Una de las banderas principales que la izquierda enarbola en el mundo es el de la provisión de una salud pública eficiente, digna, capaz de contribuir a la creación de ciudadanía.
Porque, efectivamente, no hay mejor forma de hacerle sentir a la población que el Estado se preocupa por su bienestar y considera a sus compatriotas ciudadanos de primera clase, que proveerle de salud y educación gratuitas de primer orden, competitivas y comparables a las que pueda ofrecer el sector privado.
Bueno, pues, la pregunta que, al cabo de cinco meses de gestión, cabe hacerle al ministro de Salud, Hernando Cevallos, es qué está haciendo al respecto. Porque la logística de la vacunación, que viene funcionando adecuadamente, suponemos que no genera un desvelo de tiempo completo en el titular de la cartera, ya que habrá funcionarios subalternos encargados de velar por el eficaz cumplimiento de los planes anticovid.
¿Se va a integrar por fin el Minsa con EsSalud, eliminando la contribución que hace el empleado, bajo retención de su sueldo, a un sistema de seguro, práctica absolutamente antitécnica (como la de las AFP)? ¿Se va a integrar el SIS al resto o a universalizar? ¿Se ha previsto partidas presupuestales para compensar la pérdida de ingresos de EsSalud? ¿Entre las prioridades que el gobierno se ha trazado, con las facultades delegadas, está esa reforma en la salud pública?
Al año se producen en el Perú, 70 millones de actos médicos, de los cuales 50 millones deben ser públicos, señalan los expertos. Casi 150 mil contactos médicos diarios en algún hospital, posta o centro de salud estatal. Y, me atrevo a señalar, en el 80 o 90% de esos contactos, el trato que el paciente y su familia reciben debe ser indigno. No les dan medicamentos porque no hay, no les dan citas porque están topadas, no les entregan camas porque son insuficientes, no los operan porque no hay médicos o salas disponibles; las muertes o daños médicos por cualquiera de esas causas debe superar ampliamente a aquellas que inevitablemente se deberían producir.
En suma, nuestra salud pública es una fábrica de peruanos antisistema, irritados con el Estado, prestos a cualquier narrativa antiestablishment, que sienten y resienten una situación que los coloca como ilegales dentro de su propio país.
¿Está haciendo algo al respecto el gobierno izquierdista de Castillo? Que se sepa, nada. Un ejemplo más de la pasmosa mediocridad gubernativa, medida, inclusive, bajo sus propios parámetros ideológicos.
