Walter Ríos acaba de recibir hace pocos días el más duro revés judicial desde que en agosto de 2018 decidió acogerse a la colaboración eficaz y decidió contar a medias los actos de corrupción en los que habría participado.
El Juzgado Supremo de investigación preparatoria, que despacha el Juez de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley Soria, por medio de un recurso de aclaración que es aplaudido por las altas esferas del Poder Judicial y del Ministerio Público ha señalado que los únicos beneficios que debe recibir el ex hombre fuerte de la Corte de Justicia del Callao se limita a los 45 casos que decidió contar y que no corresponde otorgar algún otro beneficio y ordenar el archivo de cualquier otra investigación que no se encuentre comprendida en la sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz del 3 de diciembre del 2021.
Se sabe que la intención de Walter Ríos y de la Fiscal Fanny Quispe encargada de su delación, era emular y seguir el ejemplo de Odebrecht que consistía en haber logrado que el Poder Judicial reconozca una cláusula de progresividad de la colaboración eficaz que le permita cubrirse de cualquier delito que pueda descubrirse con el paso del tiempo o de cualquier delito que pueda cometer. Lo que buscaban era, en realidad, un beneficio de impunidad y de seguridad: que a Walter Ríos nadie ni nada lo podía tocar una vez aprobado su acuerdo.
Sin embargo, el Poder Judicial, concretamente la Corte Suprema, le ha dicho por escrito y en un fallo irrevisable que lo que quería Ríos y su fiscal protectora era ilegal, imposible jurídicamente y que no puede cumplirse. El juez supremo Checkley Soria le ha señalado al Ministerio Público que en la sentencia de colaboración eficaz no hay nada que aclarar o precisar y que Ríos Montalvo debe responder penalmente y debe recibir condenas ejemplares por los hechos e investigaciones distintas a los 45 hechos que se encuentran cubiertos por dicha sentencia.
En un error de cálculo, en un acto de soberbia y de creer que podía burlarse del sistema de justicia, Walter Ríos, durante más de un año consideraba que la había sacado barata y que nadie podía tocarlo, porque la posibilidad de que se abra investigación por hechos nuevos (reescuchas de audios, denuncias, confesión, etc.) se descartaba por completo. Su error fue creer que la sentencia de colaboración eficaz decía algo que en realidad nunca llegó a decir.
WALTER RIOS TIEMBLA
Luego de que los Fiscales Fernández Alarcón y Quispe Farfán salieran del Equipo Especial de Cuellos Blancos, lo único que pidió Ríos a los nuevos fiscales es que se respetara su acuerdo de colaboración eficaz y que todas las investigaciones abiertas se cerraran en cumplimiento de dicho acuerdo. Así, ocurrió por más de un año.
Sin embargo, lo que la Corte Suprema le acaba de señalar a Ríos y al Ministerio Público es que todas las investigaciones que se cerraron al amparo de una incorrecta lectura de la sentencia de colaboración eficaz ahora deben reabrirse de manera inmediata y que aquellas investigaciones distintas a los 45 hechos aprobados deben continuar; igual que la investigación abierta por cualquier delito nuevo, hasta que se dicte la sentencia que corresponda. El ejercicio de la persecución penal por parte de la Fiscalía no puede suspenderse ni se puede entender que ya todo está dicho bajo la almohada de la impunidad que materialmente había logrado.
Ahora cobra vital importancia encontrar la verdad en el proceso penal que se le seguía a Walter Ríos por lavado de activos a cargo del fiscal Carlos Puma Quispe y que tiene una pena proyectada no menor de quince años. El proceso por lavado de activos, por paradójico que pareciera, nunca fue comprendido dentro de los alcances de la sentencia de colaboración eficaz, pese a que debía ser el principal delito que Ríos y su defensa debían estar preocupados en archivar. Igual ocurre con otras, por lo menos, 10 investigaciones, entre las que se cuenta el caso del empresario Samir Abudayeh el que Walter Ríos confesó haber recibido 1000 pelotas de futbol a cambio de ayudarlo en sus procesos penales; o el caso del hijo del fiscal Salinas Bedón, quien es nombrado por Walter Ríos en un puesto administrativo en la Corte de Justicia, y a cambio de lo cual Salinas le regala a su benefactor una edición especial de vinos que luego su chofer John Misha llama a preguntar en qué tienda los había comprado porque “los vinos le habían encantado al Dr.”.
El principal problema para su defensa es que en muchas investigaciones Ríos Montalvo ha confesado el delito. No hay ninguna disputa sobre los hechos. Por ello, en muchas investigaciones que no están comprendidas por su acuerdo de delación debe recibir una pena alta de privación de libertad ya que concurre una circunstancia agravante, dada su condición de miembro del Poder Judicial. La pena que se calcula Ríos debe recibir por haber confesado los delitos debe sumarse a la pena de 12 años de pena privativa de libertad que viene cumpliendo.
Según fuentes de la Fiscalía, por la gravedad de los delitos cometidos que no están comprendidos en su sentencia de colaboración eficaz, la pena que puede terminar recibiendo el expresidente de la Corte del Callao es de más de 30 años, que es la pena que quería a toda costa evitar y por la que se acogió a la colaboración eficaz.
Lo único que puede salvar a Ríos es que su hada madrina, la fiscal Quispe, regrese al Equipo Especial o que existan fiscales genuflexos que, actuando al margen de la ley, quieran pasar sus hechos por agua tibia y que le busquen conceder beneficios de manera ilegal.
La impunidad que logró Walter Ríos no debe quedar sin castigo
Una de las preguntas más importantes en esta trama de corrupción y de impunidad es por qué Walter Ríos ha terminado recibiendo beneficios indebidos y logrando archivos de casos que debían seguir su trámite regular.
La respuesta a esta pregunta es que quien tenía el control del procedimiento especial de delación fue la Fiscal Fanny Quispe, la encargada material de preparar el acuerdo, fijando sus cláusulas y beneficios, tramitar el acuerdo de colaboración eficaz de Ríos, lograr su firma en la Fiscalía, de sustentar dicho acuerdo en el Poder Judicial y hacer el seguimiento correspondiente. Sin su participación y “buenos oficios” el acuerdo ni siquiera se habría logrado.
La gravedad de los hechos que el Juez Juan Carlos Checkley Soria ha impedido que se consumen o que sus efectos subsistan hasta la actualidad, debe llevar a los que han creado este menudo problema en el Equipo Especial, en el Ministerio Público, a que se les abra investigación y se inicie la búsqueda de la verdad a fin de saber e identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a conceder ventajas y beneficios indebidos al juez más corrupto de la historia del Perú.
Más allá del enojo e ira natural que puede albergar Walter Ríos porque no se salió con la suya, la sociedad peruana y el sistema de justicia no puede quedarse con las manos cruzadas y dejar que fiscales inescrupulosos que ya no están en el equipo especial del caso “Cuellos Blancos” hayan vendido beneficios y favores como si se tratara de una feria, pisoteando la Constitución y la ley.
