impunidad

[INFORMES] Sin lugar a dudas, los casos de corrupción que se han conocido en la última década, como el de Odebrecht, han marcado un antes y después en la política peruana. Los involucrados han sido investigados, detenidos y señalados por la condena social y sus agrupaciones políticas vieron que sus décadas de historia en la política nacional quedaban en ruinas y perdían credibilidad incluso ante quienes alguna vez fueron sus militantes. Los rezagos de estos escándalos todavía se perciben en la actualidad y, difícilmente, alguno de los involucrados podrá algún día desligarse de una mancha de esta magnitud.

Sin embargo, aunque la mayoría de políticos no logró librarse de tener que dar explicaciones a la justicia y más de uno supo lo que es pasar la noche en una cárcel, algunos de los que tuvieron un papel protagónico en estos escandalosos casos de corrupción vienen escapando de la justicia que, al menos con ellos, parece mostrar cierta displicencia. Este es el caso de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde.

ALIADO DE VILLARÁN

La historia de Gómez Cornejo Rotalde data del cuestionado paso de Susana Villarán por la Municipalidad de Lima. En aquella época, como la mayoría recuerda, la entonces alcaldesa debió afrontar un proceso de revocatoria que ponía en riesgo que su mandato cumpla con el periodo estipulado de cuatro años. Su derecho a preparar una campaña que le permita culminar su paso por la municipalidad está fuera de discusión, pero la manera en que este fue financiado es lo que terminó siendo objeto de investigación.

Tal como se puede observar en los documentos del proceso legal que debió afrontar Villarán de la Puente, la famosa campaña en favor del No a la revocatoria no se habría realizado con fondos lícitos. Como lo señala más de un colaborador, el dinero que llegaba para mantener a Susana Villarán en el cargo provenía desde Brasil y había sido solicitado por la propia Villarán y sus personas de confianza con la finalidad de garantizar que algunas de las obras que ejecutaba la Municipalidad de Lima puedan continuar.

Un prófugo misteriosoEs en ese momento cuando el nombre de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde toma una importancia indiscutible. Acorde a la declaración del Colaborador Eficaz N° 101-2019 que data del año 2019, José Miguel Castro Gutiérrez, quien fue nombrado por Villarán para ocupar el cargo de gerente municipal, se encargó de anunciarle a los enviados de Brasil que el dinero ilícito para la campaña que impediría la revocatoria se entregarían a Gómez Cornejo Rotalde, al que se referían como “lucho”.

Un prófugo misteriosoA ello se le suma un acta fiscal que data de mayo del 2019 en la que se muestra un cruce de llamadas entre un número correspondiente a la Constructora OAS y Gómez Cornejo. Cabe señalar en este punto que la empresa OAS tenía gran interés en asegurar la continuidad del millonario proyecto Línea Amarilla.

Además, según lo declarado por el Colaborador Eficaz N° 101-2019, la Empresa OAS contaba con un sector denominado Controladoría que servía para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas y Gómez Cornejo fue el señalado por el gerente municipal de Villarán para recibir el dinero que no sólo ayudaría a la evitar la revocatoria sino también para afrontar una futura reelección.

En la declaración correspondiente al colaborador eficaz N° 105-2019, el monto que debía aportar la empresa OAS, quienes tenían como nexo para la entrega del dinero a Gómez Cornejo Rotalde, era de tres millones de dólares. Antes de indicarles el monto que esperaban de ellos, el gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, les aclaró que “iba a dividir los costos de la campaña entre las empresas que tenían concesiones junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

Por otro lado, la versión del Colaborador Eficaz N° 115-2019 indicaba que Alexandre Alves de Mendonca, exgerente de contratos de OAS Perú, se reunió con Gómez Cornejo Rotalde en el Hotel Novotel de San Isidro para entregarle dinero en efectivo entre diciembre de 2012 y marzo del 2015. Además, este colaborador relató que, en febrero del 2013, Alexander Alves de Mendonca se encontró con Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde en el local de Starbucks ubicado en la avenida Conquistadores para entregarle una suma que de doscientos o trescientos mil dólares.

Las reuniones con este aliado de Villarán continuaron y, en el mes de marzo, asistió a una nueva entrega que esta vez se realizaría en QP Hotels para recibir 120 mil dólares. Para el año 2015 se volvieron a reunir en el mes de marzo para otra entrega que se encontraba entre los 120 y 150 mil dólares.

Pero no sólo estos colaboradores complican la situación de Gómez Cornejo al contar su rol en la entrega de dinero ilícito. Algunas de las personas cercanas a Villarán también han confirmado su papel como la personas que manejaba los fondos. Este es el caso de Anel Towsend, quien declaró ante la justicia en 2017 que la propia Susana Villarán le indicó que Luis Gómez Cornejo era el encargado de los pagos correspondientes a la campaña.

Además, Carlos Enrique Juscamaita Aranguena, quien participó activamente en las coordinaciones para la campaña del No a la revocatoria, indicó que  Gómez Cornejo Rotalde era quien le entregaba el dinero para sostener la campaña contra la revocatoria y llegó a darle noventa mil soles entre enero y marzo del 2013.

UN ESCAPISTA

Sin embargo, pese a la contundente evidencia que lo compromete y que los otros involucrados han tenido que rendir cuentas a la justicia, el presente de Luis Ernesto  Gómez Cornejo Rotalde es sospechosamente distinto. Aunque pesa sobre el orden de captura, el encargado del dinero ilícito para las campañas de Villarán actualmente se encuentra libre.

A finales del año pasado, su defensa legal recibió un revés al conocer que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró infundado el pedido para que Gómez Cornejo pase a tener detención domiciliaria alegando que padece una serie de enfermedades y también debe cuidar a su madre . Sin embargo,  hasta la fecha sigue sin entregarse a las autoridades.

Un prófugo misteriosoSobre Luis Gómez Cornejo pesan una serie de imputaciones por lavado de activos relacionados con el caso detallado previamente con la empresa OAS y también con Odebrecht para la campaña contra la revocatoria y las elecciones municipales de 2014. Esto podría llevar a que quien en algún momento fue asesor de Javier Villa Stein, cuando era presidente del Poder Judicial, y coordinador del gabinete de asesores de Duberli Rodríguez deba cumplir una pena de quince años en prisión.

Quizá lo único rescatable de los escándalos relacionados con corrupción que se han conocido en los últimos años es que permite realizar una limpieza en la política peruana. Sin embargo, si algunos actores protagonistas, como es el caso de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, quedan impunes quedará como un pésimo precedente que invita a creer que se podría repetir la historia.

 

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Tiene razón la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, cuando señala que, de acuerdo a la Constitución, el presidente Castillo sí puede y debe ser investigado, no como ha interpretado facilistamente la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al abrir y clausurar de inmediato la investigación al Primer Mandatario, señalando que así lo prescribe el artículo 117 de la Carta Magna.

Eso no dice el texto constitucional. Habla de la acusación, la que efectivamente no procede hasta que el gobernante culmine su mandato, pero sí se le puede investigar. Es un disparate, como bien ha subrayado Ledesma, iniciar un proceso de pesquisa al cabo de cuatro años, con pruebas perdidas, testigos olvidadizos, elementos de prueba dispersos.

Indicios hay más que suficientes para iniciar una investigación. Contratos públicos obtenidos luego de reuniones con el presidente Castillo, en los cuartos clandestinos, sin registro, del pasaje Sarratea, e injerencia indebida en los ascensos militares, son los dos temas gruesos denunciados que han merecido la intervención del Ministerio Público, pero debe corregirse los alcances truncos que la Fiscal de la Nación le ha dado al tema.

Por supuesto, el impacto de esta investigación va más allá de los temas estrictamente judiciales. Porque por más que se le investigue a Castillo no se le podrá acusar, pero si el proceso de pesquisas ajusta, como es usual, a algunos de los partícipes, como Bruno Pacheco, exsecretario personal del Presidente, o a la lobista Karelim López, y confirma una conducta impropia del Primer Mandatario, lo que caerá por su propio peso será el reinicio de un proceso de vacancia en el Congreso.

Y esta vez, de confirmarse las sospechas, sería muy difícil que Castillo salga bien librado. Ya el propio César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, ha anunciado que, ante indicios de corrupción, su partido no extenderá manto de protección alguno al inquilino de Palacio. Y suponemos que lo mismo ocurrirá con Acción Popular, con lo cual, sumas hechas, bastará para sacar a Castillo de Palacio.

Por eso la importancia de que se le inicie una investigación al Presidente. No es admisible tolerar un segundo a un gobernante teñido de sombras de corrupción, como sucedió con PPK y Vizcarra, cuya renuncia y vacancia respectivas se debieron a ello. Zoraida Ávalos ha trabajado, en esta ocasión, a favor de la impunidad.

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¿Recuerda las películas de hace varios años donde nos hablaban de un futuro salvaje, donde la ley del más fuerte se imponía y la anomia era la regla? Por ejemplo, Mad Max, el personaje de Mel Gibson que tiene que pelear por todo en una sociedad donde las pandillas (así como La Resistencia) tienen el control de las carreteras y hay una crisis general de recursos. En Total Recall, un desconcertado Schwarzenegger tiene que enfrentarse a un régimen totalitario, en una sociedad en la que el control social se ejerce por encima de la voluntad racional. En Mundo Acuático, Kevin Costner es el héroe que en un mundo distópico consigue agua. No hablaré de Blade Runner. Y muchas más. 

Todos estos, blockbusters hollywoodenses que imaginaron un futuro similar: sociedades desarticuladas, autoridades represivas totalmente corrompidas manteniéndose en el poder en función a discursos mesiánicos, falta -y control- de recursos básicos para la subsistencia. Y mucha impunidad. Muchísima impunidad. Cada uno, con dinero o fuerza, hace lo que quiere. Sin esas dos condiciones la supervivencia se hacía complicada o pasiva. No existe ley que pueda cumplirse.

La impunidad siempre será una característica de lo que no queremos, ejemplo de lo malo que puede tener una sociedad. El primer diagnóstico de que algo se pudrió y que debemos atenderlo antes de que sea tarde. En su artículo dominical, Marco Sifuentes se cuestiona qué entendemos los peruanos por “normal” y sí pues, me temo que la impunidad es algo que hemos aprendido a considerar normal, algo con lo que convivimos y asumimos.¹

Claro, podemos hablar de la impunidad desde el Estado, desde las esferas macro, donde nuestro querido Perú es una mazamorra para sancionar penalmente básicamente a nadie. Siempre hay una forma de salir bien librado, a partir de juicios interminables, de terminar presentando recursos y recursos legales para dilatar las cosas o directamente organizando acciones de robo de pruebas incriminantes. De hecho, la Universidad de las Américas, Puebla, en México, ha desarrollado un Índice Global de Impunidad², con datos abiertos para el análisis de la información, donde Perú aparece con un nivel de impunidad media alta, solo superado por Paraguay en Sudamérica y México y Honduras si ampliamos el espectro. Lamentablemente no se contó con información de Brasil, Argentina y Venezuela, que hubieran sido dignos rivales de nuestro país.

Se nos podrían ocurrir miles de ejemplos que podrían ejemplificar como la impunidad desde el Estado, a partir de dimensiones estructurales y funcionales definidas en el Índice señalado, opera y nos hace sentir como ciudadanos. Pero conviene también repasar aspectos que son más mundanos, que pasan hoy frente a nuestros ojos y que “así son” pues, vamos a otra cosa.

Lo primero que se opera a nivel micro es el cuestionamiento de lo que existe como base del funcionamiento social: la interpretación auténtica de la ley que nos gobierna o de las reglas comunes. El señor que considera que la regla de sacar a pasear a su perro con correa es una soberana estupidez y se lo grita al sereno que se lo recuerda. Cómo le va a hacer caso a la estupidez. Al ser responsable de que su perro haya mordido a otro o a un niño, su respuesta siempre será “qué raro, es un perro tranquilo”. Pero ¿infractor de la norma? No exageremos.

El ciclista que considera que la ciclovía no cumple sus requisitos, las características que requiere para considerarla una vía apropiada y se mete por la vereda donde impaciente les pide a los caminantes que se hagan a un lado para que pase. Cuando tropieza con una señora y la lastima, siempre pensará que fue ella la que debió correrse, porque nadie sabe los peligros a los que los ciclistas se exponen en las pistas y si no le gusta hay mucha vereda para todos.

El vacunado que lo hizo “por si acaso” pero que ahora se muestra tan indignado con el carnet de vacunación que se planta frente a los locales y no quiere mostrar ningún carnet de nada y que la Constitución y su exención firmada por la doctora Mejía. Cuando los responsables del ingreso del público le señalan que no va a pasar, prepotente trata de hacerlo a la fuerza porque “le parece que…”. Frente a cámaras defiende su derecho individual y su libertad que ningún gobierno comunista le va a quitar. No cree que la regla es para cumplirse. Siempre está el albedrío para hacerlo. El vigilante, cede, porque el que pierde al final siempre es él.

Veinticinco ancianos necesitan ser trasladados a un albergue que el INABIF ha podido habilitar en lo que fue la casa de un narco en La Molina. Los vecinos deciden que no quieren. Como hay una reja de acceso, bloquean el acceso de funcionarios. ¿Qué les preocupa? Que el valor de sus predios baje, dicen. O que haya viejitos indigentes cerca, que siempre malogra las estampitas navideñas porque no se saben el yingelbels. Ellos se sienten -explícitamente- dueños de la decisión, dueños de la calle, dueños de la zona. Controlan el acceso. Los funcionarios que quieren pasar no pueden. Con impudicia, los señorones ratifican hablando a los micrófonos que es su barrio y que se vayan a otro lado. El funcionario y los veinticinco viejitos se van, decepcionados. La reja vale más que la ley.

Una empresaria que conoce a medio mundo y que tiene muchos juicios ha conseguido el número del presidente de la república nada menos. Queda con él, lo visita, hablan de manera secreta, seguramente del clima y de lo caras que están las cosas y de pronto gana una licitación con el Estado. Pero, además, mira qué suerte, solo por ofertar centavos más que su competencia. Ese día sí que se levantó con el pie derecho. Cuando otros empresarios quieren proveer ese servicio, pasan por un increíble viacrucis de documentación y términos de referencia engorrosos. Piña pues. En tu agenda no está el número del secretario de Palacio, de repente pa la próxima. Ten fe.

Un periodista del que se revelan correos pidiendo al presidente una entrevista y si no, que atienda sus servicios profesionales de asesoría en comunicación, al no tener respuesta se dedica a atacarlo con ferocidad en cuanto espacio tiene. Siempre desde luego con independencia de opinión y pluralismo democrático. El mismo que ha recibido millones desde el gremio empresarial más importante para dirigir un grupo de opinión que tiene la firme tarea de tumbarse al régimen desde el día uno, escribe ayer que la ultraderecha es una ficción y que nadie puede acusarlos a ellos de que quieran tumbarse la democracia. En otros tiempos, frente a tales conflictos de interés, el medio no lo consideraría como comentarista. Pero qué va, si es brillante. Mejor lo tengo como parte del equipo asesor de mis canales de noticias y comentarista invitado desde el desayuno a la cena.

¿Qué tienen en común todas estas historias? Lo primero es que son reales, pasan todos los días porque sí, porque me acostumbré a que las cosas son desde mi perspectiva, siempre desde ahí. Lo segundo es que como Sifuentes señala, son “normales”, no sorprenden a nadie. Son reales y ocurren. Para qué mueves las cejas si todos lo hacemos pillín, ¿o eres perfecto? No seas tan tonto por hacer que esto sea un escándalo. Mientras más calladito más bonito, ¿no dicen?

Pero hay al menos dos cosas más. La primera es que siempre hay una víctima, alguien que sufre por eso que haces, por lo que interpretas como “tu derecho”, siempre aplasta a alguien. Directamente y también por asociación. Ese guachimán que gritaste, ese sereno que ignoraste, ese vigilante que empujaste. O a quien atropellaste. O los viejitos que dejaste durmiendo donde no deben ni pueden. Esas víctimas no tienen voz. Solo les queda acostumbrarse. La siguiente vez, pasas viejo, para qué me voy a hacer problemas si pierdo. 

Pero también están las otras víctimas. Las que se quedan sin o dejan de recibir algo porque pasaste por encima de ellos. Y lo más peligroso de todo: también son víctimas aquellos que aprenden que esto es normal, porque eso se reproduce. Tanta campaña de minimización del presidente termina en que es parte de fiestas infantiles como la piñata de un burro, y se aplaude y celebra. Una congresista puede mandar al carajo en prime time nacional y no hay UNA sola manifestación desde el Ejecutivo sobre ello. Como sociedad aprendemos a hacer comunes estos gestos. Para qué existe la policía si no es más que para recibir coimas. Para qué existen los jueces si no es más que para acordar un precio.

El que haya víctimas es grave. Porque quiere decir que no hay nadie que vele por ellos. El Estado, el gobierno, la autoridad deja de existir y opera la impunidad. Vamos construyendo una semántica de la ley de la selva. Qué carajos. Nadie va preso, nadie sale perdiendo. Un verdadero del cambio debería ser quien nos enseñe a comprender que la impunidad no se tolera, no la propicia con la ausencia de respuestas o la pasividad de su acción. 

La segunda es que no ocurre que tengamos tantos ideólogos que toman una posición tan radical basados en una estructura de pensamiento original. Uno de los miembros más conspicuos de La Resistencia es llamado el figuretti por la prensa que cubre las calles, porque donde había hecho público aparecía para robar cámaras, desde hace varios años. ¿Creen que maduró y transformó su afán de figuración en una apuesta política? ¿O más bien el señor y varios otros han encontrado la forma de ser reconocibles en un mundo que los condenaba a ser anónimos?

Funciona muy bien el modelado de conducta. Ejemplos hay todos los días. Un presidente que nombra autoridades cuestionables favorece la impunidad. Una cabeza del congreso que se va a España a hablar tonterías favorece la impunidad. Un ministro del Interior y de Justicia que permiten la acción de La Resistencia y de operativos Olimpo favorecen la impunidad. Congresistas con conflictos de intereses presidiendo comisiones y votando con descaro favorecen la impunidad. Una prensa que es tan acuciosa para un lado y para el otro, silba con descaro, favorece la impunidad. Si permitimos la impunidad, tendremos un país tomado. Las películas dejarán de ser de Hollywood y se rodarán en Lima, Perú.


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