Algo curioso y semejante a lo que le pasa a Iván Melgar Cáceres, ocurre con el postulante Reggis Chávez Sánchez quien ha sido removido del equipo especial del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que se venía desempeñando como Fiscal Adjunto Supremo, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2395-2022-MP-FN que ha sido publicada en el diario El Peruano el día 14 de noviembre del 2022. Un cambio que se produce días antes de un concurso para alcanzar una plaza de Fiscal Superior que es solo un escalón interno más bajo a la de Fiscal Supremo es preocupante y lleva a la pregunta de quién está detrás de toda información inusual y los cambios sorpresivos.
Cabe resaltar que Díaz Cabello es coordinador general del caso “Cuellos Blancos” desde el 04 de julio del 2022 y no solo tiene interés directo en lo que puede ocurrir con su postulación para ser Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al estar en tercer lugar, sino también le preocupa la suerte de sus competidores más cercanos: Reggis Chávez Sánchez (primer lugar) e Iván Melgar Cáceres (segundo lugar).
Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.
Miguel Pérez Arroyo en la audiencia ante la Corte IDH en 2018 (Fuente Caretas)
Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.
La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí.Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.
Excongresistas Kenji FujimoriPérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia
Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo.
La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas.
La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.
Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.
También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.
Llamadas entre Cesar Hinostroza Miguel Perez Arroyo
2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables
Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.
Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.
Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.
Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de laUniversidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OASy Odebrechta favor deLuis Castañeda Lossio”.
Miguel Perez Arroyo
Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable.
Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.
Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.
Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.
En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?
Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares.
También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!
Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.
(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.
El Ministerio Público tiene mucho poder. Es un tractor, que requiere ciertos autocontroles o que organismos como la Junta Nacional de Justicia lo supervisen, sobre todo en el manejo de temas tan sensibles como el tráfico de drogas cuando se dejan vacíos en las investigaciones y se contribuye a la impunidad selectiva. Y lo más grave es cuando esa aplanadora pretende exhibir determinados resultados, pero en realidad es una coladera y deja pasar a elefantes cargados de droga entre sus piernas.
Queda mucho material por desbrozar en el caso Cuellos Blancos. Pero o se cambia de equipo de fiscales o se toma medidas radicales para acabar con esta clara impunidad y selectividad en el tratamiento de los casos. Es tarea, fundamentalmente, del Fiscal de la Nación.
Walter Ríos no tenía problemas en sentarse a almorzar con abogados de procesados por narcotráfico. En abril del 2017, meses antes del inicio de las escuchas del caso “Rich Port” y “Cuellos Blancos”, sació su apetito en el restaurante Laredo, en Los Olivos, donde fue almorzar con los abogados Henry Tito Mere, Jéssica Espinoza y Yahaira Acuña Cárdenas. Los tres son conocidos por defender a diversos narcotraficantes peruanos y extranjeros, por ejemplo, formaban parte de la defensa de Renzo Espinoza Brissolesi, cabecilla de la banda de narcotraficantes “Los Reyes del Puerto Shejo”, que gobernaba a sangre y fuego en el Callao, como “Barrio King”.
Sobre esta reunión, el diario “La República” en su edición del 08 de junio del 2019, destacó: “el viernes 28 de abril del 2017 la Policía emitió un reporte donde dio cuenta de una reunión de Walter Ríos con tres abogados vinculados a procesados por narcotráfico y crimen organizado. La reunión se realizó ese día a las 12:50 horas, en el restaurant Laredo, en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle, Los Olivos.El primero en llegar fue el abogado Henry Luis Tito Mere. Este personaje es tío de Moisés Mere Ruiz, ya detenido, brazo legal de la organización dirigida por Gerson Gálvez ‘Caracol’y quien presuntamente se encargaba de realizar los pagos a policías, fiscales y jueces. Luego aparecen dos mujeres identificadas como ‘Jessica’ y ‘Pamela’, quienes preguntan por el cumpleaños y las llevan al segundo piso del restaurant, donde se encontraba Tito Mere”. La información oficial quedó plasmada en la nota de agente N° 2 del 28 de abril del 2017 en relación al “Caso Law Queen” y en la videovigilancia policial.
En el 2018 Ríos fue también vinculado al narcotráfico por un colaborador eficaz. El delator dijo que Ríos y el exjuezsupremo, César Hinostroza, favorecían a “Los Reyes del Puerto Shejo”.
“(..) había otro juez que se llamaba Walter Ríos, también igual daba libertad no más. Él, si no me equivoco, estaba en la primera sala, a él también la organización le pagaba”, dijo el colaborador ante las autoridades. El vínculo de Ríos con el narcotráfico no ha sido investigado, ni siquiera tocado, por los fiscales del caso Cuellos Blancos encargados de su colaboración.
Las escuchas telefónicas permitieron descubrir a la exfiscal Sánchez que la organización, liderada por “Caracol”, tenía un brazo legal que coordinaba con jueces y fiscales para beneficiar a los integrantes de la banda criminal. Sánchez abrió la caja de Pandora, pero el círculo aún no se cierra.
La inacción de la Fiscalía Suprema para investigar la relación de Walter Ríos con el narcotráfico
El 31 de diciembre del 2021 Walter Ríos Montalvo recibió una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de libertad a raíz del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público en el que delató 45 casos de corrupción. Sin embargo, ninguno de los casos que forman su acuerdo de delación premiada relata un solo proceso de narcotráfico, grande o pequeño, en el que habría intervenido, directa o indirectamente, a cambio de dinero, favores sexuales o cualquier otro beneficio.
Se trata de un acuerdo de colaboración eficaz “chauchilla”: Ríos describe casos de corrupción minúsculos, pero se cuida de verse involucrado en pagos de sumas millonarias para evitar el delito lavado de activos y, sobre todo, no acepta haber participado y recibido una sola coima en un caso de narcotráfico en los 06 años que fue Juez Superior penal de la Corte del Callao, pese a que este delito es el problema endémico del puerto chalaco y el origen histórico de los casos fiscales de “Rich Port” y “Cuellos Blancos”.
La primera explicación es pensar que Walter Ríos nunca se involucró y menos quiso saber algo del narcotráfico. Era un corrupto “gourmet”, solo se dejaba corromper en determinados casos, pero nunca en tráfico de drogas. Sin embargo, la contundencia y la claridad de los audios que se publican muestran de modo irrefutable que ello no solo es falso, sino que Ríos le ha mentido al Ministerio Público que confió en él, le ha mentido al sistema de justicia y le ha mentido al país. Ha recibido beneficios, sin contar la verdad y ocultando los hechos graves de narcotráfico en los que ha participado y ha sido protagonista principal, junto a la abogada “Pamela” y su chofer Jhon Misha. Los audios de “caracol” solo son una prueba de ello.
Sin embargo, pese a que era probable, desde un inicio, que el inefable Walter Ríos le haya mentido a la justicia peruana, resulta indignante el papel desempeñado por los Fiscales Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán quiénes pese a estar a cargo de la colaboración eficaz de este personaje nunca hicieron una auditoría a los audios de la vergüenza, nunca escucharon todas las conversaciones siniestras, nunca pidieron un informe detallado a la Policía para saber si efectivamente habían cubierto todas las conversaciones de Ríos y prevenir que cualquier destape se encuentre contenido en su acuerdo de delación premiada. Está demás decir que no existe investigación abierta sobre este tema. Simplemente, estos fiscales nunca quisieron saber realmente la verdad.
Lo grave no es que todos los audios de la vergüenza no hayan sido escuchados luego de 04 años de conocidos, sino que se han pasado por alto, y todo parece indicar que no se ha querido escuchar, los audios más graves de Walter Ríos en los que de manera expresa habla, coordina y condiciona un hábeas corpus del mas grande capo del narcotráfico y del crimen organizado del Callao, el de Gerson Gálvez Caracol que buscó a esta red corrupta que capturó el sistema de justicia para lograr justamente traer abajo su caso que se levantaba en audios interceptados.
El hecho revelado no debe verse en forma aislada, sino como una impunidad selectiva y como una justicia delivery en la que personajes poderosos, como el empresario Samir Abudayeh y “Caracol”, relacionados con Walter Ríos nunca son investigados por la Fiscalía del caso Cuellos Blancos.
El número de la celda asignada a Walter Ríos, pieza clave de la red de corrupción de los Cuellos Blancos, es el 107. Está en el área de prevención del penal Ancón 1. Desde hace 7 meses, el pequeño espacio se ha convertido en un infierno para él.
El defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao ha denunciado ante las autoridades amenazas de tres presos con los que convive en la misma zona de la cárcel. Acusó, entre otros, a Antauro Humala Tasso, quien habita en la celda 109 y está encerrado por el Andahuaylazo.
En el área de prevención conviven seis presidiarios de marca mayor. Aparte de Ríos y Humala, está el cabecilla de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo, quien ocupa la celda 104. También el exjuez del Callao Carlos Chirinos Cumpa, quien está en la 103. La 102 aloja a David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo y acusado de liderar la banda “Los Temerarios del Crimen”. Y en la 101 reside el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, preso por formar parte de la red delictiva del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez.
Julio, 2019. Exjuez del Callao, Carlos Chirinos Cumpa, detenido por la Policía por su vinculación con la red de los Cuellos Blancos. Foto: Poder Judicial.
Ríos ha denunciado ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, uno de los que investiga la trama de corrupción judicial más importante del país, que es hostilizado por Humala Tasso, Chirinos Cumpa y Cornejo Chinguel desde marzo de este año. Así lo consigna una resolución judicial a la que tuvo acceso Sudaca.
“¡Traidor! ¡Tú sabes lo que le pasa a los traidores!”, dice Ríos que le gritó David Cornejo Chinguel en un patio del penal. Precisamente, este fue trasladado del penal de Chiclayo a Ancón 1 por amenazar a uno de sus delatores, que estaba en una celda contigua, según una resolución del INPE del 2019.
Noviembre, 2018. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, detenido como integrante de “Los Temerarios del Crimen”. Walter Ríos dice que lo amenazó en el penal Ancón 1. Foto: La Industria.
¿Qué ha pasado en Ancón? Según Ríos, ha sido acusado de “soplón” por sus vecinos luego de que estos se enteraran que delató, en un proceso reservado, al exjuez supernumerario Chirinos Cumpa. Este cayó como parte de la telaraña corrupta montada en el Callao. Fue acusado de beneficiar con sentencias a los empresarios Fernando Seminario y Luis Marsano a pedido de Ríos, el hombre que pedía “whiskycitos azules” y “diez verdecitos (diez mil dólares)” como coima, según los audios interceptados.
Ríos se ha mostrado arrepentido en el proceso y viene colaborando en varios casos abiertos por el fiscal Jesús Fernández. “De los 2.500 o más señores internos en este penal [Ancón 1], yo debo ser la persona que más arrepentimiento y sumisión a la justicia he tenido, tengo y tendré”, se victimizó en una de las audiencias del caso Cuellos Blancos.
En uno de esos testimonios, Walter Ríos empeoró la situación judicial de Chirinos Cumpa: lo acusó de presuntamente favorecer a Vladimir Dimchev Kasarski, ciudadano búlgaro preso por drogas en Ancón y pedido en extradición por su país. Dijo que Chirinos ayudó al narcotraficante a cambio de US$10.000. También lo echó por beneficiar con un habeas corpus a la empresa Lopesa Industrial, en coordinación con César Hinostroza.
Según Ríos, el propio Chirinos Cumpa le amenazó cuando se encontraron en la celda 105, que sirve como cocina en la zona de prevención. “Esto se paga”, contó que le dijo, de acuerdo a una resolución judicial. El documento no consigna la fecha de aquella amenaza.
La bronca ha afectado la convivencia entre los seis internos que están en esa área de la cárcel. Ríos no interactúa con sus “compañeros” en los espacios comunes de esa zona por temor a ser agredido. “El interno Walter Ríos Montalvo se aísla permanentemente por su cuenta dentro de su celda, saliendo excepcionalmente sólo cuando es llamado por las autoridades, recojo de alimentos, recepción de documentos, notificaciones fiscales y judiciales y audiencias en la sala del Poder Judicial”, dice un informe de la subdirección de Seguridad del penal Ancón 1.
El director de ese establecimiento penitenciario, Juan Rivera Gonzales, habla abiertamente de dos grupos marcados. “Existen dos grupos. Uno formado por Walter Ríos y (el senderista) Osmán Morote y el otro grupo conformado por Antauro Humala, Chirinos Cumpa, Cornejo Chinguel y Arroyo, estando latente la situación que afecta la convivencia”, dice en un informe interno redactado el 26 de agosto.
Ríos ya no va a la cocina, la celda 105, para evitar encontrarse con sus rivales. Por esta razón solicitó que le permitan tener dos hervidores eléctricos para prepararse sus alimentos en su celda, la 107. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sólo le permitió tener uno, de acuerdo a un memorando interno de agosto.
ANTAURO EN EL 107
En medio de este clima de confrontación, el 1 de septiembre pasado el preso de la celda 109, Antauro Humala Tasso, fue al calabozo de Ríos, el 107. Era mediodía. Según la denuncia, el etnocacerista lo visitó para increparle por haber denunciado las amenazas. Humala habría hecho espíritu de cuerpo con el delatado Chirinos Cumpa, quien es de su bando en la prisión. En el código carcelario, el señalamiento a otro preso es considerado una traición.
“Me he enterado, a través de mi abogado, que en la región [la oficina regional del INPE] le han dicho que tú, a través de tu abogado, has presentado una denuncia contra mí. Retráctate”, le dijo Humala a Ríos, según contó éste último al fiscal Jesús Fernández.
De acuerdo al relato, Humala lo empujó y siguió con los insultos. “Retráctate, huevón de mierda. Conmigo nadie se mete. Te vas a joder conmigo”, habría dicho el etnocacerista, siempre en la versión de Ríos, recogida en un acta fiscal.
“Luego, al ver que yo no contestaba, y tener una actitud sumisa, tranquila y prudente, dicha persona [Antauro Humala], vociferando lisuras irrepetibles, procedió a retirarse. Y cuando yo cogí la puerta de mi celda para cerrarla, dicho interno empujó violentamente la puerta de mi celda, Nro. 107, a tal extremo que casi me da la puerta en mi mano, dañándome los dedos”, contó Ríos. “Me hacen la vida imposible. Mi vida corre peligro”, añadió el compungido exmagistrado.
La declaración de Walter Ríos ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, en la que da cuenta que Antauro Humala ingreso a su celda, la 107, y lo amenazó.
Al ser consultada por este incidente, Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, dijo no saber nada. “A mí no me han dicho nada al respecto. No me han contado que el mayor [se refiere a Humala] tenga problemas con Walter Ríos. Cualquier problema de conducta me hubieran notificado”, dice Huidobro.
Humala fue trasladado del penal Ancón II a Ancón I en octubre del 2020 por realizar actividades proselitistas. Es el mismo personaje por el que el exprimer ministro Guido Bellido pidió el indulto hace unos días, recordando que fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo.
Por su parte, Julio Eucástegui, quien fue abogado de Carlos Chirinos Cumpa hasta hace dos semanas, dijo a Sudaca que “tenía conocimiento de que ha habido algunos inconvenientes, pero no de agresiones verbales o físicas”.
Ante la denuncia de Ríos, el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, pidió al juez de investigación preparatoria Hugo Nuñez Julca, que lo trasladen a otro penal “de ser necesario” para garantizar su integridad. Nuñez, en una resolución firmada el 21 de septiembre, rechazó ese pedido y le exigió solamente al INPE que asegure “la integridad del interno”.
UNIDOS POR UN RASTREO
Lo llamativo del asunto es que Ríos y Chirinos Chumpa, enemigos declarados, tienen una cosa en común. En el 2019 se autorizó el rastreo de los teléfonos de ambos, a pedido del fiscal Jesús Fernández. Sin embargo, dos años después, en agosto pasado, el representante del Ministerio Público pidió dejar sin efecto el rastreo de sus celulares y 13 teléfonos más “por error material involuntario”. Es decir, una supuesta equivocación de redacción que más parece un nuevo caso de rastreo irregular.
Sudaca ya había reportado, el 16 de septiembre pasado, sobre el seguimiento a otros 20 teléfonos autorizado por el Poder Judicial, ante un pedido de Fernández, que luego también se canceló por un “error en la redacción”. Las idas y vueltas con los rastreos en las pesquisas han desatado una tormenta en la investigación.
“Acá no ha habido una equivocación. Se está observando una práctica sistemática. No violen el derecho de la intimidad. No violen el secreto de las llamadas. Eso es lo que espera cualquier ciudadano”, dice el abogado Fernando Ugaz, quien defiende a Pablo Morales Vásquez, uno de los investigados en el caso Cuellos Blancos.
Mientras tanto, según allegados a Walter Ríos, el exjuez contó a las autoridades que el hostigamiento continúa. Dijo que Antauro Humala y compañía lo quieren sacar del área de prevención. Y que el líder etnocacerista ha dicho a terceros: “lo voy a gomear [pegar]”. La bronca no tiene cuando acabar.
La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas. La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación.
El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado.
El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca. El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”.
(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida. Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.
Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.
El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.
En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.
De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados.
La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación.
El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.
Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.
La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.
En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.
14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.
El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019. El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final.
“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.
Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.
La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.
Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.
La trama del caso Cuellos Blancos se complica. El fiscal encargado de la investigación, Jesús Fernández Alarcón, ha desatado una tormenta judicial. En el 2019 solicitó autorización al Poder Judicial para rastrear las llamadas, ubicación y mensajes de texto de celulares de veinte personas relacionadas a la indagación, entre ellos a algunos jueces supremos. Sin embargo, dos años después, en agosto de este año y tras recibir los reportes de los operadores telefónicos, pidió dejar sin efecto el rastreo por un “error en la redacción”. Este innecesario episodio puede costarle caro a Fernández, que ya empieza a abrirse frentes de ataque con sus propios investigados.
El origen de esta historia se remonta a mayo del 2019. Fernández, que es fiscal supremo provisional, pidió en un escrito al juez Hugo Nuñez levantar el secreto de las comunicaciones de doce personas identificadas y vinculadas a la presunta red criminal de jueces y fiscales. Por ejemplo, el periodista Enrique Vidal y el empresario textil Mario Mendoza. Al primero se le atribuye ser un operador de la mafia judicial, mientras que el segundo es considerado un financista y un enlace de la organización.
Mayo, 2019. Documento reservado judicial en el que se accede a la petición del fiscal Jesús Fernández Alarcón para rastrear llamadas, mensajes de texto y ubicación de veinte teléfonos.
Adicionalmente, en el mismo documento, Fernández solicitó identificar a los titulares de veinte teléfonos móviles sin argumentar el porqué. De esos números demandó también conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El juez Nuñez accedió al pedido en un documento reservado que Sudaca pudo revisar.
Las compañías de telefonía celular América Móvil (Claro), Entel y Telefónica (Movistar) enviaron, en un lapso de dos años, los nombres de los titulares de los veinte teléfonos y un registro histórico de las llamadas de esos números. Los operadores comunicaron al fiscal que los números pertenecen, entre otros, al actual juez supremo Héctor Lama, al exjuez supremo Martín Reyes; a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y Julio Gutiérrez Pebe; al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y a los abogados Julio Severino y José Castillo Alva.
Cuadro elaborado por la Fiscalía que consigna el reporte enviado por América Móvil sobre seis personas rastreadas, entre ellas el juez supremo Héctor Lama More, en el marco del caso Cuellos Blancos.
Al juez supremo Héctor Lama le rastrearon sus llamadas y mensajes de texto desde julio del 2015 a julio del 2018. Su teléfono pertenece a la compañía Claro, que envió la información en septiembre del 2019. Desde entonces ese reporte está en poder del fiscal Jesús Fernández. Las pesquisas del fiscal Fernández apuntaron a Lama por la conversación pinchada que tuvo con César Hinostroza, en la que el exjuez que se fugó a España solicitaba apoyo para el traslado de una jueza de Áncash a la sede judicial del Callao, el reino del famoso ‘hermanito’. “El caso [se refiere a su comunicación con Hinostroza] se desestimó porque el pedido que me hizo no fue atendido”, dice Lama.
El asunto es que el fiscal Fernández no tiene competencia para investigar jueces supremos, según reconoce él mismo. Solo puede ver los casos de jueces y fiscales superiores, mientras que los fiscales Magaly Quiroz y Carlos Cabrera ven los asuntos de autoridades de menor jerarquía. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es el encargado de abrir las pesquisas de los jueces y fiscales supremos salpicados en la trama.
Lama, quien el año pasado postuló a la presidencia del Poder Judicial, mostró su sorpresa al saber que sus comunicaciones han sido rastreadas. “No lo sabía. Me sorprende. No quiero especular sobre las razones pero averiguaré”, dice Lama.
Otro teléfono rastreado ha sido el del exjuez supremo Martín Hurtado Reyes. El registro de llamadas del celular de Hurtado, de la compañía Telefónica, abarcó el periodo que va de julio del 2015 a julio del 2018, cuando aún ocupaba un puesto en lo más alto de la judicatura. Hurtado Reyes estuvo en el punto de mira por solicitar a Hinostroza, en un diálogo interceptado, acelerar la elevación de un expediente a la Corte Suprema. En mayo de este año la Junta Nacional de Justicia decidió destituirlo por “haber faltado a su deber de mantener una conducta intachable en todo momento”.
Tras enterarse de que sus llamadas fueron rastreadas, Hurtado le salta al cuello a Jesús Fernández. Una muestra del frente de ataque que el fiscal se ha abierto. “Esa investigación se va a caer en algún momento porque se obtienen pruebas ilícitas. Tiene que ser la fiscal de la Nación y no otro fiscal la que solicite las interceptaciones telefónicas de los supremos”, dice Hurtado.
El fiscal Fernández terminó de recabar la información de las empresas de telefonía en febrero del 2021. Demoró seis meses, hasta agosto del 2021, en pedir al juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez, que dejara sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones. Y prefirió no entrar en detalles en su escrito.
En cambio, fue en una exposición interna -que quedó plasmada en un documento al que Sudaca accedió- donde Fernández sustentó su pedido ante el juez Nuñez. Dijo que hubo un “error en la redacción”. Y, en ese sentido, demandó anular la autorización para rastrear las llamadas, mensajes y ubicación de veinte personas. No dio detalles del contenido de los mensajes de texto ni con quienes cruzaron mensajes los titulares de las veinte líneas telefónicas.
17 de agosto, 2021. Exposición del fiscal Jesús Fernández Alarcón en el que argumenta que por un “un error en la redacción” pide dejar sin efecto el rastreo de llamadas, autorizado en el 2019, en el marco del caso Cuellos Blancos.
Fernández, acompañado de la fiscal adjunta Fany Quispe, argumentó que la información “se encuentra en cadena de custodia y no ha sido utilizada en la presente investigación”.
En otro punto de la exposición, además, indicó que ha coordinado con oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para “eliminar de su sistema” la información de algunos personajes que integran la lista de los veinte, como la del abogado Julio Severino y Alberto Vega Marroquín, exgerente general del Poder Judicial, por no tener investigaciones abiertas.
“No tengo ningún conocimiento. No me han notificado”, dice a Sudaca el abogado Julio Severino, testigo en el caso Cuellos Blancos.
Una fuente que conoce al dedillo los entresijos del expediente dice que el fiscal Fernández “salió a pescar peces gordos” y que ahora quiere borrar las huellas de sus acciones. “El problema es que busca rectificar dos años después y no a los meses o semanas. Eso no se ve bien”, dice la fuente.
Al ser consultado por Sudaca, el fiscal Jesús Fernández Alarcón respondió que tomó la medida de dejar sin efecto el rastreo de las llamadas porque el secreto de las comunicaciones de algunos de los personajes ya había sido levantado en otras carpetas del megacaso de corrupción que está a su cargo. “Estamos haciendo los pronunciamientos finales y no queremos tener problemas en el juicio. Algunos números ya los teníamos en otros casos. Ese ha sido el problema. Estamos saneando eso para llegar a juicio sin ningún problema.”, dice Fernández.
Sus propios investigados ahora lo acusan de violar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. “Es realmente increíble. De ahora en adelante los fiscales pueden pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, procesar la información, saber todos los pormenores de la vida íntima de la persona y luego hacerse de la vista gorda, dejar sin efecto. Es gravísimo”, dice el abogado José Castillo Alva.
Castillo, vale recordar, es considerado por el fiscal Jesús Fernández como el cerebro de la red tejida en la corte del Callao para favorecer a los “hermanitos”.
El retroceso del fiscal Fernández puede provocar una avalancha de quejas de las personas rastreadas, según una fuente relacionada al caso Cuellos Blancos. Y es que la resolución que autoriza el rastreo, emitida en el 2019, no da argumentos, lo que pone a Fernández en la mira de sus investigados, de acuerdo al especialista consultado. “El rastreo tiene que tener una justificación y los afectados pueden exigir al fiscal y al juez que expliquen la razón por la que sus teléfonos fueron rastreados. Es evidente que han pedido dejar sin efecto para no notificar a las partes, para que no se enteren”, dice la fuente.
“El rastreo no se ha hecho con la intención de espiar a nadie, sino de obtener información relevante para la investigación. No hay ningún delito que el fiscal haya generado, pero sí podría existir una infracción administrativa que podría generar una sanción contra el fiscal. Él está reconociendo que ha actuado negligentemente en sus funciones. Podría tener un llamado de atención”, dice, por su parte, la abogada penalista Romy Chang.
La bronca entre las partes anuncia una tormenta judicial en la recta final de la investigación y con miras al inicio del juicio de este emblemático proceso.
