crimen

En una entrevista del 2023, Danilo Guevara, general PNP (r), exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)y exviceministro del Interior, daba cuenta del inminente peligro que representa para nuestro país, la implantación de un complejo fenómeno delictivo conocido con el nombre de “gobernanza criminal”. En el reciente foro “Crimen organizado y captura de la democracia”, conducido por Javier Torres de “LaMula.pe”, el especialista colombiano en derecho procesal y derechos humanos, Alejandro Zúñiga, se refirió a este problema, poniendo énfasis en la situación de violencia y pérdida de derechos democráticos que padecen las personas que viven bajo esta “gobernanza”, mientras que el reconocido penalista y comunicador nacional, César Azabache, abordó la “territorialización” del control de las economías por parte del crimen organizado, y la inexistencia de herramientas legales que permitan una lucha eficaz contra este flagelo, el cual no solo constituye un delito, sino un poderoso elemento de subversión de los principios de ciudadanía, representación democrática y republica.

La gobernanza criminal, que afecta a unos setenta millones de latinoamericanos (Luna), es un grave asunto que demanda particular atención, pues sus efectos se hacen sentir en todas las dimensiones de la vida nacional. En esta nota dedicada al problema, nos referiremos a su origen y principales características.

¿Por qué “gobernanza”?

Quien se topa con el término “gobernanza criminal” puede fácilmente inferir que se trata de algún tipo de gobierno, dominio o poder, ejercido por grupos fuera de la ley, sobre la población de un área geográfica determinada. De hecho, la palabra “gobernanza” fue durante mucho tiempo utilizada como sinónimo de gobierno y gobernabilidad (basta consultar el diccionario de la RAE para constatarlo). Sin embargo, esta definición no es suficiente para llegar a entender la complejidad del problema, sus verdaderas causas, y lo que es aún más importante, las posibles -y a menudo controversiales- estrategias para enfrentarlo. Veamos el porqué.

Huida del Estado

En las últimas décadas, y como consecuencia de la total subordinación de la economía y la política a las necesidades impuestas por el mercado globalizado, “gobernanza” ha pasado a significar el repliegue de la presencia estatal en el campo social y económico. Un abandono voluntario de importantes funciones y responsabilidades gubernamentales -antaño consideradas como imprescindibles- en aras de una “Nueva Gestión Pública” (Hood). Bajo la consigna de la eficiencia, el Estado democrático, representante de la voluntad popular y garante del bien común, transfiere buena parte delplaneamiento, organización y ejecución de lo público a grupos de interés particulares (preferentemente empresas privadas), estructuradas en redes autoorganizadas y autónomas (Rhodes). Se instala de esta manera un “gobierno compartido” Estado-particulares (Monedero), en el que la función pública queda sometida a las fuerzas de mercado, bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda. En esta situación, es inevitable que los intereses particulares -esencialmente, la obtención de lucro- desplacen aquellas demandas sociales que no representen ganancias económicas. Los derechos ciudadanos y el avance social, tratados exclusivamente con criterios de rentabilidad, se convierten progresivamente en contribuciones voluntarias a cuenta de la “responsabilidad social empresarial” que, a menudo, no es otra cosa que una estrategia de marketing. Los países latinoamericanos, condicionados por el FMI y el Banco Mundial, adoptaron esta “gobernanza neoliberal de mercado”, privatizadora y desreguladora, cargados con el lastre de una institucionalidad precaria, una presencia territorial restringida y una práctica política corrupta (Sanín Naranjo). La abdicación por parte del Estado de su posición jerárquica y su rol de regulador ha dado oportunidad al surgimiento y desarrollo de nuevos actores nacionales, regionales y locales -tanto legales como ilegales- que pugnan en un mismo espacio geográfico o “zona gris” (Trejo) por la obtención de ganancias, valiéndose para ello de diversas modalidades de acción, entre las cuales se incluye la violencia y la coerción. Este trasfondo ideológico del manejo económico es rara vezevocado por nuestros analistas políticos como uno de los causales del incremento del crimen organizado.

La gobernanza criminal

Las acciones delictivas de las más importantes organizaciones criminales latinoamericanas responden a una lógica exclusivamente empresarial, cuyo objetivo es la obtención de utilidades millonarias sostenibles en el tiempo. Narcotráfico, minería y tala ilegales solo pueden administrarse con la máxima eficiencia y rentabilidad, asegurando el control del territorio en donde se llevan a cabo las actividades ilegales, acompañado del sometimiento o aquiescencia de los pobladores y agentes estatales, cuando no, de su activa y voluntaria participación.

Nos encontramos aquí frente a una caracterizada gobernanza, que adquiere su especificidad criminal debido al aprovechamiento de recursos nacionales, en beneficio de actores privados e ilegales estratégicamente articulados en redes delictivas -las que no pocas veces incluyen funcionarios y autoridades gubernamentales- cuyas decisiones y acciones impactan e influyen en un territorio y su sociedad (Duque). La gobernanza criminal, ejercida sobre territorios, recursos y poblaciones, no está al alcance de cualquier organización criminal, sino solamente de aquellas que cuentan con una estructura jerarquizada, compleja y especializada, una combinación de sociedad secreta, ejército y burocracia empresarial (Briceño-León).

No solo violencia: legitimando la ilegalidad

Por extraño y contradictorio que pueda parecer, la gobernanza criminal no representa únicamente sometimiento mediante la violencia; también puede generar orden, proveer bienes y ejecutar políticas públicas (Arias). Esto debido a que las grandes organizaciones criminales saben que, para ejercer un dominio sostenible sobre las poblaciones -y hasta una cierta dinámica de complicidad ciudadana- se requiere, además de la fuerza, disponer de una cierta legitimidad (Beetham). El ejemplo más saltante es el del capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar, conocido como el “Robin Hood Paisa”, quien en los años 80 emprendió, campañas de apoyo económico a los pobres de Medellín, lo que le granjeó gratitud y hasta veneración en muchos sectores sociales. Pero, alcanzar una gobernanza criminal en el siglo XXI, requiere más que solamente “narcolimosnas”. Para ello, las organizaciones criminales buscan legitimarse socialmente, mediante la imposición de reglas y restricciones que condicionan y regulan el comportamiento social de los pobladores (Alda). Un nuevo “orden social” que, sirviendo prioritariamente a losintereses económicos criminales, también es susceptible de generar un sentimiento de paz, protección y seguridad en las personas, y que incluye medidas como la prohibición del robo a negocios y pobladores locales, la prohibición de la venta de droga en espacios públicos, el establecimiento de toques de queda para los menores de edad, la represión de peleas callejeras y de agresión a las mujeres. A lo que debe añadirse como un importante elemento de legitimización, los beneficios económicos que estas poblaciones -por lo general marginalizadas de los circuitos económicos legales- reciben, directa o indirectamente, como resultado de la actividad de estasorganizaciones. La frase “el Cartel nos cuida”, de origen sinaloense (Sánchez), grafica claramente el éxito que puede alcanzar la legitimación criminal.

Pero se necesitan dos para bailar el tango

¿Puede un Estado plagado de carencias, ineficiencia y corrupción, como el nuestro, enfrentarse a las gobernanzas criminales? La experiencia latinoamericana apunta, tal como señala el sociólogo Roberto Briceño-León, que ello depende, por una parte, de las decisiones que las propias organizaciones criminales tomen con respecto al tipo de vínculo que deseen establecer con las instancias estatales y, por otra, la respuesta que estas últimas estén dispuestas a dar. Desde el enfrentamiento y la guerra abierta hasta la cooperación y la complicidad, las posibilidades de relación Crimen-Estado son múltiples. Siguiendo este hilo de reflexión, en nuestra próxima nota -la primera de un crítico año 2025- nos referiremos al que todo parece apuntar, es el actual eje ordenador del país: la “crimilegalidad” (Schultze-Kraft), esto es, el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales a nivel social, político y económico. Felices fiestas de fin de año.

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[La columna deca(n)dente] En El día de la bestia (1995), extraordinaria película española de Álex de la Iglesia, el padre Ángel, un sacerdote convencido de que debe salvar al mundo del Anticristo, toma una decisión chocante: robar la billetera de un moribundo. El acto, en su absurda lógica, forma parte de su misión: hacer el mal para infiltrarse en las fuerzas oscuras. Aunque grotesca, la escena es una sátira que nos invita a reflexionar sobre los límites de la moral y la ética.

Sin embargo, cuando la ficción se encuentra con la realidad, el impacto deja de ser reflexivo y se convierte en una herida abierta. En un caso reciente, dos policías, encargados de proteger la vida y la seguridad, robaron el dinero y el celular de un colega que yacía gravemente herido tras haber recibido un disparo en el rostro. La tragedia no reside solo en el acto, sino en lo que revela: un sistema profundamente descompuesto y carente de humanidad.

Mientras que el acto del sacerdote en la película está envuelto en el absurdo y justificado por una causa extrema, lo que hicieron estos policías no tiene más lógica que el egoísmo puro. Es una traición a los principios más básicos de solidaridad y decencia, un recordatorio brutal de cómo las instituciones, cuando fallan, pueden generar no solo incompetencia, sino también perversión moral.

Estos actos evocan la inquietante idea de la «banalidad del mal» de Hannah Arendt: el mal no siempre se manifiesta en grandes gestos de destrucción, sino en la rutina de pequeños actos egoístas, cometidos por personas comunes que renuncian a pensar en las consecuencias de sus acciones. En este caso, el robo no es solo un crimen, sino también un reflejo de cómo se ha normalizado la deshumanización, incluso en el ámbito de quienes deberían protegernos.

En la película, el robo del sacerdote es un recurso narrativo para desatar la reflexión. Nos muestra cómo, bajo circunstancias extremas, las nociones de bien y mal pueden distorsionarse hasta el absurdo. En la vida real, estos actos extremos no buscan provocar pensamiento crítico: son la evidencia de un sistema que no enseña ni refuerza los valores éticos necesarios para sostener una sociedad.

Este caso nos enfrenta a nuestra propia «bestia», no como una entidad sobrenatural, sino como un espejo de lo que hemos permitido que ocurra en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. Cada acto de este tipo es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es una cruzada idealista: es una necesidad urgente para evitar que el tejido ético que nos une siga desmoronándose.

Porque, al final, no se trata de un sacerdote enfrentándose al Anticristo. Se trata de nosotros, como sociedad, enfrentándonos a nuestra incapacidad de mantenernos humanos frente al caos y la miseria moral. 

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[La columna deca(n)dente]

La reciente aprobación de dos polémicos proyectos de ley por parte de la Comisión Permanente del Congreso ha desencadenado una seria preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Estos proyectos han sido objeto de críticas por parte de analistas y diversos sectores de la sociedad debido a las implicaciones profundas que podrían tener para la democracia y el Estado de derecho en el país.

El primer proyecto de ley ha generado controversia al limitar la aplicación del concepto de crimen organizado únicamente a delitos que generan valor económico, como el narcotráfico, excluyendo delitos como el sicariato, la extorsión, la tortura y el asesinato. Esta restricción debilita la capacidad del sistema judicial para enfrentar eficazmente la criminalidad violenta y organizada, poniendo en riesgo la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.

Por su parte, el segundo proyecto de ley es igualmente alarmante al declarar prescritos los crímenes considerados de lesa humanidad cometidos antes del 2003. Esta medida va en contra de los compromisos internacionales asumidos por Perú al suscribirse tanto al Estatuto de Roma como a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, que establecen la imprescriptibilidad de tales crímenes. El proyecto de ley aprobado niega a las víctimas de estas atrocidades su derecho fundamental a la justicia, la verdad y la reparación, beneficiando de manera directa a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el grupo Colina, entre otros, así como a los subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA.

La aprobación de estos proyectos refleja un preocupante panorama político donde las diferencias ideológicas y partidarias parecen diluirse frente a intereses particulares y la protección de organizaciones criminales. Partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, entre otros, han mostrado una convergencia nada sorprendente al respaldar medidas que debilitan gravemente el Estado de derecho y el bienestar de la ciudadanía en general.

El impacto de estas leyes va más allá de sus implicaciones inmediatas; amenaza con socavar los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la democracia peruana. El debilitamiento del sistema judicial y la posible consolidación de la impunidad podrían generar un clima de desconfianza y desesperanza entre los ciudadanos, afectando la estabilidad política y social del país a largo plazo.

Quienes hoy legislan, embriagados de poder, creen que pueden hacer lo que quieran, olvidando que el poder es efímero y que tarde o temprano pagarán por sus fechorías. Esta arrogancia y desmesura en el ejercicio del poder no solo pone en riesgo la estabilidad política, sino que también amenaza los cimientos mismos de la democracia y el Estado de derecho. La historia ha demostrado repetidamente que el abuso de poder y la corrupción inevitablemente conducen a la caída de aquellos que creen estar por encima de la ley y la justicia.

Ante este escenario, es imperativo que los ciudadanos, la sociedad civil, los partidos políticos democráticos y la comunidad internacional estén alertas y actúen de manera decidida para defender el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. La resistencia activa y la presión constante sobre el Congreso para revertir estas leyes son cruciales para evitar retrocesos irreversibles y asegurar un futuro justo, fraterno y equitativo para todos y todas. 

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El horrendo crimen contra el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que apunta claramente a las mafias del narcotráfico (los dedos acusadores que apuntan a Rafael Correa más parecen intentos de aprovechamiento político de la tragedia), pone sobre el tapete la pavorosa infiltración de las mafias ilegales en la política latinoamericana (véase nomás el reciente escándalo que compromete al presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de recibir dineros narcos para su campaña).

El inmenso poder económico alcanzado por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, la explotación maderera informal, el tráfico de terrenos, las pandillas extorsivas, etc. los conduce inevitablemente a tratar de tener peso político suficiente para garantizar impunidad para sus actividades ilícitas.

Así, han cooptado autoridades locales, policía, fiscales, jueces, parlamentarios y ahora aspiran a hacer lo propio con los mandatarios de turno, bajo la seducción del dinero o la amenaza y el chantaje directo, como ha sido el caso de Villavicencio, periodista de investigación que estuvo asilado en el Perú algunos años.

El lamentable suceso nos trae a la memoria los homicidios de Luis Carlos Galán en 1989 y Luis Donaldo Colosio en 1994, candidatos a la presidencia de Colombia y México, respectivamente, que marcaron la historia política desde fines de siglo hasta la actualidad en sus países.

Lo ocurrido marcará un hito en la política latinoamericana. Es una nueva clarinada de alerta sobre el destino al que los Estados regionales se están conduciendo por la inacción de las democracias para domeñar las mafias que se enseñorean en sus predios, y cuya defección no hace sino alimentar a populistas extremos, como Bukele en El Salvador, quien, a despecho de las formas democráticas, ha acabado con las pandillas que dominaban el territorio salvadoreño y, a pesar de sus devaneos autoritarios, goza por ello de enorme simpatía popular.

En el Perú hace muchas décadas o siglos que no sufrimos de magnicidios semejantes (Balta, Pardo, Sánchez Cerro en los siglos XIX y XX), salvo que incluyamos en ese bolsón a los asesinatos de autoridades perpetrados por el terrorismo, pero la situación de crecimiento de las mafias ilegales torna madura una situación en la que fácilmente algo así podría volver a ocurrir.

Es hora de que la democracia peruana tome plena conciencia del inmenso peligro que comporta la coexistencia tácita con estas mafias. Más temprano que tarde, si no lo han hecho ya, darán el salto a la política y allí sí entraríamos a una etapa tan disfuncional de la democracia que sembraríamos el terreno de cultivo para opciones autoritarias y radicales, que al son de prometer acabar con esas lacras, se zurren en las formas mínimas del Estado de Derecho.

 

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[CASITA DE CARTÓN] Esta Casita de Cartón abre sus puertas con un caso que ha conmocionado a la población argentina. Como saben mis lectores, me encuentro en la tierra del tango y la pasión, pero no por eso ausente de la realidad que acontece en nuestro país. Por eso haré de esto cierto paralelismo, pues no estamos para nada exento del narcotráfico, motivo (según los indicios) de tal macabro asesinato que ha horrorizado a la población ‘gaucha’. Hablo sobre el caso del influencer y empresario, Fernando Pérez Algaba de 41 años, más conocido como ‘Lechuga’, que fue encontrado día atrás descuartizado en un arroyo de Ingeniero Budge, por unos niños que jugaban a la pelota. Todo hace indicar que se encontraba entre las  turbulentas y sucias mareas del narcotráfico, así como de la estafa, los Bitcoin, y que su muerte ha sido un ‘mensaje’, más allá de un ajuste de cuentas. Aún la investigación se encuentra en curso, hay mucha tela por cortar, donde está involucrado un barrabrava de Boca de la primera línea, una persona trans como distintas amenazas por estafas, sobre todo en la venta de autos, que había recibido el perecido.

Pero de lo sustancial de este hecho, podemos extrapolarlo al terreno local, donde la lucha contra el narcotráfico está lejos de ser real, por los menos las pruebas empíricas así lo demuestran. Las autoridades se hacen de la vista gorda, que en vez de lucharlo frontalmente parecieran mantener una tregua. El narcotráfico es desde hace mucho tiempo el caudal de dinero más fuerte que se mueve entre las sombras de nuestro país. O como alguna vez un estudioso del tema dijera sobre los países de la región: ‘es el sostén de nuestras economías’. Como menciona el notable escritor italiano, Roberto Saviano, custodiado 24/7 hace más de una década después de denunciar con su obra ‘Gomorra’ a la temida mafia de la Camorra italiana, al tener un precio su cabeza: ‘Los talibanes, junto a los sudamericanos, son los narcotraficantes más poderosos del mundo’. Y es que llevándolo a nuestro día a día, esa lucha que tanto se ventila pareciera ser más mito que realidad. Que tiene más de romanticismo, como una novela o cuento de Fitzgerald o como unos versos encandiladores de trovadores, ya que con los militares que tenemos y el equipamiento militar que en este último desfile hicieron gala, ¿cómo no pueden contra 50 narcos en el Vraem? De qué sirve tanta suntuosidad si es inútil. Asimismo, ir contra los residuos de sendero  y contra la temida camarada Vilma. Ese juego sediento, el maniqueísmo cansino, tiene poco o nada de soporte ante la razón. No se puede entender como un país sin carteles como el nuestro sea el mayor o de los mayores exportadores de cocaína en el mundo. Esa ‘ayuda’ del país del norte, con la DEA, es totalmente ineficiente y hasta irrisoria. Es que esto es la vida real, no una miniserie televisiva con trama extraída de Hollywood donde los buenos siempre son los mismos, los ‘defensores de la humanidad o la libertad’, cuando ya esa narrativa está muy malgastada. Esta no una película de los Vengadores; y si lo son, son de los fracasados.

Ahora tenemos que lidiar con el tren de Aragua como distintas mafias extranjeras que han hecho de Lima su ‘patio’ para sus negocios siniestros, desde el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el sicariato… Los antiguas mafias peruanos están siendo desalojadas de sus zonas o sino, en acto de sobrevivencia, se unen a esos grupos delictivos. Si continuamos en este derrotero ya no seremos de los primeros países del mundo exportando cocaína sin cárteles, sino que tendremos cárteles regados por todas partes, si es que realmente no se va contra las cabezas y no con los pececillos para las cámaras, aunque pareciera una utopía. Qué se puede esperar realmente si estos mismos financian candidatos con millonarias sumas de dinero, no solo en distintas localidades sino hasta presidenciales, y del que el Poder Judicial se encarga religiosamente en archivar. Hay tanto por descreer como nación, sociedad, deconstruir, tanto por cambiar… Esta Casita de Cartón cierra sus puertas asqueado de la realidad política, pero más aún, de la hipocresía social. De todas las jerarquías, pero sobre todo de las que llevan las riendas del país. Los que bailan sobre las tumbas.

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