Una tarjeta de crédito del BBVA, otra estafa más bajo la modalidad del “falso courier y una carta del banco con un cuestionable intento de cobranza. Son los ingredientes de una pesadilla y así, tal cual, lo vivió hace tres meses Marilyn Cáceres, de 29 años. 

Cáceres cuenta que las llamadas del BBVA empezaron en enero pero que se hicieron más frecuentes en abril. ¿El objetivo? Venderle una tarjeta de crédito. “Un día me encontraron ‘haciendo hora’. Estaba esperando a una persona, estaba con tiempo, sentada, y presté atención a lo que me ofrecían [vía telefónica]”. Era una tarjeta Visa Cero y una línea de crédito de S/ 3.600. Aceptó.

La operadora le indicó que llegaría un courier a su casa a entregar la tarjeta en un sobre sellado, y así fue. En los siguientes días empezaría otro round de llamadas, pero esta vez para saber si ya había cambiado la clave provisional que venía con la tarjeta, si ya la había utilizado y cómo había sido su experiencia. Marilyn no lo sabía, pero en esta ocasión se trataba de una falsa operadora.

2 de diciembre de 2020. Platón organizado por usuarios del BBVA Perú afectados por estafas. Foto: Luisa García.

“Yo le dije que no había podido salir de casa por falta de tiempo, porque tengo tres niños pequeños”, relata Marilyn. La falsa operadora buscaría entonces darle un motivo para que decidiera anular y devolver la tarjeta. “Recuerde que usted tiene que utilizarla al menos una vez al mes y si no, tendrá que pagar un monto […] ¿Le dijeron que tiene que pagar una membresía?”, recuerda que le preguntaron y que preocupada precisó que no. “Parece que a usted no le han informado bien. En todo caso, ¿desearía anular la tarjeta?”. Ella respondió positivamente.

Luego de aquello, la indicación fue que debía acercarse al banco a regresar la tarjeta en un plazo de 24 horas o de lo contrario se le iba a cobrar una penalidad. La otra opción era que un courier pasara a recogerlo a su domicilio. ¿Le suena conocido? En diciembre, Sudaca informó cómo cada vez más clientes del banco eran estafados bajo la misma modalidad: una falsa teleoperadora con conocimiento de información sensible y un falso courier.

Marilyn eligió el recojo de la tarjeta vía courier sin saber que acababa de caer en las redes de estafadores. El 13 de abril entregó el sobre con la tarjeta al mensajero; no había cambiado la clave secreta que venía en el sobre, por lo que los delincuentes la tenían fácil. Ese mismo día realizaron el pago de un servicio por S/ 1.722 y extrajeron S/1.800 del cajero. 

¿Por qué la clienta del BBVA creyó que efectivamente estaba hablando con alguien del banco? Marilyn afirma que su interlocutora conocía una cantidad de datos sobre ella que le dieron confianza: el tipo de tarjeta contratada y cuál era su línea de crédito, además de su dirección y DNI.

Hoy tiene una deuda que supera los S/ 4.000, y un banco que no cesa en exigir el pago a través de llamadas y correos. Ha recibido más de 30 correos de cobranza, pero el último causó en ella mayor preocupación: además de informarle que de no pagar iniciarían un proceso judicial, la carta incluía este párrafo:

«Paralelamente, también se procederá a reportar la morosidad de su crédito ante la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha central de riesgo es consultada por empresas, tiendas comerciales, cajas municipales y otras entidades del Sistema Financiero, de esta manera estando registrado su nombre en ella, usted no podrá acceder a nuevos créditos».

Requerimiento de pago de parte del BBVA por las cuotas adeudadas.

«Esa es una frase que induce al error al usuario, porque no es verdad», asevera Paul Castro, abogado especialista en derechos del consumidor. Tener un retraso en el pago de una deuda no cierra automáticamente la puerta para acceder a otros créditos, como afirma el BBVA en su carta. «El análisis que hacen las entidades financieras es un análisis individual, persona por persona», explica.

El especialista en regulación financiera Carlos Martínez coincide. “Que una entidad financiera privada, regulada, nos indique que definitivamente no se va a poder acceder al crédito es claramente una amenaza. Una amenaza que en esta coyuntura [la pandemia] es mil veces más grave que si estuviéramos hablando de años anteriores”, explica.

”[Brindar] esta información falsa es cargar de preocupación al cliente y tendría que ser considerado como un agravante por cualquier autoridad que vaya a dirimir sobre este caso”, agrega Martínez.

«Hay un antecedente inclusive, la resolución 119-2016/CC3 del Indecopi», agrega Paul Castro. Allí, la evaluación del Indecopi respecto de la Caja Metropolitana fue la siguiente: “(…) se pudo verificar que la CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. habría empleado métodos abusivos de cobranza, al remitir a sus clientes cartas que contienen información inexacta y que induce a error al afirmar que un eventual reporte ante las centrales de riesgo, les impediría solicitar y acceder a créditos en cualquier entidad del sistema financiero”. Una evaluación que fue corroborada e implicó una multa de 8 UIT en segunda instancia por “emplear métodos abusivos de cobranza”.

¿Qué dice el BBVA? 

Reconoce la veracidad de la carta (ver respuesta) y luego arguye una salida que cuestiona la comprensión lectora de cualquiera. Sostiene que en su carta solo se refiere a “nuevos créditos” otorgados por el mismo BBVA:

“Efectivamente, un cliente que está en una central de riesgo puede solicitar financiamiento en cualquier entidad financiera, que la evaluará de acuerdo a sus criterios y políticas comerciales.

Debemos aclarar que el tenor de dicha carta expresa la posición de BBVA frente a la cliente. Es decir, de contar con esta clasificación, no podrá recibir nuevos créditos de nuestra entidad. No representa ni corresponde a una postura o comentario a nombre del sistema financiero en general, puesto que la carta se refiere a la especial relación de crédito entre nuestra entidad y el cliente”.

Ello aun cuando en su carta dirigida a Marilyn Cáceres, el banco enlista una serie de entidades en referencia: “empresas, tiendas comerciales, cajas municipales y otras entidades del Sistema Financiero”. Y agregan, como ya hemos citado: “de esta manera estando registrado su nombre en ella [la central de riesgo], usted no podrá acceder a nuevos créditos”.

“Van a aludir quizá [en un eventual proceso ante Indecopi] que es una falla del lenguaje, pero no, no lo es. Es clara la intención”, apunta Martínez. En su opinión, “el hecho más relevante a determinar es si estas cartas están siendo enviadas de forma masiva en ese formato”, dado que sea directamente o a través de una empresa tercerizada, las entidades financieras cuentan con modelos preestablecidos de sus comunicaciones con los clientes. Sostiene que de haber llegado a más personas, el Indecopi podría iniciar una denuncia de oficio o las asociaciones de consumidores podrían hacerlo de una manera colectiva.

Sede central del BBVA en San Isidro. Crédito: Giovanni Alarcón.

¿Qué posibilidad hay de que el BBVA haya incurrido en la afirmación errónea de manera masiva?, preguntó Sudaca a la entidad financiera. 

“Los modelos de carta tienen pautas generales, de acuerdo a cada una de las tipologías de comunicación, pero cada caso se analiza individualmente. En este caso, la respuesta de BBVA se refiere a la situación puntual del cliente frente a nuestra entidad”, sostiene el banco.

Mientras tanto, Marilyn continúa con la deuda a cuestas y con más correos de cobranza en su bandeja de entrada. Mediante un reclamo, explicó al banco que ella no realizó los consumos sino que fue víctima de una estafa, pero el BBVA declaró su reclamo “No procedente”. “Es obligación del titular de la tarjeta utilizarla de manera exclusiva y mantener en secreto su clave”, adujo la entidad en su respuesta.

El banco confirmó a Sudaca que los operadores de telemarketing continúan trabajando desde sus casas, tanto aquellos que pertenecen al banco directamente como a terceras empresas contratadas. Al menos hasta diciembre último, las medidas de seguridad para esta modalidad de trabajo eran un software que no permite la entrada de un USB para descargar información de la computadora y la grabación de las llamadas. Pero no mucho más. 

¿Cómo evitar, por ejemplo, una intervención externa como una fotografía a los datos? «Trabajamos con la buena fe de las empresas que representan al BBVA», aseveró en aquel entonces el banco (ver entrevista). Al parecer, no ha sido suficiente.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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BBVA, datos personales, Estafas, métodos abusivos de cobranza, Tarjetas de crédito

 

Por: Luisa García y Lilia Saúl

 

«Estoy un poco nervioso. Soy trabajador, tengo dos cánceres, uso pañales para trabajar, y mi pregunta es la siguiente: quiero saber si Sebastián Piñera está actuando como presidente o como empresario”, dijo Alonso Ortiz (63 años) intentando evitar el temblor de su voz frente a un reportero de televisión que tomaba el pulso del transporte público en los primeros días del estallido social en Chile. Era octubre de 2019.

Su pregunta venía desde una herida abierta, desde las secuelas de un modelo de pensiones, el de la capitalización individual, que ha financiado el crecimiento económico del país sureño pero no jubilaciones suficientes para cubrir gastos básicos. Pensiones de vejez que no alcanzan o pensiones de invalidez que son negadas incomprensiblemente como en el caso de Ortiz, mientras las grandes empresas privadas reciben financiamiento o los gobiernos salen de apuros financieros con el dinero de las pensiones. Y es que mientras Ortiz daba vueltas a Santiago al volante de un bus de transporte público; el dinero de su jubilación circulaba entre los grupos económicos más poderosos de Chile, el país donde se inició, en 1981, la privatización de las pensiones que luego se extendería por América Latina.

Los trabajadores de nueve países de América Latina han ahorrado alrededor de 500 mil millones de dólares para sus pensiones, esto a partir de cuentas individuales administradas por firmas privadas en su gran mayoría. Las conocen como AFP en Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana; como AFAP en Uruguay, Afore en México y OPC en Costa Rica. Reciben cada mes un porcentaje del sueldo del trabajador, y una comisión por rentabilizar los fondos de jubilación a través de sus decisiones de inversión.

¿Dónde han invertido el dinero exactamente? ¿Es posible saber a quiénes han financiado los trabajadores por años? A dónde va mi pensión, una investigación regional ejecutada por periodistas, especialistas en fondos de inversión, programadores, entre otros, arrancó con esas dos preguntas fundamentales y hoy ofrece esta herramienta que permite fiscalizar la ruta del dinero de las pensiones.

Del análisis de los números, dos patrones en los perfiles de inversión fueron identificados. Por un lado, un bloque sudamericano, compuesto por Chile, Perú y Colombia, que ha colocado el dinero de las pensiones fundamentalmente en el sector privado local y extranjero; y por otro lado, uno centroamericano, conformado por El Salvador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que se ha dedicado reiterativamente a comprar deuda pública local, convirtiéndose en un gran financista de gobiernos. Otro bloque más pequeño, Uruguay y México, representa un punto medio en cuanto a la inversión entre los sectores público y privado pero una postura sin medias tintas en contra de la transparencia de las inversiones.

Los grupos económicos locales y multinacionales ciertamente tienen un lugar especial en las inversiones del bloque sudamericano. Pero, además, A dónde va mi Pensión de la mano de 13 medios de la región -entre ellos Sudaca- revela hoy casos de empresas que probablemente no habrías querido financiar de poder decidirlo.

Por ejemplo, en Chile, 36 empresas financiadas por los fondos de jubilación acumularon casi 3.500 multas de regulador laboral, directamente o a través de sus filiales, solo en los últimos cinco años, descubrió La Pública.

Accidentes graves, agresiones sexuales no investigadas, malas condiciones de seguridad y obstáculos a la fiscalización, fueron algunas de las razones. La regionalmente conocida Cencosud fue una de esas empresas. Por otra parte, otras diez grandes firmas que operan en Chile han sido sancionadas o están siendo investigadas por infracciones a las leyes medioambientales, al tiempo que recibían dinero de los fondos de pensiones. Aes Gener, Celco, Codelco, Enel Generación y SQM son algunas de ellas.

En Colombia, las AFP tienen una inclinación reiterativa por invertir en empresas de su propio grupo económico. Financiaron proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua o la Triple A, que beneficiaron a dos de los grupos económicos más grandes del país: el Grupo AVAL y el GEA, ambos dueños de AFP que a febrero de 2021 tenían “autoinversiones” por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos, documentó Cuestión Pública. Una práctica anteriormente prohibida, pero que fue desregularizada en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Pero hay otro tipo de inversión que tampoco debería pasar desapercibido. Tanto en Chile como en Perú, las AFP han decidido invertir, respectivamente, más del 35% y 40% del total de fondos en productos de administradoras de fondos del extranjero. Por invertir en ellos, los trabajadores pagan una segunda comisión que suelen desconocer, con cargo a sus fondos de pensiones. Solo en los últimos cinco años, los afiliados peruanos pagaron cerca de 400 millones de dólares en este tipo de comisiones, según investigó Sudaca.pe (ver aquí). En Chile años atrás se inició un debate público sobre si deberían o no ser asumidas en su totalidad por el trabajador. Hoy abrimos el debate en Perú, donde estas comisiones no son publicadas por el regulador ni tienen topes máximos como sí se logró en el país sureño.

Del otro lado, El Salvador lidera el bloque centroamericano, con alrededor del 80% de los fondos de jubilación invertido en deuda gubernamental y un afán de mantener el dinero en el terreno local. Por increíble que parezca, en 2006 el gobierno salvadoreño obligó a las AFP a comprarles, con el dinero de los trabajadores, certificados de deuda para obtener liquidez y cubrir las pensiones de su antiguo sistema público. Por varios años, ofreció a las AFP tasas de interés excesivamente bajas a cambio del dinero prestado. Y aunque en 2014 fueron declaradas inconstitucionales; hasta hoy, las bajas tasas acordadas previamente merman los fondos de jubilación, encontró El Economista.

En Costa Rica, cerca del 60% de los recursos administrados por las operadoras de pensiones está invertido en deuda del gobierno, y más de un condicionamiento normativo provocan que los ahorros de los trabajadores acaben fondeando el creciente y abultado déficit fiscal estatal del país centroamericano, de acuerdo con Interferencia y La Voz de Guanacaste.

En República Dominicana, más del 70% de los fondos de pensiones está invertido también en deuda del gobierno, pero hay otro punto neurálgico en el país: la laxa regulación sobre conflictos de interés entre las administradoras de pensiones y las empresas de su grupo económico. De manera sistemática, el contrato del seguro de discapacidad y sobrevivencia que por ley deben pagar los trabajadores ha sido asignado a las compañías de seguros del mismo grupo económico de la mayoría de administradoras de pensiones. Un problema que vivieron tanto Chile como Perú años atrás y que resolvieron a partir de cambios normativos.

Por otra parte, dos países han coincidido en el bloqueo de la información. Ni en Uruguay ni en México los afiliados a las administradoras de pensiones pueden conocer en qué compañías son invertidos sus fondos de jubilación ni qué tipo de instrumento financiero fue el que le compraron a la compañía de su interés.

El Banco Central de Uruguay respondió a un primer pedido de información para esta investigación que “la Superintendencia de Servicios Financieros no dispone de información elaborada respecto a los portafolios de las AFAP con el grado de detalle requerido en su solicitud”. Ante una insistencia su argumento varió: “(…) la información requerida se encuentra clasificada confidencial”. Al cierre de esta edición, la Unidad de Acceso a la Información Pública tenía abierto un expediente al respecto, y le había solicitado explicaciones al regulador de pensiones en Uruguay, reportó Sudestada.

En el caso de México tampoco puedes conocer en qué empresas se invierte tu dinero, ni siquiera con un periodo de rezago, como sí sucede en Chile o Perú. El camino legal recorrido como parte de A dónde va mi pensión ha sido arduo y ha tomado más de un año y medio.

Diversas solicitudes de información fueron presentadas desde 2019, pero hasta la fecha no fue brindada la información requerida. La misma que está a un clic de distancia en las páginas web de los reguladores de pensiones de Costa Rica, Chile, Colombia o Perú. En México esta data es considerada confidencial y ha sido negada con el argumento de que podría incluso “desestabilizar” a los mercados financieros.

Al día de hoy están en curso dos amparos (protecciones legales) en contra de las respuestas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que niegan la información. Y es que aunque esté demostrado a nivel internacional que no causa ningún daño financiero el dar a conocer esta información, en México las autoridades y las mismas Afores -agrupadas en la Amafore, Asociación Mexicana de Afores- se resisten a revelarla, según constató A dónde va mi pensión.

Después de más de un año de espera, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CONSAR entregar información relacionada con las carteras o portafolios de inversión de cada una de las diez Afore. Esto no ocurrió, pues la CONSAR se amparó contra la decisión del INAI, al considerar que está impedida por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) a compartir la información. Argumentan que esta es reservada y confidencial y que de hacerse pública, se podría afectar a los portafolios de inversión y en general, a la competencia que hay entre las Afores. Los amparos aún están pendientes de resolverse en los próximos meses.

Octavio Ballinas, vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) dijo a A dónde va mi pensión que toda la información que entregan las Afores “está bajo el marco del artículo 91 de la Ley del SAR, que implica que las Afores, porque es su información, nos dan esa información bajo el precepto de confidencialidad. Eso está normado por la ley del SAR, no lo digo yo”.

—Y en aras de la transparencia, en su opinión ¿no cree que sería benéfico [abrir la información]?

—Habría que cambiar la Ley del SAR. Ahí ya estás hablando de meterte a la vida interna de las empresas. Es como si le pidieras la minuta del consejo de administración de Televisa—concluyó el funcionario.

Esa es la situación en el país que en 24 años ha logrado sumar fondos de jubilación casi tan voluminosos como Chile en 40 años del sistema.

 

Ilustración de portada: Héctor Huamán.

 

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A dónde va mi pensión, AFP, fondos de pensiones, inversiones, Jubilación, Pensión, Pensiones

Subtanjalla. Ese es el nombre del distrito iqueño en el que 86,3% de su población adulta mayor ha sido vacunado contra la Covid-19 a doble dosis. Solo superado por poco por el distrito de Chachapoyas, en Amazonas. Así lo indica el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) que, entre otras, lleva la cuenta más esperanzadora a nivel nacional, la de la vacunación contra el coronavirus.

Ica (58,3%) y Tacna (57,3%) son las dos regiones con mayor cobertura de una vacunación completa entre adultos mayores. Le siguen Lima Este (53,6%), Lima provincias (53,6%), y La Libertad (53,4%) .

“¡Vamos bien!” titula optimista un afiche de la región Tacna compartido por Aníbal Novoa, presidente de la Federación Médica de la región, con Sudaca. Y es que sin encontrarse originalmente entre las seis regiones priorizadas, Ica y Tacna han tenido un remonte progresivo a través de puntos de vacunación descentralizados en distintas provincias.

En Ica se ha cumplido estrictamente la recomendación del Minsa de que las personas reciban la segunda dosis en el mismo punto de vacunación en que recibieron la primera. “Es importante recordarle a la población que las dosis que nos envía [el Minsa] es en base a cuántas personas se vacunaron con la primera dosis. […] Si van a diferentes puntos de vacunación, entonces unos van a tener deserción, otros aumentos [de vacunados]. Sería un desequilibrio total. Es [una medida] en aras de la transparencia de la vacunación”, explica la coordinadora de inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, Ana Córdova.

Los mejores resultados de la vacunación a adultos mayores en la comparativa nacional. Fuente: Reunis-Minsa

En Trujillo, las personas mayores de 58 años ya están recibiendo su segunda dosis, según ha informado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

“Desde un principio se ha tenido una buena organización y ha sido una buena decisión descentralizar los puntos de vacunación en una variedad amplia de distritos. Hasta nosotros nos hemos sorprendido, en ese sentido sí hay que felicitarlo”, explica Carlos Valderrama, secretario general de la Federación Médica de Trujillo.

En Iquitos, el primer epicentro local de la pandemia, el avance no se iguala al de Ica, Tacna o La Libertad. Sin embargo, Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuenta a Sudaca que el proceso vacunatorio está cumpliendo con el calendario y que son los colegios de la región los que han servido de puntos de encuentro para la inmunización. 

“Hasta el momento hay una buena aceptación de la población, cada vez que hay un anuncio de vacunación las colas se forman adecuadamente, sin desorden”, comenta el médico. Según Reunis, el 26% de los mayores de 60 de la región ha recibido las dos dosis de la vacuna. El porcentaje sube a 34% si consideramos aquellos con solo la primera.

El futuro incierto de la vacunación

A nivel nacional, el 60.9% de los mayores de 60 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Es decir, 2.762.167 personas. Y a 38,2% (1.729.835 personas) ya se le aplicaron ambas. 

Pero las cifras totales aún distan de este éxito. Solo el 11,46% de la población peruana ha recibido al menos la primera dosis. Estamos hacia el final de la tabla en Sudamérica, aunque compensa el alivio de ver a los mayores de nuestras familias ya vacunados.

“El gobierno ha contratado 62 millones de vacunas de los diferentes laboratorios”, subrayó el sábado pasado el ministro Óscar Ugarte, y agregó que en julio de este año ya estarán en territorio nacional 11 millones de estas. “Le estamos dejando al otro gobierno 50 millones, lo que es suficiente para vacunar a toda la población mayor de 18 años hasta fin de año”, dijo en la campaña de inicio de vacunación a pacientes oncológicos y VIH positivos.

Un anuncio esperanzador ad portas del cierre del gobierno de transición de Franscisco Sagasti y que representa el primer parteaguas de un proceso vacunatorio que inició de la peor manera, con el indignante caso del “Vacunagate” y la lista de más 400 personas que se habían saltado la cola, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti.

La antítesis es quizá esta prioridad reciente para aquellas personas que hacen frente a enfermedades tan difíciles como el cáncer y el Sida. Para ellos, el proceso vacunatorio se hará principalmente en los centros donde llevan regularmente su tratamiento. Esto porque resulta necesario el conocimiento de su médico tratante para definir si es el momento apropiado para que su cuerpo reciba la vacuna. 

Al 17 de junio, la tabla de posiciones de la vacunación contra la Covid-19 en Sudamérica. Fuente: Our World in Data.

Hace más de dos meses arrancó la nueva estrategia territorial del Minsa y con ello intentó mejorarse la efectividad del proceso vacunatorio que tuvo inconsistencias en el padrón utilizado para la primera etapa liderada por EsSalud en Lima, como reportó Sudaca. Antes, incluso, también hubo fallas más serias en el padrón del personal médico. 

“Le remití una carta a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, manifestándole nuestra preocupación por los fallos detectados. En ese momento, el principal problema era las inconsistencias detectadas en el padrón [del personal médico]”, dice a Sudaca Luis Robas, jefe de megaproyectos de la Contraloría General de la República.

Robas recordó otros dos puntos débiles del inicio: la falta de conocimiento de los protocolos de vacunación a cabalidad por el personal a cargo en las regiones y los problemas en la plataforma electrónica que el Ministerio de Salud había implementado para que el personal pueda registrar la información y llevar la cuenta de quién fue vacunado y quién no. 

Para el jefe de megaproyectos de la Contraloría, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de vacunas. «Si bien es cierto que ya se ha anunciado los contratos por más de 60 millones de vacunas, lo cual alcanzaría para vacunar a toda la población peruana, no es que las 60 millones ya estén presentes en el territorio nacional y podamos hacer como otros países desarrollados que comienzan a vacunar en farmacias, en clínicas, hasta en lugares públicos, como centros comerciales, donde ya es cuestión de cada persona decidir cuándo va a vacunarse o no», apunta. 

“Todavía nosotros tenemos una limitación, una restricción de la disponibilidad de vacunas, y la demanda es tan grande que las personas podrían querer saltarse la cola para acceder al tema de la vacuna”, agrega.

Según Reunis, el 76% de las vacunas colocadas a nivel nacional han sido de la marca Pfizer-BioNTech. Fue a finales de abril último que Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, anunció que una dosis adicional sería necesaria para el nivel de protección que ofrece la vacuna y sostuvo que debería ser administrada entre 9 y 12 meses después de la primera dosis. La tarea de lograr asegurar una tercera dosis para todos los peruanos parece aún lejana.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: Minsa.

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Adulto mayor, Covid-19, Ica, Lima Este, Ministerio de Salud, Minsa, Pandemia, Perú, Tacna

Desde la India al distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. La variante del coronavirus bautizada como Delta por la OMS -y meses antes como “doble mutante” por la prensa- llegó a la ciudad blanca al menos desde inicios de mayo. La mujer de 78 años, la primera oficialmente diagnosticada con esta variante en el país, no había viajado al exterior. No sabemos su lugar en la cadena de transmisión. Lo cierto es que fue el pasado 15 de ese mes que el Ministerio de Salud le tomó la muestra y coincidió con un incontrolable incremento de casos de Covid-19 en la región.

Lo impredecible del virus agravaba la situación. “El comportamiento es incierto. Los síntomas al inicio eran típicos de una enfermedad respiratoria, pero han evolucionado con síntomas de otra índole, llámese problemas gastrointestinales, problemas neuromusculares. Vemos que la situación es completamente impredecible y variable”, dice Elmer Rodríguez, presidente de la Federación Médica de esta región. Y añade: “Vemos gente joven en cuidados intensivos, niños, adolescentes y cada vez más mujeres, cosa que no hemos visto en la primera ola”.

Según la plataforma OpenCovid, en la semana del 31 de mayo fallecieron 345 personas. La anterior, 289. Solo el sábado pasado, la Gerencia Regional de salud confirmó  875 nuevos positivos y 45 muertes en las 24 horas precedentes.

Hospital Honorio Delgado. Personal médico y pacientes Covid sin suficiente distancia social en las instalaciones temporales implementadas por Pronis.

No fue hasta el 9 de junio, sin embargo, que el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en conferencia de prensa que teníamos a la variante Delta en el país. Ugarte dijo que solo dos días antes habían iniciado, en coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con la paciente de Cerro Colorado.

Pese a la insistencia de este medio, la cartera de Salud no respondió cuándo fue que el Instituto Nacional de Salud tuvo los resultados de la paciente de 78 años. “¿En qué momento se enteró el Ministerio de Salud de la presencia de la variante? Eso queda para una investigación. Esta variante tiene una alta diseminación, entonces mientras más tarde se dé la información lo único que se va a crear es que no se tomen las medidas correctas en el momento”, dice Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa.

Las autoridades regionales lo sabían oficialmente desde un poco antes: el lunes 7 de junio, dos días antes de que el gobierno lo hiciera oficial. Así lo dio a conocer el gerente regional de salud del gobierno regional, Christian Nova, a los medios. “El día lunes me llamaron del Instituto Nacional de Salud, me dijeron que había esta cepa y que guarde absoluta confidencialidad y discreción, por eso yo lo hice y no dije nada”, apuntó.

Hasta el anuncio de Ugarte, solo dos provincias arequipeñas de Islay y Caylloma estaban en nivel de alerta extremo. “¿Por qué no se incluyó a más provincias de la región Arequipa en este nivel, considerando que la situación sanitaria de la región en general iba agravándose desde semanas antes?” fue otra de las preguntas que hizo Sudaca a la cartera, pero que no obtuvo respuesta.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos”

«Nosotros sin conocer este resultado [el diagnóstico a la señora de 78 años] observábamos una curva epidemiológica anómala de Covid con respecto de todos los otros departamentos del país”, señala el decano Gutiérrez. Se refiere a la curva que empezó a pronunciarse desde inicios de mayo.

“Nosotros pensamos que en junio podría empezar a bajar [la curva de contagios], pero no. Es más, se está incrementando. Desde inicios de mayo es que se ha incrementado más”, añade Elmer Rodríguez, de la Federación Médica de Arequipa.

De hecho, desde inicios de aquel mes los médicos del hospital covid de la región, el Honorio Delgado, pedían ayuda públicamente. 

El pasado 2 de mayo la jefa de la unidad de Emergencias, Alida Huamán, fue entrevistada en Exitosa Noticias. El problema no era tanto el equipo biomédico, sino la falta de personal. “Un colapso es cuando funcionalmente ya no podemos cumplir con las funciones y ese es el caso (…) estructuralmente tenemos equipo biomédico, pero ¿quién atiende?, ¿quién ve [a los pacientes] si no hay más manos para atender y estamos tan limitados para salvar vidas? También eso es un colapso”, señaló.

Huamán detallaba entonces que de 410 camas de hospitalización sólo estaban operativas 260; de 30 camas UCI, sólo 18; de 16 de trauma shock, apenas 10. “Es decir, actualmente en el hospital Covid hay 168 camas que prácticamente están inservibles, porque las autoridades locales del sector salud no tienen presupuesto para contratar más personal y el gobierno del presidente Francisco Sagasti tampoco da una solución”, apuntó.

Dos semanas después, el 16 de mayo, el director del Honorio Delgado, Richard Hernández, declaraba al mismo medio: “Teníamos 45 plazas [por cubrir] para médicos y solamente se ha logrado conseguir 12 médicos. Pero de especialistas, que necesitamos en este momento para el manejo de cuidados críticos (sobre todo en el área de shock trauma y el área UCI), no hemos tenido ningún médico que se haya presentado”.

La Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Arequipa envió entonces un par de oficios al ministro de Salud el pasado 21 de mayo, semanas antes de que decidieran empezar el seguimiento epidemiológico. En uno, le alertaba de la preocupante situación de incremento de contagios de Covid-19 y mortalidad y le pedía considerar una cuarentena por 15 días en toda la región. En el otro le pedía ayuda para frenar la programación del debate presidencial en la ciudad.

El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.

Pero sería insuficiente.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos, faltan especialistas en plena pandemia”, dice a Sudaca Elmer Rodriguez, quien también es jefe del servicio ortopédico y de traumatología de este nosocomio. La falta de médicos internistas y neumólogos hizo que esté hoy intentando salvar la vida de pacientes Covid a pesar de no ser su especialidad. “Colegas que han sido vacunados se han enfermado, [miembros del] personal en general están también enfermos. Estamos poniendo el hombro de la manera que se pueda, como se pueda”, cuenta. 

El jueves pasado, un día después del anuncio del ministro sobre la presencia de la variante, un contingente de funcionarios del Ministerio de Salud y un grupo de 26 profesionales de la salud entre médicos y enfermeras aterrizaron en Arequipa para apoyar en el hospital covid. Sin embargo, a ojos de Rodríguez, de nuevo el número no satisface la demanda.

“Falta por lo menos, para poder afrontar, más de 100 elementos, entre enfermeras y médicos. Pero finalmente es una ayuda que es bienvenida, así sean 15 o 20 los necesitamos. Aunque sigue siendo insuficiente”.

Cuatro de los cinco pisos que albergan pacientes en el Honorio Delgado están saturados de pacientes Covid, sin contar con las dos carpas ubicadas en los espacios exteriores del hospital. Ya tampoco es posible brindar oxígeno a la población para su atención en domicilio.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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Arequipa, Covid-19, Ministerio de Salud, Minsa, Variante Delta

Oscar Galarza es psicólogo, tiene 60 años y recientemente ha tenido que bloquear de su Facebook a su mejor amigo de la juventud. La razón, explica, son los ataques que recibía de este por hacer pública su decisión de votar por Perú Libre. “Yo me pregunto: si psicólogos pierden la amistad por cosas que no valen la pena, por una señora Fujimori que nos dice que va a cambiar, por un señor Pedro Castillo que dice que no va a ser totalitario, ¿qué podemos esperar?”, comenta Galarza, presidente de la Asociación de Psicólogos de Lima.

No es el único. La periodista Victoria Pineda contó el pasado 3 de junio en su cuenta de Twitter: “En serio, es increíble las cosas que tengo que ver y responder por WhatsApp. Estas elecciones estoy perdiendo a varios «amigos», pero no me arrepiento”. Y acompañó su mensaje con el pantallazo de la discusión.

En una reciente entrevista para Sudaca, la también periodista Rosa María Palacios contó un pasaje similar acerca de las interacciones que tiene con sus conocidos por redes sociales. “Un sector de mi familia cree que soy comunista. Aunque tú no lo creas. No sé por qué, probablemente por no decir ‘Keiko, te amo’, o algo por el estilo. Y otro sector cree que soy demasiado de derecha, ¿cómo es posible?”, apuntó.

“Bruno” (22), por ejemplo, es un estudiante del último año de psicología de la Universidad de Lima. Utilizamos un seudónimo porque el entrevistado no quiere revelar su identidad por temor a quedar expuesto a reacciones hostiles. Pero cuenta su experiencia con su entorno universitario. “Más [me han afectado] las reacciones que tienen otras personas que el mismo resultado de las elecciones. Creo que se ha cerrado bastante el diálogo al menos en varios grupos sociales limeños. El que no tiene tu opinión es el enemigo […] Muchos están totalmente decididos a irse del país”, dice. 

Y si en grupos privados la polarización es notoria, redes públicas como Twitter son un verdadero caldero. “Mucha gente esta semana ha renunciado a Twitter. ‘Esta semana he decidido no abrir Twitter’ es como la frase de la semana. Como Twitter puede ser anónimo y la gente habla sin reparos. Veo cosas tan fuertes de los dos lados, ‘mi amiga tal y mi amigo tal se han dicho esto’, me cuentan. Qué difícil será volver a hablarte con el enemigo”, dice Graciela Cardó, vicepresidenta de la Sociedad de Peruana de Psicoanálisis.

¿Qué hay detrás de estas interacciones? “Es el famoso pensamiento binario”, sostiene la especialista. “En los momentos de crisis, de cambio, tendemos a pensar de nuevo así: los buenos, los malos; los míos, los otros; el nativo, el extranjero; hombre, mujer; yo, tú. Y el pensamiento binario implica dominación, implica que uno es mejor que otro, siempre es así”, añade. 

Óscar Galarza coincide y se anima a poner un ejemplo personal. “El ‘yo-tú’, que es una relación humanizante, se empieza a transformar en un ‘yo-ello’. Por ejemplo, a los que vamos a Pedro Castillo nos están llamando ignorantes, brutos, comunistas, que queremos un país como Venezuela o Cuba. Y los de esta parte llaman a los que van a votar por Keiko Fujimori: delincuentes, autocráticos, corruptos. Al final, ¿qué tengo que ver yo, que voto por Pedro Castillo, con un comunista? ¿Qué tienes que ver tú, que votas por Keiko Fujimori, con una corrupta? La consecuencia es un mecanismo muy violento. Es: yo soy bueno, tú eres malo”, explica.

Óscar Galarza, presidente de la Asociación de Psicólogos de Lima, en conversación con Sudaca vía Zoom.

«Todo es defensa acérrima de su posición, ni siquiera del candidato o candidata, todo es lo que tú quieres, son tus ideales, tus esperanzas, son procesos psíquicos complejos», complementa Graciela Cardó.

La distancia que los separa

Hoy, a menos de nueve horas del flash, la preocupación por la situación del país va alcanzando su pico y pueden surgir algunos síntomas. “Hay bastante insomnio, ansiedad, somatizaciones como dolores de cabeza, de cuerpo. Mucha gente ha estado definitivamente más ansiosa, preocupada, fastidiada, irritada, y es que si estás peleando todo el tiempo…”, dice Cardó.

La familia Taboada vive algo similar a lo que describe la psicóloga. Lucía Taboada (23), una estudiante de derecho en la Universidad del Pacífico, dice que ella y su hermana -que estudia la misma carrera en la Universidad Católica- viciarán su voto. Los actos de corrupción y violación de derechos humanos cometidos por el fujimorismo han sido decisivos para ambas.

Pero sus padres, de 60 y 52, votarán por Fuerza Popular. El recuerdo del terrorismo que vivieron durante las década del 80 fue una de las razones. Y llegó a su momento más álgido luego del atentado en el VRAEM. “Así era todos los días”, recuerda Lucía que dijo su papá evocando aquella época. “El medio televisivo que mi papá más consume es Willax y es notoria la campaña de miedo [de ese canal]”, apunta.

Su madre, por otro lado, insistía en lo peligrosa que era la opción de Perú Libre para la economía. “He invertido tanto en ustedes para que al final se queden sin trabajo”, le escuchó decir a su mamá, quien, preocupada, recordaba que durante el primer gobierno de Alan García ganaba el equivalente a S/20 al mes. “Sí, estaba triste al punto que se puso a llorar”, comparte Lucía.

En medio de la polarización, algo que apunta Graciela Cardó parece pasar desapercibido: “Los dos intentan proponer mejoras. Obviamente. Nadie va a proponer destruir el país. Pero la gente lo vive así. [A los ojos de ambos bandos], los dos candidatos están proponiendo destruir el país”.

Graciela Cardó, psicoterapeuta y vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP). Foto: Crecedu.

Desde su consultorio en San Miguel, Oscar Galarza ha advertido un paralelo quizás más profundo. “En todos los años, nunca se ha visto una polarización tan fuerte y, por lo tanto, lo que veo en muchos hogares es que los hermanos se están distanciando, padres e hijos pelean por situaciones electorales, amigos que están perdiendo la amistad, y ciertamente [esto] va a traer como consecuencia demasiados problemas en las interrelaciones familiares. Ello aunado al Covid-19, que ya por sí solo es un problema”, apunta. La votación empieza y acaba hoy. ¿Habrá futuro para las relaciones rotas que deja?

 

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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Elecciones 2021, Flash electoral, Fuerza Popular, Perú Libre, relaciones familiares, Voto

«No señor, su línea de crédito ya no es de S/2.000, le han ampliado a S/4.000», recuerda Jaime Panez que un asesor de la Tarjeta Oh!, el producto ofrecido hasta el cansancio en los supermercados Plaza Vea y las tiendas Oeschle, le dijo a fines de 2019. Semanas antes había sufrido el robo de su tarjeta en Pasco, la provincia donde trabaja. Su esposa, en Lima, solo pudo bloquearla al día siguiente del robo, por la mañana. Panez es mecánico automotriz y vuelve con regularidad a la capital para ver a su familia. 

La tarjeta es parte de la oferta de Financiera Oh!, uno de los tentáculos del grupo Intercorp, la firma liderada por uno de los hombres más poderosos del país, Carlos Rodríguez Pastor. Y, además de las tiendas mencionadas, permite beneficios en otras que son parte de este conglomerado empresarial.

La ampliación de la línea de crédito de Panez no solo era una mala noticia porque no recordaba que le hubiesen consultado esa decisión, sino por lo que su estado de cuenta mostraba: el delincuente había hecho uso de S/3.000 de su tarjeta de crédito el mismo día del robo.

“Encima había una cuenta por mora, que ya estaba como en S/3.500 más o menos”, cuenta a Sudaca. Su nombre aparecía entonces en la Central de Riesgos de la SBS con una mala calificación crediticia. La información la recogerían luego sistemas privados como Infocorp o Sentinel. Con ello las puertas de otras entidades financieras se cerraron. Ocurrió en el momento menos indicado: Panez necesitaba un crédito para realizar algunas reparaciones en su vivienda.

“En todo ese tiempo, la Financiera Oh! me puso en alerta roja, ya no podía sacar préstamos de ningún banco […] Como ya estábamos en alerta, buscamos los medios por otro lado, algún pariente, familiar, para obtener unos préstamos y hacer algunas reparaciones que necesitábamos en casa”, relata.

No es el único caso. Un ejemplo es lo ocurrido con Jacqueline Guzmán en Cusco, un mes después de lo de Panez. Delincuentes sustrajeron de su tarjeta más de S/ 16.000 a través de 18 operaciones bancarias que no coincidían con el patrón de consumo de la usuaria. La financiera sostuvo ante Indecopi haber identificado la falta de coincidencia desde la primera operación, pero que, al no lograr comunicarse con la usuaria, decidió no intervenir.

Otra historia de impotencia vivió Celmira Huachaca, en Cusco, cuando la financiera le facturó por segunda vez los de S/ 409 de los consumos hechos con su Tarjeta Oh! en agosto de 2019. También en Cusco, Marisa Pantigoso pasó por una experiencia similar cuando, ya iniciada la pandemia, se vio en la necesidad de pedir una reprogramación de parte de su deuda con Financiera Oh!. Sin embargo, esta realizó la reprogramación bajo condiciones menos favorables a las ofrecidas.

Todos ellos lograron que el Indecopi sancionara a la empresa y se eliminaran sus deudas. Pero el camino no fue fácil ni rápido, como veremos más adelante.

La estrategia de los ‘beneficios’

Financiera Oh! no solo lidera el ranking de sancionados del sistema financiero, sino de todos los sectores en el periodo 2017-2021. Y de lejos. Solo desde el inicio de la cuarentena, en marzo de 2020, Indecopi le ha impuesto 431 sanciones firmes. El 90% de las sanciones son por falta de idoneidad del producto (168), operaciones no reconocidas (124) y mala atención de reclamos (95). Casi todas estas sanciones tienen que ver con el servicio de las tarjetas de crédito.

Financiera Oh! supera en número de sanciones a los cuatro bancos más grandes del país: Banco de Crédito, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank.

Entre las conductas de Financiera Oh! que le ha sancionado Indecopi bajo la categoría de “falta de idoneidad” del producto, según data proporcionada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor a Sudaca, figuran cobros indebidos de cargos o comisiones, reportes indebidos a la Central de Riesgo de la SBS, cobros de deudas ya canceladas, cobros indebido de intereses, sobregiros no autorizados y cálculos indebidos de deudas.

En 2009 el grupo Intercorp creó la financiera con el objetivo puntual de vender créditos que financiasen compras en sus tiendas Oechsle y algunos otros establecimientos afiliados, pero rápidamente los objetivos fueron más ambiciosos. En 2013, el banco del grupo, Interbank, cedió sus tarjetas Vea —con las que sus clientes accedían a ofertas exclusivas en el supermercado— a la Financiera Oh!. Ello le significó a esta última mayor participación en el segmento de créditos de consumo.

Desde entonces es usual ver esta exclamación —Oh!— una y otra vez al ingresar a un local de Plaza Vea u Oechsle. La encuentras incluso en el uniforme de sus trabajadores.

Foto: Luisa García

Financiar el consumo en todas sus tiendas es la estrategia que Intercorp ha replicado de actores chilenos como Falabella, Ripley o Cencosud.

No hay otro grupo financiero que tenga bajo su paraguas a tantas marcas o tiendas retail (ventas al por menor) como Intercorp. Mass, Makro, Inkafarma, Mifarma o Promart son algunas. Sus ofertas son exclusivas para clientes con Tarjeta Oh! y la web de la financiera, de hecho, no lleva su nombre sino el de la tarjeta.

“He usado la tarjeta en Promart, en Plaza Vea también, para comprar un televisor y alguna cosa más. O sea, prácticamente en las tiendas autorizadas por la tarjeta”, cuenta Panez.

Entre la gama de ofertas, también figuran descuentos en productos de su vasta red de aliados: desde un seguro de salud en la Clínica Javier Prado hasta un curso en Cibertec o ISIL. 

Y es que a las tarjetas de puntos y millas, han ido sumándoseles aquellas que otorgan “beneficios” al comprar en tiendas vinculadas. Son los “Oh! Beneficios” los que suelen persuadir a personas como Jaime Panez, que adquirió su tarjeta hace alrededor de 7 años.

En 2012, luego de culminar un MBA (Master in Business Administration) en Londres, el especialista en gestión de la información Alfredo Ramírez fundó ‘Compara bien en Lima’. Una plataforma online que compara características claves de las tarjetas de crédito, entre otros servicios financieros. Su organización —hoy presente en siete países de Latinoamérica— ha identificado a los “beneficios” como una de ellas.

Ramírez explica que la gente no solo compra por impulso una vez que ya tiene la tarjeta, sino que esto puede ocurrir a la inversa: adquirir la tarjeta por el impulso de comprar algo. “Inclusive a uno le ofrecen la tarjeta y por impulso dice ya. Porque quiere comprarse un televisor, por ejemplo, y con la tarjeta sabe que va a tener un descuento”, explica Ramírez.

“Es lo que incentiva a los bancos o financieras a trabajar en estos programas de beneficios para poder direccionar sus productos a un grupo de gente específico. Obviamente los grupos de tiendas retail que son grandes van a preferir siempre eso, porque benefician al grupo comercial”, agrega.

El viacrucis por la justicia

Jaime Panez no sabía que su reclamo le tomaría alrededor de un año y medio. En el trayecto de su denuncia, él advirtió un factor que dificulta que los reclamos a la financiera del grupo Intercorp lleven un proceso efectivo: “Cuando me pasó esto, yo fui a varios puntos. Fui al Mall de Santa Anita, al Jockey Plaza, buscando una oficina donde pudiese hablar con algún gerente, para explicarle el caso. Pero no hay, no hay [gerentes]. En Atención al cliente [Centro de Tarjetas Oh!], cuando vas te dicen: ‘no señor, tú debes y tienes que pagar’, ‘pero, señor, acá está mi denuncia policial’, no hacen caso”.

Plaza Vea del Óvalo Higuereta, en Surco. En vez de una red de oficinas, Financiera Oh! posee una red de pequeños centros de atención en las tiendas Plaza Vea y Oeschle. Foto: Luisa García.

Panez se vio en la necesidad de contratar los servicios de un estudio de abogados para poder llevar el proceso ante el Indecopi. Una inversión que, recuerda, ascendió a alrededor de S/600. Luego de obtener un fallo a su favor y una apelación de la financiera, la confirmación de la primera sentencia llegaría en abril último. Recién a inicios de este mes, Financiera Oh! eliminó de su historial la deuda de los S/3.000 más los S/1.941 de intereses que ya había acumulado.

Sin embargo, los gastos legales, de tiempo o transporte no son recuperables. Indecopi solo ordena el reembolso de “las costas y costos” de la denuncia, lo cual asciende a S/36.

Por su parte, a Guzmán le demoró un año y dos meses conseguir que se haga justicia. El pasado 6 de enero, Indecopi confirmó en segunda instancia la sanción a la financiera “por infracción del artículo 19° del Código, al no haberse acreditado el cumplimiento de las medidas de seguridad vinculadas a la activación del sistema de monitoreo”.

Una cantidad similar de tiempo demoró en resolverse los otros dos casos reseñados al inicio de este informe. Y es que los mecanismos para reclamar ante la misma Financiera Oh! parecen estar hechos para aburrir a los clientes.

En Plaza Vea del Óvalo Higuereta, por ejemplo, se encuentra uno de los centros de atención de la tarjeta, un pequeño módulo con dos agentes que reciben consultas, quejas y reclamos. En 30 minutos de observación, al menos 10 personas pasaron por allí, al tiempo que tres promotores de Tarjeta Oh! se acercaron a preguntar si ya contábamos con una tarjeta.

Una usuaria que pidió pagar en una sola cuota y le dividieron el pago en varias y otra cansada de las constantes llamadas que recibe por las cuotas que adeuda fueron dos de los casos que pudimos advertir aquella tarde.

Solo desde marzo de 2020 hasta la actualidad, el Indecopi ha sancionado a la financiera 95 veces por malas atenciones a reclamos. En el detalle estadístico figuran: ‘falta de atención’, ‘atención inadecuada o incompleta del reclamo’, ‘demora’ o mala calidad del servicio de atención de reclamos.

El 90% de las sanciones a Financiera Oh! se concentran en las categorías de «falta de idoneidad», «operaciones no reconocidas» y «atención de reclamos».

A través del área de prensa del grupo Intercorp, Sudaca solicitó una entrevista a Financiera Oh! para conocer su lectura sobre su liderazgo en el ranking de proveedores sancionados por Indecopi, pero decidieron no participar en este informe.

Los casos de Panez, Guzmán, Huachaca y Pantigoso reflejan, sin embargo, un círculo vicioso que se coteja en las cifras: una deficiencia en el servicio contratado (en el sistema de seguridad por ejemplo) deriva en un cargo indebido o en el cobro de una operación no reconocida por el usuario; y lo que sigue es la pesadilla de ejercer tu derecho a reclamo. ¿Te suena conocido?

Fotocomposición de portada por Leyla López. Imágenes: Rankia y Pixabay.

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Cobros indebidos, Financiera Oh, Indecopi, Operaciones no reconocidas, Sanciones, Tarjeta Oh!

 

La primera planta que entregó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud el año pasado, sigue sin poder llenar balones de oxígeno. Se trata de aquella que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa el 3 de febrero. “El booster, que es la pieza que permite [la compresión del oxígeno y] el llenado de los balones, no ha sido instalado”, explica la gerenta del centro de salud Berenice Rodríguez. Hoy el hospital, que también tiene a su cargo pacientes con oxígeno domiciliario, depende de un proveedor externo para la recarga de los cilindros.

Lo mismo sucede con otras dos plantas instaladas en marzo pasado, en Chota, Cajamarca (Hospital de Apoyo de Chota José Soto Cadenillas), y en Huaral (Hospital San Juan Bautista). La UNI ha informado al Minsa que recién dentro de un mes y medio (45 días) completarán las piezas faltantes en las plantas. Aquí el detalle de cuáles son, de acuerdo a información proporcionada a Sudaca por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) del Minsa.

Fuente: DIEM-Minsa.

Pero la universidad podría salir bien librada gracias a una conciliación firmada con el Minsa el pasado 12 de mayo, que increíblemente no contempla penalidades por las tres plantas incompletas y tampoco por el incumplimiento en la entrega de un total 47 a las que se había comprometido inicialmente en el convenio ya mencionado. Así lo revela el acta de este acuerdo a la que accedimos para este informe.

El tira y jala de la conciliación

La UNI había recibido en noviembre pasado S/42,5 millones de parte del Minsa, equivalente al 50% del valor de 47 plantas de oxígeno que se había comprometido a implementar. Sin embargo, no cumplió con la primera entrega de 18 plantas al 24 de enero (una fecha límite que era ya un plazo ampliado). Aun así, el Minsa siguió esperando por varias semanas y dio un ultimátum el 5 de marzo. Una semana después, la cartera que dirige Óscar Ugarte resolvió el convenio y ambas entidades entraron en un pesado proceso de conciliación.

Hubo al menos dos intentos previos de concretar un acuerdo. En ambos, la UNI —en el colmo de la desfachatez— exigía incrementos presupuestales o adelantos de dinero que el Ministerio de Salud no estaba dispuesto a desembolsar, según documentación a la que hemos podido acceder. El acuerdo final de la conciliación —firmado el miércoles pasado— proponía finalmente que la universidad entregue, en un plazo de 45 días, las piezas faltantes en tres de las plantas instaladas y dejar funcionando otras cuatro plantas más en el plazo de un mes.

Pero el acuerdo también eliminaba las penalidades ante el incumplimiento de la UNI. “Los señores [de la UNI] se pusieron en esa posición, de que no vayan [los puntos] 1.5 [sobre Aplicación de penalidades] o el 1.6 [Solución de controversias]. Lo retiramos en ese momento del acta, pero no es que por otro canal el ministerio no pueda reclamar esas penalidades”, sostiene el director ejecutivo de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), Wilfredo Solis, en entrevista con este medio. El funcionario comenta que un arbitraje o proceso judicial serían las dos opciones que le quedan al Minsa y que las están analizando. 

Extracto del Acta de conciliación entre el Minsa y la UNI.

Según Solis, el Minsa seguirá un proceso de liquidación cuyo objetivo será determinar si todo lo entregado por esta casa de estudios (las 18 plantas iniciales y las cuatro que se han comprometido a entregar) equipara o no los S/42,5 millones que se le adelantó a la universidad. Aquello implica la revisión del expediente técnico de cada planta, la verificación de sus piezas y el levantamiento de observaciones. El área que dirige Solis es clave en el tema de plantas de oxígeno.

¿Cuánto dura y cuándo piensan hacer este proceso de liquidación?

En el acta de conciliación, se ha establecido plazos que van entre cuatro a doce semanas, en función de que estén completas las plantas. De las 18 plantas, hay tres que no están completas. Lamentablemente, esas tres necesitan algunos equipos de importación. Por eso es que la universidad nos está pidiendo que después de 45 días que importen esos equipos [piezas faltantes], recién vamos a poder hacer todos los pasos [de la liquidación] que le he mencionado.

—Solo entonces van a saber si es que tendrán dinero de regreso de parte de la UNI.

Correcto.

—De haber devolución, ese dinero se invertiría en la compra de equipos para suministrar oxígeno, según han explicado. Entonces es una demora tremenda terminar la liquidación recién dentro de tantas semanas. 

Correcto, como le digo: nosotros lo único que podemos hacer es evidenciar en dónde están los aspectos críticos de esta demora.

Quedan alrededor de cuatro meses y medio para ese nuevo capítulo. Dos de aquellas cuatro plantas que la UNI deberá entregar irán para hospitales que hasta el momento habían quedado fuera del plan de acción del Proyecto Especial Legado, un programa que ha recibido el encargo del Minsa de adquirir 20 de las plantas que la UNI dejó a la deriva cuando naufragó, como informó Sudaca a fines de abril.

Sin embargo, aún hay siete hospitales sin un claro presupuesto asignado. Son los siguientes: 

Diseño: Leyla López.

Son siete hospitales los que han quedado en el limbo, de la UNI no recibieron ni recibirán sus plantas de oxígeno ni figuran en el plan que el Proyecto Legado está ejecutando ahora mismo. ¿Cuándo les llegaría las plantas comprometidas?

En este momento no podría decirle… ni siquiera en semanas podría, porque estamos esperando el informe técnico [del Proyecto Legado sobre su ejecución presupuestal].

Con este documento, se sabrá si el presupuesto ya asignado a Legado también podrá cubrir el costo de las siete plantas que quedan en el limbo por el fracaso de la UNI. Solis remarca la importancia de esperar por dicho informe, aunque anticipa que muy probablemente sea necesario desembolsar otro presupuesto para dichas plantas.

—¿Cuándo deben recibir este informe?

Todavía no tengo fecha, le mentiría si le dijera una fecha porque, como estamos trabajando varios temas… Para comenzar no hemos recibido nada oficial todavía.

Mientras la burocracia hace lo suyo, los hospitales viven una situación crítica. Hasta el Hospital de Yunguyo, al sur del Lago Titicaca y en la frontera con Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Salud debió llevar una planta de oxígeno a inicios de año. Pero hoy solo hay muros a medio avanzar para albergar las plantas. Continúan dependiendo del escaso oxígeno de Puno capital, a dos horas en auto. 

“El mes de febrero ha sido crítico. En el mismo Puno, había colas inmensas para recargar los balones. Un día llegó un paciente a las seis de la tarde con requerimiento de 15 m3 de oxígeno por minuto, lo máximo que se puede dar con un balón. Le hemos dado otro balón, otro más, otro. A las cinco de la mañana falleció, no teníamos más. Es triste, no podíamos hacer más. Y no es uno sino varios los que han pasado por lo mismo”, relata el médico Anatoly Montalvo, director del Hospital de Yunguyo. Hoy suman más de 41 fallecidos por la Covid-19 en lo que va del año.

“Necesitamos el oxígeno, atendemos una gran cantidad de pacientes Covid, tenemos 30 camas [netamente para ellos]. Estamos muy preocupados por el incumplimiento. (…) Tenemos mucho temor por esta tercera ola que se viene”, asegura Carlos Tavera, director del Hospital San Martín de Porres, en la provincia de Carabaya, también en Puno. Es otro de los hospitales de los siete centros de salud a la deriva. Hoy traen el oxígeno desde una empresa en Arequipa, recargan dos veces por semana los 50 balones con los que cuentan y en viajes que toman 8 horas.

Atrás, obras paralizadas a la espera de la planta de oxígeno de la UNI en el Hospital San Martín de Porres en Carabaya, Puno. Adelante, infraestructura a medio acabar en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali.

Una imagen muy parecida es la que se ve en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali. “Hace un mes atrás dijeron que la planta iba a llegar en 10 días, hasta ahora no hay nada. (…) [En abril] A diario morían entre 20 a 30 personas por día por falta de oxígeno”, comenta Luis Tejada, técnico de enfermería del hospital.

En el sur de Lima, el cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador continúa en busca de que alguien les done una planta de oxígeno. La historia es conocida y paradigmática, como ya contó Sudaca en varios informes. “Todas las semanas tenemos una situación particular que atender. A veces se presenta una empresa minera que quiere apoyar al Estado y nos ofrece una planta. Estamos a la expectativa que en el momento más oportuno podamos responder a la necesidad de Villa el Salvador”, dice Wilfredo Solis del Minsa.

Al parecer, a aquellos siete hospitales solo les queda esperar un golpe de suerte.

 

Fotocomposición de portada: Leyla López.

 

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Ministerio de Salud, Minsa, Oxígeno, oxígeno medicinal, Pandemia, plantas de oxígeno, UNI

La economía peruana está mucho menos dolarizada que años atrás [bajó del 70% en 2004 al 24% en 2021]. Se podría pensar que entonces los vaivenes del dólar no nos afectan en lo cotidiano. ¿Es cierto o qué mostraría lo contrario?

El pan y el pollo, por ejemplo. El pollo come maíz y el maíz no se hace en el Perú, porque no tenemos un buen clima para producirlo. Nosotros vivimos del pollo, es el alimento del peruano. Cada vez que sube el tipo de cambio, sube el precio del maíz y nosotros pagamos más por el pollo. Igual sucede con el trigo, nosotros no tenemos clima para hacer trigo, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil. Cada vez que el tipo de cambio sube, sube el precio del pan, porque sube la importación del trigo. No es tan bueno que suba el precio del pan porque a los ciudadanos nos golpea el bolsillo. Además, con estos mismos dólares, se paga el petróleo, el aceite, la ropa o la soya que también la importan. Entonces, tienes que usar más soles para comprar los mismos dólares. ¿Se genera inflación? Sí. ¿Y eso es malo? Sí. Porque nos cuesta más a todos los ciudadanos de a pie.

La gente, al buscar aferrarse a una moneda más segura y salir a comprar dólares,  genera que haya menos dólares en el mercado también. Entonces, colaboran con el alza del dólar… 

Es un círculo vicioso o virtuoso, pero generas una espiral. Tú compras tus dólares y en la tarde ves a alguien: «Oye, ¿sabes que compre dólares?». «¿Por qué compraste dólares?». «No, mira, por si acaso». Esa persona se queda pensando toda la noche y al día siguiente dice: «¿Sabes qué?, voy a comprar dólares». Se genera esa bola de nieve, en que la gente empieza a pasarse la voz, y a mí me ha pasado los últimos cinco días, ha sido el triple de llamadas de personas que preguntan sobre el tipo de cambio en los dos últimos meses. Además ahora es virtual, tú entras a una página web y cambias al toque. ¿Por qué la gente actúa así? Porque las personas que tienen 50 años a más lo vivieron con Alan García 1. Hay un recuerdo detrás de tu cerebro que te dice «alerta, alerta», que grita «¿te olvidaste?». 

¿Crees que sean conscientes de que sí se genera un alza en productos básicos?

No son conscientes, porque además en este momento tú no estás tomando una decisión 100% racional, estás tomando una decisión un poco emocional. Y en ese punto emocional, eres tú contra el mundo, «yo voy a cambiar mis dólares, pensar en los demás no me importa, yo por lo menos quiero tener dólares». Quizás un poco tomada por la angustia, todos los días sube el cambio: «pucha, debí cambiar ayer que estaba en 3.67, ahora está en 3.68». No es nada la diferencia, pero no importa, tú ya estás [pensando]: «Ha subido, no compré, se me pasó». Te genera esta ansiedad hasta que compras.

Usualmente esto pasa en la bolsa [de valores] también. Yo he comprado, y suele haber una etapa en la cual sube muy rápido, que es lo que pasó la semana pasada. El dólar llegó a 3,85, y ahora ya regresó a 3,79. Creo que hay un poco de esta bola nieve y que el Banco Central [de Reserva] ha contenido muy bien, ha estado vendiendo dólares tres veces más diariamente, que lo que ha vendido en los últimos meses, en enero, febrero por decir. 

¿La experiencia de gobiernos anteriores en personas que están en sus 50 años o 60 qué rol juega en este círculo vicioso?

Juega en la parte más emocional y más temerosa de la experiencia pasada. Es el ´cuco´ que no quieres volver a ver y que te está tocando la puerta. Entonces, esas personas son las que cambiaron dólares en noviembre o en diciembre y que ahora les están diciendo a sus hijos: «Oye, hijito, yo tendría dólares, me acuerdo y te puedo recomendar eso». Entonces, empiezan a generar esa ansiedad. Sin duda, yo creo que esas personas, la mayor parte, no tienen soles hoy día y tampoco han tenido más de la mitad de su plata en soles en los últimos 20 años, porque siempre tuvo ese miedo de que algo malo puede pasar. La confianza se demora en generar. Los más jóvenes nacieron en un entorno en que el dólar no se movía tanto como hace años. Entonces, en su experiencia el sol es una moneda normal y fuerte, donde no hay inflación o hay poca. Te puedo generar angustia contándote historias, pero no las has vivido. 

Hablamos del primer gobierno de Alan García, ¿no?

Con Alan García literalmente ibas a tomar café [por la mañana] y en la tarde te costaba 50% más. Entonces, si tenías dólares, no importaba, tú cambiabas tus dólares y podías comprar dos cafés en la tarde, ya no uno. Porque se generó esta inflación tan grande en precios locales… He trabajado para una compañía de seguros y me contaron que iban con bolsas a Ocoña a cambiar dólares. Ya no contaban los billetes, los pesaban. La historia es que si tienes tus dólares te va a ir bien, no importa lo que pase con el sol.

Imagínate que Castillo o Keiko digan: «Vamos a hacer un gobierno donde vamos a tener cierta línea macro». Todos sabemos que están mal muchas cosas, pero imagínate que le den paz al mercado. El tipo de cambio debería regresar a 3,30, por donde está el precio del cobre. De 3,30 a 3,80, yo creo que es puro nerviosismo, puro miedo, pura angustia, pura sensación de que hacia adelante pueda estar peor de lo que estoy ahora y la economía lo va a reflejar. Entonces, me voy a la moneda fuerte, el dólar se ha denominado como la moneda reserva. Cada 100, 150 años, hay una moneda reserva en el mundo, hoy es el dólar. Probablemente en 50 años sea la moneda china, pero estamos todavía en el periodo del dólar.

¿En qué características del primer gobierno de Alan García encuentras similitud con lo que pudiera pasar con Pedro Castillo?

La primera es que en el primer gobierno de Alan, él tenía como que esta idea regional, que no solo era de él, sino pasaba en toda América Latina, de cerrar la economía, es decir: «Señores no vamos a permitir que se importen productos, los vamos a hacer acá. De esa manera yo voy a generar fábricas, voy a generar empleo». Cerró la economía. Pero hoy día vas a tener un impuesto de entrada de 300%, si tu celular te costaba S/300, mañana te costaba 1000. ¿Pero qué pasaba? En verdad no podías hacer el celular porque no tenías ni las fábricas ni la gente, ni los ingenieros, ni la tecnología.

Dos: el tema de nacionalizar las empresas, que no nos ha funcionado a los países chicos y no muy desarrollados, porque terminas utilizando para la empresa del Estado a todos tus partidarios, así sepan o no sepan manejar la empresa, no importa, los metes ahí. Luego, vendría la reducción de libertades en general también. Alan García trató de estatizar la banca. 

De los resultados de la primera vuelta y las primeras encuestas, ¿qué impactos adviertes en nuestras decisiones económicas?

Tengo el temor ahora mismo de que estas dos semanas han hecho que las personas se asusten. Las personas y las empresas. Han dicho: «Uy, no compro, no invierto. Tenía que hacer esta operación, ¿sabes qué? No, no lo compro». El que quería comprar un terreno para hacer un edificio de viviendas, tampoco lo va a hacer. Se ha parado de golpe la inversión. Como en la pandemia, «nadie sale a la calle», más o menos de golpe. Entonces creo que vamos a sentir el efecto en los siguientes dos meses. Económicamente el país se va a frenar pero rapidísimo. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Tratar de que las obras sigan avanzando. Carreteras, pistas, lo que sea. Pero el privado se ha asustado, ha dicho: «¿Sabes qué? No sé si invertir mi plata». No se contrata a nadie, no se paga nada, se aguantan a ver qué pasa. Y ese miedo afecta la inversión, afecta el consumo, afecta un montón de cosas. Eso no lo recuperas tan rápido. 

Y conforme se acerque el día de la elección, ¿qué prevés que suceda con el tipo de cambio?

Creo que el dólar no va a seguir subiendo como lo ha estado haciendo porque se van a pegar los dos candidatos. Ninguna elección, creo yo, de dos participantes termina siendo 70-30, 60-40. Si tú ves todas las elecciones en Chile, en Ecuador, en Alemania, siempre terminan siendo medio pegadas, porque se polariza, forman bandos. Entonces yo creo que a medida de que se empiecen a pegar, el tipo de cambio va a empezar a relajarse un poco, a estar menos tenso. Si mantenemos esa diferencia, que creo yo que es muy poco probable, el tipo de cambio va a reflejar eso. 

¿Y ya con el resultado de la segunda vuelta?

En caso que gane Pedro Castillo y si es que no hace una hoja de ruta, el tipo de cambio va a seguir subiendo para el 28 de julio. ¿Por qué hasta el 28 de julio? Porque el 29 él va a empezar a decir y hacer cosas. Pero como tienes tiempo antes de que asuma, tú vas a comprar dólares antes, y ahí el Banco Central va a vender [dólares]. El Banco Central tiene muchas reservas, muchas, muchas, muchas. Puede vender todos los dólares que están en soles en el banco. Pero la idea es que no te quedes sin dólares, porque necesitas esa plata como reserva, para comprar productos, etc. Entonces va a ser una devaluación lenta [del sol], pero se va a dar. Vamos a perder reservas, tenemos una línea de 11 mil millones con el Fondo Monetario [Internacional], y la van a jalar (utilizar). 

¿Habrá un punto de quiebre o momento decisivo?

El día que nombre al Banco Central y al Ministro de Economía será la segunda parte importante. Cuando tengan que cambiar a todos los miembros del Banco Central, ese día va a ser como la fecha clave donde las personas van a decir «ok, tengo miedo» o «ya no tengo tanto miedo como antes». En los casos en que es injustificado, en que [Castillo] nombre un banquero central o un Ministro de economía que la gente diga «mira, a este tipo le gusta la estabilidad más que otra cosa”, entonces el tipo de cambio se va a empezar de nuevo a apreciar. 

Si él no le quita la ansiedad, el 4 está a la vuelta de la esquina. De 3,85 a 4 ya no es tanto. Entonces, sin duda, si [Castillo] no quita esta sensación de angustia, porque dice: «No, yo voy a seguir con mi plan, que es una locura, pero no importa», antes del 28 de julio estamos en 4, te lo firmo sin duda. Y 4,50 a fin de año también, esa es mi percepción. El otro caso es al revés: si hay estabilidad, ya sea porque Keiko nombra gente de confianza, o Castillo nombre gente de confianza; el tipo de cambio se iría a 3,60, 3,50, 3,40, y ahí te conviene tener soles.

«No hay nada más cobarde que un dólar», dice la conocida frase, ¿quiénes son los que reflejan más su ansiedad o miedo?

La persona natural de a pie, la que tiene sus poquitos ahorros y que se muere de miedo de que lo poquito valga menos de aquí hacia adelante. Todas las empresas también y los grandes. Pero yo diría, el que más temor tiene es el que ha ahorrado durante mucho tiempo. S/50,000, por ejemplo, y de repente dice: «Pucha, con esos S/50,000 pude haber comprado 15 mil dólares, y ahora puedo comprar S/12,000, luego S/10,000. Pero el carro que quería sigue costando en dólares, ya no puedo comprar el carro». En ese momento te das cuenta que, efectivamente, tus soles valen menos. Y [sucede que] el carro lo quería comprar para hacer taxi, para utilizarlo como fuente de trabajo. En ese momento, esa persona dice «mejor voy comprando dólares, porque ese taxi va a seguir en dólares». Yo creo que ese es el que sufre más.

Claro, lo sufre, lo pierde.

Y no lo recupera.

¿Pero quienes tienen más poder de mover el tipo de cambio son las empresas grandes? ¿O entre los chiquitos pueden tener igual impacto?

Yo creo que los millones de chiquitos pueden mucho más que las empresas grandes, porque con las empresas grandes, finalmente el Banco Central dice: «¿Cuánto quieres comprar?». «Quiero comprar 200 millones». El Banco Central se lo da. Entonces, cuando viene un millón de chiquitos todos los días, son 200, 200, 300, es mucho más potente. 

Pocos días antes de la primera vuelta fui al Jirón Ocoña y la lectura de los cambistas era que los vaivenes del dólar eran reflejo de las encuestas. “A veces vienen como palomas a comprar, otras a deshacerse de los dólares”, “Mucho psicosocial”, era su lectura final y repetitiva.

Y eso es un negocio bien peruano. Tú vas a Chile, por ejemplo, y hay algunas casas de cambio. Vas a Colombia igual, casi no hay. Porque en esos países no se dolarizó la economía, por decir. Pero es un muy buen negocio ser cambista.

 

Foto de portada: Gestión.

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Alan García, Dólar, Elecciones 2021, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Perú Libre, Tipo de cambio

“La semana que viene vamos a iniciar una campaña para ver si nos donan una planta de oxígeno”, cuenta Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los hospitales más grandes de Lima Sur con alrededor de 200 camas de hospitalización. “Se estima que habrá una nueva ola en cualquier momento, entonces nosotros igual necesitamos una planta”, afirma.

Sin que el cuerpo médico lo supiera, en diciembre pasado este hospital rechazó una planta de oxígeno que la cementera privada Unacem intentó donar a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. ¿Sus argumentos? Que su demanda de oxígeno superaba a la de la planta ofrecida por la cementera y que tenían previsto recibir una idónea vía un convenio del Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El acuerdo establecía que la UNI entregaría 47 plantas de oxígeno a 46 hospitales. Pero el proyecto fracasó, como explicó Sudaca en marzo pasado, y se resolvió por incumplimiento en el plazo de entrega.

A la fecha, el HEVES no ha recibido la planta y continúa dependiendo de proveedores privados externos. En total son 29 hospitales que están en la misma situación y 9 de ellos han sido omitidos en un nuevo proyecto para cerrar la brecha del oxígeno, como veremos más adelante. Sus pacientes son los más perjudicados. Es abril, hasta ahora, el mes más mortal de la pandemia. El Sinadef —una mejor referencia que las cifras oficiales— ha contabilizado en promedio un exceso de 900 muertes diarias. Lima Metropolitana concentró la mitad de los decesos.

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, por ejemplo, las escenas son de desesperación. Lo muestra la periodista Silvia Yupanqui en un video: un hombre llora y samaquea a otro que acaba de fallecer en el asiento trasero de un auto negro a las afueras del centro de salud. La falta de oxígeno fue la causa.

En otro momento, una mujer, familiar de una persona que necesita atención, dice a un trabajador del hospital: “Por favor solamente que lo dejen entrar, que lo chequeen. (…) Ahorita está con 70 de saturación, ya no está respirando bien».

Otra señora intenta reclamarle a los funcionarios del centro de salud: «Toda la noche he estado buscando oxígeno. Por oxígeno es que lo traemos acá, para que lo puedan ayudar. (…) Me he ido hasta a Otuzco a buscar y no hay, no hay oxígeno». La mujer hace referencia al Hospital de Apoyo (de Otuzco) ‘Elipidio Berovides Perez’, que es otro de los 29 nosocomios que quedaron a la espera de una planta del convenio con la UNI.

«Estamos así aproximadamente hace tres semanas», cuenta a Sudaca el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, y precisa que el problema del número de camas se suma al del oxígeno. «No hay ni dónde sentarlos ni acostarlos, y ni hablar de las camas UCI». Su institución advirtió hace unos días que las muertes no contabilizadas en domicilios iban en notorio aumento, sumando alrededor de 20 diarias.

El Hospital de Apoyo de Caraz, en Áncash, es otro de los centros de salud a los que el Minsa les quedó debiendo una planta de oxígeno. Según Augusto Tarazona, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, tanto las hospitalizaciones como las muertes se han “incrementado terriblemente” en las últimas ocho semanas en el hospital, en gran parte por falta de oxígeno.

“Constantemente viene acabándose el oxígeno. La dificultad es que las empresas proveedoras en las últimas semanas no están abasteciendo por completo, solo una tercera o cuarta parte de lo que se les pide. Entonces eso genera una necesidad de independencia de producción de oxígeno”, explica el médico.

Tarazona comenta que la UNI les había indicado a inicios de marzo que la planta ya estaba lista para ser instalada. “No obstante, como ya se había anunciado la anulación del contrato, ha quedado en stand by. Y se da la situación actual de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno», señala. Tanto Ancash como La libertad están entre las seis regiones donde el coronavirus ha alcanzado mayor nivel de letalidad, según el Minsa.

Minsa: nuevamente los muertos antes que las plantas

El pasado 5 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud lanzara el ultimátum público a la UNI para la entrega de las 47 plantas, la universidad se comprometió entregar 18 de estas (menos del 40% del total original) e inició un proceso de conciliación con la cartera de salud, específicamente con el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a cargo de Bernardo Ostos.

A la fecha, la entrega de las 18 plantas ha concluido. Sudaca consultó al viceministerio cuáles fueron los acuerdos finales de la conciliación, pero no obtuvo respuesta.

El mismo 5 de marzo, sin embargo, el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en el Congreso que para suplir las plantas faltantes se haría una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado, una institución pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creada originalmente para darle sostenibilidad al legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Sin embargo, Legado recibió formalmente el encargo recién a inicios de abril a través del Decreto de Urgencia 036-2021. Sudaca consultó al Minsa por qué tardaron casi un mes en asignarle la responsabilidad en medio de un contexto de muertes en aumento, pero nuevamente no obtuvimos respuesta.

¿Qué ocurrió entonces con los 29 hospitales que quedaron en el aire luego de la resolución del convenio? Se trata de hospitales de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima Región, Junín, que están entre las 10 regiones donde el Covid-19 ha alcanzado mayor letalidad, según la Sala Situacional del Minsa. Así como hospitales de Ucayali, San Martín, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno y Cusco.

Ranking de la muerte: proporción de fallecidos del total de infectados con Covid-19. Diseño: Leyla López.

Estos nosocomios siguen esperando por las plantas de oxígeno y el plazo de espera que les han dado es de 4 a 12 semanas. Veamos por qué.

El 22 de marzo, la Defensoría del Pueblo envió al Minsa un oficio (ver documento) preguntando, además de la fecha de entrega, qué se había hecho hasta el momento para lograr la adquisición de dichas plantas de oxígeno y para cubrir la demanda de los 29 hospitales hasta que las plantas estuviesen operativas en ellos.

El viceministro Ostos se tomó casi un mes para contestar, el pasado 20 de abril (ver documento). Adjunta a su respuesta, enviaba la del titular de la DGOS (Dirección General de Operaciones en Salud), Edward Cruz. La escueta nota informativa N° 593-2021-DGOS/MINSA solo precisaba que la DGOS 1) había gestionado y participado en el decreto de urgencia que daba un nuevo marco normativo para la dotación de oxígeno, 2) que las plantas de oxígeno pendientes serían entregadas por el Proyecto Especial Legado en un plazo estimado de 10 a 12 semanas, y 3) que CENARES era el responsable sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal a dichos hospitales.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Proyecto Especial Legado y obtuvo detalles importantes sobre el trabajo encargado (ver respuesta). Según su director, Alberto Valenzuela, el Minsa le solicitó buscar 20 plantas para el mismo número de nosocomios. Solo 20 de los 29 hospitales.

¿Por qué dejar fuera 9 hospitales que vienen esperando por las plantas desde el año anterior?». Es el Ministerio de Salud quien debe responder la consulta», se limitaron a decir desde el Proyecto Especial Legado. Al cursar la pregunta, Sudaca no recibió respuesta de la cartera de salud. Entre aquellos excluidos por el Minsa del plan de Legado está el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ese cuyo cuerpo médico está ideando una campaña para conseguir una planta de oxígeno donada, después de haber rechazado una porque confiaban en la UNI.

La espera continúa para 20 hospitales, otros 9 quedaron fuera del plan asignado al Proyecto Especial Legado. Diseño: Leyla López.

El Proyecto Especial Legado, por su parte, incrementó en varios casos la capacidad de producción de las plantas que buscarían para cumplir con el encargo. Adicionarían al plan, estaciones de llenado de cilindros de oxígeno en varias regiones. «Con ello hemos logrado aumentar la oferta de oxígeno de 30 toneladas por día [de las plantas de la UNI] a 66», señala Valenzuela.

Lo malo es que nuevamente no sabemos qué llegará primero: si la tercera ola o las plantas. Legado se encuentra actualmente en una fase de estudio de mercado, buscando proveedores internacionales, y calcula que entre 4 a 12 semanas culminará la instalación progresiva de las 20 plantas. Una espera que puede ser mortal.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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Coronavirus, Covid-19, Ministerio de Salud, Minsa, Oxígeno, Proyecto Especial Legado, UNI
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