La impunidad que logró Walter Ríos no debe quedar sin castigo
Una de las preguntas más importantes en esta trama de corrupción y de impunidad es por qué Walter Ríos ha terminado recibiendo beneficios indebidos y logrando archivos de casos que debían seguir su trámite regular.
La respuesta a esta pregunta es que quien tenía el control del procedimiento especial de delación fue la Fiscal Fanny Quispe, la encargada material de preparar el acuerdo, fijando sus cláusulas y beneficios, tramitar el acuerdo de colaboración eficaz de Ríos, lograr su firma en la Fiscalía, de sustentar dicho acuerdo en el Poder Judicial y hacer el seguimiento correspondiente. Sin su participación y “buenos oficios” el acuerdo ni siquiera se habría logrado.
La gravedad de los hechos que el Juez Juan Carlos Checkley Soria ha impedido que se consumen o que sus efectos subsistan hasta la actualidad, debe llevar a los que han creado este menudo problema en el Equipo Especial, en el Ministerio Público, a que se les abra investigación y se inicie la búsqueda de la verdad a fin de saber e identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a conceder ventajas y beneficios indebidos al juez más corrupto de la historia del Perú.
Más allá del enojo e ira natural que puede albergar Walter Ríos porque no se salió con la suya, la sociedad peruana y el sistema de justicia no puede quedarse con las manos cruzadas y dejar que fiscales inescrupulosos que ya no están en el equipo especial del caso “Cuellos Blancos” hayan vendido beneficios y favores como si se tratara de una feria, pisoteando la Constitución y la ley.
A los fiscales del equipo especial no les importa la defensa de la legalidad en el Ministerio Público y la rectitud de sus decisiones. Se sacrifican para poder lograr a toda costa una decisión fiscal de sobreseimiento del inefable y todopoderoso Walter Ríos Montalvo, el indiscutible cabecilla del caso “Los Cuellos Blancos”, que se encuentra procesado por denuncia falsa al haberle mentido al sistema de justicia.
Walter Ríos Montalvo ha sido condenado a una pena burdamente baja de 12 años de pena privativa de la libertad por los más de 50 delitos que dijo haber cometido; pero no deja de conservar su poder y manejo en cierto sector de la Fiscalía, en la que dos fiscales para limpiarlo de dos graves imputaciones, que no cubre su sentencia de colaboración eficaz, tratan de ayudarlo a costa y a riesgo de su propia carrera profesional, llamando a dos fiscales que tenían a su cargo una carpeta fiscal en la que se encontraba procesado.
Tanto es el interés de Walter Ríos Montalvo y su defensa en que el caso en el que se le procesa por denuncia falsa y encubrimiento personal sea archivado que es célebremente recordado las presiones que ejercían sobre el Fiscal Fernández Alarcón y sobre los demás fiscales de la Primera Fiscalía Suprema para que este caso pueda ser comprendido a toda costa en el acuerdo de su colaboración eficaz que tan rápidamente fue aprobado entre gallos y medianoche por el juez Núñez Julca y su asistente Castillo Nieto el 30 de diciembre del 2021, luego de una audiencia de solo dos horas de duración en que se analizaron los casi 50 casos de su delación y que trae como hecho anecdótico que el mismo día 30 de diciembre del 2021 el redactor de la sentencia de colaboración eficaz fue designado como Fiscal Adjunto provisional por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN, publicada en el Diario Oficial “EL PERUANO”, evidentemente en un intercambio de prebendas: me ayudas con la sentencia de colaboración eficaz de Ríos y a cambio te nombro el mismo día Fiscal Adjunto.
Si Walter Ríos Montalvo fuera inocente de los cargos de denuncia falsa y encubrimiento personal, ¿por qué el año 2021 tendría que exigir y presionar a la Fiscalía Suprema que tramitaba su colaboración eficaz de que esta investigación también se comprenda en su acuerdo de colaboración eficaz como a varios fiscales del Equipo Especial de dicha instancia les consta? ¿Por qué dos años después (el año 2023) Walter Ríos y su defensa vuelven a la carga y se valen de algunos malos Fiscales de primera instancia para lograr consumar el archivo de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 que el año 2021 no pudo ingresar a su acuerdo de colaboración eficaz?
El poder de Walter Ríos Montalvo no solo está vigente en cierto sector de la Fiscalía del sistema de justicia, sino que su capacidad de corrupción, influencia y de daño a las instituciones de justicia que se extiende como mancha de aceite, sigue vivita y coleando. El caso que se describe es mucho más grave e insólito que el caso de la Fiscal Superior Marita Barreto y su relación con la empresaria Sada Goray a través de su ex mano derecha Telmo Zavala, ya que una cosa es viajar fuera del país a tomar una declaración de una empresaria que decide confesar sus delitos, en las playas paradisíacas del Caribe y otra muy distinta es que dos fiscales llamen a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionarlos, interferir y decir cómo deben fallar en un caso que no está dentro de su competencia y alcance, con el único propósito de favorecer y generar impunidad del Jefe de los Cuellos Blancos a través de presionar a una decisión de sobreseimiento.
EL PODER DE WALTER RÍOS MONTALVO: CONVENCIÓ A LA FISCALÍA SUPREMA PARA QUE SE LE PERMITA SALIR DE LA CÁRCEL POR 45 DÍAS
El año 2021 Walter Ríos convence a la Fiscalía Suprema a cargo de los fiscales Fernández Alarcón y Fanny Quispe de algo ilegal: solicita que se le permita su traslado a una casa de seguridad a cargo de la División de Alta Complejidad por el plazo máximo de cuarenta y cinco días.
La Fiscalía Suprema se come el cuento y solicita que el Poder Judicial autorice la variación de la medida de aseguramiento personal del interno y colaborador eficaz 060F-2018 (Walter Ríos), consistente en su traslado a una casa de seguridad. La Fiscalía sustentó su pedido de que, en el marco del proceso especial de colaboración eficaz, el interno con clave 060F2018 ha realizado diversas e importantes declaraciones contra jueces, fiscales, empresarios y abogados, que en su momento han sido debidamente corroboradas y oportunamente agregadas a las diversas carpetas fiscales de la Fiscalía Suprema recurrente y/o derivadas a distintas carpetas fiscales conforme a la competencia de las mismas. Agregó que, como medida de aseguramiento a su favor, ha sido ubicado en un Área de Prevención del Establecimiento Penitenciario Ancón I, aislado de la población penitenciaria; sin embargo, por situaciones acontecidas en casos relacionados con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, su identidad se ha visto expuesta y ha sido conocida por otros internos involucrados, por lo que han sido objeto de hostigamiento y amenaza que pone en peligro su integridad. También destaca que el cambio del colaborador a otro ambiente del mismo recinto penitenciario o el cambio de lugar de los internos hostiles o agresores no garantizan el cese de los actos de hostigamiento o amenaza, por lo que la autoridad penitenciaria sugiere la posibilidad de variar el lugar de la medida de aseguramiento.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema conoce el recurso de apelación N.° 63-2021 que fue resuelto el 31 de enero del 2023 presentado por la Fiscalía Suprema y deniega el pedido de Walter Ríos y de la Fiscalía por considerar que no había base legal que amparara la solicitud presentada, se trataba de una medida ilógica, ya que pedir que Ríos quede fuera del control penitenciario asignado al INPE, no solo contraviene la normatividad expresa, sino que además se sale de la eficacia del propio proceso de colaboración eficaz y que si bien podía existir actos de hostilidad contra Ríos no se evidencia que tales actos tengan la intensidad que se alega.
La Corte Suprema señala que se debe distinguir que el traslado de los internos de establecimientos penitenciarios (incluyendo los colaboradores eficaces), en coordinación e incluso bajo custodia de la Policía, para un fin específico, puntual y único, es razonablemente posible; y otra cuestión es el traslado temporal con fines generales de prevención de integridad que exigen una nueva residencia temporal que solo podría realizarse en ambientes bajo control o sometidos a la seguridad penitenciaria.
Walter Ríos Montalvo, tiene un manejo a su antojo de un sector de la Fiscalía que se allana a sus caprichos, como buscar una cárcel dorada, plagada de comodidades y lujos; para ello chantajea con que si es que no se accede a sus pedidos no va a declarar en las investigaciones. Con ese mismo poder de querer salir del penal sin que haya norma legal alguna que lo permita, ahora Ríos utiliza a ciertos fiscales que se adhieren a su voluntad para archivar y sobreseer procesos penales e investigaciones en el que el mismo Ríos sabe y es consciente de que ha cometido delitos.
Se trata de una justicia delivery y a la medida en la que los supuestos colaboradores eficaces ponen condiciones ilegales y chantajean al mismo sistema de justicia, activando mecanismos de impunidad para conseguir lo que se les antoja y les viene en gana.
En SUDACA hemos develado hace poco el plan siniestro de algunos malos fiscales en contra de la Fiscal de la Nación para destituirla del cargo utilizando la plataforma de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, con la misma autoridad moral que nos da tomar una posición acerca del Ministerio Público, exigimos que se tome medidas correctivas urgentes a fin de evitar que esta institución medular sea tomada por asalto por pseudo colaboradores eficaces y se convierta en una coladera en la que los criminales ya no busquen ni contraten abogados, sino que se consigan a fiscales que actúen como sus representantes legales para ayudar a archivar sus casos, obtener beneficios ilegales y les concedan un trato privilegiado que cualquier persona inocente le gustaría tener.
A los fiscales del equipo especial no les importa la defensa de la legalidad en el Ministerio Público y la rectitud de sus decisiones. Se sacrifican para poder lograr a toda costa una decisión fiscal de sobreseimiento del inefable y todopoderoso Walter Ríos Montalvo, el indiscutible cabecilla del caso “Los Cuellos Blancos”, que se encuentra procesado por denuncia falsa al haberle mentido al sistema de justicia.
Walter Ríos Montalvo ha sido condenado a una pena burdamente baja de 12 años de pena privativa de la libertad por los más de 50 delitos que dijo haber cometido; pero no deja de conservar su poder y manejo en cierto sector de la Fiscalía, en la que dos fiscales para limpiarlo de dos graves imputaciones, que no cubre su sentencia de colaboración eficaz, tratan de ayudarlo a costa y a riesgo de su propia carrera profesional, llamando a dos fiscales que tenían a su cargo una carpeta fiscal en la que se encontraba procesado.
Tanto es el interés de Walter Ríos Montalvo y su defensa en que el caso en el que se le procesa por denuncia falsa y encubrimiento personal sea archivado que es célebremente recordado las presiones que ejercían sobre el Fiscal Fernández Alarcón y sobre los demás fiscales de la Primera Fiscalía Suprema para que este caso pueda ser comprendido a toda costa en el acuerdo de su colaboración eficaz que tan rápidamente fue aprobado entre gallos y medianoche por el juez Núñez Julca y su asistente Castillo Nieto el 30 de diciembre del 2021, luego de una audiencia de solo dos horas de duración en que se analizaron los casi 50 casos de su delación y que trae como hecho anecdótico que el mismo día 30 de diciembre del 2021 el redactor de la sentencia de colaboración eficaz fue designado como Fiscal Adjunto provisional por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN, publicada en el Diario Oficial “EL PERUANO”, evidentemente en un intercambio de prebendas: me ayudas con la sentencia de colaboración eficaz de Ríos y a cambio te nombro el mismo día Fiscal Adjunto.
Si Walter Ríos Montalvo fuera inocente de los cargos de denuncia falsa y encubrimiento personal, ¿por qué el año 2021 tendría que exigir y presionar a la Fiscalía Suprema que tramitaba su colaboración eficaz de que esta investigación también se comprenda en su acuerdo de colaboración eficaz como a varios fiscales del Equipo Especial de dicha instancia les consta? ¿Por qué dos años después (el año 2023) Walter Ríos y su defensa vuelven a la carga y se valen de algunos malos Fiscales de primera instancia para lograr consumar el archivo de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 que el año 2021 no pudo ingresar a su acuerdo de colaboración eficaz?
El poder de Walter Ríos Montalvo no solo está vigente en cierto sector de la Fiscalía del sistema de justicia, sino que su capacidad de corrupción, influencia y de daño a las instituciones de justicia que se extiende como mancha de aceite, sigue vivita y coleando. El caso que se describe es mucho más grave e insólito que el caso de la Fiscal Superior Marita Barreto y su relación con la empresaria Sada Goray a través de su ex mano derecha Telmo Zavala, ya que una cosa es viajar fuera del país a tomar una declaración de una empresaria que decide confesar sus delitos, en las playas paradisíacas del Caribe y otra muy distinta es que dos fiscales llamen a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionarlos, interferir y decir cómo deben fallar en un caso que no está dentro de su competencia y alcance, con el único propósito de favorecer y generar impunidad del Jefe de los Cuellos Blancos a través de presionar a una decisión de sobreseimiento.
EL PODER DE WALTER RÍOS MONTALVO: CONVENCIÓ A LA FISCALÍA SUPREMA PARA QUE SE LE PERMITA SALIR DE LA CÁRCEL POR 45 DÍAS
El año 2021 Walter Ríos convence a la Fiscalía Suprema a cargo de los fiscales Fernández Alarcón y Fanny Quispe de algo ilegal: solicita que se le permita su traslado a una casa de seguridad a cargo de la División de Alta Complejidad por el plazo máximo de cuarenta y cinco días.
La Fiscalía Suprema se come el cuento y solicita que el Poder Judicial autorice la variación de la medida de aseguramiento personal del interno y colaborador eficaz 060F-2018 (Walter Ríos), consistente en su traslado a una casa de seguridad. La Fiscalía sustentó su pedido de que, en el marco del proceso especial de colaboración eficaz, el interno con clave 060F2018 ha realizado diversas e importantes declaraciones contra jueces, fiscales, empresarios y abogados, que en su momento han sido debidamente corroboradas y oportunamente agregadas a las diversas carpetas fiscales de la Fiscalía Suprema recurrente y/o derivadas a distintas carpetas fiscales conforme a la competencia de las mismas. Agregó que, como medida de aseguramiento a su favor, ha sido ubicado en un Área de Prevención del Establecimiento Penitenciario Ancón I, aislado de la población penitenciaria; sin embargo, por situaciones acontecidas en casos relacionados con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, su identidad se ha visto expuesta y ha sido conocida por otros internos involucrados, por lo que han sido objeto de hostigamiento y amenaza que pone en peligro su integridad. También destaca que el cambio del colaborador a otro ambiente del mismo recinto penitenciario o el cambio de lugar de los internos hostiles o agresores no garantizan el cese de los actos de hostigamiento o amenaza, por lo que la autoridad penitenciaria sugiere la posibilidad de variar el lugar de la medida de aseguramiento.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema conoce el recurso de apelación N.° 63-2021 que fue resuelto el 31 de enero del 2023 presentado por la Fiscalía Suprema y deniega el pedido de Walter Ríos y de la Fiscalía por considerar que no había base legal que amparara la solicitud presentada, se trataba de una medida ilógica, ya que pedir que Ríos quede fuera del control penitenciario asignado al INPE, no solo contraviene la normatividad expresa, sino que además se sale de la eficacia del propio proceso de colaboración eficaz y que si bien podía existir actos de hostilidad contra Ríos no se evidencia que tales actos tengan la intensidad que se alega.
La Corte Suprema señala que se debe distinguir que el traslado de los internos de establecimientos penitenciarios (incluyendo los colaboradores eficaces), en coordinación e incluso bajo custodia de la Policía, para un fin específico, puntual y único, es razonablemente posible; y otra cuestión es el traslado temporal con fines generales de prevención de integridad que exigen una nueva residencia temporal que solo podría realizarse en ambientes bajo control o sometidos a la seguridad penitenciaria.
Walter Ríos Montalvo, tiene un manejo a su antojo de un sector de la Fiscalía que se allana a sus caprichos, como buscar una cárcel dorada, plagada de comodidades y lujos; para ello chantajea con que si es que no se accede a sus pedidos no va a declarar en las investigaciones. Con ese mismo poder de querer salir del penal sin que haya norma legal alguna que lo permita, ahora Ríos utiliza a ciertos fiscales que se adhieren a su voluntad para archivar y sobreseer procesos penales e investigaciones en el que el mismo Ríos sabe y es consciente de que ha cometido delitos.
Se trata de una justicia delivery y a la medida en la que los supuestos colaboradores eficaces ponen condiciones ilegales y chantajean al mismo sistema de justicia, activando mecanismos de impunidad para conseguir lo que se les antoja y les viene en gana.
En SUDACA hemos develado hace poco el plan siniestro de algunos malos fiscales en contra de la Fiscal de la Nación para destituirla del cargo utilizando la plataforma de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, con la misma autoridad moral que nos da tomar una posición acerca del Ministerio Público, exigimos que se tome medidas correctivas urgentes a fin de evitar que esta institución medular sea tomada por asalto por pseudo colaboradores eficaces y se convierta en una coladera en la que los criminales ya no busquen ni contraten abogados, sino que se consigan a fiscales que actúen como sus representantes legales para ayudar a archivar sus casos, obtener beneficios ilegales y les concedan un trato privilegiado que cualquier persona inocente le gustaría tener.
Walter Ríos no tenía problemas en sentarse a almorzar con abogados de procesados por narcotráfico. En abril del 2017, meses antes del inicio de las escuchas del caso “Rich Port” y “Cuellos Blancos”, sació su apetito en el restaurante Laredo, en Los Olivos, donde fue almorzar con los abogados Henry Tito Mere, Jéssica Espinoza y Yahaira Acuña Cárdenas. Los tres son conocidos por defender a diversos narcotraficantes peruanos y extranjeros, por ejemplo, formaban parte de la defensa de Renzo Espinoza Brissolesi, cabecilla de la banda de narcotraficantes “Los Reyes del Puerto Shejo”, que gobernaba a sangre y fuego en el Callao, como “Barrio King”.
Sobre esta reunión, el diario “La República” en su edición del 08 de junio del 2019, destacó: “el viernes 28 de abril del 2017 la Policía emitió un reporte donde dio cuenta de una reunión de Walter Ríos con tres abogados vinculados a procesados por narcotráfico y crimen organizado. La reunión se realizó ese día a las 12:50 horas, en el restaurant Laredo, en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle, Los Olivos.El primero en llegar fue el abogado Henry Luis Tito Mere. Este personaje es tío de Moisés Mere Ruiz, ya detenido, brazo legal de la organización dirigida por Gerson Gálvez ‘Caracol’y quien presuntamente se encargaba de realizar los pagos a policías, fiscales y jueces. Luego aparecen dos mujeres identificadas como ‘Jessica’ y ‘Pamela’, quienes preguntan por el cumpleaños y las llevan al segundo piso del restaurant, donde se encontraba Tito Mere”. La información oficial quedó plasmada en la nota de agente N° 2 del 28 de abril del 2017 en relación al “Caso Law Queen” y en la videovigilancia policial.
En el 2018 Ríos fue también vinculado al narcotráfico por un colaborador eficaz. El delator dijo que Ríos y el exjuezsupremo, César Hinostroza, favorecían a “Los Reyes del Puerto Shejo”.
“(..) había otro juez que se llamaba Walter Ríos, también igual daba libertad no más. Él, si no me equivoco, estaba en la primera sala, a él también la organización le pagaba”, dijo el colaborador ante las autoridades. El vínculo de Ríos con el narcotráfico no ha sido investigado, ni siquiera tocado, por los fiscales del caso Cuellos Blancos encargados de su colaboración.
Las escuchas telefónicas permitieron descubrir a la exfiscal Sánchez que la organización, liderada por “Caracol”, tenía un brazo legal que coordinaba con jueces y fiscales para beneficiar a los integrantes de la banda criminal. Sánchez abrió la caja de Pandora, pero el círculo aún no se cierra.
La inacción de la Fiscalía Suprema para investigar la relación de Walter Ríos con el narcotráfico
El 31 de diciembre del 2021 Walter Ríos Montalvo recibió una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de libertad a raíz del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público en el que delató 45 casos de corrupción. Sin embargo, ninguno de los casos que forman su acuerdo de delación premiada relata un solo proceso de narcotráfico, grande o pequeño, en el que habría intervenido, directa o indirectamente, a cambio de dinero, favores sexuales o cualquier otro beneficio.
Se trata de un acuerdo de colaboración eficaz “chauchilla”: Ríos describe casos de corrupción minúsculos, pero se cuida de verse involucrado en pagos de sumas millonarias para evitar el delito lavado de activos y, sobre todo, no acepta haber participado y recibido una sola coima en un caso de narcotráfico en los 06 años que fue Juez Superior penal de la Corte del Callao, pese a que este delito es el problema endémico del puerto chalaco y el origen histórico de los casos fiscales de “Rich Port” y “Cuellos Blancos”.
La primera explicación es pensar que Walter Ríos nunca se involucró y menos quiso saber algo del narcotráfico. Era un corrupto “gourmet”, solo se dejaba corromper en determinados casos, pero nunca en tráfico de drogas. Sin embargo, la contundencia y la claridad de los audios que se publican muestran de modo irrefutable que ello no solo es falso, sino que Ríos le ha mentido al Ministerio Público que confió en él, le ha mentido al sistema de justicia y le ha mentido al país. Ha recibido beneficios, sin contar la verdad y ocultando los hechos graves de narcotráfico en los que ha participado y ha sido protagonista principal, junto a la abogada “Pamela” y su chofer Jhon Misha. Los audios de “caracol” solo son una prueba de ello.
Sin embargo, pese a que era probable, desde un inicio, que el inefable Walter Ríos le haya mentido a la justicia peruana, resulta indignante el papel desempeñado por los Fiscales Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán quiénes pese a estar a cargo de la colaboración eficaz de este personaje nunca hicieron una auditoría a los audios de la vergüenza, nunca escucharon todas las conversaciones siniestras, nunca pidieron un informe detallado a la Policía para saber si efectivamente habían cubierto todas las conversaciones de Ríos y prevenir que cualquier destape se encuentre contenido en su acuerdo de delación premiada. Está demás decir que no existe investigación abierta sobre este tema. Simplemente, estos fiscales nunca quisieron saber realmente la verdad.
Lo grave no es que todos los audios de la vergüenza no hayan sido escuchados luego de 04 años de conocidos, sino que se han pasado por alto, y todo parece indicar que no se ha querido escuchar, los audios más graves de Walter Ríos en los que de manera expresa habla, coordina y condiciona un hábeas corpus del mas grande capo del narcotráfico y del crimen organizado del Callao, el de Gerson Gálvez Caracol que buscó a esta red corrupta que capturó el sistema de justicia para lograr justamente traer abajo su caso que se levantaba en audios interceptados.
El hecho revelado no debe verse en forma aislada, sino como una impunidad selectiva y como una justicia delivery en la que personajes poderosos, como el empresario Samir Abudayeh y “Caracol”, relacionados con Walter Ríos nunca son investigados por la Fiscalía del caso Cuellos Blancos.
El número de la celda asignada a Walter Ríos, pieza clave de la red de corrupción de los Cuellos Blancos, es el 107. Está en el área de prevención del penal Ancón 1. Desde hace 7 meses, el pequeño espacio se ha convertido en un infierno para él.
El defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao ha denunciado ante las autoridades amenazas de tres presos con los que convive en la misma zona de la cárcel. Acusó, entre otros, a Antauro Humala Tasso, quien habita en la celda 109 y está encerrado por el Andahuaylazo.
En el área de prevención conviven seis presidiarios de marca mayor. Aparte de Ríos y Humala, está el cabecilla de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo, quien ocupa la celda 104. También el exjuez del Callao Carlos Chirinos Cumpa, quien está en la 103. La 102 aloja a David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo y acusado de liderar la banda “Los Temerarios del Crimen”. Y en la 101 reside el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, preso por formar parte de la red delictiva del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez.
Julio, 2019. Exjuez del Callao, Carlos Chirinos Cumpa, detenido por la Policía por su vinculación con la red de los Cuellos Blancos. Foto: Poder Judicial.
Ríos ha denunciado ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, uno de los que investiga la trama de corrupción judicial más importante del país, que es hostilizado por Humala Tasso, Chirinos Cumpa y Cornejo Chinguel desde marzo de este año. Así lo consigna una resolución judicial a la que tuvo acceso Sudaca.
“¡Traidor! ¡Tú sabes lo que le pasa a los traidores!”, dice Ríos que le gritó David Cornejo Chinguel en un patio del penal. Precisamente, este fue trasladado del penal de Chiclayo a Ancón 1 por amenazar a uno de sus delatores, que estaba en una celda contigua, según una resolución del INPE del 2019.
Noviembre, 2018. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, detenido como integrante de “Los Temerarios del Crimen”. Walter Ríos dice que lo amenazó en el penal Ancón 1. Foto: La Industria.
¿Qué ha pasado en Ancón? Según Ríos, ha sido acusado de “soplón” por sus vecinos luego de que estos se enteraran que delató, en un proceso reservado, al exjuez supernumerario Chirinos Cumpa. Este cayó como parte de la telaraña corrupta montada en el Callao. Fue acusado de beneficiar con sentencias a los empresarios Fernando Seminario y Luis Marsano a pedido de Ríos, el hombre que pedía “whiskycitos azules” y “diez verdecitos (diez mil dólares)” como coima, según los audios interceptados.
Ríos se ha mostrado arrepentido en el proceso y viene colaborando en varios casos abiertos por el fiscal Jesús Fernández. “De los 2.500 o más señores internos en este penal [Ancón 1], yo debo ser la persona que más arrepentimiento y sumisión a la justicia he tenido, tengo y tendré”, se victimizó en una de las audiencias del caso Cuellos Blancos.
En uno de esos testimonios, Walter Ríos empeoró la situación judicial de Chirinos Cumpa: lo acusó de presuntamente favorecer a Vladimir Dimchev Kasarski, ciudadano búlgaro preso por drogas en Ancón y pedido en extradición por su país. Dijo que Chirinos ayudó al narcotraficante a cambio de US$10.000. También lo echó por beneficiar con un habeas corpus a la empresa Lopesa Industrial, en coordinación con César Hinostroza.
Según Ríos, el propio Chirinos Cumpa le amenazó cuando se encontraron en la celda 105, que sirve como cocina en la zona de prevención. “Esto se paga”, contó que le dijo, de acuerdo a una resolución judicial. El documento no consigna la fecha de aquella amenaza.
La bronca ha afectado la convivencia entre los seis internos que están en esa área de la cárcel. Ríos no interactúa con sus “compañeros” en los espacios comunes de esa zona por temor a ser agredido. “El interno Walter Ríos Montalvo se aísla permanentemente por su cuenta dentro de su celda, saliendo excepcionalmente sólo cuando es llamado por las autoridades, recojo de alimentos, recepción de documentos, notificaciones fiscales y judiciales y audiencias en la sala del Poder Judicial”, dice un informe de la subdirección de Seguridad del penal Ancón 1.
El director de ese establecimiento penitenciario, Juan Rivera Gonzales, habla abiertamente de dos grupos marcados. “Existen dos grupos. Uno formado por Walter Ríos y (el senderista) Osmán Morote y el otro grupo conformado por Antauro Humala, Chirinos Cumpa, Cornejo Chinguel y Arroyo, estando latente la situación que afecta la convivencia”, dice en un informe interno redactado el 26 de agosto.
Ríos ya no va a la cocina, la celda 105, para evitar encontrarse con sus rivales. Por esta razón solicitó que le permitan tener dos hervidores eléctricos para prepararse sus alimentos en su celda, la 107. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sólo le permitió tener uno, de acuerdo a un memorando interno de agosto.
ANTAURO EN EL 107
En medio de este clima de confrontación, el 1 de septiembre pasado el preso de la celda 109, Antauro Humala Tasso, fue al calabozo de Ríos, el 107. Era mediodía. Según la denuncia, el etnocacerista lo visitó para increparle por haber denunciado las amenazas. Humala habría hecho espíritu de cuerpo con el delatado Chirinos Cumpa, quien es de su bando en la prisión. En el código carcelario, el señalamiento a otro preso es considerado una traición.
“Me he enterado, a través de mi abogado, que en la región [la oficina regional del INPE] le han dicho que tú, a través de tu abogado, has presentado una denuncia contra mí. Retráctate”, le dijo Humala a Ríos, según contó éste último al fiscal Jesús Fernández.
De acuerdo al relato, Humala lo empujó y siguió con los insultos. “Retráctate, huevón de mierda. Conmigo nadie se mete. Te vas a joder conmigo”, habría dicho el etnocacerista, siempre en la versión de Ríos, recogida en un acta fiscal.
“Luego, al ver que yo no contestaba, y tener una actitud sumisa, tranquila y prudente, dicha persona [Antauro Humala], vociferando lisuras irrepetibles, procedió a retirarse. Y cuando yo cogí la puerta de mi celda para cerrarla, dicho interno empujó violentamente la puerta de mi celda, Nro. 107, a tal extremo que casi me da la puerta en mi mano, dañándome los dedos”, contó Ríos. “Me hacen la vida imposible. Mi vida corre peligro”, añadió el compungido exmagistrado.
La declaración de Walter Ríos ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, en la que da cuenta que Antauro Humala ingreso a su celda, la 107, y lo amenazó.
Al ser consultada por este incidente, Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, dijo no saber nada. “A mí no me han dicho nada al respecto. No me han contado que el mayor [se refiere a Humala] tenga problemas con Walter Ríos. Cualquier problema de conducta me hubieran notificado”, dice Huidobro.
Humala fue trasladado del penal Ancón II a Ancón I en octubre del 2020 por realizar actividades proselitistas. Es el mismo personaje por el que el exprimer ministro Guido Bellido pidió el indulto hace unos días, recordando que fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo.
Por su parte, Julio Eucástegui, quien fue abogado de Carlos Chirinos Cumpa hasta hace dos semanas, dijo a Sudaca que “tenía conocimiento de que ha habido algunos inconvenientes, pero no de agresiones verbales o físicas”.
Ante la denuncia de Ríos, el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, pidió al juez de investigación preparatoria Hugo Nuñez Julca, que lo trasladen a otro penal “de ser necesario” para garantizar su integridad. Nuñez, en una resolución firmada el 21 de septiembre, rechazó ese pedido y le exigió solamente al INPE que asegure “la integridad del interno”.
UNIDOS POR UN RASTREO
Lo llamativo del asunto es que Ríos y Chirinos Chumpa, enemigos declarados, tienen una cosa en común. En el 2019 se autorizó el rastreo de los teléfonos de ambos, a pedido del fiscal Jesús Fernández. Sin embargo, dos años después, en agosto pasado, el representante del Ministerio Público pidió dejar sin efecto el rastreo de sus celulares y 13 teléfonos más “por error material involuntario”. Es decir, una supuesta equivocación de redacción que más parece un nuevo caso de rastreo irregular.
Sudaca ya había reportado, el 16 de septiembre pasado, sobre el seguimiento a otros 20 teléfonos autorizado por el Poder Judicial, ante un pedido de Fernández, que luego también se canceló por un “error en la redacción”. Las idas y vueltas con los rastreos en las pesquisas han desatado una tormenta en la investigación.
“Acá no ha habido una equivocación. Se está observando una práctica sistemática. No violen el derecho de la intimidad. No violen el secreto de las llamadas. Eso es lo que espera cualquier ciudadano”, dice el abogado Fernando Ugaz, quien defiende a Pablo Morales Vásquez, uno de los investigados en el caso Cuellos Blancos.
Mientras tanto, según allegados a Walter Ríos, el exjuez contó a las autoridades que el hostigamiento continúa. Dijo que Antauro Humala y compañía lo quieren sacar del área de prevención. Y que el líder etnocacerista ha dicho a terceros: “lo voy a gomear [pegar]”. La bronca no tiene cuando acabar.
