Partidos políticos

[La columna deca(n)dente] En el Perú, la falta de participación política de los jóvenes se presenta frecuentemente como un síntoma de apatía generacional. Sin embargo, esta conclusión simplista ignora una realidad más compleja: no es que los jóvenes hayan renunciado a la política, sino que han rechazado un modelo institucional que consideran obsoleto y desconectado de sus realidades. Tres factores explican esta desconexión: la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de despolitización y una visión restrictiva del campo político. 

Es importante señalar que esta interpretación es una aproximación hipotética que busca comprender las dinámicas actuales de los jóvenes frente a la política en el país. Si bien no se puede generalizar, las prácticas observadas reflejan tendencias preocupantes que demandan un análisis profundo y multidimensional. 

En primer lugar, la política institucionalizada enfrenta una crisis de legitimidad entre los jóvenes. Es común que ellos expresen desconfianza, indiferencia e incluso aburrimiento hacia los partidos políticos. Este descontento no es gratuito; responde a décadas de corrupción, ineficiencia y promesas incumplidas que han alejado a la política de las preocupaciones cotidianas de las nuevas generaciones. Para los jóvenes, la democracia no solo es incapaz de resolver sus problemas, sino que parece diseñada para ignorarlos. Esta percepción de inutilidad se alimenta de experiencias acumuladas de desilusión. Los jóvenes no se sienten representados ni escuchados, y perciben las decisiones políticas como procesos ajenos que no reflejan sus intereses. En este contexto, la desconfianza no solo es un síntoma, sino también un diagnóstico que exige una profunda transformación de la política institucional.

En segundo lugar, a menudo se asume que los jóvenes son apáticos y están despolitizados. Aunque muchos se definen como «no politizados», sus acciones cuentan otra historia. Participan en formas de activismo, voluntariado y protestas, aunque no reconozcan estas actividades como políticas. Este fenómeno refleja una desconexión con las formas tradicionales de participación, no con la política en sí. Los jóvenes siguen comprometidos con las causas que les importan: justicia social, igualdad de género, cambio climático, entre otras. Sin embargo, lo hacen desde espacios y lenguajes que consideran más auténticos y efectivos, lejos de la burocracia y el formalismo partidario.

En tercer lugar, el problema de fondo radica en una concepción restrictiva de la política, que la limita a los procesos institucionales y electorales. Este enfoque excluyente ignora formas alternativas de participación que han ganado relevancia entre los jóvenes, como el activismo digital, las redes comunitarias y las iniciativas autogestionadas. Las redes sociales han transformado la participación política juvenil al ofrecer espacios para visibilizar problemáticas y organizar movimientos, pero también fomentan dinámicas que priorizan salidas individuales sobre esfuerzos colectivos. Si bien plataformas como X, antes Twitter, o Instagram permiten amplificar voces y conectar con comunidades afines, sus algoritmos tienden a reforzar la gratificación instantánea, desincentivando la participación en procesos políticos estructurados, como partidos políticos o elecciones. 

Este fenómeno plantea el desafío de combinar las redes sociales con acciones colectivas que vayan más allá de lo personal. Si se usan bien, las redes sociales pueden ser herramientas para educar políticamente, crear alianzas y organizar actividades. Así, se puede conectar el activismo juvenil en línea con acciones más inclusivas y duraderas que ayuden a cambiar el sistema político. Ver solo estas formas de participación como poco importantes no solo desanima a los jóvenes, sino que también desprecia sus esfuerzos por cambiar la sociedad desde fuera de los métodos tradicionales. Reconocer y valorar estas formas de participación es clave.  

Finalmente, la desconexión juvenil no implica un rechazo a la política en su esencia, sino una demanda de transformación. Los jóvenes exigen un sistema democrático transparente, participativo y que se ajuste a sus preocupaciones reales. Para ello, es crucial ampliar el concepto de política, reconocer sus diversas formas de participación y reconstruir la confianza en las instituciones y los partidos mediante acciones concretas y responsables. Lejos de ser indiferentes, los jóvenes están profundamente comprometidos con el cambio. El verdadero desafío no es persuadirlos para que participen, sino ofrecerles partidos políticos democráticos, innovadores y coherentes tanto en sus discursos como en sus prácticas, que merezcan genuinamente su confianza y energía. Si se atiende adecuadamente este llamado, no solo se renovará la política en el país, sino que se fortalecerá con una generación que tiene mucho que aportar.

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[La columna deca(n)dente] En el actual escenario político, la expresión “viejo oeste” encuentra un paralelismo inquietante. En este entorno, las instituciones estatales han sido subordinadas a los intereses particulares de una coalición congresal, conocida también como la “coalición del mal”, que ha capturado el poder legislativo, moldeándolo a su conveniencia y destruyendo cualquier vestigio de equilibrio democrático.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ilustra esta dinámica. Su administración, lejos de liderar con independencia y visión de Estado, opera como una extensión de una coalición parlamentaria cuyas prioridades no son las demandas ciudadanas, sino los beneficios particulares de sus integrantes. El Ejecutivo se encuentra atrapado en una relación de subordinación, actuando como un títere funcional a los intereses de un Congreso que legisla sin pudor para grupos de poder, incluidas organizaciones criminales que encuentran en este sistema político un refugio perfecto.

El Congreso se ha convertido en un cártel de poder. Sus integrantes no solo están desvinculados de los principios democráticos que deberían guiar sus acciones, sino que han llevado al extremo la instrumentalización de las leyes. Las reformas constitucionales, que deberían ser un acto soberano de diálogo y consenso, han sido secuestradas para adaptarse a las necesidades de esta élitepolítica, consolidando su dominio y garantizando su impunidad.

En medio de este desolador panorama, a la manera de los viejos alguaciles o sheriffs, los que resisten los embates de la “coalición del mal” son la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, que operan como el último bastión de defensa ante el desmantelamiento institucional. Sin embargo, su capacidad para frenar este avance autoritario está constantemente bajo amenaza, enfrentando presiones, intentos de captura y deslegitimación.

Este vaciamiento de la democracia ha generado un entorno de anarquía normativa. Las instituciones encargadas de fiscalizar, regular y sancionar están paralizadas o capturadas, lo que deja el campo libre para la arbitrariedad y la corrupción. El cártel que nos gobierna no se dejará quitar el poder democráticamente; resistirá incluso, como en el viejo oeste, “a balazos”, para garantizar que no se les arrebate su control del sistema.

La debilidad del sistema de contrapesos y la fragmentación de la sociedad civil agravan esta situación. La ciudadanía, carente de un liderazgo colectivo y enfrentando constantes intentos de deslegitimación de la protesta, así como una brutal represión estatal, observa cómo los actores políticos actúan con total impunidad, incluso jactándose de ello. La captura del Estado y la corrupción se han normalizado hasta el punto de convertirse en una parte estructural del sistema político.

El país transita un camino que no solo erosiona sus instituciones democráticas, sino que también profundiza su crisis de representación. En este “viejo oeste”, el interés colectivo ha sido desplazado por un sistema donde los actores políticos se sirven del poder público para garantizar su supervivencia. El resultado es un vacío de liderazgo y un Estado de derecho debilitado, que amenaza con desencadenar una crisis aún mayor.

Frente a este panorama, la ciudadanía y los partidos políticos democráticos, que no forman parte de la “coalición del mal”, se enfrentan a un desafío histórico: reconstruir un sistema donde las instituciones sean verdaderos guardianes del interés público y donde la democracia recupere su esencia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

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[Agenda País] Al día de hoy, ya son 31 organizaciones políticas oficialmente inscritas para participar en las elecciones presidenciales del 2026, más otras 19 que están en el proceso y que podrían sumarse a esta lid electoral.

Con el vencimiento el último viernes 12 de julio del plazo para afiliarse a los partidos para poder integrar las planchas presidenciales y ser candidato a una de las cámaras del parlamento, se ha iniciado el proceso electoral.

No ha sido sorpresa alguna la cantidad de movidas políticas con renuncias, afiliaciones, transfuguismo en el congreso, acomodos y renacimientos de políticos olvidados que han confirmado la informalidad y la poca ética de quienes manejan y manejarán los destinos del Perú.

Es una vergüenza que se permita a los congresistas cambiarse de bancada como si fuera ropa interior y una falta de respeto a los electores que votaron por cada uno de ellos dentro de un partido político. Dentro de la inconclusa reforma electoral falta una que prohíba el transfuguismo y que la renuncia a una bancada signifique el desafuero del congresista y su reemplazo por el accesitario. Pero las leyes las hacen los congresistas…

Luego de este reacomodo, lo que debería esperarse de los verdaderos líderes políticos es, por un lado, trabajar a la interna de sus organizaciones para canalizar las demandas de la población en planes de gobierno humanos y factibles, así como en la formación de cuadros que puedan implementar esos planes en políticas públicas efectivas. 

Por el otro lado, y si los egos pueden ceder a la visión de un Perú mejor, sería saludable para la democracia el encontrar consensos entre varias fuerzas políticas para realmente ser una opción viable, con mayoría relativa en el parlamento y no estar al filo de la navaja de la censura o incluso, de la vacancia.

¿Será mucho pedir?

Si tomamos en cuenta la historia política reciente pareciera un imposible que dos partidos o más se puedan unir para crear un frente político con miras a las elecciones del 2026. De hecho, para las elecciones del 2021, la única alianza PPC-APP se cayó por las infames declaraciones que Marisol Perez-Tello hizo de César Acuña, y cuyo audio fue convenientemente filtrado por sabe Dios quien.

Aun con nuestro historial caudillista, la multiplicidad de cacicazgos llamados partidos políticos y la polarización de los argumentos, se encuentran ciertos signos de esperanza en que algunas fuerzas políticas puedan encontrar puntos en común y formar alianzas con acuerdos pragmáticos.

Un ejemplo de ello son las constantes declaraciones de Carlos Añaños haciendo un llamado a la unión de los lideres políticos, otro es Rafael López-Aliaga quien también está buscando aliados, también el nuevo PPC con Carlos Neuhaus a la cabeza está abierto a confluencias e incluso hasta Keiko Fujimori, que, habiendo lanzado a su padre de candidato presidencial, no descarta ir en alianza.

También, por el lado oscuro, ya hay una alianza del mal entre Antuaro Humala y Veronika Mendoza, a la cual habrá que enfrentarse en las urnas para que no aprovechen de la democracia para luego destruirla.

Parece que falta mucho para el 2026, pero el tiempo pasa volando. Más temprano que tarde veremos quienes son los verdaderos lideres en los cuales la población debería confiar su voto, que más que una cédula electoral, es una entrega de esperanza a quienes manejarán los destinos de nuestro país. Tremenda responsabilidad.

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2026, Antauro Humala, caciques, Carlos Añaños, Carlos Neihaus, caudillos, Congreso, Elecciones, Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Partidos políticos, Rafael Lopez Aliaga, transfuguismo

Ya hay inscritos 30 partidos, de los cuales 20 son de centroderecha. Están en lista de espera veinte más, de los cuales por lo menos 10 también pertenecen a ese sector ideológico. En suma, lo más probable es que para el 2026 haya treinta candidatos de la centroderecha aspirando a llegar al poder.

Una vana ilusión. La fragmentación del voto, ante la ausencia de un líder aglutinador o superlativo respecto del resto, hará que el voto se divida. ¿A quién beneficia ello? A dos grupos políticos puntuales: la izquierda radical y el fujimorismo.

El autoritarismo que se vislumbra en las encuestas hará carne en estas elecciones gracias a la supina irresponsabilidad de quienes estaban llamados a armar frentes y coaligarse para presentar opciones sólidas, potentes, con capacidad de atracción popular lo suficientemente grande para asegurar, primero, el pase a la segunda vuelta con una buena representación parlamentaria y luego ganar las elecciones en la segunda vuelta, asegurando un lustro de estabilidad política.

Hoy se frotan las manos los desquiciados políticos de la izquierda (los Antauro, los Bellido y demás) y el entorno de Keiko Fujimori. Podrán repetir la fatalidad del 2021: el fujimorismo versus el radical antisistema, solo que esta vez pretenden que sea el padre, Alberto Fujimori -de dudosa posibilidad legal de poder hacerlo- quien sea el candidato y ya no la tres veces derrotada Keiko.

Quienes esperan que el 2026 se dé vuelta a la página a la crisis democrática que sufrimos desde el 2016, con mayor intensidad, se darán de bruces con la realidad: la derecha liberal o moderada ha cometido suicidio advertido al hacer que primen los egos individuales por encima de los intereses colectivos.

Es posible aún que se armen alianzas, pero las leyes desaniman ese propósito al exigir una valla más alta a tales agrupamientos, y, además, por lo que se ha visto, no hay el menor interés en casi ninguno de los candidatos de este sector en ceder a sus propias aspiraciones presidenciales.

A este paso, el país se encamina a un mayor debilitamiento de la democracia. Lo que hoy vemos con un Congreso destructor desatado será cosa de juegos respecto de lo que, en principio, se viene.

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[La columna deca(n)dente]

La reciente aprobación de dos polémicos proyectos de ley por parte de la Comisión Permanente del Congreso ha desencadenado una seria preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Estos proyectos han sido objeto de críticas por parte de analistas y diversos sectores de la sociedad debido a las implicaciones profundas que podrían tener para la democracia y el Estado de derecho en el país.

El primer proyecto de ley ha generado controversia al limitar la aplicación del concepto de crimen organizado únicamente a delitos que generan valor económico, como el narcotráfico, excluyendo delitos como el sicariato, la extorsión, la tortura y el asesinato. Esta restricción debilita la capacidad del sistema judicial para enfrentar eficazmente la criminalidad violenta y organizada, poniendo en riesgo la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.

Por su parte, el segundo proyecto de ley es igualmente alarmante al declarar prescritos los crímenes considerados de lesa humanidad cometidos antes del 2003. Esta medida va en contra de los compromisos internacionales asumidos por Perú al suscribirse tanto al Estatuto de Roma como a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, que establecen la imprescriptibilidad de tales crímenes. El proyecto de ley aprobado niega a las víctimas de estas atrocidades su derecho fundamental a la justicia, la verdad y la reparación, beneficiando de manera directa a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el grupo Colina, entre otros, así como a los subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA.

La aprobación de estos proyectos refleja un preocupante panorama político donde las diferencias ideológicas y partidarias parecen diluirse frente a intereses particulares y la protección de organizaciones criminales. Partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, entre otros, han mostrado una convergencia nada sorprendente al respaldar medidas que debilitan gravemente el Estado de derecho y el bienestar de la ciudadanía en general.

El impacto de estas leyes va más allá de sus implicaciones inmediatas; amenaza con socavar los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la democracia peruana. El debilitamiento del sistema judicial y la posible consolidación de la impunidad podrían generar un clima de desconfianza y desesperanza entre los ciudadanos, afectando la estabilidad política y social del país a largo plazo.

Quienes hoy legislan, embriagados de poder, creen que pueden hacer lo que quieran, olvidando que el poder es efímero y que tarde o temprano pagarán por sus fechorías. Esta arrogancia y desmesura en el ejercicio del poder no solo pone en riesgo la estabilidad política, sino que también amenaza los cimientos mismos de la democracia y el Estado de derecho. La historia ha demostrado repetidamente que el abuso de poder y la corrupción inevitablemente conducen a la caída de aquellos que creen estar por encima de la ley y la justicia.

Ante este escenario, es imperativo que los ciudadanos, la sociedad civil, los partidos políticos democráticos y la comunidad internacional estén alertas y actúen de manera decidida para defender el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. La resistencia activa y la presión constante sobre el Congreso para revertir estas leyes son cruciales para evitar retrocesos irreversibles y asegurar un futuro justo, fraterno y equitativo para todos y todas. 

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En un mundo absurdamente paralelo, donde la frivolidad y la corrupción reinan con desparpajo, la política peruana se ha convertido en una telenovela de lujo digna de un Oscar. La protagonista de este drama, la presidenta DB, más que una lideresa, parece una figura decorativa exquisitamente adornada con joyas, movida por los hilos invisibles de su titiritera principal, K. Mientras tanto, la democracia, esa paciente en cuidados intensivos, agoniza bajo los estragos de un Congreso que actúa como el villano principal de esta tragicomedia, con la complicidad silente de un público que parece disfrutar del espectáculo.

Desde su malhadado ascenso al poder, DB ha dejado claro que sus prioridades brillan tanto como sus diamantes. ¿Cientos de miles de peruanos víctimas de delitos durante su mandato? Para ella, son simples números que no alteran su ostentoso estilo de vida, más parecido al de una reina de la farándula que al de una mandataria. Lo verdaderamente importante es la liberación de N, el primer hermano de la nación, celebrada con un entusiasmo que roza la histeria por DB y sus allegados. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el bienestar de un país comparado con el bienestar de la familia presidencial y su séquito de aduladores?

DB parece tener un don especial para utilizar el poder del Estado con un propósito verdaderamente noble: mantener a su familia lejos de las garras de la justicia. La dedicación a su familia es inquebrantable, al igual que su descaro para obstruir la justicia. Desde intentar sobornar a coroneles probos hasta desmantelar equipos policiales anticorrupción, su compromiso con la impunidad es realmente admirable.

Dedicación inquebrantable que brilla por su ausencia a la hora de gobernar. Si alguna vez hubo un gobierno más desorientado que el de DB, es difícil de imaginar. Su administración, incapaz de abordar los problemas más sentidos del país, parece estar más interesada en salvar su propio pellejo y enriquecerse a costa de “préstamos” oportunos de joyas, relojes y diamentes. La delincuencia y la pobreza son apenas detalles menores cuando hay que asegurarse de que los familiares y socios políticos estén bien protegidos y cómodos. Y si de pobreza se trata, se puede intentar evitar que el INEI publique cifras de pobreza, porque, claro, son malas noticias que podrían arruinar la falsa atmósfera de prosperidad que pretende mostrar. Nada mejor que un poco de censura para mantener las apariencias de que el país anda estable rumbo a la OCDE, mientras la pobreza aumenta sostenidamente. 

En medio de este teatro del absurdo, los partidos políticos democráticos, los que no forman parte de la coalición corrupta que sostiene a DB, deberían actuar con más decisión, o al menos fingir que lo hacen. Es urgente que ofrezcan alternativas, cursos de acción posibles, no solo para mantener las apariencias, sino para rescatar al país del marasmo en el que se encuentra. La descarada manipulación de las instituciones por parte de DB y su séquito, de sus aliados congresales, no puede pasar desapercibida. Es hora de que los partidos demuestren que están aquí para algo más que ser meros «vientres de alquiler».

Así que, estimados partidos, este es su momento de brillar, o al menos de intentar hacerlo. Demuestren que son mucho más y están a la altura de las circunstancias que demanda el país, o al menos que pueden fingir que lo están. Tracen una hoja de ruta clara y viable que nos saque de este lío, o al menos que parezca que lo están haciendo. La renuncia de DB, seguida de una transición bien organizada, podría ser el primer paso, pero no el único. ¡Vamos, sorpréndannos con su capacidad para liderar y construir un futuro mejor para el Perú!

El reloj sigue avanzando, y con él, la necesidad de acciones decisivas, o al menos de fingir que se toman. Porque, después de todo, si no es ahora, ¿cuándo? ¡Tic, tac, partidos políticos el tiempo corre! ¡No nos defrauden!

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Congreso, corrupción, Ejecutivo, frivolidad, Partidos políticos

En el entramado político actual, se está gestando un escenario que parece haber sido escrito por un dramaturgo del absurdo. Los personajes (presidenta, primer ministro, ministros, gobernadores regionales y congresistas), enredados en una madeja de contradicciones y mentiras, se contorsionan en un grotesco baile de marionetas. Desde las controvertidas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte ante la fiscalía sobre el origen de los Rolex y otras joyas, hasta las peculiares respuestas de Gustavo Adrianzén a la prensa nacional y extranjera, pasando por las respuestas de algunos ministros y ministras en defensa de la mandataria, la escena política nacional se asemeja cada vez más a un circo de variedades.

Vivimos una tragicomedia donde la risa se transforma en una mueca amarga al darnos cuenta de que quienes ostentan el poder no son más que una caricatura de líderes, una farsa de gestores públicos, un amago de legisladores sin los conocimientos ni las competencias necesarias para legislar y gobernar bien. Es desalentador ver cómo la democracia es socavada por grupos de ineptos que difícilmente serían considerados aptos para actuar como extras en una producción de muy bajo presupuesto.

Tarde o temprano, el gobierno de Dina Boluarte implosionará. Mientras implosiona es importante que los partidos políticos democráticos, no los que la defienden a rajatabla, se preparen para enfrentar tal situación. Esta debacle no será simplemente el resultado de la incompetencia y los indicios razonables de corrupción durante su administración, sino también un reflejo del deterioro generalizado de las instituciones democráticas en nuestro país producto del asedio de fuerzas anti democráticas. Las fisuras en el sistema político se han vuelto demasiado evidentes como para ignorarlas, y la ciudadanía está cada vez más desencantada y desconfiada de aquellos políticos y partidos que supuestamente deberían representar sus intereses.

En medio de esta crisis, es fundamental que los partidos políticos se unan en un frente común para restaurar la confianza en el sistema democrático y ofrecer una alternativa creíble y responsable al caos que dejará el gobierno de Boluarte. Esto implica no solo la articulación de propuestas y políticas coherentes, sino también el compromiso de reconstruir las instituciones desde cero si es necesario y retomar las reformas que fueron dejadas de lado. Además de un desprendimiento de aquellos dirigentes y dirigentes políticas casi nunca visto en la política nacional. La tarea no será fácil ni rápida, pero es imperativa si queremos evitar que el país caiga en un abismo de autoritarismo y despotismo. ¿Se imaginan una coalición democrática integrada por Jorge Nieto, Susel Paredes, Alfonso López Chau e Indira Huilca? 

Por último, en tiempos de crisis política, la prensa juega un papel fundamental: ser vigilante y comprometida con la verdad. Informar y cuestionar al poder son tareas esenciales para fortalecer la democracia y promover la responsabilidad y transparencia en la sociedad. A esta crucial tarea se suma, desde hoy y desde su Bunker, Juliana Oxenford. ¡Bienvenida!

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Coalición Democrática, Congreso, Dina Boluarte, Partidos políticos

En la penumbra del poder florece un pecado capital: la avaricia. No se trata solo de un apetito desmedido por la riqueza o el control, sino de una perversión del poder que corrompe y degrada. Este vicio se hace aún más evidente cuando observamos con detenimiento las acciones de quienes detentan el poder, como el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien no solo ejerce su autoridad, sino que también exhibe su posición con un ostentoso despliegue de riqueza. Boluarte no se limita a uno o dos lujosos relojes Rolex, sino que se enorgullece de portar hasta cuatro de estos símbolos de opulencia en su muñeca. Este extravagante derroche de recursos contrasta brutalmente con la realidad de nuestro país, donde muchos ciudadanos luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas.

Este despliegue de riqueza desmedida, mientras gran parte de la población se debate en la pobreza, es un ejemplo flagrante de la desconexión y falta de empatía de ciertos líderes políticos con las necesidades del país. Más que un mero símbolo de estatus, estos relojes Rolex representan la perversión del poder, donde se privilegia el lujo personal sobre el bienestar colectivo. Esta situación ejemplifica cómo el poder puede distorsionar los valores fundamentales, convirtiendo la función pública en un medio para la gratificación personal en lugar de un servicio dedicado al bienestar y el bien común de la sociedad.

El abuso de poder y la ostentación desmedida minan la confianza en las instituciones democráticas y en el liderazgo. Mientras la presidenta Boluarte se regodea en su opulencia, miles de ciudadanos luchan contra la adversidad, enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, educación de calidad, atención médica oportuna y adecuada y seguridad. Esta profunda desigualdad entre los privilegios de unos pocos y las dificultades de muchos es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de un cambio.

Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún queda espacio para la esperanza. La lucha contra la avaricia del poder no es una batalla perdida. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de los partidos políticos que se precian de democráticos, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en todas las esferas del gobierno. Solo mediante un compromiso colectivo con la justicia, la solidaridad y la equidad podremos construir un futuro donde el poder sea un instrumento para el bien común, y no una herramienta de enriquecimiento personal a expensas del sufrimiento de muchos.

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avaricia, Democracia, Dina Boluarte, Partidos políticos, Poder, Rolex

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La transición de un gobierno democrático a uno autoritario es un proceso gradual que puede tomar varios años. Sin embargo, en el caso de Perú, este proceso ha sido significativamente rápido. En solo unos meses, el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados han logrado debilitar las instituciones democráticas y concentrar el poder en sus manos.

Así, han debilitado una serie de instituciones mediante la designación de funcionarios leales a su gobierno en puestos clave, como la designación de una abogada afín a Fuerza Popular como Adjunta Constitucional en la Defensoría del Pueblo. O la del nuevo Ministro de Justicia quien, ya a los tres días de su juramentación, es investigado de manera preliminar por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado.

En unos días más, la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia consumará el tránsito a un gobierno autoritario. La instauración de tal gobierno es grave y requiere de una respuesta contundente. La conformación de una coalición política amplia y plural es una manera, quizás la principal, de enfrentarlo.

Esta coalición democrática debe tener como objetivos el juicio y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 49 personas, la defensa de la Junta Nacional de Justicia y el adelanto de elecciones. Una coalición integrada por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas; y partidos democráticos como el Partido Morado, Partido por el Buen Gobierno y Primero la Gente por mencionar algunos.

La formación de esta coalición es un desafío, porque requiere que los diferentes actores políticos y sociales involucrados estén dispuestos a trabajar juntos para recuperar la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso si tienen diferencias en sus ideas u objetivos.

Es una oportunidad porque puede contribuir a reconstruir la confianza de los ciudadanos en la política y a sentar las bases para un futuro más democrático para el país. Al unir a personas de diferentes orígenes, una coalición ciudadana puede demostrar que es posible trabajar juntos para lograr un cambio positivo.

En la conformación de una coalición democrática, los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor. Si ellos, superando sus diferencias políticas, programáticas e ideológicas, asumen tal tarea y logran conformarla, se tendrá una oportunidad real de contribuir a la construcción de un Perú más democrático y justo.

Por último, la historia enseña que la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales fue eficaz para derrotar a los dictadores porque permitió unir a los diferentes sectores de la sociedad para luchar por la democracia. Por ejemplo, en Chile y en Argentina, la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales permitió derrotar a los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente.

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