Jurado Nacional de Elecciones

 

El juez Concepción Carhuancho se debe sentir un héroe de la justicia por mandar a prisión preventiva a todos los imputados que pasan por sus manos. No le interesa que no se cumplan los requisitos mínimos para que dicha medida proceda (probados elementos de convicción de la comisión de un delito superior a cuatro años, y, concurrentemente, peligro procesal; si no hay los dos, la prisión preventiva no procede).

Por eso, luego, en segunda instancia, la mayoría de sus casos son suspendidos y la prisión preventiva levantada, pero en ese trance se envió a gente cuya culpabilidad no está sentenciada a la cárcel. Fiscales abusivos y jueces caneros han formado una alianza nociva para el sistema de justicia penal en el país.

Demasiados casos de flagrante injusticia se están cometiendo en el Perú y la solución no parece pasar por la propia institucionalidad judicial. Y la Junta Nacional de Justicia actual no ha servido para nada en cuanto a la corrección de esas inconductas (ojalá la nueva JNJ -a la que la izquierda se quiere bajar con malas artes- corrija los entuertos señalados).

Hemos transitado de una justicia garantista a una punitiva por razones mediáticas. Concepción Carhuancho está mirando más los titulares de la prensa que los artículos que debería del código de procedimientos penales. Como muchos jueces, se llevan de las narices por fiscales avezados, excesivos, abusivos en la interpretación de la ley.

Es mil veces preferible un culpable libre que un inocente preso. Y acá se sobrepasa la ley con las detenciones preliminares y las prisiones preventivas, utilizadas más como mecanismo de extorsión a los imputados a cuenta de que se acojan a procesos de colaboración eficaz, teñidos de invalidez de antemano por la forma en que se consiguen.

Lo decimos una vez más. El próximo gobierno -porque de éste mejor no esperar nada y mucho menos del Congreso ilegítimo que tenemos– debe colocar entre sus prioridades gubernativas la reforma radical del sistema de justicia en el Perú.

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Carhuancho, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

[EN EL PUNTO DE MIRA] Efectivamente, Sol Carreño trató de justificar prácticas políticas poco saludables para nuestra vida democrática. Evi­denció un desconocimiento profundo sobre lo que implica militar en un partido político, el cual engloba disciplina par­tidaria y disidencia.

Obvio que no se le pide mi­litancia política para poder comprenderlo a cabalidad, pero sí un mínimo de rigor sobre lo que representan los partidos políticos para la joven democracia de nuestro país. Porque si no sabemos la real dimensión que representan, seguiremos teniendo –como viene sucediendo desde los años noventa- piratas de la política o políticos ambiciosos, que están más allá de nuestro precario sistema de partidos.

Desde analistas políticos hasta constitucionalistas sostie­nen que debe ser permisiva la norma para la supervivencia política de personas, más que de instituciones. ¿Paradóji­co no? Estos académicos que con tanto esmero en un aula universitaria instruyen a fu­turos sociólogos, politólogos y abogados que todo poder del Estado debe tener un con­trapeso político (o una nor­ma que sancione el transfu­guismo), pues en la práctica no hacen más que desdecirse lo que enseñan.

Los partidos políticos pue­den –actualmente– tener in­numerables errores, pero no se ha encontrado otra fórmula política que pueda reempla­zarlos. No la hay. Por lo tanto, en vez de seguir apostando por el cambio de camiseta política, debería pensarse en las res­tricciones (o sanciones) para fortalecer nuestros precarios partidos, sobre los políticos ambiciosos.

En suma, tratemos de bus­car una agenda mínima en la que se sancione el transfu­guismo y se regule la vida partidaria postelecciones. Una regulación tipo presupuesto por resultados en la que el Jurado Nacional de Elecciones (junto a la ONPE y el Reniec) otorgue incentivos y castigos al des­empeño partidario postelecciones. Actualmente, es muy débil este tipo de regulación.

Como reza el viejo dicho: quien tiene oídos que oiga, quien tiene ojos que vea.

 

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Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Partidos políticos, RENIEC, Sol Carreño, transfuguismo

El APRA tiene un grupo generacional joven, muy valioso y preparado, capaz de tomar las riendas ya del partido. Y los viejos líderes apristas debieran aportar su experiencia en las lides parlamentarias dejándole la conducción partidaria a las nuevas generaciones, que ya hace rato debieron haber tenido esa oportunidad.

Eventualmente, el aprismo debe ser un aliado importante en la consolidación de una opción de derecha unificada, capaz de enfrentar a un centro aguachento y a una izquierda maximalista que llevaría al país a la ruina.

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Apra, Jurado Nacional de Elecciones

Si bien no hemos llegado al final de los independientes, es necesario plantear un debate de qué políticos profesionales se requiere para el país, así de cómo se debe abordar la política, que implica –muy aparte de la confrontación- negociación permanente y acercamiento a los ciudadanos (léase rendición de cuentas y no marketing político) y qué requisitos pedir a los nuevos en política (imprescindible la reforma electoral que burocratice la participación, como lo hace el Jurado Nacional de Elecciones).

Sobre este camino podemos darle sostenibilidad a largo plazo a nuestra joven democracia en un país que desconfía desde hace años de su “clase” política y sus decisiones.

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Jurado Nacional de Elecciones

La inscripción de los candidatos debe ser simple, DNI y punto. De allí, el mismo JNE puede hacer la búsqueda de los antecedentes penales, judiciales y policiales para determinar que un delincuente no pueda postular, pero si es mucho trabajo, en fin, que los presente el candidato al inscribirse.

El resto de requisitos, como la declaración patrimonial y de ingresos, solo debe exigirse cuando el candidato es electo, como todo funcionario público que accede a un cargo de importancia y que ya está regulado por ley, debiendo ser la presentación de la hoja de vida, que pocos electores leen, una potestad opcional del candidato.

De esta manera, simplificando el proceso de inscripción, evitamos que errores u omisiones menores permitan que un JNE parcializado utilice arbitrariamente su poder discrecional para favorecer a unos y perjudicar a otros.

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Ni firmas falsificadas ni suplantaciones de identidad hubo en el proceso electoral. En otras palabras, no hubo fraude, según concluye la investigación de seis fiscalías provinciales abocadas a ello luego de que el Jurado Nacional de Elecciones les remitiera las denuncias de Fuerza Popular en ese sentido.

Se confirma así el papelón político monumental que supuso para un sector de la derecha la cantaleta del fraude para intentar explicar la derrota legítima, en las urnas, de Keiko Fujimori, una muy mala candidata; peor, que eso, una pésima perdedora.

Sin aprender un ápice del desastre político que generó por su resistencia a aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski el 2016, esta vez, cinco años después, volvió a repetir el plato con mayor intensidad, tratando de que las autoridades electorales desconozcan el triunfo de Pedro Castillo y se vuelvan a convocar elecciones o se le proclamase a ella como la ganadora.

Será cuestión de recordar todos los nombres de quienes alentaron ese despropósito, porque revela su mala entraña política, capaz de ir más allá de los hechos con tal de plasmar sus objetivos. Y en ese afán, lamentablemente llegaron a involucrar a nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, seguramente mal informado, estuvo dispuesto a usar su influencia para lograr el mismo afán.

Dicho sea de paso, la derecha, lo que tiene que aprender es a lanzar buenos candidatos. No lo eran ni Keiko Fujimori, ni Rafael López Aliaga, ni Hernando de Soto. Hay que reconocer que la candidata de Fuerza Popular hizo una excelente campaña en primera vuelta y en buena parte del tramo de la segunda, pero cometió errores groseros en el desenlace casi final, que le costaron la estrecha derrota frente al muy básico y endeble candidato de Perú Libre.

Esta investigación de la Fiscalía debería bastar para que un grupo de enfebrecidos baje sus revoluciones y entienda también que a Castillo se le debe combatir usando las armas de la propia democracia constitucional y no con atajos golpistas. Porque entre quienes exigen vacancia exprés y quienes gritaron fraude hay una línea de continuidad que ojalá se empiece a resquebrajar.

La del estribo: monumental el esfuerzo de la Derrama Magisterial, en conmemoración del Bicentenario, de haber lanzado al mercado editorial la colección, en seis tomos, de la Nueva Historia del Perú Republicano. Bajo la conducción editorial de académicos como Manuel Burga, Carlos Contreras, María Emma Mannarelli y Claudia Rosas, se perfilan nuevas miradas, inquietantes preguntas, tratamientos novedosos de hechos ocurridos desde 1780 hasta la fecha. Edición de lujo, pero a precios asequibles que ya encuentra en kioskos y librerías.

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La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

 

Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.

Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.

“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.

El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”. 

Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.

“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.

La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.

“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.

Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado.  Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios. 

“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.

Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años. 

Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016. 

Decana de facto

Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.

Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.

Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.

De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.

En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.

Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.

 

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La economista y presidenta de IPAE, Asociación empresarial, Elena Conterno, indicó que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver con transparencia y análisis los pedidos de nulidad que se han presentado en diversas mesas de votación durante el proceso de la segunda vuelta electoral. Afirma que esto disipará las dudas de la población y le dará gobernabilidad al siguiente mandato. Además, nos recuerda que la polarización solo nos traerá más daño al país e indica que vienen presentando propuestas para el desarrollo del próximo quinquenio.

Hace unos días emitieron un comunicado mostrando su preocupación por la coyuntura actual y donde piden se privilegie la gobernabilidad.

Tenemos un país polarizado y vemos a muchos ciudadanos y organizaciones con muchas dudas. Vemos algunos llamados para anular las elecciones o el pedido de sacar a las Fuerzas Armadas. Debemos ir por las vías democráticas y esclarecer las dudas. Eso permitirá la gobernabilidad al siguiente gobierno. Tenemos que aprender a expresarnos sin tener que afectar los derechos de otras personas. Esclarecer las dudas con transparencia y con análisis. Eso generará que el nuevo gobierno trabaje y quede atrás la polarización y trabajemos unidos por el desarrollo del país.

¿Cuál será el rol de las organizaciones en este contexto?

Nosotros como IPAE promovemos el desarrollo. Estamos convencidos de que necesitamos una institucionalidad sólida. Esta debe incluir el tema de la democracia representativa, que hay que fortalecerla. Necesitamos una economía social de mercado. Una economía que crezca de manera vigorosa y que incentive la inversión privada. Además de mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y los servicios de calidad.

Ustedes han enviado cartas a los 10 partidos que estarán en el Congreso e imagino que buscarán reunirse con quien resulte ganador de las elecciones ¿Qué propuestas les están haciendo llegar?

Tenemos propuestas que difundiremos en los próximos días sobre cómo fortalecer nuestra democracia representativa. Allí hay temas como fortalecer a los partidos políticos y afinar la relación Legislativo – Ejecutivo.

Una segunda propuesta es el tema de la meritocracia en el sector público. La meritocracia es la única forma que tenemos para lograr servicios de calidad para los ciudadanos.

Una tercera propuesta es la económica. Se necesita la independencia del Banco Central de Reserva, la relevancia de la estabilidad macroeconómica. El Estado solo debe cumplir un rol subsidiario y no intervenir en el control de precios. Necesitamos una economía de mercado y tiene que haber normas y mensajes claros para la inversión privada grande o chica.

Otro gran tema es el desarrollo de los servicios públicos donde la ciudadanía exige grandes reformas.

En educación, hay que mejorar la gobernanza del sistema. Tenemos que fortalecer la formación inicial docente como los institutos pedagógicos, y hay que poner el foco en la primera infancia y darles más oportunidades a los jóvenes.

Nuestras propuestas: son institucionalidad sólida, el tema de una economía social de mercado con un crecimiento vigoroso; y tener buenos servicios de salud, educación y protección social.

Gane quien gane, ¿Qué es lo que más les preocupa como Asociación en el próximo quinquenio?

Me preocupa que nos quedemos en el modo actual. Que estemos polarizados. Si queremos avanzar como país necesitamos que, quien nos presida del 2021 al 2026, gobierne para todos los peruanos. Que tenga liderazgo y un mensaje de unión que nos permita avanzar. Los peruanos ya no queremos más confrontación. Será relevante salir de este modo para pasar al modo cooperación, al modo trabajo conjunto y al modo unión. Cubierto eso, hay que atender las necesidades de los hogares peruanos. Primero: educación de calidad. Segundo: salud de calidad, seguir con la vacunación y el control de la pandemia. Tercero: Oportunidades de empleo. Son tres temas claves. Y no hablar solo de normas o cambios que no van a traducirse en mejoras para los hogares.

¿Cómo daña a la economía todo este contexto?

Un proceso electoral siempre pone un freno en las inversiones. Pero el daño a largo plazo es que sigamos siendo un país polarizado y que no haya gobernabilidad.

Ustedes se han mostrado en contra de que el Estado sea empresa

El Estado debe enfocarse en temas como salud, educación o combate de la anemia. Y lamentablemente no lo hace bien. Entonces, me cuesta creer cómo podría ser empresa. Eso ya lo hemos visto en el pasado. La intervención del Estado a nivel empresarial solo ha traído grandes déficits. Ya lo hemos visto en el pasado y lo vemos hoy con la Refinería de Talara, que empezó con un presupuesto y hoy está en 6 mil millones de dólares que pudieron haberse aprovechado de manera más productiva. Encima es una refinería parada que no sabemos cuándo va a volver a empezar.

 

Foto de portada: Andina.

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