UNI

En Abril de 1777, el curaca y noble cusqueño José Gabriel Condorcanqui, tras larga y agotadora travesía, llegó a la capital virreinal con el objetivo de hacerse escuchar por el Presidente y los oidores de la Audiencia de Lima. Sus demandas eran dos: que se le reconociese como legítimo heredero de Túpac Amaru I, el último de los Incas de Vilcabamba, y que los indígenas bajo su responsabilidad  -pues regentaba los cacicazgos de Pampamarca, Tungasuca y Surimana- fuesen eximidos de la cruel mita minera de Potosí, que sometió a millones de personas a los trabajos forzados más inhumanos.

Las autoridades limeñas desoyeron las peticiones de quien, desde noviembre de 1780, encabezó la mayor rebelión indígena de los tiempos coloniales. Lima le dijo que no y es que Lima siempre le ha dicho que no a la sierra y al mundo andino, por más de que muchos limeños, entre los que me incluyo, quisiéramos que las cosas fuesen diferentes. El tema es que no lo son.   

Cuando tras los luctuosos sucesos de diciembre de 2022 y enero de 2023 vinieron a Lima los estudiantes de la sierra sur del Perú con finalidades no iguales, pero sí análogas a las de José Gabriel Condorcanqui en 1777 -ser escuchados y atendidos en sus demandas por el gobierno central- el resultado no solo fue el mismo, fue aún peor. La represión estatal continuó, solo que en Lima casi no dispararon a matar. Porque, al igual que en el Perú de Túpac Amaru II, una cosa es morir en las alturas y otra muy diferente es alcanzar el más allá acariciado por la brisa marina de nuestro primer puerto litoral, el Callao. 

El Dr. Alfonso López Chau comprendió la situación. Y aquí no me interesa encaramar un caudillo con características providenciales, paternalistas y mesiánicas. Lo que quiero decir es que hubo una autoridad limeña -chalaco para ser exacto- que sí escuchó, que sí atendió, que sí acogió a quienes venían de tan lejos. Y ese solo hecho, aparentemente banal, podría significar un giro de tuercas en la historia del Perú. 

Al contrario, qué abyectos aquellos otros eventos que evocan la perniciosa permanencia del coloniaje en el rancio reloj de nuestra historia. Aquella tanqueta derribando las puertas de la emblemática San Marcos, por orden de sus propias autoridades, dispuestas a atacar a los estudiantes provincianos que habían encontrado cobijo en la Decana de América es un recuerdo para el oprobio, uno más. El gesto de la UNI, en cambio, es excepcional. Es de aquellas imprevistas victorias del bien en el lóbrego reino de la infamia. 

El Partido

Tras el gesto, inesperado para quienes llevan casi medio millar de años recibiendo de Lima las mismas respuestas, el rector de la UNI fue invitado por su par puneño de la universidad del Altiplano, Paulino Machara. Lo que pasa es que en Lima no entendemos muy bien eso de la reciprocidad andina, que tuve la suerte de aprender en las aulas universitarias escuchando las inolvidables lecciones del maestro Franklin Pease. Alfonso López Chau no fue un patriarca. Fue dos cosas al mismo tiempo: el Estado, la autoridad que escucha un clamor; y fue también mi igual, parte de mi comunidad, de mi red de parentesco, de mi familia; alguien a quien debo retribuir con mi gratitud. 

La reciprocidad, el ayllu gigantesco, se expandieron por casi todas las universidades públicas del Perú, serranas la mayoría. Estas decidieron apostar, de nuevo y otra vez, por la utopía. No por la utopía andina, sino por la utopía peruana y entonces pensaron en un partido político, uno de verdad, uno de esos que tuvimos hace ya varias décadas pero que ya no tenemos más. Y entonces surgió la idea de Ahora Nación.

He visto, ni de cerca, ni de lejos, sino desde la medianía, la construcción de este nuevo partido político. Allí no hubo plata como cancha, allí no hubo poleras, ni billetes, ni pisco, ni butifarras a cambio de la inscripción. Allí hubo pueblo, pueblo y juventud, pueblo con juventud de la mano. Y pueblo más juventud fundaron ochenta bases provinciales e inscribieron muchísimos más militantes de los que exige la ley. El 25 de julio presente, la utopía finalmente se echó a andar: El JNE declaró inscrito a Ahora Nación. 

Propuestas e ideario

¿Cómo definir ideológicamente al Perú? “No se puede” parece ser la respuesta más sensata y más en un país cuyas raigambres culturales no han logrado hasta ahora conciliarse en una nación que podría ser multicultural y al mismo tiempo perseguir las mismas metas, aquellas metas generales que atañen el desarrollo material y espiritual de la sociedad en su conjunto. 

Yo siempre he creído que el Perú, si se le quiere definir en dos o tres palabras, es de izquierda democrática, o de izquierda moderada, al menos la mayoría de los peruanos. Mi conclusión es más sencilla de lo que parece. Conservador es quien prefiere mantener, quien prefiere no cambiar. En el Perú no podemos ser conservadores porque tenemos que cambiarlo todo o casi todo. Para iniciar el recorrido de un proyecto nacional que nos conduzca al desarrollo tenemos que arrinconar no solo a la corrupción, sino a la cultura de la corrupción que pésimos gobernantes han sembrado en nuestra colectividad. Y ese solo hecho, y esa sola meta, y esa sola utopía contienen una vigorosa impronta revolucionaria. 

Pero también somos pacíficos: revolución no implica violencia. Por eso la sierra le dio la espalda al terrorismo hace cuatro décadas, por eso valió tanto el gesto de López Chau con los estudiantes puneños. Parece una quimera, pero los gestos de unión, de amistad y de querencia son los que encabezarán el cambio, son el hilo conductor de la reconciliación nacional que llevará a construir esta nación que, una vez consciente de sí, transitará imparable hacia el desarrollo. 

Por eso, en las entrelíneas del acta fundacional de Ahora Nación, que he leído antes de escribir esta nota, no parece haber espacio para el odio. El gran Perú discriminado será reivindicado sin una guerra de razas. La mujer, tantas veces excluida y maltratada, será incluida y reivindicada sin promover la guerra de los sexos, y el poder judicial será implacable en castigar a los corruptos pero sin disparar una bala. La sentencia, la palabra escrita, la justicia y la universalidad de los derechos se convertirán en las armas implacables de la transformación socioeconómica y cultural. 

Por eso López Chau acentúa tanto la importancia de desarrollar infraestructura y producir manufacturas modernas que nos conecten, no solo con Chancay, sino con la ruta de la seda China que pasa por Chancay. Así como acentúa la inaplazable apuesta por la educación y la inversión en ciencia y tecnología. Ahora Nación está pensando en la base. Un edificio se construye siempre desde sus cimientos, y no desde el último piso hacia abajo. Si lo sabrá el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

No diré más por ahora. De los planteamientos en concreto hablarán los voceros de un partido que, no hay que olvidarlo, apenas nato, no es más que una bella utopía. El tiempo dirá si logra convertirse en realidad. 

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DEUDAS QUE APRIETAN

Pablo Ramos nos envía una serie de informes de la Contraloría General de la República que también avalan la deuda generada por Elmar Franco. En uno de estos, de agosto del año pasado, el órgano de control advertía que la universidad había requerido servicios sin la documentación requerida, “generando desorden administrativo y compromisos para la ejecución de obras sin contratos”.

El último de los informes es de mayo de este año y le atribuye a Elmar Franco haber “gestionado e impulsado” la prestación de servicios de tres empresas “evadiendo la aplicación de las normas de contratación del Estado”. “Yo tengo todos los dosieres de calidad [documentos que certifican la calidad del servicio], registros fotográficos, las actas de entrega, la conformidad del decano. Los trabajos se hicieron, pero me faltaba el documento principal: el contrato”, dice, por ejemplo, César Sánchez, gerente general de César y Francisco Contratistas (Ceyfra).

Su empresa exige a la universidad que le pague S/480,857.08 por la instalación de un sistema de tuberías para las plantas de seis hospitales. Los trabajos, asegura, culminaron a mediados del año pasado. Incluso, los médicos de dichos hospitales firmaron actas de recepción de los trabajos. “Nosotros estamos preocupados. Yo ya he tenido que honrar mis deudas con nuestros proveedores y he pedido préstamos al banco para eso”, asegura Sánchez.

Contraloria y actas de entregas
La Contraloría señaló en mayo que Ceyfra contaba con actas de entrega de obras en Puno, La Libertad y Áncash suscritas por representantes de los hospitales.

Otra de las afectadas es Gomsay SAC, que construyó tres módulos donde iban a funcionar las plantas de oxígeno, en hospitales de Chincha, Puno y San Martín. Por el trabajo reclaman S/1’125,000. En la empresa aseguran que confiaron en la palabra de Elmar Franco, quien expidió a favor de esta compañía una constancia de que venían trabajando en el proyecto ‘Oxigena 47’. Las obras las entregaron en marzo del año pasado.

“Primero quedamos con el decano [Franco] en que nos iban a pagar a la mitad de la obra. Como no lo hicieron, yo paré. Pero nos pidieron que apoyemos, que la gente se estaba muriendo, así que terminamos la planta de Chincha. Pedí que me paguen, pero sacaron otro argumento: que había que entregar cinco plantas antes. Entonces nos fuimos a Ayaviri (Puno), luego a Lamas (San Martín). Cuando retorné a Lima, empezaron los problemas con todos los proveedores”, dice el gerente de esta constructora, Lizandro Sayas.

“Lo que yo entiendo es que no es responsabilidad de las empresas. Fueron ellos [la UNI] los que hicieron una gestión nefasta. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Me siento estafado por mi propia casa de estudios”, añade Sayas, exalumno de esta universidad.

A esta firma se suman las empresas Gringe, Hitex y Vadomo. Esta última reclama una deuda de S/460,000 a la UNI por la elaboración de 26 expedientes técnicos. “Mi representada cumplió al 100% con la entrega, servicio que fue recepcionado por los profesionales del proyecto a entera satisfacción, brindándonos la conformidad total de los servicios (…) sin embargo, no tenemos respuesta de la formalidad de nuestros pagos”, se lee en una carta enviada por el consorcio a la universidad.

informe de Coramsa
Izquierda: parte del informe de Coramsa que muestra la obra que entregó en Cajamarca. Derecha: el trabajo realizado por Gomsay en Chincha.

LA POSICIÓN DEL RECTORADO

En noviembre del 2021, Vadomo envió a la UNI una invitación a conciliar. El área legal de esta casa de estudios, sin embargo, se negó. Esta oficina señaló que las actas de recepción de las obras habían sido firmadas por personas diferentes al decano de la facultad y que no había “el soporte legal necesario para efectuar el pago, dado que no se observa documentación alguna que cumpla con los estándares de la ley de contrataciones del Estado”.

“El rector solo puede firmar cuando tiene el visto bueno del área legal y del área logística”, dice el rector de la UNI, Alfonso López Chau, quien heredó este problema cuando asumió el cargo en diciembre pasado. El economista señala que lo primero que deben hacer las proveedoras es hablar con la persona que las contrató (Elmar Franco) y este debe, a la vez, darle explicaciones del aval con que lo hizo. Hasta el momento, dice, eso no ha ocurrido.

López Chau también muestra una resolución rectoral que explica los requisitos para que un proveedor pueda exigir una deuda generada en años anteriores por la universidad, entre estos la orden de servicio que nunca les llegó a varios proveedores. Hasta el momento, no hay ninguna empresa que haya prestado servicios a la facultad de Ingeniería Mecánica que se haya sometido a este procedimiento, dicen desde el rectorado. “Seguramente porque incumplen los requisitos”, aseguran.

Las compañías, sin embargo, tienen pruebas de que, efectivamente, se brindó un servicio. Los empresarios entrevistados por Sudaca reiteran que actuaron de buena fe. “Yo dudo de ese argumento. Si ellos conocen las normas legales, nunca debieron hacerlo [el servicio]”, responde López Chau.

Actualmente, hay una comisión de investigación en marcha contra la gestión desastrosa de Elmar Franco a cargo del proyecto ‘Oxigena 47’. Sus conclusiones deben conocerse en siete días y lo más seguro es que las deudas asumidas por este serán parte de su historial de negligencias. Sudaca lo contactó para obtener sus descargos, pero prefirió el silencio. A la fecha sigue haciendo de las suyas al frente de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI.

Alfonso López Chau
Alfonso López Chau, rector de la UNI desde diciembre del 2021. Se apega al reglamento de su institución y no cree en la “buena fe” de las empresas.



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Cuarentena, Martín Vizcarra, UNI

Las universidades del país se vienen preparando para un 2022 complejo, entre la presencialidad y la virtualidad. Por eso, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las más prestigiosas, buscó desde agosto del año pasado a una empresa que le diera el servicio de proctoring. Es decir, un sistema de supervisión para exámenes virtuales.

La empresa que resultó escogida fue Seidor Technologies Perú SAC. Esta tiene una amplia experiencia en el rubro, pero no necesariamente positiva. En julio del 2020 fue contratada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para supervisar sus evaluaciones virtuales durante un año. En ese periodo se realizó el primer examen de admisión virtual de dicha casa de estudios, que terminó con denuncias de todo tipo. Hubo desde capturas de pantalla donde los postulantes compartían sus respuestas, hasta personas -miles- que no pudieron ingresar al sistema.

A pesar de ese antecedente, la UNI decidió otorgarle la buena pro a Seidor el pasado 13 de enero. El proceso de contratación estuvo marcado por irregularidades y cambios tardíos que han levantado sospechas. Además, la compañía ofreció el mismo sistema que utilizó en la San Marcos durante el examen fallido. La denuncia sobre este caso ya llegó a la Contraloría General de la República.

 

Experiencia manchada

Seidor es una multinacional tecnológica con presencia en 32 países del mundo. En el Perú le han brindado sus servicios a diversas casas de estudio. Entre sus clientes se encuentran la Universidad Cayetano Heredia, la UNI y la San Marcos.

A la Decana de América, Seidor le dio el “servicio de monitoreo de actividades y seguridad informática en la aplicación de exámenes virtuales” desde el 15 de julio del 2020 hasta la misma fecha del año siguiente. Por esta labor recibieron S/575.422,30, de acuerdo al portal del OSCE.

Durante ese periodo, el 2 y 3 de octubre del 2020, se realizó el primer examen de admisión virtual de la San Marcos. Una evaluación que terminó convirtiéndose en un martirio para los postulantes. La plataforma que utilizó la universidad en el examen se llama Smowl. Así lo detalla uno de los tantos comunicados que sacaron para limpiar su imagen luego del escándalo. 

Ese el mismo servicio que ganó el concurso para supervisar los exámenes de la UNI. Se trata de un “sistema continuo de autenticación y monitoreo de estudiantes utilizando el reconocimiento facial”, de acuerdo a la documentación que presentó Seidor a la universidad de ingeniera en el proceso que acaba de ganar. Ahí también, bajo declaración jurada, se acreditan como representantes de Smowl en el Perú.

Pero aunque Seidor lo venda como el mejor sistema, para Alejandra Vela fue más que un dolor de cabeza en octubre del 2020, cuando quiso postular a la San Marcos. “El servicio Smowl, por el cual se desarrolló el examen virtual, nos pedía una determinada capacidad de memoria, velocidad de Internet, nitidez de la cámara. Una serie de requisitos que excluía a los postulantes que somos de bajos recursos”, asegura la joven, exvocera de la Coordinadora de Postulantes de la UNMSM, organización que reúne a los perjudicados por ese proceso de admisión. Ella tuvo que trasladarse de su casa en Comas a San Juan de Lurigancho donde le prestaron una computadora que sí cumplía con las expectativas de Smowl.

“En mi caso me dejaron en la sala de espera, aguardando que el anfitrión me dé acceso, a pesar de que ingresé a tiempo. Como parte del procedimiento, debías ingresar a una especie de intranet y luego a un Google Meet. No fui el único caso”, explica Esteban Godofredo, otro expostulante que no pudo rendir la prueba aquel día.

Ese examen del 2020 estuvo marcado por los reportes de alumnos que no pudieron ingresar por fallas del sistema, pero también por las denuncias de plagio. “El examen de admisión se había filtrado. Hubo capturas del programa Discord [una red social] donde habían transmitido el examen. También mensajes de WhatsApps donde se pedían las claves [de las respuestas]. Además, denuncias de alumnos que entraron sin cámara, algo que las autoridades dijeron que no estaría permitido”, señala Alejandra Vela.

Para José Luis Pérez, en ese entonces consejero universitario y hoy representante del Tercio Estudiantil de la San Marcos, no hay dudas en las fallas del sistema informático. “La universidad mencionó que el programa tenía una inteligencia artificial que detectaba cuando estabas mirando a otro lado. Si te movías o te salías del enfoque, ese sistema supuestamente enviaba una alerta para que verifiquen si estabas ahí. Eso no se dio. En la práctica, una compañera incluso pudo ir al baño y nadie le observó el examen”, recuerda el dirigente estudiantil.

Seidor se defiende diciendo que su sistema no evita plagios, sino que solo los reporta. Sobre las quejas de los alumnos que no pudieron ingresar al sistema, sin embargo, no dicen nada.

“Efectivamente Seidor trabajó en el examen de admisión del 2020 con la UNMSM, fuimos sus proveedores tecnológicos del proctoring, el cual en ningún momento falló. Smowl no es una herramienta restrictiva que bloquea el navegador y por tanto no restringe que los usuarios no puedan copiar texto, pantallazos o demás actos indebidos. La herramienta lo que hace es monitorear de principio a fin lo que hace el estudiante para que al finalizar el examen, los supervisores (la institución) revisen los informes que han detectado todos estos actos”, contestó Seidor a Sudaca. 

De acuerdo a Alejandra Vela, en esa evaluación fallida postularon alrededor de 28.000 personas, de las cuales 14.000 no pudieron dar el examen por fallas del sistema. Godofredo y ella tuvieron rendir la prueba al año siguiente e ingresaron, pero aseguran que aún existen reclamos de algunos jóvenes a los que no les han devuelto el dinero. Dependiendo del colegio de procedencia y el tipo de examen, estamos hablando de entre S/350 y S/1.600.

 

Extraño proceso

El camino que recorrió Seidor para obtener la buena pro de la UNI y supervisar sus próximos exámenes remotos estuvo, por decir lo menos, marcado por irregularidades. Mediante concurso público, la Oficina Central de Admisión de la universidad (OCAD) convocó a empresas nacionales a comienzos de agosto del año pasado. Se presentaron dos. Una fue Seidor y la otra Cipli Research Center SAC. 

El pedido de la OCAD fue para el monitoreo de 58.400 evaluaciones virtuales de todo tipo, no solo de admisión. Luego de hacer un estudio de mercado, fijaron el valor estimado del servicio en S/980.536. La oferta de Seidor fue de S/1.035.961,94 y la de Cipli de S/1.062.720. Después de analizar ambas, la UNI colocó primera en el orden de prelación a Cipli.

El cuadro de evaluación económica del concurso público declarado desierto. Cipli había quedado primera en el orden de prelación.

Sin embargo, el 28 de agosto del 2021, el comité de selección de la UNI declaró desierto el proceso, acusando falta de presupuesto, y rechazó la oferta de Cipli. “Esta dependencia no cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el excedente”, se lee en el acta. La diferencia entre el valor que habían estimado para el servicio y la oferta de Cipli era de poco más de S/80.000. 

Un proceso queda desierto cuando no se reciben ofertas o ninguna es válida, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando existe un problema presupuestal, según Cristian Castillo, abogado especialista en la materia, el área encargada de la contratación puede negociar con el ganador. “Normalmente lo que sucede es que le mandan una carta o correo al postor ganador diciéndole que el presupuesto alcanza hasta cierta cantidad y piden que se rebaje el precio. Es decisión del postor, en este caso Cipli, si acepta o no”, explica. 

Sin embargo, eso no ocurrió. “Nunca se nos acercaron. Si lo hubieran hecho, hubiésemos aceptado”, asegura Lester Vargas, directivo de Cipli en comunicación con Sudaca. Lo que hizo la UNI fue reiniciar el proceso, bajo la figura de adjudicación simplificada, y convocó a las empresas el 22 de diciembre del 2021. Antes la universidad envió un mensaje a los postulantes que, además de ilegal, parecía dejar todo decidido. 

En su solicitud de cotización a Cipli, a fines de octubre pasado, la UNI le pidió una marca en específico: la plataforma Smowl y su versión avanzada Smowl+. Este era, precisamente, el servicio que ofrecía el otro postor y futuro ganador, Seidor. La plataforma que ofrecía Cipli se llama FractalUp.

La primera cotización que envió la UNI a Cipli donde consignaban la marca «SMOWL y SMOWL+» que ofrecía Seidor, el otro postor y posterior ganador.

Este tipo de especificaciones está prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al abogado Cristian Castillo. “Yo no puedo lanzar una convocatoria para carros diciendo que deben ser Toyota. Eso sí sería irregular”, explica. 

Cipli pidió una explicación a la universidad y le respondieron en una carta que se trató de “un error” y que sería corregido de forma inmediata. Dicho y hecho, en una posterior versión del pedido de cotización ya no aparecía el nombre de Smowl. Pero el anuncio de la marca de su preferencia ya estaba dado.

En el nuevo proceso también se cambiaron las cifras de forma incomprensible. En el concurso anulado, de agosto, el pedido era que el servicio cubra a 58.400 cuentas online por un valor estimado de S/980.536. Para la adjudicación simplificada, la cantidad de cuentas ascendió a 90.000. Lo lógico, al crecer el pedido, hubiese sido que aumentara el valor referencial. Sin embargo, este se redujó a S/955.800.

Es decir, el pedido de la UNI aumentó considerablemente, pero el valor referencial para el servicio decreció. Lo mismo ocurrió con la oferta que hizo la empresa que había perdido en primera instancia y que ahora, terminaría siendo la ganadora. Y es que Seidor bajó su oferta a S/ 946.132,31. Solo Cipli, viendo que le exigían un servicio mayor, la aumentó a S/1.285.020.

Así, el pasado 13 de enero la UNI le otorgó la buena pro a la compañía protagonista del accidentado examen de San Marcos del 2020. En respuesta a Sudaca, la UNI atribuye los cambios en las cifras al nuevo estudio de mercado realizado para la adjudicación simplificada. 

“Dicho monto es el resultado de las actuaciones preparatorias, esto es, solicitar a los potenciales proveedores sus respectivas cotizaciones a efectos de conocer el monto estimado para el servicio a contratar. Prueba de ello, es que se obtuvo tres cotizaciones”, dice un comunicado de esta casa de estudios. Si bien la universidad menciona tres ofertas, en el cuadro de evaluación económica sólo aparecen dos: Seidor y Cipli.

La UNI continuó con este proceso de contratación a pesar que en diciembre, un mes antes de otorgar la buena pro, acordaron mediante resolución rectoral que el examen de admisión 2022-1 será presencial.

Para David Ramos, presidente de la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI), máximo órgano estudiantil de la universidad, esto se debe a que la UNI no descarta que la pandemia empeore. “Nosotros como estudiantes hemos exigido un examen presencial. Se logró, pero no podemos ser ingenuos. Por x razones en marzo podría darse una cuarta ola y las restricciones serían importantes. Obviamente esto [el servicio contratado] no está dirigido solo al proceso de admisión”, aclara. 

Ahora queda por ver si en los próximos exámenes virtuales de la UNI se repite el escándalo de la admisión de San Marcos en el 2020. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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retorno a clases presenciales, San Marcos, UNI

 

La primera planta que entregó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud el año pasado, sigue sin poder llenar balones de oxígeno. Se trata de aquella que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa el 3 de febrero. “El booster, que es la pieza que permite [la compresión del oxígeno y] el llenado de los balones, no ha sido instalado”, explica la gerenta del centro de salud Berenice Rodríguez. Hoy el hospital, que también tiene a su cargo pacientes con oxígeno domiciliario, depende de un proveedor externo para la recarga de los cilindros.

 

Lo mismo sucede con otras dos plantas instaladas en marzo pasado, en Chota, Cajamarca (Hospital de Apoyo de Chota José Soto Cadenillas), y en Huaral (Hospital San Juan Bautista). La UNI ha informado al Minsa que recién dentro de un mes y medio (45 días) completarán las piezas faltantes en las plantas. Aquí el detalle de cuáles son, de acuerdo a información proporcionada a Sudaca por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) del Minsa.

Fuente: DIEM-Minsa.

Pero la universidad podría salir bien librada gracias a una conciliación firmada con el Minsa el pasado 12 de mayo, que increíblemente no contempla penalidades por las tres plantas incompletas y tampoco por el incumplimiento en la entrega de un total 47 a las que se había comprometido inicialmente en el convenio ya mencionado. Así lo revela el acta de este acuerdo a la que accedimos para este informe.

El tira y jala de la conciliación

La UNI había recibido en noviembre pasado S/42,5 millones de parte del Minsa, equivalente al 50% del valor de 47 plantas de oxígeno que se había comprometido a implementar. Sin embargo, no cumplió con la primera entrega de 18 plantas al 24 de enero (una fecha límite que era ya un plazo ampliado). Aun así, el Minsa siguió esperando por varias semanas y dio un ultimátum el 5 de marzo. Una semana después, la cartera que dirige Óscar Ugarte resolvió el convenio y ambas entidades entraron en un pesado proceso de conciliación.

Hubo al menos dos intentos previos de concretar un acuerdo. En ambos, la UNI —en el colmo de la desfachatez— exigía incrementos presupuestales o adelantos de dinero que el Ministerio de Salud no estaba dispuesto a desembolsar, según documentación a la que hemos podido acceder. El acuerdo final de la conciliación —firmado el miércoles pasado— proponía finalmente que la universidad entregue, en un plazo de 45 días, las piezas faltantes en tres de las plantas instaladas y dejar funcionando otras cuatro plantas más en el plazo de un mes.

Pero el acuerdo también eliminaba las penalidades ante el incumplimiento de la UNI. “Los señores [de la UNI] se pusieron en esa posición, de que no vayan [los puntos] 1.5 [sobre Aplicación de penalidades] o el 1.6 [Solución de controversias]. Lo retiramos en ese momento del acta, pero no es que por otro canal el ministerio no pueda reclamar esas penalidades”, sostiene el director ejecutivo de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), Wilfredo Solis, en entrevista con este medio. El funcionario comenta que un arbitraje o proceso judicial serían las dos opciones que le quedan al Minsa y que las están analizando. 

Extracto del Acta de conciliación entre el Minsa y la UNI.

Según Solis, el Minsa seguirá un proceso de liquidación cuyo objetivo será determinar si todo lo entregado por esta casa de estudios (las 18 plantas iniciales y las cuatro que se han comprometido a entregar) equipara o no los S/42,5 millones que se le adelantó a la universidad. Aquello implica la revisión del expediente técnico de cada planta, la verificación de sus piezas y el levantamiento de observaciones. El área que dirige Solis es clave en el tema de plantas de oxígeno.

¿Cuánto dura y cuándo piensan hacer este proceso de liquidación?

En el acta de conciliación, se ha establecido plazos que van entre cuatro a doce semanas, en función de que estén completas las plantas. De las 18 plantas, hay tres que no están completas. Lamentablemente, esas tres necesitan algunos equipos de importación. Por eso es que la universidad nos está pidiendo que después de 45 días que importen esos equipos [piezas faltantes], recién vamos a poder hacer todos los pasos [de la liquidación] que le he mencionado.

—Solo entonces van a saber si es que tendrán dinero de regreso de parte de la UNI.

Correcto.

—De haber devolución, ese dinero se invertiría en la compra de equipos para suministrar oxígeno, según han explicado. Entonces es una demora tremenda terminar la liquidación recién dentro de tantas semanas. 

Correcto, como le digo: nosotros lo único que podemos hacer es evidenciar en dónde están los aspectos críticos de esta demora.

Quedan alrededor de cuatro meses y medio para ese nuevo capítulo. Dos de aquellas cuatro plantas que la UNI deberá entregar irán para hospitales que hasta el momento habían quedado fuera del plan de acción del Proyecto Especial Legado, un programa que ha recibido el encargo del Minsa de adquirir 20 de las plantas que la UNI dejó a la deriva cuando naufragó, como informó Sudaca a fines de abril.

Sin embargo, aún hay siete hospitales sin un claro presupuesto asignado. Son los siguientes: 

Diseño: Leyla López.

Son siete hospitales los que han quedado en el limbo, de la UNI no recibieron ni recibirán sus plantas de oxígeno ni figuran en el plan que el Proyecto Legado está ejecutando ahora mismo. ¿Cuándo les llegaría las plantas comprometidas?

En este momento no podría decirle… ni siquiera en semanas podría, porque estamos esperando el informe técnico [del Proyecto Legado sobre su ejecución presupuestal].

Con este documento, se sabrá si el presupuesto ya asignado a Legado también podrá cubrir el costo de las siete plantas que quedan en el limbo por el fracaso de la UNI. Solis remarca la importancia de esperar por dicho informe, aunque anticipa que muy probablemente sea necesario desembolsar otro presupuesto para dichas plantas.

—¿Cuándo deben recibir este informe?

Todavía no tengo fecha, le mentiría si le dijera una fecha porque, como estamos trabajando varios temas… Para comenzar no hemos recibido nada oficial todavía.

Mientras la burocracia hace lo suyo, los hospitales viven una situación crítica. Hasta el Hospital de Yunguyo, al sur del Lago Titicaca y en la frontera con Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Salud debió llevar una planta de oxígeno a inicios de año. Pero hoy solo hay muros a medio avanzar para albergar las plantas. Continúan dependiendo del escaso oxígeno de Puno capital, a dos horas en auto. 

“El mes de febrero ha sido crítico. En el mismo Puno, había colas inmensas para recargar los balones. Un día llegó un paciente a las seis de la tarde con requerimiento de 15 m3 de oxígeno por minuto, lo máximo que se puede dar con un balón. Le hemos dado otro balón, otro más, otro. A las cinco de la mañana falleció, no teníamos más. Es triste, no podíamos hacer más. Y no es uno sino varios los que han pasado por lo mismo”, relata el médico Anatoly Montalvo, director del Hospital de Yunguyo. Hoy suman más de 41 fallecidos por la Covid-19 en lo que va del año.

“Necesitamos el oxígeno, atendemos una gran cantidad de pacientes Covid, tenemos 30 camas [netamente para ellos]. Estamos muy preocupados por el incumplimiento. (…) Tenemos mucho temor por esta tercera ola que se viene”, asegura Carlos Tavera, director del Hospital San Martín de Porres, en la provincia de Carabaya, también en Puno. Es otro de los hospitales de los siete centros de salud a la deriva. Hoy traen el oxígeno desde una empresa en Arequipa, recargan dos veces por semana los 50 balones con los que cuentan y en viajes que toman 8 horas.

Atrás, obras paralizadas a la espera de la planta de oxígeno de la UNI en el Hospital San Martín de Porres en Carabaya, Puno. Adelante, infraestructura a medio acabar en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali.

Una imagen muy parecida es la que se ve en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali. “Hace un mes atrás dijeron que la planta iba a llegar en 10 días, hasta ahora no hay nada. (…) [En abril] A diario morían entre 20 a 30 personas por día por falta de oxígeno”, comenta Luis Tejada, técnico de enfermería del hospital.

En el sur de Lima, el cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador continúa en busca de que alguien les done una planta de oxígeno. La historia es conocida y paradigmática, como ya contó Sudaca en varios informes. “Todas las semanas tenemos una situación particular que atender. A veces se presenta una empresa minera que quiere apoyar al Estado y nos ofrece una planta. Estamos a la expectativa que en el momento más oportuno podamos responder a la necesidad de Villa el Salvador”, dice Wilfredo Solis del Minsa.

Al parecer, a aquellos siete hospitales solo les queda esperar un golpe de suerte.

 

Fotocomposición de portada: Leyla López.

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Ministerio de Salud, Minsa, Oxígeno, oxígeno medicinal, Pandemia, plantas de oxígeno, UNI

“La semana que viene vamos a iniciar una campaña para ver si nos donan una planta de oxígeno”, cuenta Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los hospitales más grandes de Lima Sur con alrededor de 200 camas de hospitalización. “Se estima que habrá una nueva ola en cualquier momento, entonces nosotros igual necesitamos una planta”, afirma.

 

Sin que el cuerpo médico lo supiera, en diciembre pasado este hospital rechazó una planta de oxígeno que la cementera privada Unacem intentó donar a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. ¿Sus argumentos? Que su demanda de oxígeno superaba a la de la planta ofrecida por la cementera y que tenían previsto recibir una idónea vía un convenio del Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El acuerdo establecía que la UNI entregaría 47 plantas de oxígeno a 46 hospitales. Pero el proyecto fracasó, como explicó Sudaca en marzo pasado, y se resolvió por incumplimiento en el plazo de entrega.

A la fecha, el HEVES no ha recibido la planta y continúa dependiendo de proveedores privados externos. En total son 29 hospitales que están en la misma situación y 9 de ellos han sido omitidos en un nuevo proyecto para cerrar la brecha del oxígeno, como veremos más adelante. Sus pacientes son los más perjudicados. Es abril, hasta ahora, el mes más mortal de la pandemia. El Sinadef —una mejor referencia que las cifras oficiales— ha contabilizado en promedio un exceso de 900 muertes diarias. Lima Metropolitana concentró la mitad de los decesos.

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, por ejemplo, las escenas son de desesperación. Lo muestra la periodista Silvia Yupanqui en un video: un hombre llora y samaquea a otro que acaba de fallecer en el asiento trasero de un auto negro a las afueras del centro de salud. La falta de oxígeno fue la causa.

En otro momento, una mujer, familiar de una persona que necesita atención, dice a un trabajador del hospital: “Por favor solamente que lo dejen entrar, que lo chequeen. (…) Ahorita está con 70 de saturación, ya no está respirando bien».

Otra señora intenta reclamarle a los funcionarios del centro de salud: «Toda la noche he estado buscando oxígeno. Por oxígeno es que lo traemos acá, para que lo puedan ayudar. (…) Me he ido hasta a Otuzco a buscar y no hay, no hay oxígeno». La mujer hace referencia al Hospital de Apoyo (de Otuzco) ‘Elipidio Berovides Perez’, que es otro de los 29 nosocomios que quedaron a la espera de una planta del convenio con la UNI.

«Estamos así aproximadamente hace tres semanas», cuenta a Sudaca el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, y precisa que el problema del número de camas se suma al del oxígeno. «No hay ni dónde sentarlos ni acostarlos, y ni hablar de las camas UCI». Su institución advirtió hace unos días que las muertes no contabilizadas en domicilios iban en notorio aumento, sumando alrededor de 20 diarias.

El Hospital de Apoyo de Caraz, en Áncash, es otro de los centros de salud a los que el Minsa les quedó debiendo una planta de oxígeno. Según Augusto Tarazona, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, tanto las hospitalizaciones como las muertes se han “incrementado terriblemente” en las últimas ocho semanas en el hospital, en gran parte por falta de oxígeno.

“Constantemente viene acabándose el oxígeno. La dificultad es que las empresas proveedoras en las últimas semanas no están abasteciendo por completo, solo una tercera o cuarta parte de lo que se les pide. Entonces eso genera una necesidad de independencia de producción de oxígeno”, explica el médico.

Tarazona comenta que la UNI les había indicado a inicios de marzo que la planta ya estaba lista para ser instalada. “No obstante, como ya se había anunciado la anulación del contrato, ha quedado en stand by. Y se da la situación actual de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno», señala. Tanto Ancash como La libertad están entre las seis regiones donde el coronavirus ha alcanzado mayor nivel de letalidad, según el Minsa.

Minsa: nuevamente los muertos antes que las plantas

El pasado 5 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud lanzara el ultimátum público a la UNI para la entrega de las 47 plantas, la universidad se comprometió entregar 18 de estas (menos del 40% del total original) e inició un proceso de conciliación con la cartera de salud, específicamente con el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a cargo de Bernardo Ostos.

A la fecha, la entrega de las 18 plantas ha concluido. Sudaca consultó al viceministerio cuáles fueron los acuerdos finales de la conciliación, pero no obtuvo respuesta.

El mismo 5 de marzo, sin embargo, el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en el Congreso que para suplir las plantas faltantes se haría una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado, una institución pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creada originalmente para darle sostenibilidad al legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Sin embargo, Legado recibió formalmente el encargo recién a inicios de abril a través del Decreto de Urgencia 036-2021. Sudaca consultó al Minsa por qué tardaron casi un mes en asignarle la responsabilidad en medio de un contexto de muertes en aumento, pero nuevamente no obtuvimos respuesta.

¿Qué ocurrió entonces con los 29 hospitales que quedaron en el aire luego de la resolución del convenio? Se trata de hospitales de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima Región, Junín, que están entre las 10 regiones donde el Covid-19 ha alcanzado mayor letalidad, según la Sala Situacional del Minsa. Así como hospitales de Ucayali, San Martín, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno y Cusco.

Ranking de la muerte: proporción de fallecidos del total de infectados con Covid-19. Diseño: Leyla López.

Estos nosocomios siguen esperando por las plantas de oxígeno y el plazo de espera que les han dado es de 4 a 12 semanas. Veamos por qué.

El 22 de marzo, la Defensoría del Pueblo envió al Minsa un oficio (ver documento) preguntando, además de la fecha de entrega, qué se había hecho hasta el momento para lograr la adquisición de dichas plantas de oxígeno y para cubrir la demanda de los 29 hospitales hasta que las plantas estuviesen operativas en ellos.

El viceministro Ostos se tomó casi un mes para contestar, el pasado 20 de abril (ver documento). Adjunta a su respuesta, enviaba la del titular de la DGOS (Dirección General de Operaciones en Salud), Edward Cruz. La escueta nota informativa N° 593-2021-DGOS/MINSA solo precisaba que la DGOS 1) había gestionado y participado en el decreto de urgencia que daba un nuevo marco normativo para la dotación de oxígeno, 2) que las plantas de oxígeno pendientes serían entregadas por el Proyecto Especial Legado en un plazo estimado de 10 a 12 semanas, y 3) que CENARES era el responsable sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal a dichos hospitales.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Proyecto Especial Legado y obtuvo detalles importantes sobre el trabajo encargado (ver respuesta). Según su director, Alberto Valenzuela, el Minsa le solicitó buscar 20 plantas para el mismo número de nosocomios. Solo 20 de los 29 hospitales.

¿Por qué dejar fuera 9 hospitales que vienen esperando por las plantas desde el año anterior?». Es el Ministerio de Salud quien debe responder la consulta», se limitaron a decir desde el Proyecto Especial Legado. Al cursar la pregunta, Sudaca no recibió respuesta de la cartera de salud. Entre aquellos excluidos por el Minsa del plan de Legado está el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ese cuyo cuerpo médico está ideando una campaña para conseguir una planta de oxígeno donada, después de haber rechazado una porque confiaban en la UNI.

La espera continúa para 20 hospitales, otros 9 quedaron fuera del plan asignado al Proyecto Especial Legado. Diseño: Leyla López.

El Proyecto Especial Legado, por su parte, incrementó en varios casos la capacidad de producción de las plantas que buscarían para cumplir con el encargo. Adicionarían al plan, estaciones de llenado de cilindros de oxígeno en varias regiones. «Con ello hemos logrado aumentar la oferta de oxígeno de 30 toneladas por día [de las plantas de la UNI] a 66», señala Valenzuela.

Lo malo es que nuevamente no sabemos qué llegará primero: si la tercera ola o las plantas. Legado se encuentra actualmente en una fase de estudio de mercado, buscando proveedores internacionales, y calcula que entre 4 a 12 semanas culminará la instalación progresiva de las 20 plantas. Una espera que puede ser mortal.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.

Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.

¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.

Malas decisiones

Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.

El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.

Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.

El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.

A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.

Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.

Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. «Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.

Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.

«Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.

En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.

«Ella me dijo que era ingeniera”

“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.

“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.

Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. «Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto», se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.

Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.

Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.

¿Cumplirán?

«En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más», explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.

El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.

Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.

La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:

Diseño: Leyla López.

El Hospital María Auxiliadora (HMA), en San Juan de Miraflores, y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) figuran entre ellos. Ambos rechazaron la donación de una planta de oxígeno de parte de la cementera privada Unacem en diciembre último. El HEVES incluso argumentó estar a la espera de Oxigena 47. Desde febrero, sus pacientes de Covid-19 llevan balones de oxígeno por su cuenta.

* Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: La República, Andina, Universidad Nacional de Ingeniería.

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