás pedidos de rectificación

En la carta notarial se nos pide rectificación por el artículo WALTER RÍOS Y EL NARCOTRÁFICO. LOS AUDIOS OLVIDADOS DEL CASO “CARACOL” del 25 de abril del 2022 debido a que existiría “una investigación sobre ello y que no se encuentra a mi cargo”, sin indicar los hechos de la investigación, los cargos y las personas involucradas. Sudaca ha pedido información al respecto y se nos indica que no existe abierta investigación por los hechos que fueron destapados, pese a que comprometen en un hábeas corpus al narcotraficante peruano más famoso de los últimos tiempos: Gerson Gálvez Calle.  

También se nos pide rectificación sobre el artículo “LA FISCALÍA DE LA NACIÓN COMO BOTÍN” del 28 de mayo del 2022 en el que se refiere a un audio de la magistrada Ruth Benavides Vargas que habría sido entregado a la prensa como un boicot al nombramiento como Fiscal  Suprema de la actual señora Fiscal de la Nación y que tendría “en mi poder “copias espejo de los audios de la vergüenza” afirmación que resulta falsa pues no tengo acceso a la totalidad de los audios, por lo que desconozco que refiere tener la prensa”; al respecto es ciertamente preocupante que se nos pida la rectificación casi 50 días después de publicado el artículo periodístico y ello ocurra luego del nombramiento de la Dra. Patricia Benavides como Fiscal Suprema y como Fiscal de la Nación. No nos explicamos por qué se espera recién la formalización de un nombramiento incómodo y de una persona que no es de su cofradía para pedir rectificación periodística. Es un hecho innegable que dicho audio ha circulado por varias redacciones periodísticas y por varios medios de comunicación esperando acogida. La Dra. Fanny Quispe en su carta notarial reconoce que no tiene “acceso a la totalidad de los audios”, lo cual es gravísimo ya que como encargada de la colaboración eficaz de Walter Ríos es inconcebible que haya promovido beneficios sin contar con todos los audios que involucran al expresidente de la Corte del Callao. Asimismo, la carta notarial no niega conocer el audio de la hermana de la actual Fiscal de la Nación Ruth Benavides Vargas.

Finalmente, se nos solicita rectificación del artículo “SIN PRENSA, LOS FISCALES NO INVESTIGAN” del 12 de junio del 2022 al colocarse su nombre y apellido “a pesar que no se me ha asignado el caso, ni tener la jerarquía ni las facultades para la toma de decisiones del despacho fiscal”. Nuevamente el tema en discusión es que como Fiscal encargada de la colaboración eficaz de Walter Ríos –como ella misma reconoce– nunca le preguntó sobre el caso de Samir Abudayeh y los actos ilícitos que habría cometido con él y que luego se han conocido, y ha terminado confesando cómo tampoco le pregunto ni pidió que se abriera investigación por el caso de las prostitutas que como ventaja recibió Walter Ríos el 10 de agosto del 2017 del empresario Samir Abudayeh a cambio de favores judiciales.       

Los hechos y la prueba hablan y son elocuentes. Más que pedir rectificación debería someterse a las investigaciones penales y disciplinarias y allí hacer sus descargos.  

   

La carta notarial como instrumento de victimización y de condicionamiento a las altas esferas del Ministerio Público

En Sudaca, por nuestra formación plural y democrática, siempre estamos abiertos a corregir cualquier error informativo o dato inexacto que publicamos, por lo que recibimos con agrado y tolerancia cualquier pedido de rectificación que se nos haga llegar de manera directa como por los cauces formales.

Sin embargo, lo que lamentamos es que se pretenda utilizar una carta notarial con fines protervos, para curarse en salud frente a eventuales investigaciones y para victimizarse dentro del propio “Equipo Especial” y el Ministerio Público, buscando a toda costa fines distintos a la rectificación de la información.

En realidad, lo que determina a la Fiscal Fanny Quispe Farfán a enviar la carta notarial es evitar que pase con ella lo que ocurrió con el Fiscal Superior Víctor Tullume Pisfil, que fue removido de su cargo como Fiscal Superior encargado del caso “Cuellos Blancos del Puerto” por la Fiscal de la Nación mediante resolución N° 1340-2022-MP-FN del 4 de julio. Para ello la fiscal que ahora pide la rectificación cree que su permanencia está asegurada si la carta notarial que nos ha remitido llega a conocimiento del coordinador del Equipo especial del caso “Cuellos Blancos”, Pablo Sánchez, y de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, y se presenta como una víctima de una campaña mediática de desinformación, señalando que intereses oscuros la quieren fuera del Equipo Especial.

La carta de rectificación que se nos remite no quiere, en realidad, que se enmiende la información que se ha publicado, sino que busca utilizar el envío de la carta para presentarse internamente como víctima y evitar el desenlace que pasó con su amigo y colega Víctor Tullume, que ha regresado a su plaza de origen en Áncash. Lo que nos sorprende y alarma es que lo que pretende la Fiscal Fanny Quispe es instrumentalizar la carta notarial para victimizarse, evitar investigaciones y que no le pase lo mismo que a otros miembros del Ministerio Público que han regresado a sus plazas de origen como los Fiscales Superiores Omar Tello, Frank Almanza, Rosario López Wong y una larga lista de etcétera. 

 

 

 

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Cartas, Fiscalía

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