Consejo de ministros

La última elección. Pedro Castillo se encontraba en los últimos meses de su gestión y la crisis política se agravaba más. Además, el Congreso ya había presentado una moción de vacancia presidencial en su contra. Betssy Chávez se convirtió en la última jefa del Gabinete Ministerial de la era Castillo. Al igual que sus antecesores, la abogada se encontraba en investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias cuando ejerció como ministra de Cultura.  

Los ministros

Los jefes del Gabinete Ministerial han sido cuestionados a lo largo del presente informe, la culminación de sus gestiones se dio por investigaciones personales, pero también se dieron por problemas de otros miembros del gabinete. 

Un total de 78 ministros y 5 ex premieres han pasado por la presidencia de Pedro Castillo. Los jefes del Gabinete Ministerial fracasaron en un intento de defender su credibilidad a pesar que las investigaciones ponían en tela de juicio la transparencia de su gestión. Sin embargo, este fracaso no se debe meramente a cuestiones personales, también obligaron a cesar sus funciones por investigaciones de su misma plancha ministerial

El expresidente Castillo fue integrado en una investigación por pertenecer a una organización criminal. Lo mismo pasó con el ex titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. El Ministerio Público señaló que había cometido el delito de obstrucción a la justicia.

Jorge López Alvarado, exministro de Salud, fue removido de su cargo tras relacionarlo con sospechosas operaciones financieras de empleados que sirvieron en la compra de un departamento de estreno en Jesús María a favor de su expareja y madre de sus hijos. En el marco de una “transparencia” el mandatario, con el retiro de López, demostraba su desligamiento con este esquema de enriquecimiento ilícito.

Investigaciones especiales. El gobierno de Castillo estuvo ligado a presuntos actos de corrupción que ocasionaron operativos en las oficinas del mismo despacho presidencial. Sin embargo, también se ha implicado en estos temas al prófugo ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; entre otros (Geiner Alvarado López, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Walter Ayala, Defensa). De este último, Sudaca ha presentado un informe detallado de las investigaciones que afronta el exministro y que involucro al secretario presidencial Bruno Pacheco.

Por último, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero junto al ex premier Aníbal Torres afrontan una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los dos son cuestionados por pertenecer a una organización criminal y por ser obstruccionistas a la justicia. Son señalados por ser miembros del “brazo obstruccionista” que tendría la red criminal que encabeza el exjefe de Estado.

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5 de noviembre. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Palacio. Cuando llegue, se habrán cumplido cien días del nuevo gobierno y -si no sucede nada extraordinario- el presidente Pedro Castillo empezará a evaluar la gestión de sus ministros. Así lo indican fuentes de Perú Libre y del Ejecutivo consultadas por Sudaca. Esta medida es impulsada por el ala dura del partido oficialista, que capitanea Vladimir Cerrón, y habría sido aceptada por el jefe de Estado, en medio de las conocidas tensiones en el Gabinete. 

El rumbo de los cien primeros días del gobierno fue diseñado en el plan de la segunda vuelta, que se llama “Perú al bicentenario sin corrupción”. El documento contempla la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, nuevos impuestos a la minería, la masificación del gas natural, el retorno a las clases presenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el inicio de lo que llaman “la segunda reforma agraria”. 

La idea es que esta última propuesta sea lanzada el próximo 3 de octubre, para conmemorar el día en que empezó la dictadura de Juan Velasco Alvarado en 1968, aseguran fuentes palaciegas. Se trata de una medida polémica, por los malos recuerdos que le trae el régimen militar a la derecha y por la expropiación de tierras, aunque la reforma de Castillo se enfoca principalmente en reducir  la importación de alimentos. En lo político, el objetivo es confrontar a los adversarios del gobierno, que –según la lógica perulibrista– quieren imponerles la agenda. 

La decisión de estirar los cambios en el Gabinete hasta inicios de noviembre se da mientras Castillo y Cerrón han retomado una comunicación fluida por la vía telefónica, según una fuente de Perú Libre. Han vuelto a acercarse. Esto, luego de un encuentro cargado de tensión en la casa del ministro de Justicia el 21 de agosto pasado. Cerrón está actualmente en Junín, arrinconado por investigaciones fiscales entre las que hay un caso de lavado de activos y una acusación de presunto soborno.

Perú Libre también prepara con sus aliados una serie de propuestas sobre lo que hará el Ejecutivo tras los primeros cien días, según una fuente cercana a Vladimir Cerrón. Los principales dirigentes de estos grupos, como Álvaro Campana, de Nuevo Perú, y Roger Nájar, de Perú Libre, tienen reuniones para tal fin. También participan militantes del Frente Amplio. Estas organizaciones políticas conforman el denominado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene como fin apoyar al gobierno ante las críticas. 

Lenin Checco, dirigente del Frente Amplio, dice que su agrupación -hoy sin inscripción- conversa también con Perú Libre sobre una posible alianza de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo año. “Hemos tenido conversaciones preliminares con Perú Libre por la preocupación de ir en un solo frente y cómo afrontar los comicios del 2022”, dice. Los únicos partidos de izquierda con inscripción vigente son Perú Libre y Juntos Por el Perú. 

GOLPES Y CUCHILLOS

La aparente unidad de estas organizaciones contrasta con las fricciones dentro del Gabinete y en la bancada de Perú Libre. El canciller Óscar Maúrtua está en la mira del ala dura del partido desde que reemplazó a Héctor Béjar -recomendado de Cerrón- en Torre Tagle. Para los cerronistas, Maúrtua echó más leña al fuego al suscribir un nuevo convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

“Imperdonable que el Canciller (Maúrtua) renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria”, escribió en su Twitter el congresista Guillermo Bermejo. En medio de esos cuestionamientos, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien llegó al cargo en la breve gestión de Héctor Béjar, dijo que “la posición del Perú desde el 5 de enero es que no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. Esta declaración de Chávez, diplomático de carrera, desató la ira del primer ministro Guido Bellido, quien -ante la nula comunicación con el canciller- decidió responder con un tuit: 

El presidente Castillo también cuestionó en la interna la posición del vicecanciller, según fuentes de Palacio. El ministro de Salud, brazo derecho del mandatario, Hernando Cevallos, opinó en esa misma línea y dijo en RPP que las declaraciones de Luis Enrique Chávez fueron “absolutamente inadecuadas”. 

Pese a las divergencias con Maúrtua, en el partido del lápiz consideran que no sería conveniente pedir su cabeza. “No podemos tener dos cancilleres en dos meses”, dice una fuente. 

El vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, manzana de la discordia en el gobierno, en una actividad en Génova, Italia, en el 2017. Foto: Organización Internacional de Trabajo.

“La evaluación [de ministros] se da en cualquier momento”, apunta Bellido brevemente a Sudaca. Al ser consultado sobre la permanencia del Canciller, respondió: “Eso depende del presidente de la República”. 

El Consejo de Ministros también está fracturado ante los ataques que reciben los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) en medios recién salidos y afines a Perú Libre, como el diario “El Sombrero” y la revista “Marka”. A Torres le piden en un titular que “cierre el pico”, por haber cuestionado el rol de Cerrón en el gobierno, y a Francke lo acusan de “neoliberal” y de ser de la “oposición”. 

Betsy Chávez Chino, congresista de Perú Libre y que encabeza el bloque moderado en la bancada oficialista. Marca en la interna distancia con Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

Los ataques han motivado las quejas del bloque moderado de la bancada de Perú Libre, liderado por la parlamentaria Betssy Chávez, quien considera que la arremetida mediática responde a la influencia del ala dura del partido. La legisladora, según pudo conocer Sudaca, le ha pedido al presidente que “tome decisiones drásticas” respecto a las actitudes de Bellido. Es decir, que ejerza su liderazgo y no permita que el premier actúe sin consultar, desatando crisis políticas con sus intervenciones. Chávez considera que el mandatario “ha cedido muchos espacios” al ala dura de Perú Libre, de acuerdo a fuentes allegadas a la legisladora. 

“Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo. Pero gobernar es otra cosa”, dijo Castillo en su reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La crisis en el Consejo de Ministros es una prueba fehaciente de lo que dice el gobernante. 

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 224: Bellido suspende el Consejo de Ministros. ¿Qué relación debemos tener con Venezuela? Una congresista dice que su sueldo no le alcanza y otro explica por qué cobró instalación.

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 223: Guido Bellido vuelve a enfrentarse a uno de sus ministros: esta vez, el Canciller Maúrtua. ¿Cómo funciona un gobierno con dos frente que tiran para lados distintos?

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