Cuellos Blancos

El número de la celda asignada a Walter Ríos, pieza clave de la red de corrupción de los Cuellos Blancos, es el 107. Está en el área de prevención del penal Ancón 1. Desde hace 7 meses, el pequeño espacio se ha convertido en un infierno para él.

El defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao ha denunciado ante las autoridades amenazas de tres presos con los que convive en la misma zona de la cárcel. Acusó, entre otros, a Antauro Humala Tasso, quien habita en la celda 109 y está encerrado por el Andahuaylazo. 

En el área de prevención conviven seis presidiarios de marca mayor. Aparte de Ríos y Humala, está el cabecilla de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo, quien ocupa la celda 104. También el exjuez del Callao Carlos Chirinos Cumpa, quien está en la 103. La 102 aloja a David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo y acusado de liderar la banda “Los Temerarios del Crimen”. Y en la 101 reside el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, preso por formar parte de la red delictiva del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez. 

Chirinos Cumpa
Julio, 2019. Exjuez del Callao, Carlos Chirinos Cumpa, detenido por la Policía por su vinculación con la red de los Cuellos Blancos. Foto: Poder Judicial.

Ríos ha denunciado ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, uno de los que investiga la trama de corrupción judicial más importante del país, que es hostilizado por Humala Tasso, Chirinos Cumpa y Cornejo Chinguel desde marzo de este año. Así lo consigna una resolución judicial a la que tuvo acceso Sudaca. 

“¡Traidor! ¡Tú sabes lo que le pasa a los traidores!”, dice Ríos que le gritó David Cornejo Chinguel en un patio del penal. Precisamente, este fue trasladado del penal de Chiclayo a Ancón 1 por amenazar a uno de sus delatores, que estaba en una celda contigua, según una resolución del INPE del 2019.

David Cornejo
Noviembre, 2018. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, detenido como integrante de “Los Temerarios del Crimen”. Walter Ríos dice que lo amenazó en el penal Ancón 1. Foto: La Industria.

¿Qué ha pasado en Ancón? Según Ríos, ha sido acusado de “soplón” por sus vecinos luego de que estos se enteraran que delató, en un proceso reservado, al exjuez supernumerario Chirinos Cumpa. Este cayó como parte de la telaraña corrupta montada en el Callao. Fue acusado de beneficiar con sentencias a los empresarios Fernando Seminario y Luis Marsano a pedido de Ríos, el hombre que pedía “whiskycitos azules” y “diez verdecitos (diez mil dólares)” como coima, según los audios interceptados. 

Ríos se ha mostrado arrepentido en el proceso y viene colaborando en varios casos abiertos por el fiscal Jesús Fernández. “De los 2.500 o más señores internos en este penal [Ancón 1], yo debo ser la persona que más arrepentimiento y sumisión a la justicia he tenido, tengo y tendré”, se victimizó en una de las audiencias del caso Cuellos Blancos. 

En uno de esos testimonios, Walter Ríos empeoró la situación judicial de Chirinos Cumpa: lo acusó de presuntamente favorecer a Vladimir Dimchev Kasarski, ciudadano búlgaro preso por drogas en Ancón y pedido en extradición por su país. Dijo que Chirinos ayudó al narcotraficante a cambio de US$10.000. También lo echó por beneficiar con un habeas corpus a la empresa Lopesa Industrial, en coordinación con César Hinostroza. 

Según Ríos, el propio Chirinos Cumpa le amenazó cuando se encontraron en la celda 105, que sirve como cocina en la zona de prevención. “Esto se paga”, contó que le dijo, de acuerdo a una resolución judicial. El documento no consigna la fecha de aquella amenaza.  

La bronca ha afectado la convivencia entre los seis internos que están en esa área de la cárcel. Ríos no interactúa con sus “compañeros” en los espacios comunes de esa zona por temor a ser agredido. “El interno Walter Ríos Montalvo se aísla permanentemente por su cuenta dentro de su celda, saliendo excepcionalmente sólo cuando es llamado por las autoridades, recojo de alimentos, recepción de documentos, notificaciones fiscales y judiciales y audiencias en la sala del Poder Judicial”, dice un informe de la subdirección de Seguridad del penal Ancón 1. 

El director de ese establecimiento penitenciario, Juan Rivera Gonzales, habla abiertamente de dos grupos marcados. “Existen dos grupos. Uno formado por Walter Ríos y (el senderista) Osmán Morote y el otro grupo conformado por Antauro Humala, Chirinos Cumpa, Cornejo Chinguel y Arroyo, estando latente la situación que afecta la convivencia”, dice en un informe interno redactado el 26 de agosto. 

Ríos ya no va a la cocina, la celda 105, para evitar encontrarse con sus rivales. Por esta razón solicitó que le permitan tener dos hervidores eléctricos para prepararse sus alimentos en su celda, la 107. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sólo le permitió tener uno, de acuerdo a un memorando interno de agosto.

 

ANTAURO EN EL 107

En medio de este clima de confrontación, el 1 de septiembre pasado el preso de la celda 109, Antauro Humala Tasso, fue al calabozo de Ríos, el 107. Era mediodía. Según la denuncia, el etnocacerista lo visitó para increparle por haber denunciado las amenazas. Humala habría hecho espíritu de cuerpo con el delatado Chirinos Cumpa, quien es de su bando en la prisión. En el código carcelario, el señalamiento a otro preso es considerado una traición. 

“Me he enterado, a través de mi abogado, que en la región [la oficina regional del INPE] le han dicho que tú, a través de tu abogado, has presentado una denuncia contra mí. Retráctate”, le dijo Humala a Ríos, según contó éste último al fiscal Jesús Fernández. 

De acuerdo al relato, Humala lo empujó y siguió con los insultos. “Retráctate, huevón de mierda. Conmigo nadie se mete. Te vas a joder conmigo”, habría dicho el etnocacerista, siempre en la versión de Ríos, recogida en un acta fiscal. 

“Luego, al ver que yo no contestaba, y tener una actitud sumisa, tranquila y prudente, dicha persona [Antauro Humala], vociferando lisuras irrepetibles, procedió a retirarse. Y cuando yo cogí la puerta de mi celda para cerrarla, dicho interno empujó violentamente la puerta de mi celda, Nro. 107, a tal extremo que casi me da la puerta en mi mano, dañándome los dedos”, contó Ríos. “Me hacen la vida imposible. Mi vida corre peligro”, añadió el compungido exmagistrado. 

La declaración de Walter Ríos ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, en la que da cuenta que Antauro Humala ingreso a su celda, la 107, y lo amenazó.

Al ser consultada por este incidente, Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, dijo no saber nada. “A mí no me han dicho nada al respecto. No me han contado que el mayor [se refiere a Humala] tenga problemas con Walter Ríos. Cualquier problema de conducta me hubieran notificado”, dice Huidobro. 

Humala fue trasladado del penal Ancón II a Ancón I en octubre del 2020 por realizar actividades proselitistas. Es el mismo personaje por el que el exprimer ministro Guido Bellido pidió el indulto hace unos días, recordando que fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo. 

Por su parte, Julio Eucástegui, quien fue abogado de Carlos Chirinos Cumpa hasta hace dos semanas, dijo a Sudaca que “tenía conocimiento de que ha habido algunos inconvenientes, pero no de agresiones verbales o físicas”. 

Ante la denuncia de Ríos, el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, pidió al juez de investigación preparatoria Hugo Nuñez Julca, que lo trasladen a otro penal “de ser necesario”  para garantizar su integridad. Nuñez, en una resolución firmada el 21 de septiembre, rechazó ese pedido y le exigió solamente al INPE que asegure “la integridad del interno”.

 

UNIDOS POR UN RASTREO 

Lo llamativo del asunto es que Ríos y Chirinos Chumpa, enemigos declarados, tienen una cosa en común. En el 2019 se autorizó el rastreo de los teléfonos de ambos, a pedido del fiscal Jesús Fernández. Sin embargo, dos años después, en agosto pasado, el representante del Ministerio Público pidió dejar sin efecto el rastreo de sus celulares y 13 teléfonos más “por error material involuntario”. Es decir, una supuesta equivocación de redacción que más parece un nuevo caso de rastreo irregular.

Sudaca ya había reportado, el 16 de septiembre pasado, sobre el seguimiento a otros 20 teléfonos autorizado por el Poder Judicial, ante un pedido de Fernández, que luego también se canceló por un “error en la redacción”. Las idas y vueltas con los rastreos en las pesquisas han desatado una tormenta en la investigación. 

“Acá no ha habido una equivocación. Se está observando una práctica sistemática. No violen el derecho de la intimidad. No violen el secreto de las llamadas. Eso es lo que espera cualquier ciudadano”, dice el abogado Fernando Ugaz, quien defiende a Pablo Morales Vásquez, uno de los investigados en el caso Cuellos Blancos. 

Mientras tanto, según allegados a Walter Ríos, el exjuez contó a las autoridades que el hostigamiento continúa. Dijo que Antauro Humala y compañía lo quieren sacar del área de prevención. Y que el líder etnocacerista ha dicho a terceros: “lo voy a gomear [pegar]”. La bronca no tiene cuando acabar.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Antauro Humala, Cuellos Blancos, Walter Ríos

La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, por autorizar el rastreo de sus llamadas sin justificación alguna. El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

QuejaDiviac
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

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La trama del caso Cuellos Blancos se complica. El fiscal encargado de la investigación, Jesús Fernández Alarcón, ha desatado una tormenta judicial. En el 2019 solicitó autorización al Poder Judicial para rastrear las llamadas, ubicación y mensajes de texto de celulares de veinte personas relacionadas a la indagación, entre ellos a algunos jueces supremos. Sin embargo, dos años después, en agosto de este año y tras recibir los reportes de los operadores telefónicos, pidió dejar sin efecto el rastreo por un “error en la redacción”. Este innecesario episodio puede costarle caro a Fernández, que ya empieza a abrirse frentes de ataque con sus propios investigados. 

El origen de esta historia se remonta a mayo del 2019. Fernández, que es fiscal supremo provisional, pidió en un escrito al juez Hugo Nuñez levantar el secreto de las comunicaciones de doce personas identificadas y vinculadas a la presunta red criminal de jueces y fiscales. Por ejemplo, el periodista Enrique Vidal y el empresario textil Mario Mendoza. Al primero se le atribuye ser un operador de la mafia judicial, mientras que el segundo es considerado un financista y un enlace de la organización. 

Mayo, 2019. Documento reservado del juez de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, en el que accede a la petición del fiscal Jesús Fernández Alarcón para rastrear llamadas, mensajes de texto y ubicación de veinte teléfonos.

Adicionalmente, en el mismo documento, Fernández solicitó identificar a los titulares de veinte teléfonos móviles sin argumentar el porqué. De esos números demandó también conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El juez Nuñez accedió al pedido en un documento reservado que Sudaca pudo revisar.

Las compañías de telefonía celular América Móvil (Claro), Entel y Telefónica (Movistar) enviaron, en un lapso de dos años, los nombres de los titulares de los veinte teléfonos y un registro histórico de las llamadas de esos números. Los operadores comunicaron al fiscal que los números pertenecen, entre otros, al actual juez supremo Héctor Lama, al exjuez supremo Martín Reyes; a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y Julio Gutiérrez Pebe; al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y a los abogados Julio Severino y José Castillo Alva.

Cuadro elaborado por la Fiscalía que consigna el reporte enviado por América Móvil sobre seis personas rastreadas, entre ellas el juez supremo Héctor Lama More, en el marco del caso Cuellos Blancos.

Al juez supremo Héctor Lama le rastrearon sus llamadas y mensajes de texto desde julio del 2015 a julio del 2018. Su teléfono pertenece a la compañía Claro, que envió la información en septiembre del 2019. Desde entonces ese reporte está en poder del fiscal Jesús Fernández. Las pesquisas del fiscal Fernández apuntaron a Lama por la conversación pinchada que tuvo con César Hinostroza, en la que el exjuez que se fugó a España solicitaba apoyo para el traslado de una jueza de Áncash a la sede judicial del Callao, el reino del famoso ‘hermanito’. “El caso [se refiere a su comunicación con Hinostroza] se desestimó porque el pedido que me hizo no fue atendido”, dice Lama.

El asunto es que el fiscal Fernández no tiene competencia para investigar jueces supremos, según reconoce él mismo. Solo puede ver los casos de jueces y fiscales superiores, mientras que los fiscales Magaly Quiroz y Carlos Cabrera ven los asuntos de autoridades de menor jerarquía. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es el encargado de abrir las pesquisas de los jueces y fiscales supremos salpicados en la trama.

Lama, quien el año pasado postuló a la presidencia del Poder Judicial, mostró su sorpresa al saber que sus comunicaciones han sido rastreadas. “No lo sabía. Me sorprende. No quiero especular sobre las razones pero averiguaré”, dice Lama. 

Otro teléfono rastreado ha sido el del exjuez supremo Martín Hurtado Reyes. El registro de llamadas del celular de Hurtado, de la compañía Telefónica, abarcó el periodo que va de julio del 2015 a julio del 2018, cuando aún ocupaba un puesto en lo más alto de la judicatura. Hurtado Reyes estuvo en el punto de mira por solicitar a Hinostroza, en un diálogo interceptado, acelerar la elevación de un expediente a la Corte Suprema. En mayo de este año la Junta Nacional de Justicia decidió destituirlo por “haber faltado a su deber de mantener una conducta intachable en todo momento”. 

Tras enterarse de que sus llamadas fueron rastreadas, Hurtado le salta al cuello a Jesús Fernández. Una muestra del frente de ataque que el fiscal se ha abierto. “Esa investigación se va a caer en algún momento porque se obtienen pruebas ilícitas. Tiene que ser la fiscal de la Nación y no otro fiscal la que solicite las interceptaciones telefónicas de los supremos”, dice Hurtado.

El fiscal Fernández terminó de recabar la información de las empresas de telefonía en febrero del 2021. Demoró seis meses, hasta agosto del 2021, en pedir al juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez, que dejara sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones. Y prefirió no entrar en detalles en su escrito.

En cambio, fue en una exposición interna -que quedó plasmada en un documento al que Sudaca accedió- donde Fernández sustentó su pedido ante el juez Nuñez. Dijo que hubo un “error en la redacción”. Y, en ese sentido, demandó anular la autorización para rastrear las llamadas, mensajes y ubicación de veinte personas. No dio detalles del contenido de los mensajes de texto ni con quienes cruzaron mensajes los titulares de las veinte líneas telefónicas. 

17 de agosto, 2021. Exposición del fiscal Jesús Fernández Alarcón en el que argumenta que por un “un error en la redacción” pide dejar sin efecto el rastreo de llamadas, autorizado en el 2019, en el marco del caso Cuellos Blancos.

Fernández, acompañado de la fiscal adjunta Fany Quispe, argumentó que la información “se encuentra en cadena de custodia y no ha sido utilizada en la presente investigación”. 

En otro punto de la exposición, además, indicó que ha coordinado con oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para “eliminar de su sistema” la información de algunos personajes que integran la lista de los veinte, como la del abogado Julio Severino y Alberto Vega Marroquín, exgerente general del Poder Judicial, por no tener investigaciones abiertas.

“No tengo ningún conocimiento. No me han notificado”, dice a Sudaca el abogado Julio Severino, testigo en el caso Cuellos Blancos.

Una fuente que conoce al dedillo los entresijos del expediente dice que el fiscal Fernández “salió a pescar peces gordos” y que ahora quiere borrar las huellas de sus acciones. “El problema es que busca rectificar dos años después y no a los meses o semanas. Eso no se ve bien”, dice la fuente. 

Al ser consultado por Sudaca, el fiscal Jesús Fernández Alarcón respondió que tomó la medida de dejar sin efecto el rastreo de las llamadas porque el secreto de las comunicaciones de algunos de los personajes ya había sido levantado en otras carpetas del megacaso de corrupción que está a su cargo. “Estamos haciendo los pronunciamientos finales y no queremos tener problemas en el juicio. Algunos números ya los teníamos en otros casos. Ese ha sido el problema. Estamos saneando eso para llegar a juicio sin ningún problema.”, dice Fernández.

Sus propios investigados ahora lo acusan de violar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. “Es realmente increíble. De ahora en adelante los fiscales pueden pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, procesar la información, saber todos los pormenores de la vida íntima de la persona y luego hacerse de la vista gorda, dejar sin efecto. Es gravísimo”, dice el abogado José Castillo Alva. 

Castillo, vale recordar, es considerado por el fiscal Jesús Fernández como el cerebro de la red tejida en la corte del Callao para favorecer a los “hermanitos”. 

El retroceso del fiscal Fernández puede provocar una avalancha de quejas de las personas rastreadas, según una fuente relacionada al caso Cuellos Blancos. Y es que la resolución que autoriza el rastreo, emitida en el 2019, no da argumentos, lo que pone a Fernández en la mira de sus investigados, de acuerdo al especialista consultado. “El rastreo tiene que tener una justificación y los afectados pueden exigir al fiscal y al juez que expliquen la razón por la que sus teléfonos fueron rastreados. Es evidente que han pedido dejar sin efecto para no notificar a las partes, para que no se enteren”, dice la fuente. 

“El rastreo no se ha hecho con la intención de espiar a nadie, sino de obtener información relevante para la investigación. No hay ningún delito que el fiscal haya generado, pero sí podría existir una infracción administrativa que podría generar una sanción contra el fiscal. Él está reconociendo que ha actuado negligentemente en sus funciones. Podría tener un llamado de atención”, dice, por su parte, la abogada penalista Romy Chang. 

La bronca entre las partes anuncia una tormenta judicial en la recta final de la investigación y con miras al inicio del juicio de este emblemático proceso. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Cuellos Blancos, Jesús Fernández, Rastreo