Al menos media docena de empresas constructoras viene tocando la puerta de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para exigir el pago por los servicios que brindaron en la implementación de 22 plantas de oxígeno para distintas regiones del país. Las compañías recibieron el visto bueno del decano de la facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Franco Gonzáles, para arrancar con las obras, pese a que no contaban con la documentación requerida por ley. Los empresarios aseguran que actuaron de buena fe, apurados por la emergencia sanitaria. Afirman que se les prometió que todo el papeleo necesario sería subsanado y cumplieron con su trabajo, lo que consta en documentos. Hoy, tienen un forado en sus finanzas.
UN FRANCO DESASTRE
El desastre del convenio entre la UNI y el Minsa ha sido narrado por Sudaca en una serie de informes. La responsable de ejecutar el acuerdo firmado a fines del 2020 era la facultad de Ingeniería Mecánica liderada por Elmar Franco. Era la peor época de la pandemia y los muertos se contaban por miles diariamente. En ese contexto, las colas de gente desesperada por recargar balones de oxígeno para sus seres queridos enfermos, el gobierno de Martín Vizcarra anunció que la UNI se iba a encargar de implementar 47 plantas de oxígeno en diversas regiones del país. Al proyecto se le bautizó como ‘Oxigena 47’.
En noviembre de aquel primer año del covid-19 en el Perú, la universidad había recibido S/42,5 millones, correspondiente al 50% del monto del contrato. Fue lo único que ingresó a sus cuentas porque, cuando incumplió los plazos, el Minsa solo le dejó entregar 22 plantas. “Cuando se suscribió el convenio, la universidad no contaba con el dinero. El Minsa entregó el dinero posteriormente. A partir de ahí, la universidad pudo gestionar los pedidos [de servicios]. La facultad que ejecutaba era la de Ingeniería Mecánica. Todo era por contratación directa”, dice María Eugenia Gonzales, jefa de la oficina central de logística de la UNI.
Elmar Franco entonces empezó a requerir bienes y servicios, aunque con varios roces con el área de logística. “El decano cuenta con ocho especialistas a su alrededor, pero no sé si le informarán cómo es el procedimiento o tratan de vulnerar la normativa”, señala Gonzales. En este contexto empezó el caos financiero.
Para instalar las plantas, lo primero que tenía que hacer la UNI era mandar a construir los módulos que las iban a albergar. Es así que, a fines del 2020, la universidad pidió una cotización para construir 13 de estos a la empresa Coramsa.
Los trabajos acabaron el 17 de febrero del 2021, de acuerdo a una carta notarial enviada un mes después por la empresa al decano de Ingeniería Mecánica en la que le pedía que “se haga efectivo el pago” de S/3’009,000. Y es que la empresa había adquirido créditos para poder realizar el trabajo. “Hemos hecho todo un esfuerzo para poder cumplir, con la esperanza de que todo llegue a buen término, pero no ha pasado nada. Estamos ahorcados, el tema financiero nos tiene complicados por esto”, dice Pablo Ramos, gerente general de la constructora.
Además, la empresa envió a la UNI un informe con fotografías de cómo habían quedado las obras. Desde el despacho de Franco Gonzáles respondieron que aún estaban revisando los términos de referencia y, por tanto, no tenían la orden de servicio. Muchos menos contaban con un contrato. Pero les habían prometido, eso sí, que los papeles estarían listos entre dos y cuatro semanas.
¿Por qué los proveedores aceptaron dar un servicio sin tener los documentos en regla? “Era un contexto de emergencia y, por tanto, se requería inmediatez, pero no estaban listos los papeles. Nosotros asumimos el reto que nos tocó, con ganas de servir al país y también de recibir un beneficio, porque es el fin del negocio nuestro”, explica el gerente de Coramsa.
La contratación directa, además, le permitía a la UNI regularizar la documentación 10 días luego de haber empezado las obras, pero eso nunca se hizo. “Como no ha regularizado, eso demuestra una mala fe, determina que no quiere pagar”, dice Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones públicas. La responsabilidad recaería, en este caso, sobre la unidad que ejecuta el convenio, es decir, la facultad que dirigía Franco.
El empresario Pablo Ramos, de hecho, cuenta con informes que avalan que entregaron el producto. Además, nos envió un certificado que la misma facultad expidió a su favor y donde consta que es proveedora del proyecto.
Sudaca también tuvo acceso a una carta enviada por Elmar Franco a la entonces rectora de la UNI, Fátima Eyzaguirre, en mayo del año pasado, justo cuando la universidad y el ministerio de Salud se encontraban en un proceso de conciliación ante el incumplimiento en la entrega de las plantas. Allí, Franco dice que han adquirido “compromisos económicos” con varias empresas, entre estos uno de más de S/3 millones con Coramsa.
Ante la falta de pago, la empresa invitó a conciliar a la UNI, pero esta rechazó aquel pedido. Hoy siguen en las mismas. “Hace dos meses que nos hemos reunido varios contratistas con el decano Franco, para que regularicen este tema. Él dijo que ya iba a reiniciar el proceso de regularización, pero hasta ahora no hay nada. Ya ha pasado más de un año. Prácticamente nos han estafado”, se lamenta el representante de Coramsa.
DEUDAS QUE APRIETAN
Pablo Ramos nos envía una serie de informes de la Contraloría General de la República que también avalan la deuda generada por Elmar Franco. En uno de estos, de agosto del año pasado, el órgano de control advertía que la universidad había requerido servicios sin la documentación requerida, “generando desorden administrativo y compromisos para la ejecución de obras sin contratos”.
El último de los informes es de mayo de este año y le atribuye a Elmar Franco haber “gestionado e impulsado” la prestación de servicios de tres empresas “evadiendo la aplicación de las normas de contratación del Estado”. “Yo tengo todos los dosieres de calidad [documentos que certifican la calidad del servicio], registros fotográficos, las actas de entrega, la conformidad del decano. Los trabajos se hicieron, pero me faltaba el documento principal: el contrato”, dice, por ejemplo, César Sánchez, gerente general de César y Francisco Contratistas (Ceyfra).
Su empresa exige a la universidad que le pague S/480,857.08 por la instalación de un sistema de tuberías para las plantas de seis hospitales. Los trabajos, asegura, culminaron a mediados del año pasado. Incluso, los médicos de dichos hospitales firmaron actas de recepción de los trabajos. “Nosotros estamos preocupados. Yo ya he tenido que honrar mis deudas con nuestros proveedores y he pedido préstamos al banco para eso”, asegura Sánchez.
Otra de las afectadas es Gomsay SAC, que construyó tres módulos donde iban a funcionar las plantas de oxígeno, en hospitales de Chincha, Puno y San Martín. Por el trabajo reclaman S/1’125,000. En la empresa aseguran que confiaron en la palabra de Elmar Franco, quien expidió a favor de esta compañía una constancia de que venían trabajando en el proyecto ‘Oxigena 47’. Las obras las entregaron en marzo del año pasado.
“Primero quedamos con el decano [Franco] en que nos iban a pagar a la mitad de la obra. Como no lo hicieron, yo paré. Pero nos pidieron que apoyemos, que la gente se estaba muriendo, así que terminamos la planta de Chincha. Pedí que me paguen, pero sacaron otro argumento: que había que entregar cinco plantas antes. Entonces nos fuimos a Ayaviri (Puno), luego a Lamas (San Martín). Cuando retorné a Lima, empezaron los problemas con todos los proveedores”, dice el gerente de esta constructora, Lizandro Sayas.
“Lo que yo entiendo es que no es responsabilidad de las empresas. Fueron ellos [la UNI] los que hicieron una gestión nefasta. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Me siento estafado por mi propia casa de estudios”, añade Sayas, exalumno de esta universidad.
A esta firma se suman las empresas Gringe, Hitex y Vadomo. Esta última reclama una deuda de S/460,000 a la UNI por la elaboración de 26 expedientes técnicos. “Mi representada cumplió al 100% con la entrega, servicio que fue recepcionado por los profesionales del proyecto a entera satisfacción, brindándonos la conformidad total de los servicios (…) sin embargo, no tenemos respuesta de la formalidad de nuestros pagos”, se lee en una carta enviada por el consorcio a la universidad.
LA POSICIÓN DEL RECTORADO
En noviembre del 2021, Vadomo envió a la UNI una invitación a conciliar. El área legal de esta casa de estudios, sin embargo, se negó. Esta oficina señaló que las actas de recepción de las obras habían sido firmadas por personas diferentes al decano de la facultad y que no había “el soporte legal necesario para efectuar el pago, dado que no se observa documentación alguna que cumpla con los estándares de la ley de contrataciones del Estado”.
“El rector solo puede firmar cuando tiene el visto bueno del área legal y del área logística”, dice el rector de la UNI, Alfonso López Chau, quien heredó este problema cuando asumió el cargo en diciembre pasado. El economista señala que lo primero que deben hacer las proveedoras es hablar con la persona que las contrató (Elmar Franco) y este debe, a la vez, darle explicaciones del aval con que lo hizo. Hasta el momento, dice, eso no ha ocurrido.
López Chau también muestra una resolución rectoral que explica los requisitos para que un proveedor pueda exigir una deuda generada en años anteriores por la universidad, entre estos la orden de servicio que nunca les llegó a varios proveedores. Hasta el momento, no hay ninguna empresa que haya prestado servicios a la facultad de Ingeniería Mecánica que se haya sometido a este procedimiento, dicen desde el rectorado. “Seguramente porque incumplen los requisitos”, aseguran.
Las compañías, sin embargo, tienen pruebas de que, efectivamente, se brindó un servicio. Los empresarios entrevistados por Sudaca reiteran que actuaron de buena fe. “Yo dudo de ese argumento. Si ellos conocen las normas legales, nunca debieron hacerlo [el servicio]”, responde López Chau.
Actualmente, hay una comisión de investigación en marcha contra la gestión desastrosa de Elmar Franco a cargo del proyecto ‘Oxigena 47’. Sus conclusiones deben conocerse en siete días y lo más seguro es que las deudas asumidas por este serán parte de su historial de negligencias. Sudaca lo contactó para obtener sus descargos, pero prefirió el silencio. A la fecha sigue haciendo de las suyas al frente de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI.
