Cuellos Blancos

Rolando Machado: “Esto es una gran corrupción más grande que Odebrecht”

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 23.03.2025

Pesquera Mar, al igual que varias empresas peruanas fueron expropiadas durante el gobierno de Velasco sin ningún tipo de compensación. “El Estado nunca pagó la compensación correspondiente. A finales de los años ochenta, Pesquera Mar solicitó el abandono y caducidad de la expropiación debido a la falta de pago”, comentó Machado mientras recuerda que para el 28 de septiembre de 1992, el Noveno Juzgado Civil de Lima falló a favor de la empresa, y esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 20 de diciembre de 1993.

Nota de redacción: La Corte Suprema de la República declara infundada la queja interpuesta por el Procurador Público del Ministerio de Pesquería, el 24 de noviembre de 1994. Quedando expedito para que se le entreguen sus bienes y los derechos administrativos de una expropiación que nunca prosperó; pesquera Mar nunca fue expropiada.

“La primera sentencia ordenó que se devolvieran todos los derechos de Pesquera Mar incluyendo acciones y bienes, como se detalla en el expediente 390-99. Sin embargo, dicha Sentencia NUNCA fue cumplida por el Estado (PRODUCE)”, menciona Bulos. “Firmamos contratos con PESQUERA MAR S.A.C. para recibir honorarios profesionales a través de un acuerdo de cuota litis. Inicialmente, los contratos se establecieron con los señores Saavedra Montero por un 25% de las acciones y bienes de la empresa. Luego, se firmó un segundo contrato que les otorgaba el 50% de los bienes y derechos de la empresa”, añadió.

Mientras conversamos con Machado hizo hincapié al trabajo de su hermano Guillermo quien, en palabras de Rolando Machado, este vaivén de juicios y problemática de Pesquera Mar terminarían consumiéndolo y acabando con su vida.

“Ahora bien, durante el proceso culminado de expropiación que declaró EL ABANDONO Y CADUCIDAD DE LA EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA PESQUERA MAR S.A. que encuentra en Estado de Ejecución, conforme lo ha ordenado la Corte Suprema en el Exp: 1756-2010, se envió un memorando interno por parte del procurador Fernando Vidal Malca quien aceptó que la Ejecutoria Suprema en cuestión no se habría cumplido, sin embargo, a pesar de haberlo manifestado y reconocido dicho procurador persiste sin acatar la Ejecutoria Suprema”, mencionó Bulos.

La relación de la problemática con Oscar Peña

Oscar Peña Aparicio, más conocido como “el Rey de la Pesca Negra” y quien estuvo investigado por varios años y prófugo de la justicia, sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se anule la condena de cinco años que en primera instancia recibió por estar implicado en el caso Fundo Oquendo junto al expresidente regional del Callao, Félix Moreno.

Peña Aparicio, durante el gobierno de Alejandro Toledo, utilizó su empresa HOPE TRADING S.A.C. y creó la empresa: Pesquera Mar y Mundo Sac, empresas que conjuntamente con la empresa Tasa del grupo Brescia fueron denunciados penalmente y multados con 4 UIT. “Dichas empresas celebraron un contrato de asociación y participación para usufructuar los derechos pesqueros y la licencia de la planta de procesamiento de harina y aceite de pescado. Peña realizó prácticas ilegales, como la falsificación de firmas y documentos, para obtener resoluciones judiciales que le permitiera apropiarse de los derechos administrativos que son de propiedad de PESQUERA MAR S.A. y que aún no le han sido Restituidos”, mencionaron Machado y Bulos refiriendo a que esto representó un segundo atropello contra la empresa, ya que el primero había sido el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la queja del Procurador del ex Ministerio de Pesquería, debiendo haber entregado los bienes y parte de derechos a la empresa PESQUERA MAR S.A.C. como dice la sentencia.

“Hope Trading de Oscar Peña Aparicio, sin ser propietario de ningún bien ni derecho administrativo de Pesquera Mar S.A., se hace pasar como dueño de Pesquera Mar S.A.C. en complicidad con el Ministerio de la Producción utilizando la Empresa Pesquera Mar y Mundo y Pesquera Buena Vista (también de Peña) celebrando dos contratos a perpetuidad con la Empresa T.A.S.A. debidamente representados por MARIO BRESCIA MOREYRA y OTROS”, menciona Machado mientras recuerda que se firmó dos contratos, uno por las cuotas de pesca y otro por la licencia para fábrica de harina de pescado.

“Ahí no termina la cosa, Peña también se beneficia de los derechos de Pesquera Mar S.A.C., ya que con la R.D. N° 253-2003 – PRODUCE/DNEPP y la R.D. N° 150-2004 – PRODUCE/DNEPP, emitidas por Flor de María Alvarado Barriga, directora de Extracción de aquel entonces, se le entrega ilegalmente a la empresa Hope Trading y parte de los derechos de Pesquera Mar S.A.C. para constituir una embarcación nueva de 350 m3 de CBOD, llamada “Osquitar” (hoy PDA-03) con matrícula CO-21696-PM, ¿cómo le otorgan el derecho y la licencia pesquera si Oscar Peña si no es absolutamente dueño de nada ni compró nada de Pesquera Mar S.A.C.”, se pregunta indignado el investigador.

“Debemos señalar que en los contratos antes mencionados no se desligan, PEÑA y TASA son socios para siempre, hasta el día de hoy”, advierte el investigador mientras hace hincapié que estos contratos son NULOS y, por lo tanto, todo lo que pescan los Brescia con estos derechos es ilegal y también lo que procesa su planta de planta de harina y aceite de pescado en Malabrigo (Chicama), hasta el 5% que recibe Peña, según contrato.

El 15 de diciembre del 2004, el Ministerio de la producción SANCIONA y DENUNCIA PENALMENTE A PEÑA, a los BRESCIA y a sus empresas por falsificación de firmas y documentación fraguada al tratar de ingresar documentación para pescar ilegalmente, luego con el actuar de malos funcionarios y Javier Reátegui Roselló como Ministro de Producción quién también se benefició ilegalmente, apoderándose de 70 m3 de Capacidad de Bodega (CBOD) aumentando la capacidad de la bodega de la embarcación que administra. “Se verifica que continúan con sus fechorías, logrando ilegalmente apropiarse de los derechos de pesca y licencia para fábrica de harina , así como las cuotas de pesca de la Empresa Pesquera Mar S.A.C. la verdadera propietaria, comprobándose la falta de buena fe”, mencionan Machado y Bulos.

“Puedes pedirle su versión a TASA, pero no te van a dar nada por qué no tienen ningún fundamento, contrato o prueba legal que presentar. Los Brescia son socios de Oscar Peña Aparicio a perpetuidad en un contrato que es nulo”, sentencia Bulos recordando que la Ejecutoria Suprema 1756-2010 y la Sentencia del TC del 2019 no estarían siendo cumplidas por el Ministerio de la Producción.

“Esto no es entre dos personas particulares y dos empresas. Porque acá la responsabilidad la tiene el Estado. Aquí se cumplen delitos continuados y de organización criminal”, menciona Machado. “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ejecutoria. Si hablamos de T.A.S.A, simplemente en el 2004 a la actualidad (21 años), tienen una deuda exorbitante por Lucro Cesante, tanto de la extracción de anchoveta como el procesamiento de harina y aceite de pescado por utilizar la licencia ilegalmente ; deuda con el Estado en materia administrativa por las multas establecidas tanto en el RISPAC como en el actual REFISAPA del Ministerio de la Producción, por pescar y elaborar harina sin contar con el derecho pesquero; y por último, los daños y perjuicios que ha originado esta empresa por 20 años, su deuda es mucho más de lo que vale la empresa, Tasa”, sentencia.

La participación de Exalmar:

Según menciona Machado, en el mes de julio del 2011, tiempo después que se emite la Ejecutoria Suprema 1956-2010, Víctor Matta Curotto conjuntamente con Martin Belaunde Lossio y Martin Kohatsu ofrecen comprar las cuotas de Pesquera Mar SAC, sin embargo, el origen del dinero que ofrecían no era legal.

“El Dr. Machado desestimó la venta a la empresa Exalmar sin embargo el abogado de Exalmar Martin Kohatsu celebró una compra ficticia, sin tracto sucesivo con firmas falsas y sin que el número de acciones cuadre debidamente. Así y todo presentaron dicho documento al Ministerio de la Producción haciéndose de las cuotas de Pesquera Mar creando una duplicidad de cuotas ya que los Brescia con su empresa Tasa también las venían utilizando sin ningún derecho”, menciona Machado. “Se desató una pugna en la que la SNP expulsa Exalmar de dicha sociedad por haberse atrevido a comprar las cuotas de Pesquera Mar defendiendo claramente la pesca ilegal de la sociedad Tasa Peña – los actos cometidos con la participación de Exalmar fueron investigados por el fiscal José Domingo Pérez quien sospechosamente dejo caducar el caso sin investigar a cabalidad”, añade Bulos.

“Cabe resaltar que Exalmar pagó cinco millones de dólares a través de una venta ficticia para obtener los derechos de Pesquera Mar. Al verse descubierto vende ilegalmente la empresa Pesquera Mar a su hijo Víctor Matta Dall’Orso a través de su empresa Cedes Management Corp offshore de Víctor Matta Dallorso, hijo de Víctor Matta Curotto propietario de pesquera EXALMAR por 750.000 dólares para que éste liquide la empresa y deshacerse del problema”, menciona Bulos.

“Cuando intentaron desaparecer la empresa Pesquera Mar, lo hicieron todo mal. Esta transferencia no tiene valor alguno. En el encabezado dice que el que hace el llamado de conocimiento es el anterior gerente (10 de agosto del 2012) cuando supuestamente renuncia éste el 06 agosto 2012. No podría intervenir en esa fecha y mayor razón si la transferencia a esa empresa no ha sido autorizada por el gerente”, añade Bulos.

Al cierre de esta nota, el abogado y el investigador de temas pesqueros sentencian que se ha extendido esta problemática por bastantes años. “Ellos (TASA, Oscar Peña Aparicio, y otras empresas pesqueras), que tienen los bienes y derechos de Pesquera Mar, no pueden probar que tienen contratos válidos con Pesquera Mar, esto es una gran corrupción, más grande que Odebrecht”, menciona Machado recordando que este caso ha durado más de lo debido y que se tiene que sanear lo antes posible. “Sigo siendo el acreedor, rescaté la empresa de la estatización de Velasco cumpliendo así con mis obligaciones mientras que los Brescia de tasa y su socio Oscar Peña siguen trabajando. He cumplido con mis obligaciones, mientras que ellos siguen trabajando con documentos nulos y sin efecto legal”, culmina.

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El tremendo caso Chibolín

Por: Juan Carlos Tafur 20.09.2024

Con la detención de Andrés Hurtado, Chibolín, su puesta a derecho, y su probable acogimiento a la colaboración eficaz, nos enteraremos una vez más de lo podrido que está el sistema institucional destinado justamente a combatir a la corrupción (policía, fiscales y jueces).

El caso Cuellos Blancos quedará corto si es verdad todo lo que se supone que se movía detrás de un operador mafioso camuflado bajo el disfraz de un animador de televisión dedicado a obras de bien social.

Y una vez más, tendremos que ponernos a revisar en detalle la urgencia de reformar un sistema corrupto desde la entraña, que amaña colaboraciones eficaces, disfraza resoluciones, persigue a adversarios políticos o mediáticos, abusa de su poder cuando le viene en gana, falsea documentos de intervención policial, manipula sentencias y demás.

Tendrá que ser una reforma bien diseñada, por supuesto, no el mamarracho parchado que ahora están perpetrando en el Congreso, pero de que debe hacerse no cabe duda alguna, lo que implica hacerlo desde la cabeza -la Junta Nacional de Justicia- hasta el juez o fiscal ubicado en la escala más baja.

Es verdad que se ha intentado muchas veces hacerlo, desde adentro y desde afuera, y todas han fracasado, pero ello, lejos de diluir la urgencia de hacerlo, acrecienta su perentoriedad. No es posible que vivamos en una democracia con un Estado de Derecho mediatizado, con policías corruptos, fiscales y jueces venales sin mayor preparación jurídica, pero con un poder gigantesco.

Hay muchos temas por exigir a los candidatos a la presidencia el 2026, desde la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la lucha anticorrupción, pero dentro de esta última juega un rol crucial la reforma radical del sistema de justicia vigente. La supervivencia democrática futura depende de ello. El statu quo ya no da para más y lo ha probado hasta la saciedad con los desmadres judiciales que hemos apreciado en los últimos años.

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Fiscales persecutores o aprendices de policías

Por: Viviana Rodriguez 6.01.2024

[INFORMES] Nueve meses atrás, el director de Sudaca publicó la historia breve de un “hecho grave, vergonzoso e intolerable”, tal como lo describió en su informe del 27 de marzo del año pasado. Sucede que los fiscales provinciales del Primer Despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán, cruzaron del lado iluminado de la ley al lugar más oscuro de esta. Como sabemos, desde que la prensa descubrió la crisis institucional, ética y de credibilidad del sistema de justicia, más de uno habló de la necesidad de refundarlo. Es así que, por el impulso del expresidente Martín Vizcarra se modificaron partes sustantivas del texto constitucional, se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha mostrado gran severidad en la tarea de destituir jueces y fiscales supremos involucrados en los audios de la vergüenza, pero poca rapidez en sancionar a los magistrados que han falsificado certificados de estudios para ascender a cargos públicos de mayor nivel en el Ministerio Público.

Pese a todos esos cambios y controles, que pasan en gran medida por el posicionamiento de nuevos magistrados en la Fiscalía y en el Poder Judicial, parece que la crisis del sector judicial se ha agudizado debido a que algunos malos fiscales han convertido a la Justicia en un servicio delivery puesto a disposición de algunos empresarios y ex magistrados, que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corruptor, convirtiendo a perseguidores del delito en defensores de oficio de los delincuentes a los que deberían perseguir.

¿Qué paso en la reunión virtual?

Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.

En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.

El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.

Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES

Según fuentes del Ministerio Público lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.

En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.

Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.

La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.

Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitada de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?

Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que, si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.

Es increíble como, ciertos funcionarios del Ministerio Público han confundido su rol como miembros de una institución encargada de perseguir el delito en una suerte de policía política destinada a observar, vigilar y seguir (ovise, en términos policiales) a periodistas, políticos y empresarios que algún fiscal termo céfalo y de gran poder decidiera por sí y para sí que esos ciudadanos eran “altamente peligrosos” para el país.

Tras quedar al descubierto el reglaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal Andy Rodríguez del Quinto Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, para luego ser designado por el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena como Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Arequipa en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. ¿Es que ahora se premia a los fiscales persecutores o estamos asistiendo al inicio de un escándalo de enormes proporciones?

“Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas”, señaló Juan Carlos Tafur.

Consultado por Sudaca, el periodista Ricardo Uceda, uno de los más caracterizados miembros del gremio, nos dijo que el objetivo está expresado en los hechos, es decir, en el reglaje mismo, el hecho es que constituye un abuso de poder intolerable, vale decir, inadmisible. Es más, el uso que hace el fiscal de medios legales para objetivos completamente ilegales es completamente ilegal e inconstitucional, y, desde luego, contrario a la libertad de expresión. Y requiere ser investigado en todos sus detalles.

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Andy Rodríguez, Cuellos Blancos, Juan Carlos Tafur, Reglaje, Walter Ríos

Lava Jato y Cuellos Blancos en salmuera

Por: Juan Carlos Tafur 9.08.2023

Un mea culpa proporcional nos corresponderá hacer a los medios y periodistas que servimos de caja de resonancia de las múltiples filtraciones que proporcionaban los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato. Contribuimos con su cobertura amplificada a crear falsos héroes, embarrar honras y darle visos de seriedad a procesos que estaban reñidos con la sindéresis judicial mínima.

Hoy se ve que el trabajo fiscal ha sido deficiente. Las carpetas están incompletas, los jueces no las admiten por su incoherencia legal, los casos se empiezan a caer, y los delitos imputados empiezan a asomarse como insolventes.

El caso Lava Jato va camino a ser un gran fiasco. Los culpables efectivamente hallados se han beneficiado de una dudosa laxitud en los procesos de colaboración eficaz, y muchos corruptos hoy duermen tranquilos, sin purgar las condenas que les correspondían.

Y el Ministerio Público sigue empeñado en querer hacer pasar por el ojo de una aguja las donaciones a las campañas electorales como si fueran lavado de activos, cuando a lo sumo corresponden a delitos administrativos de la legislación electoral.

Al final de cuentas, el mayor escándalo de corrupción conocido en el país en las últimas décadas va a terminar en nada por culpa de fiscales más preocupados por los impactos mediáticos que por procesar correctamente sus carpetas.

Y lo mismo se produce en el expediente Cuellos Blancos, el otro gran caso de corrupción destapado. Tuvo impacto político y administrativo inmediato, porque el gobierno de Vizcarra se compró el pleito y se produjeron cambios importantes, como la desactivación correcta del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, y la salida de magistrados corruptos, pero en el camino, por disputas tontas entre fiscales y complicidades evidentes de otros, ha terminado en la inopia y con riesgo de consagrar la impunidad de algunos de los involucrados.

Los actos desesperados últimos de algunos fiscales (ampliación de fase investigatoria, involucramientos de más personas, etc.) solo demuestra que hay consciencia en ellos de que han hecho un mal trabajo, el mismo que ha sido advertido con crudeza por algunos magistrados del Poder Judicial, como el juez César San Martín.

Que nos sirva de lección. El periodismo de investigación no puede devenir en correveidile de intereses de fuentes fiscales o judiciales, y los entes encargados de impartir justicia (fiscales y jueces) están obligados a no olvidar la máxima profesional de imponer la verdad judicial, y no buscar escarmientos políticos a adversarios ideológicos.

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César San Martín, Cuellos Blancos, Junta Nacional de Justicia, Lava Jato

La Corte Suprema de Justicia le baja el dedo a Walter Ríos

Por: Juan Carlos Tafur 2.05.2023

La impunidad que logró Walter Ríos no debe quedar sin castigo

Una de las preguntas más importantes en esta trama de corrupción y de impunidad es por qué Walter Ríos ha terminado recibiendo beneficios indebidos y logrando archivos de casos que debían seguir su trámite regular.

La respuesta a esta pregunta es que quien tenía el control del procedimiento especial de delación fue la Fiscal Fanny Quispe, la encargada material de preparar el acuerdo, fijando sus cláusulas y beneficios, tramitar el acuerdo de colaboración eficaz de Ríos, lograr su firma en la Fiscalía, de sustentar dicho acuerdo en el Poder Judicial y hacer el seguimiento correspondiente. Sin su participación y “buenos oficios” el acuerdo ni siquiera se habría logrado.

La gravedad de los hechos que el Juez Juan Carlos Checkley Soria ha impedido que se consumen o que sus efectos subsistan hasta la actualidad, debe llevar a los que han creado este menudo problema en el Equipo Especial, en el Ministerio Público, a que se les abra investigación y se inicie la búsqueda de la verdad a fin de saber e identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a conceder ventajas y beneficios indebidos al juez más corrupto de la historia del Perú.

Más allá del enojo e ira natural que puede albergar Walter Ríos porque no se salió con la suya, la sociedad peruana y el sistema de justicia no puede quedarse con las manos cruzadas y dejar que fiscales inescrupulosos que ya no están en el equipo especial del caso “Cuellos Blancos” hayan vendido beneficios y favores como si se tratara de una feria, pisoteando la Constitución y la ley.

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Escándalo en el Ministerio Público: Fiscales del caso Cuellos Blancos se convierten en abogados defensores de Walter Ríos

Por: Juan Carlos Tafur 27.03.2023

LOS FISCALES Y WALTER RÍOS

A los fiscales del equipo especial no les importa la defensa de la legalidad en el Ministerio Público y la rectitud de sus decisiones. Se sacrifican para poder lograr a toda costa una decisión fiscal de sobreseimiento del inefable y todopoderoso Walter Ríos Montalvo, el indiscutible cabecilla del caso “Los Cuellos Blancos”, que se encuentra procesado por denuncia falsa al haberle mentido al sistema de justicia.

Walter Ríos Montalvo ha sido condenado a una pena burdamente baja de 12 años de pena privativa de la libertad por los más de 50 delitos que dijo haber cometido; pero no deja de conservar su poder y manejo en cierto sector de la Fiscalía, en la que dos fiscales para limpiarlo de dos graves imputaciones, que no cubre su sentencia de colaboración eficaz, tratan de ayudarlo a costa y a riesgo de su propia carrera profesional, llamando a dos fiscales que tenían a su cargo una carpeta fiscal en la que se encontraba procesado.

Tanto es el interés de Walter Ríos Montalvo y su defensa en que el caso en el que se le procesa por denuncia falsa y encubrimiento personal sea archivado que es célebremente recordado las presiones que ejercían sobre el Fiscal Fernández Alarcón y sobre los demás fiscales de la Primera Fiscalía Suprema para que este caso pueda ser comprendido a toda costa en el acuerdo de su colaboración eficaz que tan rápidamente fue aprobado entre gallos y medianoche por el juez Núñez Julca y su asistente Castillo Nieto el 30 de diciembre del 2021, luego de una audiencia de solo dos horas de duración en que se analizaron los casi 50 casos de su delación y que trae como hecho anecdótico que el mismo día 30 de diciembre del 2021 el redactor de la sentencia de colaboración eficaz fue designado como Fiscal Adjunto provisional por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN, publicada en el Diario Oficial “EL PERUANO”, evidentemente en un intercambio de prebendas: me ayudas con la sentencia de colaboración eficaz de Ríos y a cambio te nombro el mismo día Fiscal Adjunto.

Si Walter Ríos Montalvo fuera inocente de los cargos de denuncia falsa y encubrimiento personal, ¿por qué el año 2021 tendría que exigir y presionar a la Fiscalía Suprema que tramitaba su colaboración eficaz de que esta investigación también se comprenda en su acuerdo de colaboración eficaz como a varios fiscales del Equipo Especial de dicha instancia les consta? ¿Por qué dos años después (el año 2023) Walter Ríos y su defensa vuelven a la carga y se valen de algunos malos Fiscales de primera instancia para lograr consumar el archivo de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 que el año 2021 no pudo ingresar a su acuerdo de colaboración eficaz?

El poder de Walter Ríos Montalvo no solo está vigente en cierto sector de la Fiscalía del sistema de justicia, sino que su capacidad de corrupción, influencia y de daño a las instituciones de justicia que se extiende como mancha de aceite, sigue vivita y coleando. El caso que se describe es mucho más grave e insólito que el caso de la Fiscal Superior Marita Barreto y su relación con la empresaria Sada Goray a través de su ex mano derecha Telmo Zavala, ya que una cosa es viajar fuera del país a tomar una declaración de una empresaria que decide confesar sus delitos, en las playas paradisíacas del Caribe y otra muy distinta es que dos fiscales llamen a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionarlos, interferir y decir cómo deben fallar en un caso que no está dentro de su competencia y alcance, con el único propósito de favorecer y generar impunidad del Jefe de los Cuellos Blancos a través de presionar a una decisión de sobreseimiento.

EL PODER DE WALTER RÍOS MONTALVO: CONVENCIÓ A LA FISCALÍA SUPREMA PARA QUE SE LE PERMITA SALIR DE LA CÁRCEL POR 45 DÍAS

El año 2021 Walter Ríos convence a la Fiscalía Suprema a cargo de los fiscales Fernández Alarcón y Fanny Quispe de algo ilegal: solicita que se le permita su traslado a una casa de seguridad a cargo de la División de Alta Complejidad por el plazo máximo de cuarenta y cinco días.

La Fiscalía Suprema se come el cuento y solicita que el Poder Judicial autorice la variación de la medida de aseguramiento personal del interno y colaborador eficaz 060F-2018 (Walter Ríos), consistente en su traslado a una casa de seguridad. La Fiscalía sustentó su pedido de que, en el marco del proceso especial de colaboración eficaz, el interno con clave 060F2018 ha realizado diversas e importantes declaraciones contra jueces, fiscales, empresarios y abogados, que en su momento han sido debidamente corroboradas y oportunamente agregadas a las diversas carpetas fiscales de la Fiscalía Suprema recurrente y/o derivadas a distintas carpetas fiscales conforme a la competencia de las mismas. Agregó que, como medida de aseguramiento a su favor, ha sido ubicado en un Área de Prevención del Establecimiento Penitenciario Ancón I, aislado de la población penitenciaria; sin embargo, por situaciones acontecidas en casos relacionados con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, su identidad se ha visto expuesta y ha sido conocida por otros internos involucrados, por lo que han sido objeto de hostigamiento y amenaza que pone en peligro su integridad. También destaca que el cambio del colaborador a otro ambiente del mismo recinto penitenciario o el cambio de lugar de los internos hostiles o agresores no garantizan el cese de los actos de hostigamiento o amenaza, por lo que la autoridad penitenciaria sugiere la posibilidad de variar el lugar de la medida de aseguramiento.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema conoce el recurso de apelación N.° 63-2021 que fue resuelto el 31 de enero del 2023 presentado por la Fiscalía Suprema y deniega el pedido de Walter Ríos y de la Fiscalía por considerar que no había base legal que amparara la solicitud presentada, se trataba de una medida ilógica, ya que pedir que Ríos quede fuera del control penitenciario asignado al INPE, no solo contraviene la normatividad expresa, sino que además se sale de la eficacia del propio proceso de colaboración eficaz y que si bien podía existir actos de hostilidad contra Ríos no se evidencia que tales actos tengan la intensidad que se alega.

La Corte Suprema señala que se debe distinguir que el traslado de los internos de establecimientos penitenciarios (incluyendo los colaboradores eficaces), en coordinación e incluso bajo custodia de la Policía, para un fin específico, puntual y único, es razonablemente posible; y otra cuestión es el traslado temporal con fines generales de prevención de integridad que exigen una nueva residencia temporal que solo podría realizarse en ambientes bajo control o sometidos a la seguridad penitenciaria.

Walter Ríos Montalvo, tiene un manejo a su antojo de un sector de la Fiscalía que se allana a sus caprichos, como buscar una cárcel dorada, plagada de comodidades y lujos; para ello chantajea con que si es que no se accede a sus pedidos no va a declarar en las investigaciones. Con ese mismo poder de querer salir del penal sin que haya norma legal alguna que lo permita, ahora Ríos utiliza a ciertos fiscales que se adhieren a su voluntad para archivar y sobreseer procesos penales e investigaciones en el que el mismo Ríos sabe y es consciente de que ha cometido delitos.

Se trata de una justicia delivery y a la medida en la que los supuestos colaboradores eficaces ponen condiciones ilegales y chantajean al mismo sistema de justicia, activando mecanismos de impunidad para conseguir lo que se les antoja y les viene en gana.

En SUDACA hemos develado hace poco el plan siniestro de algunos malos fiscales en contra de la Fiscal de la Nación para destituirla del cargo utilizando la plataforma de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, con la misma autoridad moral que nos da tomar una posición acerca del Ministerio Público, exigimos que se tome medidas correctivas urgentes a fin de evitar que esta institución medular sea tomada por asalto por pseudo colaboradores eficaces y se convierta en una coladera en la que los criminales ya no busquen ni contraten abogados, sino que se consigan a fiscales que actúen como sus representantes legales para ayudar a archivar sus casos, obtener beneficios ilegales y les concedan un trato privilegiado que cualquier persona inocente le gustaría tener.

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Escándalo en el Ministerio Público: Fiscales del caso Cuellos Blancos se convierten en abogados defensores de Walter Ríos

Por: Juan Carlos Tafur 27.03.2023

LOS FISCALES Y WALTER RÍOS

EL PODER DE WALTER RÍOS MONTALVO: CONVENCIÓ A LA FISCALÍA SUPREMA PARA QUE SE LE PERMITA SALIR DE LA CÁRCEL POR 45 DÍAS

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Intrigas y complots en la Fiscalía

Por: Juan Carlos Tafur 28.11.2022

Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos.

Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).

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El amigo olvidado de César Hinostroza

Por: Juan Carlos Tafur 16.10.2022

Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.

Miguel Arroyo — Miguel Pérez Arroyo en la audiencia ante la Corte IDH en 2018 (Fuente Caretas)

Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.

La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí. Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.

Pérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia

Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo.

La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas.

La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.

Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.

También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.

Analisis_Miguel_Perez — Llamadas entre Cesar Hinostroza Miguel Perez Arroyo

2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables

Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.

Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.

Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.

Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OAS y Odebrecht a favor de Luis Castañeda Lossio”.

Miguel-Perez-Arroyo — Miguel Perez Arroyo

Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable.

La historia continuará ……………

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