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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El cambio de votos por impunidad es una práctica política cuestionable que implica problemas éticos y legales. Esta práctica plantea dos problemas. En primer lugar, el cambio de votos por impunidad puede considerarse un acto de corrupción. Los congresistas que cambian sus votos a cambio de impunidad están utilizando su posición para obtener beneficios personales, como la impunidad, a expensas del interés público. Esto compromete la integridad del sistema político y socava los principios de la representación política.

Los congresistas, al utilizar su posición para obtener impunidad, están abusando de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. En lugar de representar los intereses de la sociedad, están utilizando su influencia para protegerse a sí mismos.

En lugar de actuar como representantes del pueblo, están priorizando sus intereses personales sobre las necesidades y deseos de quienes los eligieron. Esta situación socava la confianza en el sistema político, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la legitimidad de la democracia.

En segundo lugar, el cambio de votos por impunidad viola principios éticos fundamentales que deben regir la conducta de los congresistas. La ética política implica el comportamiento moral y responsable de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, los congresistas tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio de la sociedad que representan.

Al cambiar sus votos para obtener impunidad, los congresistas están desviándose de esta responsabilidad. La ética política exige transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. Cuando los congresistas negocian impunidad a cambio de votos, están socavando la confianza pública y minando la transparencia que debería caracterizar el proceso legislativo.

La ética política también está vinculada a la integridad personal de los representantes electos. Cambiar votos por impunidad puede implicar una falta de integridad, ya que los congresistas están comprometiendo sus principios éticos en aras de beneficios personales.

Finalmente, el cambio de votos por impunidad es perjudicial para la democracia. La violación de la ética política no solo compromete la integridad de los congresistas, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Fomentar la ética en la política es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y garantizar que los representantes electos actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En el actual y convulso panorama político que atraviesa el país, la Fiscal de la Nación, respaldada por más de 40 congresistas, se ve envuelta en una situación sumamente crítica. Una minuciosa investigación liderada por una fiscal ha arrojado indicios razonables que apuntan a la posible participación de la titular de la Fiscalía en una presunta organización criminal. Con base en las primeras investigaciones, esta red delictiva habría operado con el objetivo de garantizar la impunidad de los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a la Junta Nacional de Justicia.

Ante el descubrimiento de estas actividades ilícitas, los presuntos integrantes de la organización criminal han adoptado la estrategia de «morir matando». Movilizando todos los recursos a su disposición, están llevando a cabo maniobras legales y políticas para evitar su inminente caída y la de los congresistas vinculados. En un giro sorprendente, la Fiscal de la Nación, en horas de la madrugada del lunes 4 de diciembre, firmó la resolución que destituyó a Marita Barreto de su cargo como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, fiscal que venía investigando a sus asesores desde hace tiempo. Simultáneamente, acusó a la presidenta de la república, al primer ministro y a tres ministros de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, así como de lesiones graves en perjuicio de Sebastián Murillo y otros ciudadanos. A estas acciones se suma la moción presentada por algunos congresistas, que busca someter a una investigación sumaría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por “falta grave”.

Estas medidas buscan desviar la atención pública de las acusaciones iniciales, generando confusión y pretendiendo desgastar la capacidad de respuesta de aquellos que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, tienen la potestad de investigar y sancionar a la Fiscal de la Nación. En este complicado juego político, la expresión «morir matando» resume la intensidad de las acciones emprendidas por la presunta organización criminal para preservar su poder y evitar las repercusiones legales de sus acciones; y de la disposición a emplear cualquier recurso que se encuentre a su alcance.

En este escenario político convulso, las revelaciones actuales no hacen sino reafirmar una triste realidad que se repite: la venta de votos en el Congreso, la obstrucción de investigaciones fiscales y la perpetración de actos de corrupción son prácticas que persisten. Estas acciones, impulsadas por intereses particulares y de grupo, dejan al descubierto la falta de integridad y la miseria moral de aquellos que las ejecutan.

La democracia se basa en la idea de que el poder debe emanar del pueblo y que los representantes electos deben actuar en el interés del bien común. La venta de votos es una práctica que socava aún más la legitimidad del Congreso. Cuando los congresistas venden sus votos, están traicionando la confianza que les ha depositado el pueblo. La obstrucción de investigaciones fiscales es otra práctica que atenta contra la democracia. Cuando se obstaculizan las investigaciones fiscales, están impidiendo que se haga justicia y que se sancione a los responsables de actos de corrupción. La perpetración de actos de corrupción es una violación de la ley y de los valores democráticos.

Finalmente, esta coyuntura crítica podría convertirse en un punto de inflexión para un resurgimiento democrático, donde la integridad y la ética recuperen su lugar central en la conducción del país, en la administración de justicia y en la política.

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 277: El negocio de la salud privada no está funcionando como debería. Congresistas blindan a colega acusado de agredir a una mujer. ¡Y matrimonio igualitario en Chile!

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Chile, Clínica Javier Prado, congresistas, matrimonio igualitario, negocio de la salud, salud privada

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 62.

En este programa conversamos con los congresistas Eduardo Salhuana (APP), Pasión Dávila (PL) y Edward Málaga (PM) quienes coincidieron en que será fundamental escuchar las respuestas del Presidente si se aprueba la moción de vacancia. También indicaron que es importante apoyar al Presidente en lo razonable, sin ignorar o dejar de lado los hechos cuestionables.

¿Qué más dijeron los parlamentarios?
Edward Málaga (Partido Morado): Debemos evaluar si lo que realmente compete en el caso del Pdte. Castillo es una vacancia o un antejuicio político, que también está contemplado en la Constitución.
Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso): No podemos cambiar de Presidente cada año y generar un constante clima de inestabilidad. Para aclarar el tema de Breña, también podemos invitar al congreso a la premier, ya que la responsabilidad política recae en los ministros.
Pasión Dávila (Perú Libre): Tenemos que conversar seriamente con el Presidente porque le falta contundencia. El pueblo votó por el cambio considerando que el país estaba lleno de corrupción.

Hoy también tuvimos un día más de “Golpes bajos” con Jenny Llanos quien nos presentó su nuevo despacho.

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Un apreciado profesor de San Marcos solía decirnos en clase que en el Congreso hay tres tipos de parlamentarios: los que hablan, los que no hablan y hacen lobby, y los que hablan tonterías. En cada nuevo periodo legislativo, nuestro Congreso nos sorprende con la «calidad» de parlamentarios que diversos partidos decidieron poner como sus «mejores alfiles políticos», pero que, cuando abren la boca, incluso para defender a su partido o a sus aliados, nos generan la desoladora idea que nuestros impuestos sirven para pagarles un sueldo mensual que no merecen.

En este irónico escenario, ningún partido se salva. Todos y cada uno ha contribuido para que el Congreso reciba el apelativo de «circo». El problema e ironía de la situación es cuando el típico doble rasero se apodera de esa facción política que siempre está viendo la piedra en el ojo ajeno, pero no quiere analizar la roca que tienen en el suyo.

Los únicos responsables de la baja calidad de parlamentarios son los partidos políticos, los mismos que nos han impuesto a personajes como Esther Saavedra, Bienvenido Ramirez, Tamar Arimborgo, Karina Beteta, todos de Fuerza Popular; María Elena Foronda, del Frente Amplio; Luciana Leon, Apra; Maria Cabrera Vega, de Podemos Perú y, por último, la presentación de la figura más reciente de Juntos por el Perú, la congresista Isabel Cortez, conocida como «Chabelita».

Cuando se trata de Fuerza Popular, del APRA o de cualquier otro partido cuyos congresistas demuestran sus limitaciones argumentativas, el doble discurso, defensa de lo indefendible y el doble rasero; cuando mienten o realizan cualquier acción que genere una mínima indignación colectiva, los primeros que están alistando las mejores burlas y críticas son ese sector de izquierda «posera» que se cree la reserva moral del país. Pero esconden la cabeza y la piedra cuando son sus amigos los que generan la tendencia de vergüenza ajena.

Primer acto. Esa misma izquierda nos ha presentado a Isabel Cortez, una parlamentaria que hasta ahora ha basado su posición política y discurso en símbolos y narrativas básicas para alegrar y entretener a su elector. Hasta el momento no se ve ninguna acción concreta, ningún proyecto de ley que tenga una base realista de la situación actual del país. Los proyectos que ha presentado han sido calificados como inconstitucionales o mamarrachos, como el proyecto de «Ley de muerte cruzada», que sólo ayudó a conocer las evidentes deficiencias y limitaciones de esta congresista, que ni siquiera pudo explicar ni defender su proyecto ante los medios. ¿Cómo es posible que una congresista no pueda argumentar la defensa de su propio proyecto de ley?

Segundo acto. Más de veinte congresistas de Lima y Callao cobraron los jugosos S/15,600 para gastos de instalación. Entre esos parlamentarios estaba Isabel Cortez, que usó el dinero para, según ella, amoblar la «casa del trabajador»; pero resulta que esa casa es para ella y, efectivamente, compró una serie artefactos y muebles para el mencionado lugar. Si esto lo hubiese hecho cualquier congresista del lado «oscuro», la izquierda posera que logró el 6,6% de la votación nacional ya habría pedido una investigación en la Comisión de Ética y habrían llenado las redes de insultos y memes contra ese congresista. Pero como se trata de Isabel Cortez, ka amiga «luchadora», las ganas de criticar y hacer memes se esfuman hasta nuevo aviso.

Tercer acto. No es culpa de Isabel Cortez verse en el Congreso y no tener idea de dónde está parada. Lo siento, congresista: esa es la imagen que está proyectando y creo que hasta ahora no se da cuenta. La culpa de esta deficiente presentación es de su partido, Juntos por el Perú, por no capacitar a sus candidatos o a sus «mejores» cuadros. No es culpa de Isabel Cortez; es culpa de Juntos por el Perú por no entender que al Congreso no se ingresa a jugar a la política anodina. Y lo que es peor, no sentir la mínima preocupación y vergüenza por no saber exponer claramente tus ideas.

En el Congreso, según mi apreciado profesor, hay tres tipos de congresistas: los que hablan, los que no hablan y hacen lobby, y los que hablan tonterías. Le pregunto a la Congresista Isabel Cortez, ¿en qué grupo desea estar?

Y no me responda «el grupo de los que luchan por el pueblo». Dejemos la demagogia y seamos serios.

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 224: Bellido suspende el Consejo de Ministros. ¿Qué relación debemos tener con Venezuela? Una congresista dice que su sueldo no le alcanza y otro explica por qué cobró instalación.

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