Igualdad

DATOS QUE PREOCUPAN

Según información publicada por la Defensoría del Pueblo, el 5.1% de mujeres trans cuentan con educación secundaria completa y el 62.2% se dedica al trabajo sexual ante la falta de oportunidades laborales en otros rubros. Aunque el dato más alarmante es que el 95.8% de mujeres trans manifiesten haber sido víctimas de violencia.

Para Janett Cuyutupa, especialista de Promsex – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el rechazo de las familias es un factor importante para entender el preocupante número de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. «Cuando se hacen visibles las botan de sus casas y no tienen oportunidades. Muchas veces se dedican a la prostitución. Si han salido de sus casas expulsadas, no tienen los recursos económicos ni oportunidades», explica.

Además, Cuyutupa agrega que el abandono por parte de las familias, la incursión en el mundo del trabajo sexual y las dificultades para continuar estudiando convierte a las mujeres trans en un grupo vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden ser mortales. «Muchas veces están expuestas a ETS y muchas veces no están informadas al respecto por lo que pueden morir», señala.

La especialista considera que un primer paso para ayudar a la comunidad trans sería una ley de identidad de género que les permita tener un DNI que las represente. «Para ellas es una humillación cuando las llaman por el nombre con el que no tienen ninguna relación», comenta Janett y agrega que esta iniciativa se podría complementar con la implementación del cupo laboral trans.

Entre el odio y la exclusión, el presente de las personas trans en el Perú es indudablemente crítico e historias como las de Ruby Ferrer parecen estar condenadas a repetirse de forma interminable si no se pone atención a los reclamos de peruanos y peruanas que, a diferencia de lo que alegan los grupos ultraconservadores, no buscan privilegios sino la posibilidad de vivir con una dignidad que hasta ahora se les ha negado.

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El aprovechamiento político de un caso de acoso, violencia o discriminación hacia la mujer o cualquier ser humano es siempre deleznable. Un drama humano como ese no puede ser utilizado como arma política para ataques subalternos. Si existe alguna responsabilidad pues lo que debe exigirse es el castigo, ejemplar si se trata de un funcionario público, y la resarción del daño causado.

En el caso suscitado por las declaraciones de la congresista Chirinos sobre un repulsivo comentario de parte del Premier Guido Bellido hemos visto nuevamente aflorar la ya tradicional hipocresía limeña. Por el lado de la derecha más conservadora hemos escuchado destemplados gritos exigiendo pronunciamientos y condenas por el estropeo a unos derechos en los que nunca han creído. Por el lado de la izquierda, los silencios, tibiezas y demoras han sido también muy elocuentes como si los derechos y su defensa dependieran de quien perpetra el abuso y quien es la víctima. Entre todas las expresiones las peores han sido las que han tratado de denigrar aún más a la víctima ya sea por sus afiliaciones políticas o incluso por su proveniencia familiar.

Lo cierto es que, una vez más, este caso puede ayudaros para desentrañar problemas estructurales de la sociedad patriarcal en la que vivimos en la que las mujeres llevan la peor parte. Una sociedad en la que ser mujer implica vivir en la mayor desprotección y permanente amenaza. No se trata sólo de u problema de desigualdad jurídica ni es un tema que se pueda solucionar sólo con más leyes y sanciones. Implica un problema estructural que parte de una profunda reflexión sobre el tipo de sociedad en la que vivimos, sus contradicciones y falencias así como de la necesidad de emprender un trabajo de muy largo aliento que inicie por la educación y el reacomodo de nuestras relaciones personales y sociales.

Pero, lo más importante es la profunda brecha material que existe entre varones y mujeres. Este es el aspecto central en el que cualquier intento de construir una sociedad igualitaria. En la medida en que las mujeres puedan adquirir mayor autonomía financiera no sólo estarán menos dispuestas a soportar situaciones de violencia o discriminación sino que además estarán en mejores condiciones de luchar y defender sus derechos. Esta es la ruta que ningún gobierno ha querido tomar en su miopía de no querer entender que la apuesta por la autonomía económica de la mujer es también no es una gasto sino un tema de derechos.

Otro tema importante es el referido a la normalización de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Esto tiene su base en las relaciones sociales que hemos establecido históricamente. Si bien, gracias especialmente a la lucha de las mismas mujeres, esto ha cambiado estamos aún muy lejos de lograr hacer de sentido común que ningún acto de violencia o discriminación puede ser tolerado ni es “normal” llevarlo a cabo. Es tarea del Estado hacer todos los esfuerzos posibles para revertir esta situación.

En medio de estos varios problemas de fondo, situaciones como las relatadas por Chirinos denotan lo mucho que falta por trabajar en este tema. La igualdad, desde esta perspectiva, no aparece como un ideal vacío sino como una necesidad hacia la que todos debemos apuntar.

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