La decisión de remover al economista Carlos Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal, un organismo consultivo y vigilante, no vinculante, es una demostración clara de que el gobierno no tolera que le marquen los linderos macroeconómicos por los cuales debe moverse con buen tino, más aún ahora que va a haber un ingreso fiscal récord, producto del alza impresionante en los precios de las principales materias primas de exportación del Perú, sobre todo minerales.
Oliva había venido señalando diversas incongruencias y desatinos, como era la obligación del encargo recibido, y eso no gustó. Ni al gobierno, ni al títere del MEF, ni al alcalde López Aliaga -aliado del gobierno en el Congreso-, ni a las autoridades regionales beneficiarias del dispendio, y que también sostienen al régimen.
José Arista en el MEF está siendo una decepción. Tenemos una larga tradición de titulares de la cartera del jirón Junín, que han sido capaces de pararle el macho al propio Ejecutivo y, por supuesto, al Congreso, respecto de solicitudes de dispendio. Arista ha decidido bajar la cabeza, como ya lo anticipaba, desde el inicio, con su ductilidad para manejar el caso de Petroperú.
Es una pésima noticia para el buen manejo económico del país. La debilidad de Boluarte y su sumisión a los partidos del Congreso, que la tienen maniatada, la obligan a convertir Palacio en un arca abierta, llana a a cualquier desajuste fiscal y monetario, a expensas de seguir recibiendo el apoyo que ella necesita para su único gran propósito político: sobrevivir hasta el 28 de julio del 2026.
Ya lo hemos dicho: olvidémonos de que este gobierno vaya a emprender alguna gran reforma institucional o económica. No está en su agenda. Está usando al gobierno como caja chica de intercambio de favores políticos, y se zurra en los principios de metas fiscales a las que estamos obligados.
El grave efecto que eso tiene, sin embargo, es que la parálisis a la que conduce, solo favorece el advenimiento de propuestas políticas radicales y disruptivas. Al paso que va, cada día que pasa Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala.
[PIE DERECHO] Alex Contreras es el Juan Reynoso del MEF. Todas las cifras son negativas y en cuanto a su gestión no se ve que haga algo significativo para revertirlas con eficacia. No se entiende su permanencia en el cargo y el visto bueno que aparentemente le brindan la presidenta Boluarte y el premier Otárola.
La inversión privada, motor esencial de la economía, se ha reducido 6.2% interanual en el mismo periodo, con lo cual suma cinco trimestres consecutivos de caída.
Ya no se puede atribuir todo a los problemas climáticos o a las protestas sociales de comienzos de año. Ya hay claramente un problema serio de gestión pública, de un MEF debilitado, sin capacidad de contención del populismo regulatorio del Congreso, ni la energía suficiente para impulsar una agenda proempresarial en los sectores productivos (relanzamiento de proyectos mineros postergados, vuelta atrás en la ley de promoción agraria, su extensión al mundo andino, etc.).
El anuncio de 25 medidas del Plan Unidos, para impulsar la economía, no ha generado la reacción entusiasta de los agentes capitalistas, porque un gobierno sumido en la inestabilidad política no es capaz de generar la sensación virtuosa necesaria para que la confianza se recupere y, por ende, la inversión se produzca.
Se necesita un Gareca en el MEF. Y si la presidenta Boluarte le garantiza absoluta independencia, es posible convocar a un economista de primera línea, capaz de romper el estancamiento y animar a los “espíritus animales” capitalistas a soltar las amarras.
Salvo la ocurrencia de un fenómeno del Niño severo no se ve otro nubarrón en el horizonte, quizás la incertidumbre respecto del futuro electoral en el 2026, pero, en primer lugar, eso es largo plazo, y, en segundo término, no es éste un factor que asuste al empresario peruano, acostumbrado a peores situaciones.
Si la economía no mejora, si no hay inversión privada, si no se genera empleo, si no se reduce la pobreza, vamos a llegar, allí sí, a un escenario electoral complicado. Y si la presidenta Boluarte no es capaz de remover del cargo al responsable de tal situación, pues ya la responsabilidad recae en ella y vuelve a poner sobre el tapete la discusión de si conviene o no que su gestión dure dos años y medio más.
El 19 de julio de 1977, cuando la llamada segunda fase del gobierno militar había llegado a un punto en el cual ni los trabajadores ni los estudiantes ni los empresarios daban un centavo por su futuro, los gremios sindicales y las federaciones universitarias convocaron a un paro nacional que hasta hoy, cuarenta y seis años después, no ha sido igualado. Luego del exitosísimo paro, los asesores del régimen militar recomendaron a los miembros de la junta militar que gobernaría el país hasta el 28 de julio de 1980 que convocara a una asamblea para elaborar una nueva constitución y decretara una serie de leyes que sembraran ciertas esperanzas en la golpeada clase trabajadora. Así, el 30 de junio de 1979 -hace 44 largos años-, el Gobierno Revolucionario decreta que, con la finalidad de hacer realidad el sueño de la casa propia para los trabajadores, convoca a los empleadores, a los constructores, a los fabricantes de fierro y cemento y a los propios trabajadores a financiar esa “obra cumbre” del militarismo. Como los medios de comunicación estaban en manos de los propios militares, los aplausos resonaron por meses; y siguieron sonando hasta que otros regímenes y otras urgencias echaran manos (que se sobaban entre sí de tanto gusto) a los fondos del Fondo Nacional de Vivienda, dejándolo seco, como los desiertos costeños en plena sequía.
Preguntémosles, pues a los fonavistas de hoy qué fue de su dinero, por qué los gobiernos sucesivos no han querido devolverles sus aportes y, sobre todo, por qué el ministro Carlos Boloña y los demás creadores de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no pudieron convertir los papeles del Fondo Nacional de Vivienda en un sistema como el de las AFP. Y, para coronar la expoliación, que alguien nos explique por qué el actual Tribunal Constitucional exoneró al Estado de reconocer el monto de sus aportes en la masa monetaria que la ley obliga a devolver. Además, por cierto, que algún tecnócrata iluminado nos explique por qué los aportes de los empleadores se evaporaron, se esfumó, desapareció.
El abogado Raúl Canelo, uno de los procesalistas más destacados del país fue durante mucho tiempo el asesor legal de los cientos de miles de trabajadores que fueron obligados por ley a depositar mes a mes durante 19 largos años un porcentaje de sus haberes para que, según la ley de creación del Fondo Nacional de Vivienda, el Estado los ayudara a construir sus casas. Cuando el periodo de vigencia de la ley concluyó, los sucesivos gobiernos del Estado peruano se ‘hicieron los locos’ con los miles de millones del Fondo. Cuando los fonavistas chocaron una y otra vez con la negativa del Estado, acudieron al estudio jurídico de Raúl Canelo, y él los ayudó a buscar un camino hacia la consecución de la ansiada devolución.
Aquí, narrada por el propio Raúl Canelo, la historia de la lucha de los fonavistas contra la burocracia dorada del Ministerio de Economía.
¿Por qué el Estado no cumple con el pago a los fonavistas?
No hay ni ha habido voluntad política verdadera de los diversos gobiernos por devolver un derecho de propiedad a quienes, por más de 19 años, aportaron a un fondo que les prometió una vivienda propia, y, tampoco, a los empleadores, quienes aportaron para sus empleados, porque esos aportes eran también parte del concepto remunerativo. Recapitulemos, el Tribunal Constitucional ha dicho ya en varias oportunidades que esos aportes constituyen un derecho de propiedad, que cada quien había colocado su dinero en una cuenta personal en estricto; y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional decidió en su momento que esas aportaciones no eran tributos, en consecuencia el Estado administraba un recurso que no le pertenecía porque era propiedad de una persona, de un trabajador, y, por extensión, de millones de trabajadores que aportaban al Fonavi. Y, cuando se disuelve el Fondo, el remanente de ese Fondo tenía que devolverse a las personas propietarias del Fondo. Ese es un razonamiento simple y elemental y que corresponde a un estado de derecho, donde, mínimamente, se respeta el derecho de propiedad. Eso se decidió, aproximadamente, en el año 2007; en el año 2010 se llevó a cabo un referéndum -pese a la oposición del señor Alan García- que fue aprobado mayoritariamente por los peruanos: el Estado debería devolver los dineros (retenidos) del Fondo. A partir de ahí, se ha vivido una época tormentosa, porque el Congreso promulga la Ley de Devolución y el Ministerio de Economía, a través de articulaciones maliciosas, que yo calificaría como delictivas, viene haciendo correr el tiempo y dilatando el momento de la devolución. Lo hace mediante distintas normas, diversos decretos y, sobre todo, utilizando a la comisión ad hoc creada por la Ley de Devolución, en la cual tiene la mayoría de los miembros, utilizándolos para impedir, para evitar, para imposibilitar la devolución. Para eso, el Ministerio de Economía ha organizado una burocracia con una llamada Secretaría Técnica dizque para la devolución, pero lo que todos los fonavistas sabemos es que lo único que han hecho es colocar a funcionarios con grandes sueldos pagados con nuestros recursos, que, además, están ahí desde 2010-2012 y no han devuelto lo que corresponde a cada uno de los aportantes. Están en unas planillas doradas ilegales y a lo único a lo que se dedican es a obstruir y a evitar la devolución.
Durante el gobierno de Ollanta Humala y ante la presión de los fonavistas, el Ministerio de Economía decidió hacer una devolución, pero no en función a lo que le correspondía a cada quien de acuerdo a sus aportes, sino que se inventaron una fórmula para devolver 1,200 soles por persona: una cantidad realmente absurda y abusiva. Ante esa situación, el Congreso promulgó en 2021 la Ley 31173, la cual hace algunas precisiones y dice que tiene que devolverse el monto actualizado, que tiene que devolverse el total de lo aportado: lo que el Estado les retuvo mes a mes durante 19 años a los trabajadores y a los empleadores de estos. Todo eso se dijo en la mencionada ley; y todo lo demás que dijo la ley debe ser cumplido, por lo que la comisión debería ser presidida por un miembro de la Federación de Fonavistas, que es la promotora de esta devolución. El Ministerio de Economía del breve encargo presidencial de Sagasti también incumplió esa ley. Es más, el ministro de ese entonces inició una acción de inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Congreso y, en el colmo de los colmos, le mintió al país y dejó en ridículo a los economistas peruanos, sosteniendo que el monto de la devolución del Fondo equivalía a diez veces el Producto Bruto Interno de la China. Un mentiroso, un economista de la Católica que miente, un profesor de la Pacífico que se burla de los fonavistas, de sus hijos, de sus nietos, y, sobre todo, de los deudos de los fonavistas muertos en la larga espera.
Hay que ser muy claros en decir que el actual Tribunal Constitucional ha cercenado el derecho de los trabajadores a su dinero, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 31173, sosteniendo que el dinero aportado por el empleador para su empleado no existe. Entonces, yo me pregunto: ¿de quién es ese dinero aportado por los empleadores? Un comunicador, probablemente a órdenes del MEF, ha dicho que ese dinero fue usado para poner agua y luz en los pueblos jóvenes. Y qué, cuál fue el beneficio de esos pobladores si hasta hoy siguen pagando en sus recibos de luz el Fonavi. Todo es cuento, triquiñuelas del Ministerio de Economía, como cuando citan a sesión de la Comisión. Basta que no vaya un burócrata dorado para que automáticamente se vayan todos los demás, porque no pueden perder la mayoría. Triquiñuelas.
A todo esto, vale preguntar: ¿Señores, en el Perú se respeta el derecho de propiedad o este puede confiscarse sin pagar el justiprecio?
Dígame doctor Canelo, ¿por qué los ahorros pensionarios públicos pudieron transformarse, vía las AFP, en cuentas individuales y bonificadas y los ahorros para las viviendas, vía la Ley del Fondo Nacional de Vivienda de 1979, que tenía las mismas características no recibieron el visto bueno del Estado?
Fue una decisión política, cuyo único propósito era apropiarse de los recursos de la masa trabajadora. Pero como es una propiedad, tan igual a la que tienen las personas que son dueñas de los bancos, uno debe exigir el respeto inalienable a su derecho de propiedad: un trabajador que aportó a un fondo tiene su derecho de propiedad intacto, y el Estado no tiene pretexto alguno para no devolver ese aporte. No hay derecho que ampare al Estado contra el aportante, sobre todo si este es un jubilado. No existe ningún derecho que autorice al Estado a no devolver el aporte del trabajador, incluyendo, por cierto, el aporte íntegro del empleador.
Ahora volvamos al inicio de su pregunta. En los primeros años de los noventa, se creó el sistema de las administradoras de fondos de pensiones porque las entidades financieras necesitaban dinero fresco para iniciar sus actividades en el rubro pensionario, y, qué mejor opción que recibir el dinero de millones de trabajadores sin costo alguno, solo con la promesa de devolverles una cifra equis en el futuro. Además, por cierto, de recibir -antes de iniciar el proceso jubilatorio- un bono de reconocimiento de todo el dinero que el Estado nunca depositó en las cuentas individuales de los trabajadores inscritos en el sistema público de pensiones.
El gobierno de Alberto Fujimori, que fue el creador sistema pensionario privado, lo que hizo fue permitir que funcione el sistema con el dinero que el Estado había recibido de los trabajadores a lo largo del tiempo. Pero, como en el caso del Fonavi muchas empresas no habían abonado los montos que ellas debían aportar y sólo tenían disponibles las retenciones a los trabajadores, hubo y habrá muchísima resistencia a constituir un sistema de construcción de viviendas sociales o, en su defecto, devolver todos los montos contemplados en la ley creada por Francisco Morales Bermúdez en 1979.
Y si alguien quiere pasarse de listo y decir ‘no te devuelvo porque no hay plata’, le pregunto: ¿con qué dinero se hizo Mi Vivienda, con qué dinero se hizo Techo Propio? Escúchenme, en construcciones hechas por Sedapal hay 3 mil millones de soles de los fonavistas. Más aún, ¿con qué dinero se iba a beneficiar la desarrolladora inmobiliaria Sada Goray? Todos esos intereses están detrás del bloqueo a la devolución de los aportes a los fonavistas.
¿Cuántos miles de millones de soles calcula usted que el Estado ha expoliado a los fonavistas?
Hace una buena cantidad de años, cuando los fonavistas eran 5 millones, calculamos que esa cifra llegaba, aproximadamente, 40 mil millones de soles. Ahora, pese a que la ley de devolución dice que los montos aportados son heredables, parece que la maldad de los burócratas dorados apunta a que cada día mueran más y más fonavistas para hacerles la vida imposible a sus herederos cuando la justicia triunfe sobre la maldad.
Información necesaria
Durante los días en los cuales estructúranos este informe, llamamos a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc. Recién al cierre, la señorita Gisella Pacheco nos informó que el señor Mauricio Gonzáles Ángulo estaba impedido por la Ley a adelantar opiniones a la prensa.
Los últimos hechos en el drama de Fonavi
En abril de 2021, se aprobó la Ley 31173 que disponía la devolución inmediata de los aportes realizados por los fonavistas, quienes vieron la posibilidad de enfrentar con ese ingreso los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, poco después el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda contra ella en el Tribunal Constitucional.
En abril de 2022, el Congreso corrigió las observaciones y, posteriormente, aprobó la Ley 31454, garantizando así los pagos a los aportantes.
En marzo de este 2023, el Tribunal Constitucional en un fallo cuestionado por los fonavistas y por los mayores conocedores de la mayor mezquindad oficial contra quienes aportaron hasta por 228 meses un diez por ciento de sus haberes para obtener una casa propia, decidió que el Estado devuelva solamente los montos aportados por los empleados, más no así los aportados por los empleadores, reduciendo la deuda estatal de 42,000 millones de soles a 6,000 millones de soles. Además, el Ministerio de Economía para dilatar más la devolución, Indica que la ley aprobada sólo permite la emisión de certificados de reconocimiento por el monto total, y no por partes. Entonces, el Congreso corrige ese ‘detalle’ y el 21 de junio pasado aprueba la autógrafa del proyecto de ley 4702 que autoriza la devolución en pagos parciales, lo que no impide que luego se acrediten nuevos pagos hasta completar el íntegro de la deuda estatal reconocida.
Según datos de los miembros de la comisión ad hoc creada por el Estado, en el momento existen únicamente 2,000 millones de los 6,000 millones reconocidos después del fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, sólo un tercio de la séptima parte del dinero recibido por el Estado entre 1979 y 1998.
Hay varias palabras en el idioma castellano para describir ese hecho, yo me quedo con una sola frase: es el robo más grande contra el trabajador peruano en la historia republicana.
A manera de epílogo.
Cuando Carlos Boloña fue ministro de Economía y Finanzas, entre 1991 y 1993, los técnicos del sector idearon dos sistemas -que los comentaristas de la época bautizaron como ‘los siameses’- para proteger las pensiones de los trabajadores, el primero, y para devolverles los aportes de esos mismos trabajadores a un fondo de vivienda creado en las postrimerías del gobierno militar por el general Morales Bermúdez. El primero de esos sistemas se creó y consolidó a “imagen y semejanza” de las asociaciones de fondos previsionales chilenas. El segundo, como ha explicado el abogado Raúl Canelo fue boicoteado por diferentes sectores y por diversas razones, siendo los montos aportados en uno y otro caso de la misma envergadura, toda vez que el porcentaje afectado en ambos fondos era casi el mismo. Tan enigmática como la verdad de la existencia de la famosa Página 11, que acabó con el primer belaundismo, la razón final de la destrucción de la posibilidad de darle casa a cada trabajador formal es un misterio sin resolver.
Es una barbaridad que el MEF haya recortado en 60% el presupuesto de las escuelas de Bellas Artes, Ballet Nacional, Artes Dramáticas y de Folklore. En casi todas las democracias avanzadas del mundo, el desarrollo de la cultura es promovido por el Estado de manera activa, porque se entiende que contribuye a la densidad cívica y, por ende, al fortalecimiento de las libertades y finalmente de la democracia. Es una inversión ciudadana.
Acabo de estar en Buenos Aires. En esta ocasión visité tres Centros Culturales, el Borges, el Kirchner y el Recoleta, los tres excelentemente curados, con atención digna de cualquier museo privado, limpieza impecable, atención prolija, gratuitos y, por ende, con gran afluencia de público. Y hablamos de un Estado como el argentino que está prácticamente quebrado.
Al gobierno peruano le sobra el dinero. Los ingresos fiscales del 2022 han marcado récord en la historia presupuestal nacional. Y los del 2023 van en la misma línea. ¿Este gobierno no es capaz de entender la valía cívica que contiene invertir en cultura? ¿Nadie, con dos dedos de frente, los asesora? ¿Nunca han salido del país los responsables del despropósito? ¿No ven cómo y cuánto se invierte en cultura en otros países?
La cultura, por cierto, no es políticamente rentable. Por el contrario, las artes en general son contestatarias y su esencia de libertad las lleva, por lo común, a cuestionar el poder y el orden establecido. Eso podría explicar por qué algunos gobiernos sienten la tentación de quitarles financiamiento y subsidios.
Pero en perspectiva global, es un despropósito que afecta, sobre todo, las posibilidades de que peruanos, y particularmente jóvenes, de escasos recursos accedan a una formación cultural de calidad en un ámbito que, a su vez, es comercialmente muy complicado de sostener.
El MEF debe reconsiderar. Ha declarado ante las críticas que eventualmente ello se podría subsanar a mediados de año, pero ya el perjuicio estaría hecho, porque las proyecciones de las entidades culturales afectadas se manejan con un presupuesto inicial y si éste se ve recortado, muchas actividades se recortarán de antemano.
La vida cultural activa de un pueblo requiere soporte estatal. Ya de por sí el presupuesto que la cultura recibe del Estado peruano es paupérrimo. Constatar por ello su recorte solo genera honda irritación y rechazo.
Vayamos a lo concreto. La población necesita dinero para comprar los bienes que ahora suben de precio. La forma más sana de lograrlo es vía mayor empleo, dado que genera ingresos. Y eso sólo se consigue con más inversión, pues quien contrata a las personas se llama inversionista o emprendedor, no importa si se trata de una empresa grande o pequeña. Entonces precisemos la pregunta, ¿cómo hacemos para que la inversión, que se espera crezca 0% este año y 1.8% en 2023, pueda aumentar para así crear empleo? Cambiar expectativas es parte de la solución y ello pasa por reducir la incertidumbre política. Para volver a crecer antes se necesita volver a creer.
El MEF lo intentó, sin éxito, a través de la reducción de impuestos a algunos combustibles y bienes de primera necesidad. Esto ha ocurrido por los altos niveles de informalidad en los procesos productivos y porque los precios internacionales de los fertilizantes, maíz, trigo, fletes marítimos, entre otros, mostraban una tendencia hacia el alza.
Si no se puede actuar sobre la oferta, debido a las razones señaladas, solo queda ir sobre la demanda, pero no al estilo años 70 y 80 de siglo pasado. Pueden plantearse ayudas focalizadas y no universales a los hogares de los segmentos C, D y E. Una idea que someto a discusión: que el Gobierno, durante el período de seis meses, asuma la mitad del recibo de agua potable y energía eléctrica de todos los hogares en los tres segmentos mencionados. Sería equivalente a un aumento de ingresos para poder enfrentar los precios más altos. Para los que no tienen esos servicios y están adscritos a algún programa social, ahí si se requiere de un bono, pero usando como base de datos a los inscritos en los programas sociales. La medida sería solo temporal, mientras se controla la inflación que, felizmente ya está en disminución, al menos en Perú.
Esta idea genera un desequilibrio fiscal; sin embargo, el déficit fiscal es bajo y el Gobierno tiene los recursos no usados por los tres niveles de gobierno en 2022. No hay que emitir, ni siquiera pedir deuda; sólo hay que usar lo que tenemos y no gastamos. La medida sería temporal. BCR ha sostenido que la inflación retornaría a su nivel hacia el segundo trimestre de 2023.
En las últimas décadas, salvo excepciones, se han concebido ambas como separadas. Son parte de la misma estrategia. La una no funciona sin la otra, pues la economía tiene como objetivo elevar el bienestar de todos los habitantes de un país. Una mala economía no conduce a elevar la calidad de vida y una mala política social no sostiene los resultados económicos en el tiempo. Y esto no es ningún modelo. Es lo que hacen los países que logran otorgar a sus ciudadanos altos niveles de bienestar. Desde luego que para que ocurra, se requieren altos niveles de credibilidad e institucionalidad, hoy ausentes en el Perú.
El reto consiste entonces en implementar medidas que promuevan la ejecución de estos proyectos. En ese sentido, mecanismos como los acuerdos G2G se configuran como los oportunos para acelerar la ejecución de obras públicas, dado que permiten el uso de una PMO, contratos estándar internacionales como los NEC y una Junta de Resolución de Disputas. En el caso de las APP, es necesario crear un marco normativo integral para regular la participación de los distintos actores y evitar duplicidades. Si cada actor se limitase a opinar dentro su ámbito de intervención, el proceso APP reduciría sus pasos en un 30%. Transversalmente se requieren funcionarios públicos idóneos que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos y la transparencia. Así, resalta la importancia de priorizar a los directivos y servidores públicos de los equipos del PNIC para su contratación mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado.
Propuestas como estas son factibles de ser implementadas con altas probabilidades de presentar resultados favorables. Además, resultan convenientes con miras a la próxima actualización del PNIC anunciada por el MEF en febrero de este año. No puede pasar más tiempo sin invertir en proyectos con alto potencial para dinamizar la economía, generar empleos y contribuir al acceso de servicios públicos de calidad para todos los peruanos.
[3] CPC. (2022). Seguimiento de ejecución al PNIC (Actualizado a abril de 2022). Se utiliza información del Formulario de Seguimiento del EESI, Ositran, Osinergmin, SSI-MEF.
Aguilar dice que él no es el de la foto y presentó un peritaje, elaborado por el ingeniero de sistemas Rubén Busta Arroyo, para reforzar su afirmación. Este dice que no hay coincidencia en “nariz, labios y cejas” entre su cliente y la persona que aparece en la foto. Lo cierto es que la historia de la constitución de INIP es un autogol para el gobierno.
Pinta mal la perspectiva política peruana. Un gobierno sumido en la rampante medianía y una oposición carente de grandeza. Una sociedad civil pasmada: desde la izquierda, por la indignación selectiva (salen prestos a marchar por el indulto a Fujimori y guardan repulsivo silencio frente a las tropelías de un régimen intolerable), y desde la derecha, con gremios empresariales afónicos o núcleos activos que “invierten” sus recursos en idioteces en lugar de temas estructurales de importancia para el país.
-La del estribo: dos publicaciones recomendables. El libro PolítiKa vs. Prensa, una relación tóxica en tiempos convulsionados, del abogado Andrés Calderón, que publica Debate; e Independencia del Perú: la historia detrás de la historia, de Jaime Taype Castillo, que publica el Fondo Editorial del Congreso (felizmente activo), como parte de la Colección Bicentenario de la Independencia.