DEUDAS QUE APRIETAN
Pablo Ramos nos envía una serie de informes de la Contraloría General de la República que también avalan la deuda generada por Elmar Franco. En uno de estos, de agosto del año pasado, el órgano de control advertía que la universidad había requerido servicios sin la documentación requerida, “generando desorden administrativo y compromisos para la ejecución de obras sin contratos”.
El último de los informes es de mayo de este año y le atribuye a Elmar Franco haber “gestionado e impulsado” la prestación de servicios de tres empresas “evadiendo la aplicación de las normas de contratación del Estado”. “Yo tengo todos los dosieres de calidad [documentos que certifican la calidad del servicio], registros fotográficos, las actas de entrega, la conformidad del decano. Los trabajos se hicieron, pero me faltaba el documento principal: el contrato”, dice, por ejemplo, César Sánchez, gerente general de César y Francisco Contratistas (Ceyfra).
Su empresa exige a la universidad que le pague S/480,857.08 por la instalación de un sistema de tuberías para las plantas de seis hospitales. Los trabajos, asegura, culminaron a mediados del año pasado. Incluso, los médicos de dichos hospitales firmaron actas de recepción de los trabajos. “Nosotros estamos preocupados. Yo ya he tenido que honrar mis deudas con nuestros proveedores y he pedido préstamos al banco para eso”, asegura Sánchez.
Otra de las afectadas es Gomsay SAC, que construyó tres módulos donde iban a funcionar las plantas de oxígeno, en hospitales de Chincha, Puno y San Martín. Por el trabajo reclaman S/1’125,000. En la empresa aseguran que confiaron en la palabra de Elmar Franco, quien expidió a favor de esta compañía una constancia de que venían trabajando en el proyecto ‘Oxigena 47’. Las obras las entregaron en marzo del año pasado.
“Primero quedamos con el decano [Franco] en que nos iban a pagar a la mitad de la obra. Como no lo hicieron, yo paré. Pero nos pidieron que apoyemos, que la gente se estaba muriendo, así que terminamos la planta de Chincha. Pedí que me paguen, pero sacaron otro argumento: que había que entregar cinco plantas antes. Entonces nos fuimos a Ayaviri (Puno), luego a Lamas (San Martín). Cuando retorné a Lima, empezaron los problemas con todos los proveedores”, dice el gerente de esta constructora, Lizandro Sayas.
“Lo que yo entiendo es que no es responsabilidad de las empresas. Fueron ellos [la UNI] los que hicieron una gestión nefasta. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Me siento estafado por mi propia casa de estudios”, añade Sayas, exalumno de esta universidad.
A esta firma se suman las empresas Gringe, Hitex y Vadomo. Esta última reclama una deuda de S/460,000 a la UNI por la elaboración de 26 expedientes técnicos. “Mi representada cumplió al 100% con la entrega, servicio que fue recepcionado por los profesionales del proyecto a entera satisfacción, brindándonos la conformidad total de los servicios (…) sin embargo, no tenemos respuesta de la formalidad de nuestros pagos”, se lee en una carta enviada por el consorcio a la universidad.
LA POSICIÓN DEL RECTORADO
En noviembre del 2021, Vadomo envió a la UNI una invitación a conciliar. El área legal de esta casa de estudios, sin embargo, se negó. Esta oficina señaló que las actas de recepción de las obras habían sido firmadas por personas diferentes al decano de la facultad y que no había “el soporte legal necesario para efectuar el pago, dado que no se observa documentación alguna que cumpla con los estándares de la ley de contrataciones del Estado”.
“El rector solo puede firmar cuando tiene el visto bueno del área legal y del área logística”, dice el rector de la UNI, Alfonso López Chau, quien heredó este problema cuando asumió el cargo en diciembre pasado. El economista señala que lo primero que deben hacer las proveedoras es hablar con la persona que las contrató (Elmar Franco) y este debe, a la vez, darle explicaciones del aval con que lo hizo. Hasta el momento, dice, eso no ha ocurrido.
López Chau también muestra una resolución rectoral que explica los requisitos para que un proveedor pueda exigir una deuda generada en años anteriores por la universidad, entre estos la orden de servicio que nunca les llegó a varios proveedores. Hasta el momento, no hay ninguna empresa que haya prestado servicios a la facultad de Ingeniería Mecánica que se haya sometido a este procedimiento, dicen desde el rectorado. “Seguramente porque incumplen los requisitos”, aseguran.
Las compañías, sin embargo, tienen pruebas de que, efectivamente, se brindó un servicio. Los empresarios entrevistados por Sudaca reiteran que actuaron de buena fe. “Yo dudo de ese argumento. Si ellos conocen las normas legales, nunca debieron hacerlo [el servicio]”, responde López Chau.
Actualmente, hay una comisión de investigación en marcha contra la gestión desastrosa de Elmar Franco a cargo del proyecto ‘Oxigena 47’. Sus conclusiones deben conocerse en siete días y lo más seguro es que las deudas asumidas por este serán parte de su historial de negligencias. Sudaca lo contactó para obtener sus descargos, pero prefirió el silencio. A la fecha sigue haciendo de las suyas al frente de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI.
