[INFORMES] El humo de las bombas lacrimógenas cubre los exteriores del edificio ubicado en el 801 de la Avenida Salaverry mientras las fuerzas de orden no escatiman gritos y empujones para ahuyentar a quienes se encontraban en la calle. El edificio es la sede del Ministerio de Salud y las personas contra las que se usaron las bombas lacrimógenas no son grupos extremistas que buscan generar disturbios ni integrantes de la barra brava de algún de equipo de fútbol en pleno enfrentamiento con sus rivales sino las enfermas que meses atrás eran las heroínas de una pandemia que había devastado al Perú.
En medio de este caos, Sudaca pudo conocer la historia detrás de este inesperado enfrentamiento que ha llevado a que las enfermeras peruanas vean al ministerio de su sector como un actor indiferente a sus necesidades y hasta dispuesto a exponerlas a la violencia de otros grupos.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Seis años atrás, cuando el Ministerio de Salud se encontraba bajo la conducción de Patricia García, se firmó un acta sobre la escala remunerativa de los profesionales de la salud. En este documento, este ministerio de comprometía a reducir las brechas salariales entre los profesionales de la salud.
Este proceso comprendería varios tramos y tenía como objetivo llegar al 2021 con el objetivo cumplido. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 cambió el panorama en 2020 debido a la emergencia sanitaria que concentró todo el esfuerzo del sector salud. Para 2022, las conversaciones para que se retome lo pactado en 2017 fueron retomadas, aunque con un desenlace inesperado.
Según relató a Sudaca, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP), el Ministerio de Salud cometió un error con el presupuesto y optó por utilizar el dinero que estaba destinado para cumplir con la escala remunerativa pactada para repartirlo con otros trabajadores del sector salud.
“Como es político y quiere bañarse en popularidad con ese sector de los técnicos anuncia como iba a ser la distribución de dinero y nosotros íbamos a ser los afectados”, señala Cabello y agrega que el ministro César Vásquez Sánchez ha logrado que ella, como representante de las enfermeras, sea víctima de violencia verbal y física así como de acusaciones falsas.
“Nosotros no nos oponemos que les aumenten, pero no pueden coger un presupuesto que está destinado a un sector y dárselo a otros”, aclara Judith Cabellos y explica que, desde el Ministerio de Salud, se intentó generar un conflicto entre las enfermeras y otros trabajadores del sector al tratar de instalar una versión según la cual la Federación de Enfermeras del Minsa estaban en contra de aumentos para otros trabajadores.
EL ERROR DEL MINISTRO
“El ministro acepta que ha ocurrido una equivocación”, relata Cabellos sobre la reunión que pudieron sostener con el titular del Minsa semanas atrás. En este encuentro, que recién pudieron gestionar mediante la intervención de algunos congresistas, César Vásquez habría reconocido que el reclamo que hacían las enfermeras era justo.
Sin embargo, pese a reconocer que estaban exigiendo lo que les correspondía, el ministro Vásquez alegaba que no contaba con el presupuesto para cumplir con el tramo pendiente de la escala remunerativa en cuestión y no sabía cómo solucionarlo. “Él manifestaba que a una enfermera se la había aumentado un 176% y eso es falso”, cuestiona Judith Cabellos. La representante de las enfermeras comenta que, si fuese cierto lo dicho por el ministro, las enfermeras ganarían aproximadamente cinco mil soles cuando recién en 2013 lograron un aumento para ganar S/. 2239.
La cifra de enfermeras afectadas por este error del Ministerio de Salud es de cincuenta y siete mil y, a pocos días de someterse a aprobación el presupuesto para el sector salud, este grupo teme que el objetivo de la escala remunerativa pactada años atrás cumpla otro año sin cumplirse.
“Nosotros no vamos a descuidar a nuestros pacientes. No lo hemos hecho durante una pandemia y menos lo haremos en estos momentos. Nos debemos a nuestros pacientes”, agrega Judith Cabellos antes de terminar la entrevista y manifiesta su preocupación debido a que, durante las jornadas de protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Salud, ha observado la presencia de obreros de construcción civil lo que las lleva a temer ante nuevos episodios de violencia.
El trágico panorama que dejó el paso de la pandemia originada por el Covid-19 destacó, entre muchas otras lecciones, la importancia de un proceso de vacunación eficiente y la necesidad de anticiparse a aquellos factores que amenazan la salud de la población. Sin embargo, no siempre las autoridades valoran las experiencias que dejaron estos episodios y subestiman o actúan con pasividad ante signos de alerta.
Esta situación es la que estaría ocurriendo en el Ministerio de Salud con respecto a las decisiones que se han tomado para afrontar la influenza, una problemática que, si bien no es desconocida, no se estaría combatiendo con las mejores armas disponibles. Esto se debería a que el sector encabezado por la ministra Rosa Gutiérrez Palomino únicamente planea usar las vacunas trivalentes en lugar de las tetravalentes.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Si bien se viene hablando de las campañas de vacunación contra la influenza desde hace un tiempo razonable, la diferencia entre la vacuna trivalente y la tetravalente radica en un punto clave. Aunque ambas están enfocadas en la influenza, la segunda sí incluye la protección ante el linaje tipo B Yamagata. Este punto ha captado la atención de los especialistas debido a que su circulación ha incrementado considerablemente al punto de triplicarse entre 2014 y 2020.
Teniendo en cuenta estos factores, la Organización Mundial de la Salud ha optado por incluir la vacuna tetravalente entre las recomendaciones para afrontar la temporada gripal durante 2023 y, de la misma manera, numerosos países, como Uruguay, Paraguay, Costa Rica y otros más, se encuentran aplicándola para la población que pertenece al grupo de riesgo.
En el caso peruano, no sólo no se utiliza la vacuna tetravalente sino que la cobertura de vacunación de los últimos años ha mostrado cifras alarmantes en la población de sesenta años a más, quienes son de los grupos más vulnerables a la influenza. Mientras que, en 2020, la cobertura de vacunación sólo llegó al 69%, este número cayó al 30% un año después.
No obstante, el sector privado sí cuenta con la posibilidad de aplicar esta vacuna tetravalente que, tal como señala la evidencia, podría evitar un riesgo considerable para la población. Aunque, como se evidenció durante la pandemia, el porcentaje de la población que depende de la salud pública es mayor y, por lo tanto, que sea este sector el que mire con indiferencia este panorama ha encendido las alarmas.
UN PEDIDO A LA MINISTRA
Ante el riesgo latente de afrontar una nueva emergencia sanitaria, que indudablemente sería grave al ocurrir en un contexto en que las autoridades no logran elaborar una estrategia eficiente contra el dengue, las organizaciones civiles han alzado su voz. Este es el caso de Voces Ciudadanas, quienes han enviado una carta a la titular del sector solicitando el uso de esta vacuna que ofrece mayor protección.
En la carta firmada por María del Pilar Collantes Torres, presidenta de esta iniciativa regional, se advierte sobre la importancia de realizar un cambio en el enfoque que actualmente tiene el Ministerio de Salud. Además, se resalta que se ha experimentado un incremento mundial de casos de influenza tipo B y se señala que, a raíz de esta circulación, aparecerán nuevas cepas en los próximos doce a catorce meses.
Sin embargo, aunque la Norma Técnica de Inmunizaciones que fue publicada en el año 2022 permitiría la adquisición de las vacunas tetravalentes, el Ministerio de Salud ha intentado justificar su negativa a adquirir dichas vacunas alegando que “en el último año y medio año y medio no había circulación del linaje Yamagata a nivel mundial” pese a que los expertos advierten que se ha producido un silencio inmunológico producto de los años de pandemia y se ha advertido que el rol preventivo de la vacuna debe ser valorado y que por esa razón es que los países que venían aplicando la vacuna tetravalente no han dejado de usarla.
A estas opiniones se sumaron las conclusiones que dejó el Simposio Internacional sobre Influenza realizado en el mes de mayo por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este evento que incluyó a especialistas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y expertos peruanos en inmunizaciones se advirtió que emplear sólo la vacuna trivalente deja en riesgo de desarrollar una enfermedad severa e incluso la muerte a mayores de 65 años, personas con obesidad, con enfermedades oncológicas y hasta a niños menores de cinco años.
El desconcierto experimentado durante los años más crueles de la pandemia y la situación que actualmente padece el país a causa del dengue han expuesto la precariedad del sistema de salud y un nuevo descuido ante la influenza podría llevar a un nuevo colapso que dejaría un número de víctimas que con una apropiada campaña de vacunación se podría evitar.
Ayer se inició la colocación de una dosis de refuerzo al personal de primera línea y, si bien aún no existe evidencia a favor de una tercera dosis en vacunas heterólogas (ya que vamos a mezclar el esquema de Sinopharm con una dosis de Pfizer), sinceramente, aplaudo esta iniciativa.
He visto el gran descenso de casos hospitalizados gracias a que se está vacunando a toda la población; pero aún llegan pacientes graves, los cuales son personas no vacunadas. Por eso, no voy a negar que, a pesar de que sé que nuestro principal escudo son las mascarillas, mientras más pasan los meses, crecen mis dudas respecto a si aún tengo esa protección extra que adquirí en febrero. Lo último que quisiera es que con el paso del tiempo nuestra protección baje a tal punto que, en caso de contagiarnos, alguno de mis compañeros o incluso yo misma lleguemos a desarrollar una enfermedad grave.
Por eso agradezco esta tercera dosis, sin embargo, no estoy contenta por completo. Creo que faltó algo mandatorio, que es plantear una investigación para evaluar realmente qué grado de protección podríamos tener con esta tercera dosis y, principalmente, confirmar que efectivamente la estamos adquiriendo.
Si bien es cierto, el ministro Cevallos anunció que el INS tomaría muestras a 800 médicos antes y 3 meses después de inocular esta dosis, sin embargo, no se ha hablado de un protocolo de investigación en sí como para conocer si estos 800 médicos constituirán una muestra significativa o si los resultados encontrados serían extrapolables al resto de la primera línea o la población general.
Esto me preocupa porque, ¿qué pasaría si en realidad usar una vacuna con un mecanismo de acción diferente no funcionara como refuerzo? El peor escenario sería que lo tomemos como si así fuese y al final terminemos desprotegidos.
Espero que pronto haya mayor información por parte del INS acerca de cómo es que se realizará este estudio, porque es importante para nosotros conocer si esta tercera dosis realmente nos servirá como refuerzo para que, en caso contrario, se tomen decisiones como, por ejemplo, aplicar el esquema de Pfizer completo. Además, realizar un buen estudio nos serviría también para replicar esta medida en el resto de la población.
Subtanjalla. Ese es el nombre del distrito iqueño en el que 86,3% de su población adulta mayor ha sido vacunado contra la Covid-19 a doble dosis. Solo superado por poco por el distrito de Chachapoyas, en Amazonas. Así lo indica el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) que, entre otras, lleva la cuenta más esperanzadora a nivel nacional, la de la vacunación contra el coronavirus.
Ica (58,3%) y Tacna (57,3%) son las dos regiones con mayor cobertura de una vacunación completa entre adultos mayores. Le siguen Lima Este (53,6%), Lima provincias (53,6%), y La Libertad (53,4%) .
“¡Vamos bien!” titula optimista un afiche de la región Tacna compartido por Aníbal Novoa, presidente de la Federación Médica de la región, con Sudaca. Y es que sin encontrarse originalmente entre las seis regiones priorizadas, Ica y Tacna han tenido un remonte progresivo a través de puntos de vacunación descentralizados en distintas provincias.
En Ica se ha cumplido estrictamente la recomendación del Minsa de que las personas reciban la segunda dosis en el mismo punto de vacunación en que recibieron la primera. “Es importante recordarle a la población que las dosis que nos envía [el Minsa] es en base a cuántas personas se vacunaron con la primera dosis. […] Si van a diferentes puntos de vacunación, entonces unos van a tener deserción, otros aumentos [de vacunados]. Sería un desequilibrio total. Es [una medida] en aras de la transparencia de la vacunación”, explica la coordinadora de inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, Ana Córdova.
Los mejores resultados de la vacunación a adultos mayores en la comparativa nacional. Fuente: Reunis-Minsa
En Trujillo, las personas mayores de 58 años ya están recibiendo su segunda dosis, según ha informado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.
“Desde un principio se ha tenido una buena organización y ha sido una buena decisión descentralizar los puntos de vacunación en una variedad amplia de distritos. Hasta nosotros nos hemos sorprendido, en ese sentido sí hay que felicitarlo”, explica Carlos Valderrama, secretario general de la Federación Médica de Trujillo.
En Iquitos, el primer epicentro local de la pandemia, el avance no se iguala al de Ica, Tacna o La Libertad. Sin embargo, Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuenta a Sudaca que el proceso vacunatorio está cumpliendo con el calendario y que son los colegios de la región los que han servido de puntos de encuentro para la inmunización.
“Hasta el momento hay una buena aceptación de la población, cada vez que hay un anuncio de vacunación las colas se forman adecuadamente, sin desorden”, comenta el médico. Según Reunis, el 26% de los mayores de 60 de la región ha recibido las dos dosis de la vacuna. El porcentaje sube a 34% si consideramos aquellos con solo la primera.
El futuro incierto de la vacunación
A nivel nacional, el 60.9% de los mayores de 60 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Es decir, 2.762.167 personas. Y a 38,2% (1.729.835 personas) ya se le aplicaron ambas.
Pero las cifras totales aún distan de este éxito. Solo el 11,46% de la población peruana ha recibido al menos la primera dosis. Estamos hacia el final de la tabla en Sudamérica, aunque compensa el alivio de ver a los mayores de nuestras familias ya vacunados.
“El gobierno ha contratado 62 millones de vacunas de los diferentes laboratorios”, subrayó el sábado pasado el ministro Óscar Ugarte, y agregó que en julio de este año ya estarán en territorio nacional 11 millones de estas. “Le estamos dejando al otro gobierno 50 millones, lo que es suficiente para vacunar a toda la población mayor de 18 años hasta fin de año”, dijo en la campaña de inicio de vacunación a pacientes oncológicos y VIH positivos.
Un anuncio esperanzador ad portas del cierre del gobierno de transición de Franscisco Sagasti y que representa el primer parteaguas de un proceso vacunatorio que inició de la peor manera, con el indignante caso del “Vacunagate” y la lista de más 400 personas que se habían saltado la cola, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti.
La antítesis es quizá esta prioridad reciente para aquellas personas que hacen frente a enfermedades tan difíciles como el cáncer y el Sida. Para ellos, el proceso vacunatorio se hará principalmente en los centros donde llevan regularmente su tratamiento. Esto porque resulta necesario el conocimiento de su médico tratante para definir si es el momento apropiado para que su cuerpo reciba la vacuna.
Al 17 de junio, la tabla de posiciones de la vacunación contra la Covid-19 en Sudamérica. Fuente: Our World in Data.
“Le remití una carta a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, manifestándole nuestra preocupación por los fallos detectados. En ese momento, el principal problema era las inconsistencias detectadas en el padrón [del personal médico]”, dice a Sudaca Luis Robas, jefe de megaproyectos de la Contraloría General de la República.
Robas recordó otros dos puntos débiles del inicio: la falta de conocimiento de los protocolos de vacunación a cabalidad por el personal a cargo en las regiones y los problemas en la plataforma electrónica que el Ministerio de Salud había implementado para que el personal pueda registrar la información y llevar la cuenta de quién fue vacunado y quién no.
Para el jefe de megaproyectos de la Contraloría, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de vacunas. «Si bien es cierto que ya se ha anunciado los contratos por más de 60 millones de vacunas, lo cual alcanzaría para vacunar a toda la población peruana, no es que las 60 millones ya estén presentes en el territorio nacional y podamos hacer como otros países desarrollados que comienzan a vacunar en farmacias, en clínicas, hasta en lugares públicos, como centros comerciales, donde ya es cuestión de cada persona decidir cuándo va a vacunarse o no», apunta.
“Todavía nosotros tenemos una limitación, una restricción de la disponibilidad de vacunas, y la demanda es tan grande que las personas podrían querer saltarse la cola para acceder al tema de la vacuna”, agrega.
Según Reunis, el 76% de las vacunas colocadas a nivel nacional han sido de la marca Pfizer-BioNTech. Fue a finales de abril último que Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, anunció que una dosis adicional sería necesaria para el nivel de protección que ofrece la vacuna y sostuvo que debería ser administrada entre 9 y 12 meses después de la primera dosis. La tarea de lograr asegurar una tercera dosis para todos los peruanos parece aún lejana.
Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: Minsa.
Desde la India al distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. La variante del coronavirus bautizada como Delta por la OMS -y meses antes como “doble mutante” por la prensa- llegó a la ciudad blanca al menos desde inicios de mayo. La mujer de 78 años, la primera oficialmente diagnosticada con esta variante en el país, no había viajado al exterior. No sabemos su lugar en la cadena de transmisión. Lo cierto es que fue el pasado 15 de ese mes que el Ministerio de Salud le tomó la muestra y coincidió con un incontrolable incremento de casos de Covid-19 en la región.
Lo impredecible del virus agravaba la situación. “El comportamiento es incierto. Los síntomas al inicio eran típicos de una enfermedad respiratoria, pero han evolucionado con síntomas de otra índole, llámese problemas gastrointestinales, problemas neuromusculares. Vemos que la situación es completamente impredecible y variable”, dice Elmer Rodríguez, presidente de la Federación Médica de esta región. Y añade: “Vemos gente joven en cuidados intensivos, niños, adolescentes y cada vez más mujeres, cosa que no hemos visto en la primera ola”.
Según la plataforma OpenCovid, en la semana del 31 de mayo fallecieron 345 personas. La anterior, 289. Solo el sábado pasado, la Gerencia Regional de salud confirmó 875 nuevos positivos y 45 muertes en las 24 horas precedentes.
Hospital Honorio Delgado. Personal médico y pacientes Covid sin suficiente distancia social en las instalaciones temporales implementadas por Pronis.
No fue hasta el 9 de junio, sin embargo, que el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en conferencia de prensa que teníamos a la variante Delta en el país. Ugarte dijo que solo dos días antes habían iniciado, en coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con la paciente de Cerro Colorado.
Pese a la insistencia de este medio, la cartera de Salud no respondió cuándo fue que el Instituto Nacional de Salud tuvo los resultados de la paciente de 78 años. “¿En qué momento se enteró el Ministerio de Salud de la presencia de la variante? Eso queda para una investigación. Esta variante tiene una alta diseminación, entonces mientras más tarde se dé la información lo único que se va a crear es que no se tomen las medidas correctas en el momento”, dice Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa.
Las autoridades regionales lo sabían oficialmente desde un poco antes: el lunes 7 de junio, dos días antes de que el gobierno lo hiciera oficial. Así lo dio a conocer el gerente regional de salud del gobierno regional, Christian Nova, a los medios. “El día lunes me llamaron del Instituto Nacional de Salud, me dijeron que había esta cepa y que guarde absoluta confidencialidad y discreción, por eso yo lo hice y no dije nada”, apuntó.
Hasta el anuncio de Ugarte, solo dos provincias arequipeñas de Islay y Caylloma estaban en nivel de alerta extremo. “¿Por qué no se incluyó a más provincias de la región Arequipa en este nivel, considerando que la situación sanitaria de la región en general iba agravándose desde semanas antes?” fue otra de las preguntas que hizo Sudaca a la cartera, pero que no obtuvo respuesta.
“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos”
«Nosotros sin conocer este resultado [el diagnóstico a la señora de 78 años] observábamos una curva epidemiológica anómala de Covid con respecto de todos los otros departamentos del país”, señala el decano Gutiérrez. Se refiere a la curva que empezó a pronunciarse desde inicios de mayo.
“Nosotros pensamos que en junio podría empezar a bajar [la curva de contagios], pero no. Es más, se está incrementando. Desde inicios de mayo es que se ha incrementado más”, añade Elmer Rodríguez, de la Federación Médica de Arequipa.
De hecho, desde inicios de aquel mes los médicos del hospital covid de la región, el Honorio Delgado, pedían ayuda públicamente.
El pasado 2 de mayo la jefa de la unidad de Emergencias, Alida Huamán, fue entrevistada en Exitosa Noticias. El problema no era tanto el equipo biomédico, sino la falta de personal. “Un colapso es cuando funcionalmente ya no podemos cumplir con las funciones y ese es el caso (…) estructuralmente tenemos equipo biomédico, pero ¿quién atiende?, ¿quién ve [a los pacientes] si no hay más manos para atender y estamos tan limitados para salvar vidas? También eso es un colapso”, señaló.
Huamán detallaba entonces que de 410 camas de hospitalización sólo estaban operativas 260; de 30 camas UCI, sólo 18; de 16 de trauma shock, apenas 10. “Es decir, actualmente en el hospital Covid hay 168 camas que prácticamente están inservibles, porque las autoridades locales del sector salud no tienen presupuesto para contratar más personal y el gobierno del presidente Francisco Sagasti tampoco da una solución”, apuntó.
Dos semanas después, el 16 de mayo, el director del Honorio Delgado, Richard Hernández, declaraba al mismo medio:“Teníamos 45 plazas [por cubrir] para médicos y solamente se ha logrado conseguir 12 médicos. Pero de especialistas, que necesitamos en este momento para el manejo de cuidados críticos (sobre todo en el área de shock trauma y el área UCI), no hemos tenido ningún médico que se haya presentado”.
El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.
Pero sería insuficiente.
“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos, faltan especialistas en plena pandemia”, dice a Sudaca Elmer Rodriguez, quien también es jefe del servicio ortopédico y de traumatología de este nosocomio. La falta de médicos internistas y neumólogos hizo que esté hoy intentando salvar la vida de pacientes Covid a pesar de no ser su especialidad. “Colegas que han sido vacunados se han enfermado, [miembros del] personal en general están también enfermos. Estamos poniendo el hombro de la manera que se pueda, como se pueda”, cuenta.
El jueves pasado, un día después del anuncio del ministro sobre la presencia de la variante, un contingente de funcionarios del Ministerio de Salud y un grupo de 26 profesionales de la salud entre médicos y enfermeras aterrizaron en Arequipa para apoyar en el hospital covid. Sin embargo, a ojos de Rodríguez, de nuevo el número no satisface la demanda.
“Falta por lo menos, para poder afrontar, más de 100 elementos, entre enfermeras y médicos. Pero finalmente es una ayuda que es bienvenida, así sean 15 o 20 los necesitamos. Aunque sigue siendo insuficiente”.
Cuatro de los cinco pisos que albergan pacientes en el Honorio Delgado están saturados de pacientes Covid, sin contar con las dos carpas ubicadas en los espacios exteriores del hospital. Ya tampoco es posible brindar oxígeno a la población para su atención en domicilio.
La primera planta que entregó la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud el año pasado, sigue sin poder llenar balones de oxígeno. Se trata de aquella que llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa el 3 de febrero. “El booster, que es la pieza que permite [la compresión del oxígeno y] el llenado de los balones, no ha sido instalado”, explica la gerenta del centro de salud Berenice Rodríguez. Hoy el hospital, que también tiene a su cargo pacientes con oxígeno domiciliario, depende de un proveedor externo para la recarga de los cilindros.
Lo mismo sucede con otras dos plantas instaladas en marzo pasado, en Chota, Cajamarca (Hospital de Apoyo de Chota José Soto Cadenillas), y en Huaral (Hospital San Juan Bautista). La UNI ha informado al Minsa que recién dentro de un mes y medio (45 días) completarán las piezas faltantes en las plantas. Aquí el detalle de cuáles son, de acuerdo a información proporcionada a Sudaca por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) del Minsa.
Fuente: DIEM-Minsa.
Pero la universidad podría salir bien librada gracias a una conciliación firmada con el Minsa el pasado 12 de mayo, que increíblemente no contempla penalidades por las tres plantas incompletas y tampoco por el incumplimiento en la entrega de un total 47 a las que se había comprometido inicialmente en el convenio ya mencionado. Así lo revela el acta de este acuerdo a la que accedimos para este informe.
El tira y jala de la conciliación
La UNI había recibido en noviembre pasado S/42,5 millones de parte del Minsa, equivalente al 50% del valor de 47 plantas de oxígeno que se había comprometido a implementar. Sin embargo, no cumplió con la primera entrega de 18 plantas al 24 de enero (una fecha límite que era ya un plazo ampliado). Aun así, el Minsa siguió esperando por varias semanas y dio un ultimátum el 5 de marzo. Una semana después, la cartera que dirige Óscar Ugarte resolvió el convenio y ambas entidades entraron en un pesado proceso de conciliación.
Hubo al menos dos intentos previos de concretar un acuerdo. En ambos, la UNI —en el colmo de la desfachatez— exigía incrementos presupuestales o adelantos de dinero que el Ministerio de Salud no estaba dispuesto a desembolsar, según documentación a la que hemos podido acceder. El acuerdo final de la conciliación —firmado el miércoles pasado— proponía finalmente que la universidad entregue, en un plazo de 45 días, las piezas faltantes en tres de las plantas instaladas y dejar funcionando otras cuatro plantas más en el plazo de un mes.
Pero el acuerdo también eliminaba las penalidades ante el incumplimiento de la UNI. “Los señores [de la UNI] se pusieron en esa posición, de que no vayan [los puntos] 1.5 [sobre Aplicación de penalidades] o el 1.6 [Solución de controversias]. Lo retiramos en ese momento del acta, pero no es que por otro canal el ministerio no pueda reclamar esas penalidades”, sostiene el director ejecutivo de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), Wilfredo Solis, en entrevista con este medio. El funcionario comenta que un arbitraje o proceso judicial serían las dos opciones que le quedan al Minsa y que las están analizando.
Extracto del Acta de conciliación entre el Minsa y la UNI.
Según Solis, el Minsa seguirá un proceso de liquidación cuyo objetivo será determinar si todo lo entregado por esta casa de estudios (las 18 plantas iniciales y las cuatro que se han comprometido a entregar) equipara o no los S/42,5 millones que se le adelantó a la universidad. Aquello implica la revisión del expediente técnico de cada planta, la verificación de sus piezas y el levantamiento de observaciones. El área que dirige Solis es clave en el tema de plantas de oxígeno.
—¿Cuánto dura y cuándo piensan hacer este proceso de liquidación?
—En el acta de conciliación, se ha establecido plazos que van entre cuatro a doce semanas, en función de que estén completas las plantas. De las 18 plantas, hay tres que no están completas. Lamentablemente, esas tres necesitan algunos equipos de importación. Por eso es que la universidad nos está pidiendo que después de 45 días que importen esos equipos [piezas faltantes], recién vamos a poder hacer todos los pasos [de la liquidación] que le he mencionado.
—Solo entonces van a saber si es que tendrán dinero de regreso de parte de la UNI.
—Correcto.
—De haber devolución, ese dinero se invertiría en la compra de equipos para suministrar oxígeno, según han explicado. Entonces es una demora tremenda terminar la liquidación recién dentro de tantas semanas.
—Correcto, como le digo: nosotros lo único que podemos hacer es evidenciar en dónde están los aspectos críticos de esta demora.
Quedan alrededor de cuatro meses y medio para ese nuevo capítulo. Dos de aquellas cuatro plantas que la UNI deberá entregar irán para hospitales que hasta el momento habían quedado fuera del plan de acción del Proyecto Especial Legado, un programa que ha recibido el encargo del Minsa de adquirir 20 de las plantas que la UNI dejó a la deriva cuando naufragó, como informóSudaca a fines de abril.
Sin embargo, aún hay siete hospitales sin un claro presupuesto asignado. Son los siguientes:
Diseño: Leyla López.
—Son siete hospitales los que han quedado en el limbo, de la UNI no recibieron ni recibirán sus plantas de oxígeno ni figuran en el plan que el Proyecto Legado está ejecutando ahora mismo. ¿Cuándo les llegaría las plantas comprometidas?
—En este momento no podría decirle… ni siquiera en semanas podría, porque estamos esperando el informe técnico [del Proyecto Legado sobre su ejecución presupuestal].
Con este documento, se sabrá si el presupuesto ya asignado a Legado también podrá cubrir el costo de las siete plantas que quedan en el limbo por el fracaso de la UNI. Solis remarca la importancia de esperar por dicho informe, aunque anticipa que muy probablemente sea necesario desembolsar otro presupuesto para dichas plantas.
—¿Cuándo deben recibir este informe?
—Todavía no tengo fecha, le mentiría si le dijera una fecha porque, como estamos trabajando varios temas… Para comenzar no hemos recibido nada oficial todavía.
Mientras la burocracia hace lo suyo, los hospitales viven una situación crítica. Hasta el Hospital de Yunguyo, al sur del Lago Titicaca y en la frontera con Bolivia, por ejemplo, el Ministerio de Salud debió llevar una planta de oxígeno a inicios de año. Pero hoy solo hay muros a medio avanzar para albergar las plantas. Continúan dependiendo del escaso oxígeno de Puno capital, a dos horas en auto.
“El mes de febrero ha sido crítico. En el mismo Puno, había colas inmensas para recargar los balones. Un día llegó un paciente a las seis de la tarde con requerimiento de 15 m3 de oxígeno por minuto, lo máximo que se puede dar con un balón. Le hemos dado otro balón, otro más, otro. A las cinco de la mañana falleció, no teníamos más. Es triste, no podíamos hacer más. Y no es uno sino varios los que han pasado por lo mismo”, relata el médico Anatoly Montalvo, director del Hospital de Yunguyo. Hoy suman más de 41 fallecidos por la Covid-19 en lo que va del año.
“Necesitamos el oxígeno, atendemos una gran cantidad de pacientes Covid, tenemos 30 camas [netamente para ellos]. Estamos muy preocupados por el incumplimiento. (…) Tenemos mucho temor por esta tercera ola que se viene”, asegura Carlos Tavera, director del Hospital San Martín de Porres, en la provincia de Carabaya, también en Puno. Es otro de los hospitales de los siete centros de salud a la deriva. Hoy traen el oxígeno desde una empresa en Arequipa, recargan dos veces por semana los 50 balones con los que cuentan y en viajes que toman 8 horas.
Atrás, obras paralizadas a la espera de la planta de oxígeno de la UNI en el Hospital San Martín de Porres en Carabaya, Puno. Adelante, infraestructura a medio acabar en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali.
Una imagen muy parecida es la que se ve en el Hospital Amazónico, en Yarinacocha, Ucayali. “Hace un mes atrás dijeron que la planta iba a llegar en 10 días, hasta ahora no hay nada. (…) [En abril] A diario morían entre 20 a 30 personas por día por falta de oxígeno”, comenta Luis Tejada, técnico de enfermería del hospital.
En el sur de Lima, el cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador continúa en busca de que alguien les done una planta de oxígeno. La historia es conocida y paradigmática, como ya contó Sudaca en varios informes. “Todas las semanas tenemos una situación particular que atender. A veces se presenta una empresa minera que quiere apoyar al Estado y nos ofrece una planta. Estamos a la expectativa que en el momento más oportuno podamos responder a la necesidad de Villa el Salvador”, dice Wilfredo Solis del Minsa.
Al parecer, a aquellos siete hospitales solo les queda esperar un golpe de suerte.
“La semana que viene vamos a iniciar una campaña para ver si nos donan una planta de oxígeno”, cuenta Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los hospitales más grandes de Lima Sur con alrededor de 200 camas de hospitalización. “Se estima que habrá una nueva ola en cualquier momento, entonces nosotros igual necesitamos una planta”, afirma.
Sin que el cuerpo médico lo supiera, en diciembre pasado este hospital rechazó una planta de oxígeno que la cementera privada Unacem intentó donar a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. ¿Sus argumentos? Que su demanda de oxígeno superaba a la de la planta ofrecida por la cementera y que tenían previsto recibir una idónea vía un convenio del Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El acuerdo establecía que la UNI entregaría 47 plantas de oxígeno a 46 hospitales. Pero el proyecto fracasó, como explicó Sudaca en marzo pasado, y se resolvió por incumplimiento en el plazo de entrega.
A la fecha, el HEVES no ha recibido la planta y continúa dependiendo de proveedores privados externos. En total son 29 hospitales que están en la misma situación y 9 de ellos han sido omitidos en un nuevo proyecto para cerrar la brecha del oxígeno, como veremos más adelante. Sus pacientes son los más perjudicados. Es abril, hasta ahora, el mes más mortal de la pandemia. El Sinadef —una mejor referencia que las cifras oficiales— ha contabilizado en promedio un exceso de 900 muertes diarias. Lima Metropolitana concentró la mitad de los decesos.
En el Hospital Regional Docente de Trujillo, por ejemplo, las escenas son de desesperación. Lo muestra la periodista Silvia Yupanqui en un video: un hombre llora y samaquea a otro que acaba de fallecer en el asiento trasero de un auto negro a las afueras del centro de salud. La falta de oxígeno fue la causa.
En otro momento, una mujer, familiar de una persona que necesita atención, dice a un trabajador del hospital: “Por favor solamente que lo dejen entrar, que lo chequeen. (…) Ahorita está con 70 de saturación, ya no está respirando bien».
Otra señora intenta reclamarle a los funcionarios del centro de salud: «Toda la noche he estado buscando oxígeno. Por oxígeno es que lo traemos acá, para que lo puedan ayudar. (…) Me he ido hasta a Otuzco a buscar y no hay, no hay oxígeno». La mujer hace referencia al Hospital de Apoyo (de Otuzco) ‘Elipidio Berovides Perez’, que es otro de los 29 nosocomios que quedaron a la espera de una planta del convenio con la UNI.
«Estamos así aproximadamente hace tres semanas», cuenta a Sudaca el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, y precisa que el problema del número de camas se suma al del oxígeno. «No hay ni dónde sentarlos ni acostarlos, y ni hablar de las camas UCI». Su institución advirtió hace unos días que las muertes no contabilizadas en domicilios iban en notorio aumento, sumando alrededor de 20 diarias.
El Hospital de Apoyo de Caraz, en Áncash, es otro de los centros de salud a los que el Minsa les quedó debiendo una planta de oxígeno. Según Augusto Tarazona, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, tanto las hospitalizaciones como las muertes se han “incrementado terriblemente” en las últimas ocho semanas en el hospital, en gran parte por falta de oxígeno.
“Constantemente viene acabándose el oxígeno. La dificultad es que las empresas proveedoras en las últimas semanas no están abasteciendo por completo, solo una tercera o cuarta parte de lo que se les pide. Entonces eso genera una necesidad de independencia de producción de oxígeno”, explica el médico.
Tarazona comenta que la UNI les había indicado a inicios de marzo que la planta ya estaba lista para ser instalada. “No obstante, como ya se había anunciado la anulación del contrato, ha quedado en stand by. Y se da la situación actual de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno», señala. Tanto Ancash como La libertad están entre las seis regiones donde el coronavirus ha alcanzado mayor nivel de letalidad, según el Minsa.
Minsa: nuevamente los muertos antes que las plantas
El pasado 5 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud lanzara el ultimátum público a la UNI para la entrega de las 47 plantas, la universidad se comprometió entregar 18 de estas (menos del 40% del total original) e inició un proceso de conciliación con la cartera de salud, específicamente con el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a cargo de Bernardo Ostos.
A la fecha, la entrega de las 18 plantas ha concluido. Sudaca consultó al viceministerio cuáles fueron los acuerdos finales de la conciliación, pero no obtuvo respuesta.
El mismo 5 de marzo, sin embargo, el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en el Congreso que para suplir las plantas faltantes se haría una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado, una institución pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creada originalmente para darle sostenibilidad al legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Sin embargo, Legado recibió formalmente el encargo recién a inicios de abril a través del Decreto de Urgencia 036-2021. Sudaca consultó al Minsa por qué tardaron casi un mes en asignarle la responsabilidad en medio de un contexto de muertes en aumento, pero nuevamente no obtuvimos respuesta.
¿Qué ocurrió entonces con los 29 hospitales que quedaron en el aire luego de la resolución del convenio? Se trata de hospitales de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima Región, Junín, que están entre las 10 regiones donde el Covid-19 ha alcanzado mayor letalidad, según la Sala Situacional del Minsa. Así como hospitales de Ucayali, San Martín, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno y Cusco.
Ranking de la muerte: proporción de fallecidos del total de infectados con Covid-19. Diseño: Leyla López.
Estos nosocomios siguen esperando por las plantas de oxígeno y el plazo de espera que les han dado es de 4 a 12 semanas. Veamos por qué.
El 22 de marzo, la Defensoría del Pueblo envió al Minsa un oficio (ver documento) preguntando, además de la fecha de entrega, qué se había hecho hasta el momento para lograr la adquisición de dichas plantas de oxígeno y para cubrir la demanda de los 29 hospitales hasta que las plantas estuviesen operativas en ellos.
El viceministro Ostos se tomó casi un mes para contestar, el pasado 20 de abril (ver documento). Adjunta a su respuesta, enviaba la del titular de la DGOS (Dirección General de Operaciones en Salud), Edward Cruz. La escueta nota informativa N° 593-2021-DGOS/MINSA solo precisaba que la DGOS 1) había gestionado y participado en el decreto de urgencia que daba un nuevo marco normativo para la dotación de oxígeno, 2) que las plantas de oxígeno pendientes serían entregadas por el Proyecto Especial Legado en un plazo estimado de 10 a 12 semanas, y 3) que CENARES era el responsable sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal a dichos hospitales.
Sudaca se comunicó con el área de prensa del Proyecto Especial Legado y obtuvo detalles importantes sobre el trabajo encargado (ver respuesta). Según su director, Alberto Valenzuela, el Minsa le solicitó buscar 20 plantas para el mismo número de nosocomios. Solo 20 de los 29 hospitales.
¿Por qué dejar fuera 9 hospitales que vienen esperando por las plantas desde el año anterior?». Es el Ministerio de Salud quien debe responder la consulta», se limitaron a decir desde el Proyecto Especial Legado. Al cursar la pregunta, Sudaca no recibió respuesta de la cartera de salud. Entre aquellos excluidos por el Minsa del plan de Legado está el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ese cuyo cuerpo médico está ideando una campaña para conseguir una planta de oxígeno donada, después de haber rechazado una porque confiaban en la UNI.
La espera continúa para 20 hospitales, otros 9 quedaron fuera del plan asignado al Proyecto Especial Legado. Diseño: Leyla López.
El Proyecto Especial Legado, por su parte, incrementó en varios casos la capacidad de producción de las plantas que buscarían para cumplir con el encargo. Adicionarían al plan, estaciones de llenado de cilindros de oxígeno en varias regiones. «Con ello hemos logrado aumentar la oferta de oxígeno de 30 toneladas por día [de las plantas de la UNI] a 66», señala Valenzuela.
Lo malo es que nuevamente no sabemos qué llegará primero: si la tercera ola o las plantas. Legado se encuentra actualmente en una fase de estudio de mercado, buscando proveedores internacionales, y calcula que entre 4 a 12 semanas culminará la instalación progresiva de las 20 plantas. Una espera que puede ser mortal.
“Sí, era frustrante y preocupante”, confiesa Luis Altamirano (26) desde Santiago de Surco, en Lima. A su abuela, María del Consuelo Calderón, de 91 años, no pudieron decirle con anticipación que la iban a llevar a vacunarse. Solo lo hicieron una vez que estaban fuera de la casa, antes de emprender camino al Polideportivo de San Borja. Era el jueves 25 de marzo. Sabían que al enterarse lo primero que preguntaría sería si su esposo, tres años mayor que ella, también recibiría la vacuna. Pero él aún no contaba con fecha para su primera dosis. Entonces a María del Consuelo no le dijeron nada antes de salir de la casa “para que el abuelo no se haga la expectativa y para que la abuela no se cuestione ni le entre la culpa”, explica Altamirano.
Los esposos son afiliados a EsSalud y sus familiares habían actualizado sus datos en la plataforma ‘EsSalud Te Cuida’ días antes, pero la buena noticia no llegó por igual. “Mi abuelo, epidemiológicamente, por la edad (94 años), es la prioridad. (…) Yo creo que ha sido un error en el criterio de uso de bases de datos”, dice Luis.
A diciembre pasado, sumaban 172.066 los afiliados a EsSalud mayores de 85 años a nivel nacional, según data estadística publicada en su sitio web. El 59% (100.387) se encuentra en Lima y Callao. A este grupo etario estuvo dirigido el primer llamado vacunatorio del seguro.
Si bien el primer criterio de selección fue la edad, uno complementario fue el último dígito del DNI. Con ambos hubo fallas reportadas por distintos ciudadanos en redes sociales. En el caso de Luis Altamirano, el DNI de su abuelo (94 años) terminaba en 3, y el de su abuela (91 años) en 9. Es decir, tanto por el criterio de la edad como por el del último dígito del DNI, él debió vacunarse antes, o ser incluido a la par por lo menos.
¿Por qué hubo esta clase de inconsistencias?
Desde el área de prensa de Essalud responden a Sudaca que efectivamente se hicieron padrones según el último dígito del DNI y reconocen que sí hubo adultos mayores que se quedaron fuera. Buscaron subsanar los padrones y no emitieron una comunicación oficial al respecto por considerarlos hechos aislados. Intentaron solucionar los casos conforme tenían noticias de ellos, explican.
Originalmente, EsSalud planeaba inmunizar a todos sus asegurados conforme le fuesen entregando las vacunas, así lo confirmó su presidenta ejecutiva Fiorella Molinellien una actividad pública del 25 de marzo. De hecho, a inicios de ese mes, en su plataforma ‘EsSalud Te Cuida’ habían solicitado la actualización de datos de aquellos asegurados de 60 años a más, de acuerdo a un cronograma que luego tuvo que arrojarse a la basura ante la implementación del nuevo plan.
A lo largo de marzo, llegaron al Perú 367.380 dosis de la compañía Pfizer, de acuerdo a datos del Minsa. Solo fueron entregadas dosis para 50.310 asegurados de EsSalud. Sin embargo, la limitada disponibilidad de vacunas no explica los errores en el orden de la administración de las dosis.
“Si yo no tengo un buen padrón, donde estén todas las personas que merecen ser vacunadas [y] si en base a ese padrón, no calculo bien las vacunas, van a haber fallas”, sostiene Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo.
Entre fines de marzo e inicios de abril, los 50.310 asegurados que habían recibido su primera dosis, fueron programados para la segunda. Un nuevo listado fue publicado, uno que varios de los erróneamente excluidos miraron con esperanzas. Luis Altamirano lo revisó de inicio a fin varias veces en busca del nombre de su abuelo sin encontrarlo por ningún lado. La espera seguía para su familia.
Otras 800.280 dosis de Pfizer están ingresando progresivamente al país este mes. Con la seguridad de una fluida llegada de vacunas, un anuncio esperanzador surgió el martes 6 de abril: un nuevo plan de vacunación sería puesto en marcha bajo la batuta única del Ministerio de Salud. Este incluiría a los adultos mayores de 85 años faltantes, así como en general a los mayores de 80. Se trata del Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la Covid-19, que tendría un criterio geográfico o de “territorialidad” como eje.
A diferencia del anterior plan que solo había aplicado este criterio en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, distritos limeños gravemente afectados por la pandemia, y que daba la impresión de tener a los afiliados a EsSalud como prioridad; esta nueva estrategia busca llegar con el mismo criterio de universalidad a todo el país.
“El Ministerio de Salud debería tener un buen padrón y suficiente cantidad de vacunas para este. Si no, cualquier estrategia, sea la de EsSalud por criterio de condición de la persona (si es asegurado o no y la edad), o sea la de territorialidad como es ahora, va a fallar”, subraya Huerta. “Ese padrón tiene que no ser cerrado, sino abierto a las evaluaciones u observaciones que se le puede hacer”, agrega.
“Queremos corregir todas las dificultades y debilidades que hemos tenido en esta primera experiencia y es nuestra meta llegar de una manera más eficiente a la población peruana”, dijo Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Minsa, al cierre de una entrevista con RPP, a propósito del anuncio.
Una semana después se hizo pública la nueva programación de vacunación para adultos mayores, que tiene como base el nuevo Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19. “Recién hoy (martes 13 de abril) hemos visto que [mi abuelo] aparece en el nuevo padrón”, cuenta Luis Altamirano. Su primera dosis está programada para el 23 de abril.
El sábado último fue el segundo día de vacunación en Lima bajo el nuevo plan del Ministerio de Salud. Parecía que la esperanza iba ganando terreno en la capital. “Todo está en orden. Yo decía: ahora va a ser una cola interminable, (…) pero ha sido lo más rápido posible, sin aglomeraciones”, cuenta Teofila De la Cruz (83 años), asegurada de EsSalud, a la salida de la Villa Deportiva Nacional (Videna). La acompañaba su hijo, quien verificó la programación de su vacuna en la plataforma Pongo el hombro.
El alivio de tener a salvo a tus seres más queridos. Es la sensación del hijo de Teófila De la Cruz (83 años) a la salida del vacunatorio en la Videna. Foto: Luisa García.
Pero también se encontraron críticas. “Mi mamá tiene 83 años y está inscrita en Padomi (el programa de atención domiciliaria de EsSalud). Ella sufre de Alzheimer, está postrada, no camina, no habla, está perdida en su mundo (…). Ha salido en el padrón de acá y he venido a hacer cola para que no se exponga porque es una persona demasiado vulnerable. Veo que no hay cola, (…) y mi hijo es quien la va a traer ahora porque él es quien la carga”, cuenta Martina Santiago.
Desde EsSalud señalan que sí se avanzó con la vacunación de los inscritos en el Padomi en sus respectivos domicilios, pero que no pudieron llegar a todos por falta de dosis. “Yo creo que deben tener criterio para hacer las cosas, no a lo loco, no es así”, añade Santiago en referencia a que hubiera preferido que su madre, María Gutiérrez, fuese inoculada en su casa y no tener que sacarla de allí.
Otras observaciones fueron hechas por la Defensoría del Pueblo en estos tres primeros días de vacunación en Lima. Primero, la falta de información detallada y clara para el adulto mayor (sin depender del acceso a internet), por ejemplo, sobre las puertas de ingreso a los centros vacunatorios. A esto se suma una escasa capacidad de la central de información del Minsa, la línea 113.
Por otro lado, la Defensoría critica un insuficiente número de sillas de ruedas, en tanto varios de los adultos mayores podrían tener algún tipo de discapacidad para desplazarse. Esto se evidenció sobre todo en el Campo de Marte. «Con las sillas estáticas nosotros observábamos que se paraban y se sentaban [repetitivamente], entonces mejor contar con una gran capacidad de sillas de ruedas”, apunta Alberto Huerta.
Deficiencias como la falta de rampas en el caso de El Real Felipe fueron subsanadas, así como la implementación de toldos para procurar mayores zonas de sombra en distintos centros vacunatorios.
Sin embargo, el alivio de la vacuna aún no llega al interior del país. En Lima provincias, por ejemplo, aún los adultos mayores siguen esperando por una fecha. “Mi abuelita (90) y mi tío (92) que viven en Huaral aún no se vacunan y así como ellos ninguno de los adultos mayores de la provincia. ¿Cuándo los empezarán a programar?”, tuiteó la periodista Alejandra Garboza el pasado jueves.
“Acá en Ica aún no ha empezado. Ni tenemos conocimiento de cuándo empezaría. (…) Obviamente se está organizando los puntos de vacunación y en ello estamos coordinando con la Dirección Regional de Salud para apoyar”, dice a Sudaca Julio Torres, decano del Colegio Médico de Ica.
Su homóloga en Huánuco, Darly Del Carpio, confirmó la misma situación en el que fuera el epicentro de la segunda ola del Covid-19 entre diciembre y febrero. “Nosotros hemos pedido que se acelere”, dijo y contó que no han dejado de tener ocupadas todas las camas UCI. “En marzo bajó un poco y se podía liberar alguna cama UCI, pero era ocupada a las pocas horas”. En su región, además, el Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia de la variante brasileña en febrero.
Hasta el momento, son solo seis las regiones priorizadas para la vacunación de los adultos mayores: Loreto, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Cusco y Arequipa. La fecha exacta en que se comenzaría a vacunar en las otras regiones se empezaría a definir hoy lunes en una reunión programada entre funcionarios del Minsa y de las direcciones regionales de salud. El punto crítico sería asegurar la logística para la adecuada conservación de las vacunas hasta su aplicación. Esa es una carrera contra el tiempo.
“Mi abuela falleció ayer. Las vacunas que llegaban a Lambayeque a inicios de abril, siguen sin aparecer”, reportó ayer en Twitter el periodista Marco Zanelli. Y es que esa es la preocupación: que en la espera de un día más pueda producirse el contagio.
Fotocomposición de portada por Leyla López. Imágenes: Pixabay.
En el caso peruano, no sólo no se utiliza la vacuna tetravalente sino que la cobertura de vacunación de los últimos años ha mostrado cifras alarmantes en la población de sesenta años a más, quienes son de los grupos más vulnerables a la influenza. Mientras que, en 2020, la cobertura de vacunación sólo llegó al 69%, este número cayó al 30% un año después.
El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.
