Vayamos a lo concreto. La población necesita dinero para comprar los bienes que ahora suben de precio. La forma más sana de lograrlo es vía mayor empleo, dado que genera ingresos. Y eso sólo se consigue con más inversión, pues quien contrata a las personas se llama inversionista o emprendedor, no importa si se trata de una empresa grande o pequeña. Entonces precisemos la pregunta, ¿cómo hacemos para que la inversión, que se espera crezca 0% este año y 1.8% en 2023, pueda aumentar para así crear empleo? Cambiar expectativas es parte de la solución y ello pasa por reducir la incertidumbre política. Para volver a crecer antes se necesita volver a creer.
El MEF lo intentó, sin éxito, a través de la reducción de impuestos a algunos combustibles y bienes de primera necesidad. Esto ha ocurrido por los altos niveles de informalidad en los procesos productivos y porque los precios internacionales de los fertilizantes, maíz, trigo, fletes marítimos, entre otros, mostraban una tendencia hacia el alza.
Si no se puede actuar sobre la oferta, debido a las razones señaladas, solo queda ir sobre la demanda, pero no al estilo años 70 y 80 de siglo pasado. Pueden plantearse ayudas focalizadas y no universales a los hogares de los segmentos C, D y E. Una idea que someto a discusión: que el Gobierno, durante el período de seis meses, asuma la mitad del recibo de agua potable y energía eléctrica de todos los hogares en los tres segmentos mencionados. Sería equivalente a un aumento de ingresos para poder enfrentar los precios más altos. Para los que no tienen esos servicios y están adscritos a algún programa social, ahí si se requiere de un bono, pero usando como base de datos a los inscritos en los programas sociales. La medida sería solo temporal, mientras se controla la inflación que, felizmente ya está en disminución, al menos en Perú.
Esta idea genera un desequilibrio fiscal; sin embargo, el déficit fiscal es bajo y el Gobierno tiene los recursos no usados por los tres niveles de gobierno en 2022. No hay que emitir, ni siquiera pedir deuda; sólo hay que usar lo que tenemos y no gastamos. La medida sería temporal. BCR ha sostenido que la inflación retornaría a su nivel hacia el segundo trimestre de 2023.
En las últimas décadas, salvo excepciones, se han concebido ambas como separadas. Son parte de la misma estrategia. La una no funciona sin la otra, pues la economía tiene como objetivo elevar el bienestar de todos los habitantes de un país. Una mala economía no conduce a elevar la calidad de vida y una mala política social no sostiene los resultados económicos en el tiempo. Y esto no es ningún modelo. Es lo que hacen los países que logran otorgar a sus ciudadanos altos niveles de bienestar. Desde luego que para que ocurra, se requieren altos niveles de credibilidad e institucionalidad, hoy ausentes en el Perú.
El reto consiste entonces en implementar medidas que promuevan la ejecución de estos proyectos. En ese sentido, mecanismos como los acuerdos G2G se configuran como los oportunos para acelerar la ejecución de obras públicas, dado que permiten el uso de una PMO, contratos estándar internacionales como los NEC y una Junta de Resolución de Disputas. En el caso de las APP, es necesario crear un marco normativo integral para regular la participación de los distintos actores y evitar duplicidades. Si cada actor se limitase a opinar dentro su ámbito de intervención, el proceso APP reduciría sus pasos en un 30%. Transversalmente se requieren funcionarios públicos idóneos que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos y la transparencia. Así, resalta la importancia de priorizar a los directivos y servidores públicos de los equipos del PNIC para su contratación mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado.
Propuestas como estas son factibles de ser implementadas con altas probabilidades de presentar resultados favorables. Además, resultan convenientes con miras a la próxima actualización del PNIC anunciada por el MEF en febrero de este año. No puede pasar más tiempo sin invertir en proyectos con alto potencial para dinamizar la economía, generar empleos y contribuir al acceso de servicios públicos de calidad para todos los peruanos.
[3] CPC. (2022). Seguimiento de ejecución al PNIC (Actualizado a abril de 2022). Se utiliza información del Formulario de Seguimiento del EESI, Ositran, Osinergmin, SSI-MEF.
Aguilar dice que él no es el de la foto y presentó un peritaje, elaborado por el ingeniero de sistemas Rubén Busta Arroyo, para reforzar su afirmación. Este dice que no hay coincidencia en “nariz, labios y cejas” entre su cliente y la persona que aparece en la foto. Lo cierto es que la historia de la constitución de INIP es un autogol para el gobierno.
Pinta mal la perspectiva política peruana. Un gobierno sumido en la rampante medianía y una oposición carente de grandeza. Una sociedad civil pasmada: desde la izquierda, por la indignación selectiva (salen prestos a marchar por el indulto a Fujimori y guardan repulsivo silencio frente a las tropelías de un régimen intolerable), y desde la derecha, con gremios empresariales afónicos o núcleos activos que “invierten” sus recursos en idioteces en lugar de temas estructurales de importancia para el país.
-La del estribo: dos publicaciones recomendables. El libro PolítiKa vs. Prensa, una relación tóxica en tiempos convulsionados, del abogado Andrés Calderón, que publica Debate; e Independencia del Perú: la historia detrás de la historia, de Jaime Taype Castillo, que publica el Fondo Editorial del Congreso (felizmente activo), como parte de la Colección Bicentenario de la Independencia.
Imagínese una entidad financiera dedicada a la educación, plena de recursos; una institución independiente del gobierno de turno y de los partidos políticos, libre de clientelismo, que financie (previa evaluación de su viabilidad) proyectos de innovación en diferentes rubros del campo educativo, destinados a cerrar las distintas brechas que hoy presentan nuestras escuelas. Imagine qué cosas podrían lograrse en, digamos, 15 años de trabajar con esta modalidad.
Pocos lo saben, pero, al menos en términos legales, esta entidad existe: es el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) creado por ley del año 2006. Actualmente se usa muy limitadamente y se explota una mínima fracción de todo el potencial que tiene. Aquí les cuento la historia por si alguna autoridad educativa se entera y lo activa.
Pero antes, ¿qué cosa es un “fondo”, en la jerga del Estado? Cuando nos hablan de fondos normalmente los ciudadanos de a pie pensamos inmediatamente en dinero contante y sonante, pero para el Estado un fondo no es simplemente dinero, plata, chivilines, etc. Un fondo es una especie de “bolsillo” en el que el Estado (mediante un Ministerio o entidad de ese nivel) guarda recursos que tienen un objetivo específico, y cuya primera peculiaridad es que -a diferencia del resto del presupuesto público- no se devuelve a fin de año al tesoro, sino que se acumula e invierte.
El MEF es el responsable del manejo de los aproximadamente 50 fondos con que cuenta el Estado Peruano. Uno solo de ellos corresponde al Sector Educación, el mencionado FONDEP. El FONDEP fue una iniciativa de la entonces representante Gloria Helfer, en acuerdo con Mercedes Cabanillas del Apra y el Ministro Javier Sota, del gobierno de ese entonces, para financiar los proyectos innovadores que diseñaran los maestros del país para sus escuelas.
Esta idea inicial fue llevada al MEF para que le diera forma y no “chocar” con la caja del Estado; y ahí ocurrió un milagro: la iniciativa no se bloqueó, sino que fue mejorada. Un/a genio anónimo (dicho sin la menor ironía) pensó que la mejor forma de hacer esto era crear un fondo, como los que tenían otros sectores, por ejemplo, para extender la electricidad, los servicios de agua y desagüe, o la conectividad, pero en este caso para financiar actividades educativas, algo que, increíblemente, no existía en nuestro país. Y así, en esos términos, con una ley muy amplia en que se incluye todo tipo de actividades educativas, el Congreso aprobó el FONDEP por consenso; todo el Congreso votó a favor, hace tres lustros.
Pero ¿qué pasó después? ¿por qué nadie (o casi) ha sabido de esta maravilla? Y, sobre todo, ¿por qué nuestra educación no se benefició del fondo creado hace 15 años? Hay varias características que estos fondos (en general, no solo el FONDEP) deben tener para funcionar bien, que sería un poco largo enumerar, pero en primer lugar está contar con una fuente de recursos asegurada en su marco legal (o en la Ley del Presupuesto del año correspondiente) que el FONDEP no tiene, es un fondo que nació sin plata.
Pero además había poca comprensión de lo que un fondo podía hacer por la educación. Sus primeros directivos, interesados como estaban en el objetivo inicial de financiar innovaciones de los docentes, se pusieron a buscar plata en otras fuentes, por ejemplo, la cooperación internacional; y con esos recursos limitados, pasaron a ser ejecutores directos de pequeñas actividades en lugar de convertirse en la fuerte entidad financiera que podría haber sido.
Por lo mismo, el Fondo nunca funcionó como tal, y entre capacitaciones y pequeños concursos para maestros, su cartera de actividades se parece actualmente a la de una ONG, con la diferencia de que su gasto corriente lo pagamos los contribuyentes.
Una acción inmediata a favor de la educación peruana sería la recuperación de la función que su ley de creación le daba al FONDEP, profesionalizándolo para este objetivo, dándole un directorio de amplio espectro, dejándole la implementación de las innovaciones a las distintas direcciones del ministerio y también a entidades como los gobiernos regionales y otros actores, o combinarlas con operaciones de obras por impuestos, solo el cielo y nuestra imaginación les ponen límites a las posibilidades.
Y respecto a la plata para este fondo, anualmente una parte importante de los recursos de inversión en educación no llegan a ejecutarse y se devuelven, o se asignan muy tarde a alguna entidad regional para que figuren como ejecutados; ¿por qué no usarlos parcial o totalmente en un esquema de trabajo como el que hemos descrito aquí? Es como tener un tractor en el garaje por falta de gasolina, mientras desperdiciamos esta última.
Hoy en día, todos somos testigos de cómo nuestro Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dedica tiempo, recursos y esfuerzos en tratar de difundir la idea de que cualquier señal positiva que se observe en el ambiente productivo, financiero, fiscal y laboral, está ligada, en mayor o menor medida, a las decisiones que se puedan haber tomado estos primeros cinco meses de la actual administración gubernamental.
En ese contexto y en el marco de la caída que viene experimentando nuestro tipo de cambio, el MEF publicó, en redes sociales, un pronunciamiento que resulta interesante comentarlo a efectos de no perder objetividad y poder tener una idea más clara de cual podría ser el real derrotero de nuestro tipo de cambio este 2022.
Nuestro MEF ha señalado, por ejemplo, que “La cotización del dólar cerró hoy (12.01.2022) en S/3,897, el nivel más bajo registrado desde julio 2021, siendo la moneda peruana la que más se ha apreciado en comparación con nuestros pares de la región, fortalecida por la confianza en los sólidos fundamentos macroeconómicos del país. 1/4 pic.twitter.com/JTQ0EvDllP”
Varios temas a rescatar de esta primera parte del pronunciamiento del MEF. Primero, los sólidos fundamentos de nuestra economía han sido heredados por este gobierno, quieran o no, no son producto de su accionar. Segundo, con las señales que se vienen dando, más allá del ruido político, hasta hoy es poco probable que los fundamentos se sostengan. Por ejemplo, en materia fiscal aún no tenemos regla fiscal alguna al 2026 que nos permita avizorar la convergencia de sus principales indicadores. Tercero, la apreciación en la región latinoamericana tiene un origen básicamente exógeno: la aceleración de la inflación norteamericana y mundial. Cuarto, decir que nuestra moneda se ha apreciado más que otras es una observación parcial ya que debemos evaluar tendencias más que sobresaldos diarios.
Luego nuestro MEF continúa, “Esta solidez se refleja en el alto crecimiento económico y la mayor reducción del déficit fiscal en la región, así como en la recuperación de ahorros fiscales, factores que aportan a la recuperación de la fortaleza de nuestra moneda, que retorna a sus niveles de equilibrio.2/4”
El alto crecimiento económico del 2021 era esperado no solo por efecto estadístico, sino también como resultado de haber comprometido, durante gobiernos anteriores, no menos del equivalente al 20% del PBI en medidas contraciclicas de carácter fiscal y crediticio. Esa cifra solo es comparable con la magnitud de medidas aplicadas por el promedio de las economías avanzadas del mundo. ¿Qué posibilitó esto? El respeto a las reglas fiscales y el ahorro preventivo logrado en su momento. De otro lado, el crecimiento logrado de más del 20% durante el primer semestre del 2021, ya garantizaba gran parte de la cifra anual de crecimiento de la cual se ufana el actual gobierno.
De otro lado, es cierto que el déficit fiscal se ha reducido significativamente el 2021, de 8.9 a 3.0%, casi seis puntos de reducción. Solo a nivel referencia, nuestro déficit también se contrajo en más de diez puntos porcentuales del PBI entre 1990-91. Cuestión anecdótica. Volviendo al tema, si corregimos la reducción del déficit por efecto del impacto del incremento de los precios de los commodities mineros, donde la recaudación se incrementó en no menos de 2 puntos porcentuales del PBI, la reducción deja de ser tan espectacular como la quieren hacer notar y sólo será de tres a cuatro puntos porcentuales del PBI. Conclusión, debemos ser más realistas y sinceros con las cifras que damos a la opinión pública. Es bueno una cuota de optimismo, es malo que se tome por ingenuos a los agentes económicos.
“Y en línea con la rápida recuperación de la economía peruana, su solidez y el entorno internacional favorable, el índice de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se está recuperando significativamente en las últimas semanas, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2021.3/4 pic.twitter.com/P2rpPkQeqt”, dice nuestro MEF. La verdad, los éxitos en economía no se miden en el corto plazo. Cuando la FED en Estados Unidos inicie en el transcurso del presente año, el alza de su tasa de referencia, como ya lo ha anunciado, es claro que ello podría comprometer una nueva salida de capitales en economías como la peruana. En ese contexto lo que experimentaremos son sobresaltos cambiarios no previstos y una probable ola bajista de nuestra Bolsa. Lo importante acá es ser conscientes que si no fortalecemos el apoyo a la inversión privada, si no dejamos de llamar al cambio constitucional de manera integral, si no damos una señal mínimo a la recuperación de la gestión en nuestro sector público, no solo el tipo de cambio, sino también la Bolsa, mostrarán nuevos desbalances.
Finalmente, nuestro MEF señala: “Ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando y tomando acciones para mantener una economía sólida que permita seguir avanzando en la recuperación del empleo y la generación de mayores oportunidades para todos.4/4”. Seamos honestos, lo que debería hacer el MEF es fortalecer su nivel de credibilidad y para ello debe concentrarse más en evitar dar señales con poca claridad en materia fiscal, en evitar que sus pronunciamientos sean contradichos o minimizados por el mismo ámbito político del gobierno, en ordenar la capacidad de gestión de nuestro sector público. Sin ello, cualquier pronunciamiento de parte del mismo MEF podría “caer en saco roto”.
El mercado cambiario hacia el cierre del año, que es lo que importa, está en las actuales circunstancias rodeado de innumerables factores que hacen difícil su proyección. Cualquier desajuste mayor en el frente internacional, sea de origen geopolítico o financiero, podría llevarnos a un importante hipo cambiario. Lo mismo que cualquier desatino político en nuestro frente interno que acentúe la desconfianza del inversor regeneraría salidas adicionales de capitales que llevarían nuevamente nuestro tipo de cambio bastante por encima de los 4 soles. No podemos adelantar victoria alguna en nuestro frente cambiario. La historia no ha terminado.
A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.
“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).
El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.
Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.
“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice.
Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.
Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.
La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.
El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.
“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.
Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.
Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.
Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.
Buenas tardes, el instituto y desde el Minsa estamos trabajando para superar este problema y continuar prestando un servicio adecuado a la población
En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales
BUROCRACIA MÉDICA
En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas.Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.
En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.
Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.
La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.
Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.
Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.
“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.
Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.
Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.
“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.
Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.
Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.
A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y comoocurre ya en el régimen agrario.
Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero.
Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.
Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.
Sin debate
El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.
“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.
Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028.
Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.
Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.
Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.
Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.
“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio.
Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable.
Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.
Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante», asegura el tributarista Fernando Loayza.
Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza.
El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.
Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza.
Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.
Empresarios en Palacio
Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.
Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado.
El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio; Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.
La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.
Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.
Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal.
Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú.
El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca.
Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.
