Si hay algo que ha caracterizado a la democracia peruana, desde la transición democrática allá por el año 2000 hasta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ese fue el de no censurar ministros de economía, respetando así (con algunas turbulencias en el gobierno de Humala) la economía social de mercado y los pilares que cimentaron el crecimiento económico. Hasta que llegó -el año 2017- la censura del ministro de aquel entonces, Alfredo Thorne, por parte -paradójicamente- de Fuerza Popular, la derecha populista, que selló así el inicio del cuestionamiento a un orden incuestionable hasta ese entonces.
Vale decir, si bien había ruido político (léase versus entre ejecutivo y legislativo) no se afectaba -en general- el desempeño de la economía nacional ni el rol del Ministerio de Economía y Finanzas en la organización económica del Estado.
Otra de las características de nuestro régimen democrático fue que se respetó a cierta burocracia que profesionalizó la gestión pública, a pesar de ciertos errores en el camino. Hasta que llegó el gobierno de Pedro Castillo desmantelando todo lo avanzado en materia de modernización del Estado mediante el copamiento de la burocracia de activistas y personas no calificadas para puestos de alta dirección y de mandos medios en diversas entidades públicas como el Ministerio de Energía y Minas, Agricultura, Salud, Trabajo, entre otras.
A esto agregamos que la estabilidad entre el ejecutivo y legislativo, allá por el año 2019 en el gobierno de Martin Vizcarra, se quiebra al abrirse la caja de pandora mediante el cierre inconstitucional del Congreso con la inexistente “negación fáctica”. Y ni qué decir del contexto en el que se desenvolvió dicho juego perverso: renuncias y vacancias presidenciales, teniendo en 5 años 4 presidentes. Visibilizando, de esta manera, nuestra endeble práctica democrática.
A partir de esos puntos cardinales señalados de quiebres es que se puede sostener que en el país -en los 21 años que llevamos de democracia- se han generado rupturas de ciertos consensos. Consensos que permitieron avanzar, en democracia, en materia económica. Era evidente que nuestra institucionalidad necesitaba (y sigue necesitando) reformas que mejoren la calidad de las políticas públicas, pero ha sido -ahora- todo detenido, propiciando coyunturas críticas como la que actualmente vivimos como país.
Para reflexionar y tomar las medidas adecuadas.
