Vladimir Cerrón

[La columna deca(n)dente] En el ejercicio del poder, las autoridades políticas enfrentan no solo la toma de decisiones estratégicas, sino también el manejo cotidiano de las percepciones públicas. En contextos de crisis, como la actual en el país, recurren a diversas estrategias discursivas para defenderse de las acusaciones, mantener su legitimidad y desviar la atención de problemas públicos como la inseguridad ciudadana o los incendios forestales. El caso de la presidenta Dina Boluarte, quien ha sido acusada de ayudar al prófugo y excompañero de partido Vladimir Cerrón a escapar en un vehículo presidencial, denominado “cofre”, ilustra el uso del humor y las metáforas del cine de terror como medios para desviar la atención.

Cuando Boluarte declara que quienes formulan tales acusaciones parecen ‘Chucky y su novia’ y fabrican ‘historias de terror’, utiliza una estrategia retórica: la ridiculización de sus críticos para deslegitimar sus acusaciones. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la realidad es que casi nadie le cree. Los intentos de la presidenta de desviar la atención no han dado resultados, y su referencia a personajes de cine de terror se percibe más como un acto de desesperación que como una defensa efectiva. Este tipo de comparación, que busca trivializar las acusaciones, no logra ocultar la gravedad de las situaciones que enfrenta su administración.

La metáfora del «terror» refuerza esta idea, sugiriendo que las acusaciones carecen de fundamento y buscan causar miedo y desconcierto. Al presentarlas como parte de una «historia de terror», Boluarte comunica que son inventos para sembrar caos en su gestión. Sin embargo, esta estrategia es contraproducente, ya que al ignorar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía y, en lugar de abordar los problemas, Boluarte corre el riesgo de quedar atrapada en su propio juego retórico. La frivolidad en el discurso puede tener un costo a largo plazo. Aunque es efectiva para desviar la atención y desacreditar rápidamente a los opositores, puede ser vista como una absoluta falta de seriedad ante temas importantes.

Cuando, desde la ciudadanía, se demanda transparencia y asunción de responsabilidades, la excesiva trivialización de las acusaciones puede minar la confianza en su liderazgo. Al depender demasiado de estas tácticas, Dina Boluarte no solo erosiona la credibilidad de su gestión, sino que también profundiza la percepción de que el poder se ejerce sin rendir cuentas adecuadamente. El uso del humor y de referencias al cine de terror puede parecer una salida ingeniosa para su círculo de confianza, pero, a medida que la crisis persiste y se agrava, la falta de respuestas concretas resulta en un desgaste irreversible de su autoridad.

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El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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Que las declaraciones de Vladimir Cerrón sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente sean respondidas acremente por Keiko Fujimori en defensa de la Constitución del 93, plantea un debate inocuo, porque a muy pocos les interesa en estos momentos esa discusión.

Bienvenida la polémica, por lo menos salimos del chato nivel político que en el Congreso y en el Ejecutivo se aprecia en estos momentos, pero lo que las circunstancias demandan es que se arme la bronca temática sobre los asuntos acuciantes de la coyuntura, como son la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la corrupción, como ha revelado una reciente encuesta de Ipsos.

No hay nadie de los partidos políticos dispuesto en meterse en el debate de cómo salir del terrible entrampamiento económico en el que nos hallamos. Los economistas sí han entrado de lleno al escenario, pero no se escucha una voz orgánica de quienes pretenden tener responsabilidades políticas en el futuro, ni a los del establishment congresal ni a los nuevos actores en ciernes.

Lo mismo sucede con el terrible problema de la creciente ola delincuencial. No faltan los émulos de Bukele o los promotores de la xenofobia antivenezolana y de allí no salen para atender un problema que ya amenaza con corroer los cimientos de la mínima civilización democrática en el país, pero no se oye padre respecto de nuestros políticos. Nadie dice ni pío, ni siquiera sobre las propuestas que el gobierno ha lanzado en el mensaje presidencial y que se traducen en el pedido de facultades legislativas presentado.

Mucho menos se escucha planteamientos sobre cómo romper el nudo gordiano de la corrupción que nos está arruinando. Sada Goray es el personaje del momento, pero como ella hay cientos y actúan en todas las instancias del sector público (gobierno nacional, regionales y locales), y la Contraloría se muestra inoperante para prevenir siquiera el desmadre. ¿Alguien ha escuchado acaso por azar alguna propuesta de los políticos sobre la materia? Por el contrario, se les ve orondos bajando los plazos de prescripción o a los congresistas pretendiendo recuperar la imnunidad.

La del estribo: arranca con bríos el 27 Festival de Cine de Lima que organiza la PUCP. Un dato: el miércoles 16 dan en el cine Alcázar a las 16.30 Yana Wara, película póstuma de Óscar Catacora, a las 19.15, Historias de Shipibos, de Omar Forero, y a las 21.45 Diógenes, ópera prima de Leonardo Barbuy, lo mejor de la producción nacional de este festival. Una maratón o un empacho cinéfilo. Compre última fila, así nadie le patea el asiento, ruegue que no le toque un removedor de canchita al costado e invoque a los dioses para que no haya cerca un tarado que no deje de mirar su celular. Y a disfrutar de buen cine peruano.

 

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En la búsqueda de alcanzar la mayoría suficiente para hacerse de la Mesa Directiva del Congreso, la centroderecha no se está parando en mientes para conseguirlo.

Hace cosa de un mes iniciaron verbales coqueteos con Perú Libre, pero luego vino el úkase de Keiko Fujimori a través de Miki Torres y las tratativas quedaron convertidas en letra muerta. Ya no había nada que hacer entre Fuerza Popular y el partido de Vladimir Cerrón, con lo cual abortaba la posibilidad de que el hermano el del exgobernador de Junín ocupara un sitio protagónico en la mesa directiva a conformar.

A renglón seguido varios representantes parlamentarios del llamado Bloque Democrático han empezado a tirarle flores a la bancada del Bloque Magisterial, señalando que son más sensatos y dialogantes que sus pares de Perú Libre y que con ellos sí se podrían sentar y acordar un pacto.

La dificultad está en el pedido del Bloque Magisterial de que le otorguen la presidencia de la Comisión de Educación, lugar que, a su vez, Renovación Popular se niega a perder y, como veremos, con singulares buenas razones.

No sería admisible, ni ética ni políticamente, que parte del toma y daca con el Bloque Magisterial, pase por entregarle a éste la potestad de volver a poner sobre el tapete temas ya zanjados, como el intento de intervenir la Derrama Magisterial o el de brindarle reconocimiento sindical al Fenate, agrupación claramente vinculada al Movadef.

Nadie se puede cortar las venas porque se incluya a una agrupación de izquierda en una Mesa Directiva presidida por la derecha, sobre todo si pragmáticamente se necesitan sus votos para alcanzar la mayoría. Al final, lo que importa, políticamente hablando, es la Presidencia del Congreso, no las vicepresidencias, que son cargos más bien protocolares.

Lo que preocupa es que al son de las negociaciones, la derecha trance en temas inaceptables, sobre los que debe mostrar intransigencia. La agenda del Movadef no puede ser avalada por ninguna agrupación democrática, y si el Bloque Magisterial la pone sobre la mesa debe ser descartada de plano. Los tiempos infaustos del castillismo no pueden volver por la puerta falsa de una negociación política, por más perentoria que ésta sea.

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Bloque Magisterial, fenate, Keiko, Mesa Directiva, Miki Torres, Movadef, Vladimir Cerrón

Sin embargo, al parecer también está en juego la Junta Nacional de Justicia, la presidencia del Tribunal Constitucional y la nueva presidencia del Congreso en julio.
Pero, lo más insólito de todo esto, es que la ex presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, cuando estaba la votación en 86 votos, cambia su votación en abstención, dándole así la mayoría a la candidatura de Josué Gutiérrez.

¿Qué está pasando en el Congreso para que personas tan disímiles y partidos tan diferentes lleguen a un acuerdo de esta naturaleza?, la realidad es que los congresistas de nuestro país, están de acuerdo en dar reelección a ellos mismos y teniendo mayoría lo pueden lograr.

Urge en nuestro país una nueva generación de políticos que crean en la meritocracia y que defiendan nuestra constitución para que el futuro de todos los peruanos puedan encauzar en un país moderno global en las próximas décadas …

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Para Arteaga, la salida al momento crítico que atraviesa el país requiere de una figura política que colabore con la reconciliación y signifique la posibilidad de «un gobierno que esté representado por un congresista que inspire diálogo, concertación y no incluya a  aquellos personajes que no sumarían a este proceso».

Ante la negativa del Congreso para aprobar el adelanto de elecciones, la posibilidad de una renuncia de Dina Boluarte vuelve a discutirse y, con ello, la posibilidad de una nueva Mesa Directiva. Sin embargo, pese a los cuestionamientos a las bancadas derechistas, la posibilidad de una nueva oportunidad para el partido de Vladimir Cerrón no parece ser una opción para los grupos que se manifiestan desde diciembre y no han olvidado las falencias de la gestión de Pedro Castillo.

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Perú Libre, Vladimir Cerrón

Si el exgobernador de Junín fuera más estratégico ya hace rato se habría dado cuenta que lo que a él y a su partido le convienen es tomar distancia de Castillo y llevar esa lejanía a sumarse a las filas vacadoras o propulsoras de un adelanto de elecciones generales. De lo contrario, si el 2022 lo ha dejado en la lona por sus resultados electorales, en las siguientes elecciones presidenciales, probablemente pierda hasta la inscripción.

Y, por cierto, haría bien la mayoría opositora en acercarse y sentarse a conversar con el líder de Perú Libre y coordinar acciones a las que se puedan sumar los votos del partido que llevó a Castillo al poder y que luego éste ha traicionado con olímpico desprecio (sin esos votos, por ejemplo, no hay vacancia posible).

En vista del objetivo de resolver la crisis que transitamos, que a todos hace daño (al país, a la economía, a la clase política), no debería haber problema alguno en que la oposición derechista converse con su opuesto ideológico, pero con el que bien podrían convenir acciones comunes para no seguir en esta vorágine de deterioro generalizado al que Castillo conduce el país, con las consecuencias terribles que ello va generar en el futuro inmediato.

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Como fuese, la prohibición dentro del GORE Junín –entidad responsable de la construcción del Puente Cantuta– existe. Y el informe de control señala otra situación que se agrega a los problemas derivados de esta contratación: lo normal es que el supervisor (Ana Ríos y Serconsult) haga consultas al proyectista sobre cualquier aspecto de la obra. Y en ese caso, quien debería absolver estas consultas sería la misma Ana Ríos, en su calidad ya no de supervisora, sino de jefa del estudio del expediente técnico. Es decir, en palabras de la CGR,  “siendo juez y parte del citado procedimiento”. 

Consultamos con la aludida si es que tenía conocimiento de dicha directiva, a lo que respondió que no, y “que las leyes estaban por encima de las directivas internas”. Explicó también que “es un absurdo que a la vez voy a ser jefe de estudio y supervisor” porque su trabajo como jefa de estudio terminó en el 2020, cuando entregó el expediente técnico. Aseguró, además, que ya interpuso una demanda por abuso de autoridad contra el equipo que elaboró el informe de la Contraloría.

La entidad no considera a Ríos responsable por los hechos presuntamente irregulares, pero sí a Luis Oré porque él, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprobó el expediente elaborado por la ingeniera. Por lo tanto, sabía quién era ella y que se encontraba impedida de contratar para la supervisión de la obra. Consultado por la Contraloría, el ahora exfuncionario alegó que recién tomaba conocimiento de que Ana Ríos Padilla formaba parte del staff contratado por Sima Perú para la elaboración de la reformulación del expediente técnico. 

También  reconoció que, efectivamente, “el consorcio estaba impedido de ejecutar la supervisión de la citada obra, y que pese a que la citada ingeniera conocía de tal impedimento, decidió transgredir el principio de presunción de veracidad al presentar documentación falsa o inexacta en el proceso de contratación”. Sin embargo, en comunicación con Sudaca, Ruiz Oré se contradijo y sostuvo que el órgano de control ha interpretado las normas de forma incorrecta. 

Los otros responsables penales son los funcionarios del GORE Junín Carlos Pérez y Luis Hinostroza. Nos comunicamos con ambos por medio de Facebook y Linkedin –pues sus números telefónicos se encuentran fuera de servicio–, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Es posible que pronto tengan que hacerlo, pero ante un fiscal anticorrupción.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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De allí la alianza, que luego será enfrentamiento, entre dos conservadurismos: el de derecha y el de izquierda. Este es el escenario político peruano contemporáneo. Sin embargo, existe una clave que no alcanza al conservadurismo bicéfalo: esta es la de la institucionalidad, el orden sociopolítico, la superación de la crisis económica y de representación política y, primero en importancia, la lucha contra la corrupción. De allí que, por ejemplo, ante cualquier aparición de Francisco Sagasti, le salten al cuello desde ambos extremos y le busquen lo que difícilmente van a encontrarle: manchas en su trayectoria política y profesional. 

El conservadurismo bicéfalo derecha – izquierda le teme a Francisco Sagasti porque hasta hoy es el único que se despunta en la escena política cómo capaz de aglutinar un frente cuyas banderas sean la honestidad, la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, la eficiente gestión del Estado, y que resulte verosímil para la mayoría de los peruanos.  

En nuestro escenario político, el expresidente aparece cómo el único líder capaz de romper el conservadurismo bicéfalo y convertir esta batalla en una que, al menos, enfrente a liberales vs conservadores, y no a los conservadores entre sí, lo que podría producirse a juzgar por las fuerzas en contienda en la actual representación parlamentaria.  

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conservadurismo bicéfalo, derecha-izquierda, Vladimir Cerrón
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