MEF

Hoy en día, todos somos testigos de cómo nuestro Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dedica tiempo, recursos y esfuerzos en tratar de difundir la idea de que cualquier señal  positiva que se observe en el ambiente productivo, financiero, fiscal y laboral, está ligada, en mayor o menor medida, a las decisiones que se puedan haber tomado estos primeros cinco meses de la actual administración gubernamental.

En ese contexto y en el marco de la caída que viene experimentando nuestro tipo de cambio, el MEF publicó, en redes sociales, un pronunciamiento que resulta interesante comentarlo a efectos de no perder objetividad y poder tener una idea más clara de cual podría ser el real derrotero de nuestro tipo de cambio este 2022.

Nuestro MEF ha señalado, por ejemplo, que “La cotización del dólar cerró hoy (12.01.2022) en S/3,897, el nivel más bajo registrado desde julio 2021, siendo la moneda peruana la que más se ha apreciado en comparación con nuestros pares de la región, fortalecida por la confianza en los sólidos fundamentos macroeconómicos del país. 1/4 pic.twitter.com/JTQ0EvDllP”

Varios temas a rescatar de esta primera parte del pronunciamiento del MEF. Primero, los sólidos fundamentos de nuestra economía han sido heredados por este gobierno, quieran o no, no son producto de su accionar. Segundo, con las señales que se vienen dando, más allá del ruido político, hasta hoy es poco probable que los fundamentos se sostengan. Por ejemplo, en materia fiscal aún no tenemos regla fiscal alguna al 2026 que nos permita avizorar la convergencia de sus principales indicadores. Tercero, la apreciación en la región latinoamericana tiene un origen básicamente exógeno: la aceleración de la inflación norteamericana y mundial. Cuarto, decir que nuestra moneda se ha apreciado más que otras es una observación parcial ya que debemos evaluar tendencias más que sobresaldos diarios.

Luego nuestro MEF continúa, “Esta solidez se refleja en el alto crecimiento económico y la mayor reducción del déficit fiscal en la región, así como en la recuperación de ahorros fiscales, factores que aportan a la recuperación de la fortaleza de nuestra moneda, que retorna a sus niveles de equilibrio.2/4”

El alto crecimiento económico del 2021 era esperado no solo por efecto estadístico, sino también como resultado de haber comprometido, durante gobiernos anteriores, no menos del equivalente al 20% del PBI en medidas contraciclicas de carácter fiscal y crediticio. Esa cifra solo es comparable con la magnitud de medidas aplicadas por el promedio de las economías avanzadas del mundo. ¿Qué posibilitó esto? El respeto a las reglas fiscales y el ahorro preventivo logrado en su momento. De otro lado, el crecimiento logrado de más del 20% durante el primer semestre del 2021, ya garantizaba gran parte de la cifra anual de crecimiento de la cual se ufana el actual gobierno.

De otro lado, es cierto que el déficit fiscal se ha reducido significativamente el 2021, de 8.9 a 3.0%, casi seis puntos de reducción. Solo a nivel referencia, nuestro déficit también se contrajo en más de diez puntos porcentuales del PBI entre 1990-91. Cuestión anecdótica. Volviendo al tema, si corregimos la reducción del déficit por efecto del impacto del incremento de los precios de los commodities mineros, donde la recaudación se incrementó en no menos de 2 puntos porcentuales del PBI, la reducción deja de ser tan espectacular como la quieren hacer notar y sólo será de tres a cuatro puntos porcentuales del PBI. Conclusión, debemos ser más realistas y sinceros con las cifras que damos a la opinión pública. Es bueno una cuota de optimismo, es malo que se tome por ingenuos a los agentes económicos.

“Y en línea con la rápida recuperación de la economía peruana, su solidez y el entorno internacional favorable, el índice de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se está recuperando significativamente en las últimas semanas, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2021.3/4 pic.twitter.com/P2rpPkQeqt”,  dice nuestro MEF. La verdad, los éxitos en economía no se miden en el corto plazo. Cuando la FED en Estados Unidos inicie en el transcurso del presente año, el alza de su tasa de referencia, como ya lo ha anunciado, es claro que ello podría comprometer una nueva salida de capitales en economías como la peruana. En ese contexto lo que experimentaremos son sobresaltos cambiarios no previstos y una probable ola bajista de nuestra Bolsa. Lo importante acá es ser conscientes que si no fortalecemos el apoyo a la inversión privada, si no dejamos de llamar al cambio constitucional de manera integral, si no damos una señal mínimo a la recuperación de la gestión en nuestro sector público, no solo el tipo de cambio, sino también la Bolsa, mostrarán nuevos desbalances.

Finalmente, nuestro MEF señala: “Ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando y tomando acciones para mantener una economía sólida que permita seguir avanzando en la recuperación del empleo y la generación de mayores oportunidades para todos.4/4. Seamos honestos, lo que debería hacer el MEF es fortalecer su nivel de credibilidad y para ello debe concentrarse más en evitar dar señales con poca claridad en materia fiscal, en evitar que sus pronunciamientos sean contradichos o minimizados por el mismo ámbito político del gobierno, en ordenar la capacidad de gestión de nuestro sector público. Sin ello, cualquier pronunciamiento de parte del mismo MEF podría “caer en saco roto”.

El mercado cambiario hacia el cierre del año, que es lo que importa, está en las actuales circunstancias rodeado de innumerables factores que hacen difícil su proyección. Cualquier desajuste mayor en el frente internacional, sea de origen geopolítico o financiero, podría llevarnos a un importante hipo cambiario. Lo mismo que cualquier desatino político en nuestro frente interno que acentúe la desconfianza del inversor regeneraría salidas adicionales de capitales que llevarían nuevamente nuestro tipo de cambio bastante por encima de los 4 soles. No podemos adelantar victoria alguna en nuestro frente cambiario. La historia no ha terminado.

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Dólar, Economista, Juan José Marthans, MEF, Tipo de cambio

A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.

“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.

Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.

“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron”, dice. 

Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.

Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.

La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.

“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.

Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.

Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.

Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.

En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales

BUROCRACIA MÉDICA

En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). 

El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas. Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.

En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.

Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.

La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.

Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.

Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.

“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.

Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero. 

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.

Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.

“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.

Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.

Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.

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Cáncer, ESSALUD, INEN, medicamentos, MEF, Minsa, presupuesto, quimioterapias

A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y como ocurre ya en el régimen agrario.

Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero. 

Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.

Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.

 

Sin debate

El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.

Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028. 

Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.

Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.

Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.

Sin exposición de motivos plasmada en los decretos, hay que remitirse a la presentación del pedido de facultades legislativas del ministro Pedro Francke ante el Congreso. En ella solamente se señala que, luego de que se derogaron las leyes que favorecían al sector agrario en diciembre del 2020 (por las protestas), también se derogaron las mismas para el acuícola y forestal. Y no se restituyeron con las nuevas normas.

Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.

“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio. 

Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable. 

Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.

Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante”, asegura el tributarista Fernando Loayza.

Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza. 

El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.

Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza. 

Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.

 

Empresarios en Palacio

Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.

Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado. 

El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio;  Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.

La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.

Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.

Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal. 

Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú. 

Antes fue fundador de la Corporación Pesquera Inca (Copeinca), una de las empresas líderes en producción de harina y aceite de pescado en el país. La familia Dyer vendió esta compañía a la empresa China Fishery Group en la Bolsa de Oslo por US$223,2 millones en el 2013. 

El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca. 

Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Economía, MEF, Pedro Castillo, tributos

En una tarde de primavera de 1998, un grupo de amigos universitarios paseaba por la Plaza Francia, en el Centro de Lima, cuando un joven voluntario de salud se les acercó de pronto y se ofreció a hacerles pruebas gratuitas de VIH. Curiosos, extendieron el brazo para el pinchazo respectivo. Todos recibieron el descarte menos Julio Rondinel (53), entonces recientemente egresado de psicología de la Universidad San Marcos. Tenía 30 años.

En aquella época, recuerda Rondinel, el miedo al virus era muy fuerte y se consideraba una muerte casi segura, incluyendo sus consecuencias degenerativas. Existía, además, un nivel muy alto de discriminación y desconocimiento.

Ante la noticia, empezó a buscar información y contactos en ONG especializadas. Llegado el momento, Rondinel accedió a un fondo de su universidad destinado a cubrir los gastos del tratamiento con antirretrovirales. Luego consiguió un trabajo que le permitió tener la cobertura de EsSalud. “Ahí pude acceder a un estudio del laboratorio Bristol para la entonces medicina experimental Reyataz [un antirretroviral]. Desde 2001 tomo estos medicamentos, recuperé mi vida y seguí desafiando a la muerte día a día”, cuenta.

El VIH no es a lo único que tiene que enfrentarse. El hombre dice que el 2013 le diagnosticaron diabetes mellitus, una consecuencia de la ingesta prolongada de antirretrovirales. Y a eso se suma el desabastecimiento de medicinas del que ha sido testigo los últimos años.

Rondinel, quien también es director ejecutivo de la Asociación “Construyendo Caminos de Esperanza Frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido”, dice que el Ministerio de Salud (Minsa) debería entregar medicamentos por tres meses para evitar salir de casa tan seguido y así no tener que exponerse al Covid-19. Pero apenas se los dan por una semana o por un mes.

“Siempre enfrentamos el desabastecimiento de medicinas, por lo que muchas veces nos cambian estas sin respetar nuestro recetario. Esto nos expone a mutaciones más fuertes del virus”, cuenta. 

Trato de no angustiarme, pero cada vez que voy al hospital San José del Callao, donde me atiendo, y no hay medicinas, me altera mucho. Creo que un día moriré en el hospital gritando de impotencia”, agrega.

RECORTE

En el Perú hay alrededor de 91.000 portadores de VIH, de acuerdo a cifras del Minsa. El 70% recibe tratamiento. Los últimos años, sin embargo, el presupuesto del programa ministerial destinado a luchar contra este virus ha variado significativamente.

El presupuesto inicial del 2020 era de S/124 millones solo para la dirección de VIH. El año pasado el monto aumentó a S/164 millones. Pero para el 2022, serán apenas S/75,8 millones. En la misma partida está incluido el tratamiento para pacientes con tuberculosis.

Sudaca se comunicó con el MEF para que pueda explicar las razones detrás del recorte presupuestal. Desde la entidad aseguraron que la nueva distribución para el 2022 responde a “criterios de programación del sector Salud”.

Además, apuntan que los recursos para el tratamiento de TBC y VIH del 2022 “se encuentran programados en otras categorías de gasto, por lo que la disminución corresponde a un reordenamiento y no al desfinanciamiento de dicha finalidad”.

Desde el Minsa, sin embargo, dicen que parte de los recursos para la adquisición de suministros médicos de todo el sector podrían financiar lo que haga falta del programa de VIH. Lo cierto es que la noticia ha causado alarma en los portadores del virus.

Gichín Gamarra (41), diagnosticado con VIH en 2007, teme que el recorte signifique menos doctores, enfermeros y psicólogos que asisten a los pacientes. “Creo que el Minsa ha querido reducir costos y gastos, pero acá estamos hablamos de vidas”, dice preocupado.

Gamarra demoró ocho años en empezar a tomar medicamentos. En esas épocas, dice, someterse al tratamiento requería de ciertas condiciones, como tener niveles bajos de defensas de glóbulos blancos.

En los últimos seis años, se ha desempeñado como “instructor” de personas que padecen la misma enfermedad. Les brinda información, evalúa la necesidad o no de hacer públicos sus diagnósticos, da consejos sobre las relaciones que tienen con otras personas, etc. También es dramaturgo y ya ha montado algunas obras de teatro.

Gamarra reconoce que el sistema de salud provee tratamiento gratuito para el VIH, pero se lamenta por la falta de atención. Un problema son los lapsos de las evaluaciones clínicas a las que debe someterse. De acuerdo a Gamarra, antes una prueba para determinar la carga viral o la presencia de glóbulos blancos era cada mes o tres meses. Ahora se hacen anualmente. “Desde hace tres meses me vienen pateando”, se queja.

LOS INMIGRANTES 

La demanda por medicamentos no es exclusiva de los peruanos. En el país hay cerca de 3.500 venezolanos con VIH, según la información del Minsa.

“En Venezuela no se consigue tratamiento. Si te daban medicinas, estaban vencidas. Yo tenía que viajar desde San Fernando de Apure a Maracay, unas 12 horas entre ida y vuelta, solo para tener medicamentos gratis. De Venezuela me traje medicina, pero me duró solo unos cinco meses y estuve más de medio año sin tratamiento”, cuenta María Ruiz (30), quien llegó al Perú hace tres años con su familia. Fue en el 2016 que se enteró que tenía VIH.

En aquel entonces, tuvo que hacer malabares debido a la crisis de su país. Lo mismo le sucedió a Arnaldo Araque (28), un migrante que llegó hace cuatro años y que tiene el virus desde hace ocho.

Araque se enteró de que era portador cuando enfermó de una apendicitis. Entre las varias pruebas a las que se sometió, uno de los médicos que visitó le dijo que tenía el virus de Papiloma Humano y el VIH.

El fantasma del prejuicio lo acechó en Caracas, donde vivía solo. No buscó mayor ayuda en su país natal. Al dar el salto a Perú, además, le detectaron una neoplasia que se extiende y amenaza con convertirse en un cáncer.

Acá empezó a consumir los antirretrovirales. La pandemia, como es de esperar, no le ayudó y actualmente le cuesta mucho más conseguir citas médicas. 

“El motivo por el que todavía vivo acá es porque en Venezuela no tuve tratamiento. Aquí me dijeron que me darían un tratamiento más barato que en Venezuela, aunque en las últimas semanas me han cambiado el esquema de medicinas”, reconoce ante la realidad de lo que podría ser su 2022. 

El cambio de medicinas puede llevar a un tratamiento ineficaz, asegura. Y suele ser consecuencia de la escasez. Con menos presupuesto público, el fantasma del desabastecimiento de antirretrovirales acecha. Los pacientes con VIH que dependen de la salud pública no comienzan el 2022 con tranquilidad. 

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MEF, Minsa, vih

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Es una lástima que Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, no haya aceptado las invitaciones que le han hecho desde Palacio emisarios de Castillo para que aceptara ser Premier de este gobierno (es una lástima también que haya desmentido, presuroso, lo que diversas fuentes altamente confiables nos confirmaron como un hecho producido -la propuesta-, pero entendemos que existen algunos desvelos institucionales que ha preferido resguardar).

En todo caso, lo importante es que en Palacio hayan pensado en un personaje como él. Ello indicaría claramente que hay una posibilidad cierta de que se produzca un golpe de timón hacia posturas más centradas, más proinversión, y que se descartaría escenarios radicales o de confrontación política, como aún muchos sectores sociales del país temen.

Márquez representa, además, una postura empresarial cercana al mundo emprendedor y alejada de los grandes grupos de poder, a los que probablemente Castillo ve con desconfianza. Es el empresariado cholo emergente el que simboliza el presidente de la SNI y al que, por lo conocido, el Primer Mandatario buscaba acercarse.

Si en este camino de Damasco -ojalá no pequemos de ingenuos-, que podría recorrer el Presidente, busca y encuentra alguien de ese perfil, cambiaría por completo la perspectiva política del país. Para bien. Nos alejaríamos del desmadre constitucional y el colapso inversor. Aprovecharíamos el boom global de la economía internacional y podríamos alcanzar niveles de recaudación fiscal de tal envergadura que se podrían hacer realidad los sueños institucionales de la izquierda que representa Castillo (una salud y educación públicas de primer orden), sin necesidad de transitar caminos revolucionarios autoritarios y antidemocráticos.

El problema es que muy pocos -también se ha invitado a tecnócratas de una línea promercado a ocupar el MEF- aceptan el encargo, porque Castillo tiene que dar muestras de sensatez gubernativa que hagan creíble su invitación. Con Sarrateas de por medio, con el círculo hiperactivo de lobistas chotanos y con la cercanía de cerronistas y fenatepistas, es difícil que alguien sensato crea que lo están llamando para poner en escena una conversión auténtica y no simplemente como un objeto decorativo de una escenografía mostrenca con la que no se va a llegar a ninguna parte.

Si Castillo, efectivamente, se ha dado cuenta que el camino de la gobernabilidad requiere de un salto cualitativo, político y económico, pues tiene que empezar a darlo, dando muestras claras y evidentes de que la limpieza ha empezado por casa.

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MEF, Pedro Castillo, Ricardo Márquez, Sociedad Nacional de Industrias, tecnócratas

Va a ser muy difícil que el Congreso apruebe la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica que el Presidente y la Premier han remitido ayer al Parlamento.

El proyecto demuestra consistencia y detalla, en una amplia exposición de motivos, las razones que fundamentan su solicitud. En principio, queda claro, que el gobierno apunta a un mayor peso fiscal, sea por controles de evasión o elusión, como aumento de algunos impuestos. Es, por cierto, lo que el ministro Francke se la ha pasado anunciando durante toda la campaña electoral y en esa medida no llama a sorpresa.

El problema entre manos, sin embargo, es político. ¿Cómo confiar en que el Presidente no se entrometerá en asuntos económicos que no le competen y termine generando alguna norma Frankenstein que distorsione el espíritu y el sentido del paquete que quiere aprobar el MEF?

Los exabruptos presidenciales dejan honda huella en el sector empresarial, que inmediatamente activa recelos y temores, quizás algo exagerados, pero entendibles dada la retórica inflamada que hasta hace poco exhibía el ala cerronista del régimen y el afán no descartado del Presidente de desplegar una ruta hacia la Asamblea Constituyente.

En esa medida, va a ser necesario que el ministro Francke se prodigue en los medios y eventualmente ante el Congreso a explicar con el mayor detalle posible sus proyectos, o que eventualmente los explicite aún más de lo que ya lo están en el proyecto presentado, de modo tal de reducir la incertidumbre.

Es verdad que el Congreso, a posteriori, puede corregir, anular o derogar las normas que el Ejecutivo apruebe en base a la delegación de facultades, pero ello no reduce la inquietud existente en muchas bancadas respecto de las sorpresas o bombas que desde el gobierno se puedan perpetrar en las materias señaladas (tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica).

A ver si este escenario termina de convencer al Primer Mandatario de la urgencia imperativa de que controle su irresponsable verbo, que entienda que está frente a una realidad política que lo contiene (un Congreso mayoritariamente opositor) y que, en esa medida, necesita mostrar tino y cautela. Los que pueden terminar pagando las consecuencias de su inimputabilidad política son la Premier, con el voto de confianza, y el ministro Francke, con la delegación de facultades.

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El pasado 14 de octubre, el Ministerio de Salud presentó con bombos y platillos un protocolo de semipresencialidad, luego de una reunión con los rectores de universidades públicas y privadas. Pero el documento no está terminado, según diversas fuentes del Ejecutivo con las que conversó Sudaca. De hecho, todavía hay reuniones con los rectores para afinar la versión final. 

Eso no es, sin embargo, lo que más preocupa a las universidades. Los rectores de las universidades públicas están insatisfechos con el presupuesto que se les ha asignado para afrontar la “nueva normalidad”.

Para Américo Guevara, rector de la universidad Agraria La Molina, las demandas presupuestales para enfrentar el regreso a clases semipresenciales han sido toreadas por el MEF. Así, la adecuación de comedores, bibliotecas o laboratorios se ha quedado en suspenso puesto que no hay recursos. 

“Al MEF hicimos requerimientos mínimos para trabajar en condiciones normales bajo la semipresencialidad. El documento final de lo que nos otorgarían lo vamos a tener en estos días, pero es preocupante. Es como si el MEF estuviera interesado en destruir a la universidad pública y no mejorarla”, dice Guevara, también presidente de la comisión de presupuesto de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp).

De acuerdo a esta asociación, 13 universidades públicas tuvieron recorte presupuestal en ‘personal y obligaciones sociales’; 31 fueron recortadas en ‘bienes y servicios’; y 25 en ‘pensiones y otras prestaciones sociales’, de acuerdo al proyecto de ley de Presupuesto remitido al Congreso y cuya fecha tope de aprobación es el 30 de noviembre.

Hasta inicios de este mes, aún durante la gestión de Juan Cadillo, el Ministerio de Educación (Minedu) estuvo pujando por un mayor presupuesto para implementar la semipresencialidad el 2022. Esta cartera había solicitado S/894 millones, pero el MEF solo asignó 87, menos del 10% de lo demandado y menos de 30% respecto a lo otorgado en 2021 para el “plan de emergencia remoto”.

Documento interno del Minedu revela lo demandado al MEF y lo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022.
Documento interno del Minedu revela lo demandado al MEF y lo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022.

 

Las cifras quedaron plasmadas en un documento interno del Minedu al que accedió Sudaca. En este se analiza la situación financiera en la que se encuentra el sector para afrontar el retorno a las clases. Se lee, por ejemplo, que la falta de dinero “limita la capacidad del Estado para apoyar la mejora de la formación de los 360.000 estudiantes de las universidades públicas”.

El documento también señala que se puso en riesgo una serie de incentivos para el sistema de educación universitario, como los convenios de gestión mediante los cuales el Minedu transfiere recursos a las universidades públicas, o el Bono del Docente Investigador, lo que afectaría directamente a 500 docentes.

En busca de apoyo, la Anupp dice haberse reunido dos veces con el MEF en setiembre. Según Américo Guevara, en la segunda de esas citas se les dijo que no había nada que hacer porque la ley de Presupuesto ya se había remitido al Congreso.

La Anupp le tocó la puerta ese mismo mes al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña (APP). Guevara le explicó que era necesario revertir el recorte presupuestal del sector.

El rector también le manifestó su preocupación por la ley 31349 del 18 de agosto, que autorizaba el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas. Aquellos nombramientos estaban en suspenso por la falta de dinero, así que le pidieron intermediar con el MEF para que pudiera reunirse con los rectores.

Acuña dirigió un oficio al ministro Francke el 28 de setiembre en el que se solicitaba la reunión. Esta se llevó a cabo el último viernes por la tarde, entre los rectores y el viceministerio de Hacienda. Una fuente que asistió a dicha cita dice que el MEF se comprometió a “analizar el incremento de partidas”, pero que no hubo un acuerdo concreto.

Consultado el MEF por estos cuestionamientos, señalan que el proyecto de ley del Presupuesto del 2022 se “realizó de manera consensuada con todos los sectores, incluyendo el de Educación”, algo que desde la Anupp desmienten.

El MEF también asegura que se atiende las demandas del sector tanto para la educación a distancia como para el retorno a la semipresencialidad. “El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las universidades públicas para el 2022 para gastos de capital asciende a un total de S/1.002 millones, un alza frente al PIA de 2021 de S/842 millones”, indica el MEF a Sudaca. No señala, sin embargo, cuánto es la partida que le tocará al retorno a la semipresencialidad, que debe salir de este presupuesto general.

UN FANTASMA EN EL MINEDU

Otro punto que genera zozobra es la falta de apoyo de la nueva gestión del Minedu, a cargo de Carlos Gallardo. A diferencia de Juan Cadillo, que estuvo liderando las demandas de las universidades públicas, el nuevo ministro mantiene un silencio sepulcral. De hecho, no ha habido reunión con los rectores a dos semanas de su asunción.

Lo mismo consideran en la Sunedu, una entidad que se ha sentido marginada de las coordinaciones del retorno a las aulas. Fuentes en dicha entidad indicaron a Sudaca que ni siquiera se enteraron de la reunión entre el Minsa y los rectores para afinar los protocolos. Tampoco tienen comunicación con Gallardo.

“Con Cadillo se llegó a tener un diálogo fluido, pero con el nuevo ministro nada. Hace una semana, en la despedida de Cadillo, Gallardo dijo que la línea de trabajo del ministro saliente se mantendría, así como el apoyo a la Sunedu, pero no hemos sabido nada más”, indica una fuente de la Sunedu.

El pasado 18 de agosto, en una reunión que sostuvo un equipo técnico del Minedu con el Consejo de Ministros para hablar sobre la estrategia del ingreso universal a universidades -una promesa de campaña de Pedro Castillo-, se explicaron los lineamientos para llevar a cabo esta iniciativa.

Según una fuente presente en la reunión, el ministro de Economía, Pedro Francke, se mostró de acuerdo, pero añadió que también era “importante apoyar a las universidades públicas para la semipresencialidad”. Todo parece, sin embargo, haber quedado en intenciones. ¿Los universitarios? En la incertidumbre.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 221: Renuncia el representante del MEF en Indecopi. Velarde dice que ha aceptado quedarse. ¿Por qué le cuesta tanto al oficialismo el tema Sendero? Y David orgulloso de salir en Cosas.

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