Estado

Dándole la importancia necesaria, podemos entender a la seguridad nacional como un bien público desde un punto de vista económico, lo que implica que no hay ni exclusión ni rivalidad en el beneficio que da a la sociedad. Todos nos beneficiamos de un país más seguro, independientemente de si pagamos impuestos, o cuánto pagamos. Una persona o un grupo adicional de personas en el país tampoco disminuye la calidad de la seguridad nacional. 

Es tarea de los formuladores de políticas identificar cuáles son las actividades y proyectos que las fuerzas armadas pueden desarrollar con un presupuesto comparativamente más bajo que el del sector privado, y dónde los retornos sociales son más altos. En otras palabras, qué proyectos tienen los mayores beneficios sociales netos si son ejecutados por las fuerzas armadas. Una vez identificados, se deben asignar recursos a estos proyectos ya que todos nos beneficiamos de una provisión eficiente de bienes públicos y servicios de alto retorno social. 

Solo por mencionar algunos ejemplos: El Perú es uno de los países a nivel global más afectados por la brecha digital en los servicios públicos y privados, hay potencial para proyectos a través de las fuerzas armadas para llevar infraestructura digital a las áreas de más riesgo y aislamiento del país. La protección de los recursos forestales de la Amazonia es además un bien público que tiene repercusiones globales.

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Entiendo nuestra frustración como ciudadanos. Pero veamos que la raíz del problema no está en la estrategia económica pues esta se asienta en una realidad institucional, caracterizada por altos niveles de corrupción e incapacidad de gestión. La alta desigualdad de acceso a servicios básicos tampoco ha sido enfrentada. Pasar a más Estado no solucionará nada, ni tampoco lo hará quedarnos como estamos. O hacemos las reformas de salud, educación, pensiones y de acceso a servicios básicos para todos, o no habrá modelo que funcione.

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corrupción, Estado, Gobierno

Aun así, con presidentes de izquierda, algunos progresistas y otros marxistas, continúa la desconfianza y el desaliento por la alta expectativa que se tenía sobre ellos. En Chile, Boric tiene la más alta desaprobación de un presidente desde el 2014, y en Perú, Castillo también bate récords de desaprobación, ambos a menos de un año de gestión, lo que puede llevar a un rebote pendular hacia la derecha en una próxima elección. Pero sin políticas públicas efectivas, sin transparencia e integridad, más cerca estaremos al caos de la anarquía y hundiremos a nuestros conciudadanos en el hambre y la miseria.

Debemos entender que hay una nueva dinámica entre los ciudadanos, más jóvenes y mujeres empoderados, con información, con redes para expresarse, con la inquietud de ingresar de alguna manera en política en una democracia más participativa que representativa y con el ojo puesto en el funcionario público para que no solamente cumpla con sus labores, sino que lo haga con integridad y sentido social.

Dentro de esta América Latina convulsionada está el Perú, enfrentado por extremos, sufriendo de una flagrante corrupción institucional que ya ni sorprende, donde los intereses individuales o de camarillas priman al bienestar social y donde el péndulo hacia la derecha no servirá de nada si no hay una propuesta de consenso.

La participación de toda la sociedad civil tiene que ser escrupulosa en la radiografía de integridad de sus actores políticos y con un nuevo gobierno que priorice las políticas públicas para reducir las desigualdades, porque es el Estado, a través de sus gobernantes, quien tiene la responsabilidad de redistribuir los ingresos proveyendo servicios públicos de calidad en educación, salud, seguridad y justicia, asistiendo a los más necesitados y apoyando el emprendimiento privado para generar más empleo.

Nuestro país no merece ser un fraude social ni una sociedad inviable donde prima la desconfianza y la corrupción. Depende de cada uno de nosotros el unirnos, buscar consensos y ser efectivos en crear riqueza, reducir desigualdades y generar mayor bienestar para todos los peruanos.

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A partir de esos puntos cardinales señalados de quiebres es que se puede sostener que en el país -en los 21 años que llevamos de democracia- se han generado rupturas de ciertos consensos. Consensos que permitieron avanzar, en democracia, en materia económica. Era evidente que nuestra institucionalidad necesitaba (y sigue necesitando) reformas que mejoren la calidad de las políticas públicas, pero ha sido -ahora- todo detenido, propiciando coyunturas críticas como la que actualmente vivimos como país. 

Para reflexionar y tomar las medidas adecuadas.

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censura del ministro, Estado, ministros de economía

Casos como el de Solsiret Rodríguez,cuyos agresores al pagar la caución saldrán en libertad; o como el de Marcela que es sancionada por defender a víctimas de acoso, son solo un ejemplo. 

Los agresores se apoyan en el orden de género, una estructura de poder que los sostiene y se resiste a ceder.  Cada caso que queda impune, es un mensaje claro de permisividad y es un triunfo del patriarcado, que le dice a las mujeres:  si te atreves a cuestionarme, te destruyo. Hasta cuándo?.

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El mercado genera riqueza, pero no logra una distribución que necesariamente es la más justa. Entonces, a través del pago de impuestos, el mercado le entrega el dinero al Estado para que éste último se encargue de las tareas redistributivas. La inversión estatal en educación, salud, seguridad ciudadana, entre otros campos, son fundamentales para que se logre una sociedad con igualdad de oportunidades. Por eso se requiere de ambos.

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Ante un Estado ausente, queda la impunidad y la miseria. Dejar a una persona que muera es inhumano, debemos exigir una investigación y castigo ejemplar del Poder Judicial, así como la toma de decisiones claras del Ejecutivo y Legislativo para proteger la vida en las carreteras del país y en las calles de las ciudades. En nuestras carreteras no puede manejar cualquier inexperimentado, las señalizaciones deben estar visibles y claas, así como el buen control de la velocidad siempre con  infraestructura adecuada. Manuela, la vía con el mayor número de excesos de velocidad fue la Carretera Panamericana Norte según la SUTRAN. ¿Coincidencia? Existe un desgobierno que se refleja en un Estado ausente y desinteresado de su población.  Por ello, debemos exigir que se investigue y se sancione a los infractores así como exigir más control y mejor infraestructura por parte del Estado. No hay sistemas de emergencia ni interconexión con los hospitales o clínicas, hay pocos establecimientos de salud equipados a lo largo de las carreteras. Debe haber servicios de atención para emergencias. No es posible que la propia PNP establezca que la legislación peruana y el modelo procesal penal son muy suaves para el que ocasiona un accidente de tráfico.

Estamos viviendo sin Estado, donde ya 259 hombres y mujeres han perdido su vida. Exigimos que se investigue y se identifique al asesino, porque sí debe pasar algo. Por Doris.

 

 

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El nombramiento de alguien como Daniel Salaverry, quien no tiene oficio ni beneficio, para un cargo técnico como el de presidente de un organismo altamente especializado como Perupetro, es el mejor indicador de la mediocridad ejecutiva de este gobierno.

La designación fallida de Mario Carhuapoma, y el nombramiento de un reemplazo prontamente cuestionado por su idoneidad, en EsSalud. La caída del proyecto Majes-Siguas por inacción del Estado, etc., son otros indicadores -entre muchos más- de una gestión paupérrima, tal cual subrayábamos en nuestra columna de ayer.

Como bien ha señalado el economista Miguel Palomino, exvicepresidente del BCR, Pedro Francke, quien es de lo mejorcito que tiene este régimen (¡pudo haber sido Juan Pari el titular del MEF!), si no fuera en este gobierno jamás hubiera sido ministro de Economía.

Y hay que sumarle a lo dicho los destrozos institucionales que vienen ocurriendo en la tecnocracia de sectores como Transportes, Educación (copado por el Fenatep), Energía y Minas, Minam, etc., para entender el oscuro porvenir que le espera al Estado peruano.

Salvo el proceso de vacunación, que ha seguido el impulso dejado por la administración anterior, en prácticamente todo lo demás, la gestion pública llega a niveles tan misérrimos que es dable temer el colapso del Estado en varios frentes de acción.

Organismos que antes constituían islas de excelencia, como Indecopi, la Sunat, Perupetro, Proinversión, y algunos más, están siendo infiltrados por funcionarios allegados al partido de gobierno, sin  ninguna experiencia ni capacidad gestora adecuada para los cargos que se les entregan graciosamente.

Ya no estamos siquiera ante un problema de izquierdas o derechas. Por cierto, ha quedado demostrado que la izquierda peruana carece de una red de profesionales y tecnócratas en capacidad de asumir las riendas de un gobierno en sus aspectos esenciales, pero los niveles a los que se está llegando, exceden ya cualquier tipología ideológica y apuntan, más bien, a una mediocridad corrupta: regalarle un puesto a alguien, solo por sus credenciales partidarias, sin estar calificado para la responsabilidad que se le encomienda, es la peor corrupción, porque genera un enorme perjuicio social, tangible y altamente costoso.

El problema es que el techo lo marca el propio Presidente de la República, un personaje altamente descalificado, en términos administrativos y politicos, para ejercer el cargo que le tocó en suerte desempeñar. Si esa es la cima, se entiende la grisura de espanto de los niveles burocráticos inferiores.

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Daniel Salaverry, Estado, Gestión del estado, Mario Carhuapoma, Presidente de la República

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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antiestablishment, Estado, Salud pública
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