Poder Judicial

[Agenda País] Pocas veces se ha sentido tanto desconcierto en el país como en los tiempos que estamos viviendo. Y no es solamente culpa de quienes nos gobiernan.

Nosotros, los ciudadanos, nos hemos acostumbrado a celebrar la pendejada, a cambiar los programas de entretenimiento o culturales por cojudeces faranduleras y a mostrar un desinterés en participar activamente en política, pero valgan verdades, también miramos a la política como farándula. 

El escándalo de Andrés Hurtado “Chibolín” se veía venir. Decenas de políticos y personalidades pasaron por su programa, de ostentosa huachafería, y se sentaron en los tronos de la indiferencia siendo partícipes del desdén hacia los más pobres. Pero como nadie habla o habla poco, y con tanto poderoso metido en la cochinada, quizá todo quede allí, con Chibolín haciéndose el desmemoriado y la fiscalía peleándose con el poder judicial. 

Ya de Mauricio Fernandini no escuchamos ni pío, pero aún tenemos a nuestro “Bebito fiú fiú” que nos entretiene con su cinismo y si nos falta más morbo, Magaly sigue rompiendo ratings.

Mientras el país entra en caos permanente, el gobierno sigue despilfarrando centenas de millones de dólares en la quebrada PetroPerú y deja a la Policía Nacional del Perú sin recursos para luchar efectivamente contra la delincuencia y el sicariato que cada día aumentan con más insania en todo nuestro país.

El anunciado paro de transportistas para protestar, justificadamente, ante el incremento de la extorsión que no solamente se ensaña contra ellos sino contra todos los comerciantes que honradamente se ganan el pan de cada día, ha demostrado que el gobierno no actúa planificadamente.

Recién el mismo día del paro, el Minedu saca un comunicado a las 6:50 a.m. diciendo que las clases pasan a virtual cuando a esa hora, la mayoría de los estudiantes ya están camino a sus centros escolares, aumentando la sensación de caos y poniendo en peligro la integridad física de profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia.

También, el mismo día hacia principios de la tarde, el gobierno declara en emergencia a varios distritos de la capital, ¡Nunca es tarde! dirán los optimistas, ¡Demasiado tarde! los realistas, ¡Ya para qué! expresarán los pesimistas. 

Da la sensación que el Premier Adrianzén cree que su rol es ser reactivo con los problemas, como en el tema de los incendios forestales que ya venían empezando hace semanas, pero que recién con el infortunio de compatriotas fallecidos, se empieza a reaccionar. Y es tal la soberbia que ni ayuda internacional pedimos mientras se quema medio país, se culpa a la tradición de quemar para sembrar y a algunos malos peruanos. Bueno, ya lloverá y crecerá algo… 

Otra impresión es que no se coordina entre ministerios, que es uno de los roles principales de la PCM. Ante el extemporáneo comunicado del Minedu y la tardía declaración de emergencia, se suma que el MTC no tuvo un plan de contingencia para movilizar a la población. Tarde, muy tarde, la PNP puso unos buses a disposición. “Control de daños” es la frasecita que más se usa cuando la incompetencia arrecia.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene que reaccionar de manera radical. Ella tiene que reaccionar.

Que su gobierno llegue al 2026 es un objetivo que muchos peruanos, como yo, deseamos. Pero si la sensación de caos e indiferencia sigue aumentando, las voces de vacancia volverán al ruedo, como ya se empiezan a escuchar.

Aún es tiempo de corregir y comienza, primero, con un cambio de chip en la presidenta para que asuma que lo que queda de su gobierno es asegurar la transición democrática y poner un mínimo de orden en el país. 

Lo segundo, recomponiendo su gabinete con un premier con voz propia, que ejerza liderazgo y una efectiva coordinación transversal, así como designar ministros competentes que prioricen el trabajo en equipo.

No podemos seguir viviendo de la farándula y la indiferencia. 

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A finales del pasado mes de agosto, la noticia sobre la absolución del empresario azucarero Edwin Oviedo de los asesinatos de dos sindicalistas que tuvieron lugar en 2012 y 2015 sigue dando que hablar por las groseras irregularidades que han rodeado este proceso  y que hoy ponen en el centro de la escena al exfiscal Juan Carrasco Millones tras la decisión en favor de Edwin Oviedo, que había sido vinculado con el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”.

El último jueves, el Poder Judicial ha ratificado la sentencia de absolución a Edwin Oviedo, quien había sido señalado como autor mediato de dos asesinatos. Junto con el empresario azucarero fueron absueltas otras cinco personas debido a que el Ministerio Público no pudo probar lo que señalaron en la acusación. 

LA ABSOLUCIÓN DE OVIEDO

Como se recuerda, la Fiscalía, con Carrasco Millones a la cabeza, acusó a Oviedo de liderar una red criminal y ser el autor intelectual de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, dos trabajadores de una empresa azucarera administrada por el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

La tesis de la Fiscalía, por la cual pedían cincuenta y dos años de cárcel, señalaba que Oviedo había ordenado estos asesinatos como venganza debido a que Rimarachín y Farro, en su rol de sindicalistas, habían coordinado protestas de su administración de la empresa azucarera Tumán. Fue por esta acusación que Oviedo terminó por dejar la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol a finales del año 2018 y pasó tres años cumpliendo prisión preventiva y arresto domiciliario.

Sin embargo, el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al empresario azucarero como el responsable de dichos asesinatos y en las cuales Carrasco Millones se había apoyado para fundamentar la acusación. 

“Las solas declaraciones vertidas por estos testigos no pueden ni tienen la capacidad suficiente para enervar la presunción de inocencia”, ha sido lo que se señala en la resolución del juzgado y agrega que  “de las pruebas actuadas se tiene que tan solo se circunscriben a dichos sin una verificación objetiva de índole periférica que pueda dar certeza a los testimonios de los antes (colaboradores eficaces) indicados”.

Tras conocerse esta decisión, Sudaca conversó con César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo, quien señaló que el trabajo de Juan Carrasco “coincide plenamente con los intereses de estos malos empresarios” y que “ellos amenazaron a Edwin Oviedo que si intentaba ingresar a Tumán iba a pagar las consecuencias y esta fue la investigación que inventó el fiscal Carrasco”.

CARRASCO, EL REINCIDENTE

Pero, además, Nakazaki apuntó contra Juan Carrasco. “Se sabe sobre el trabajo poco prolijo del fiscal Juan Carrasco Millones y las colaboraciones eficaces porque fabrica pruebas. Él hace que una persona declare como colaborador eficaz y, sin ninguna corroboración, utiliza las declaraciones”, declaró el letrado a Sudaca.

Estas declaraciones no serían una simple opinión si se tiene en cuenta el historial del exfical Carrasco Millones que Sudaca ha expuesto en más de una oportunidad y que relatan numerosos casos en los cuales se ha hecho un uso indebido de las prisiones preventivas y los colaboradores eficaces.

Uno de los más recordados fue el de Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. No obstante, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no fue acusado y lo más resaltante de dicho caso fue que Carrasco Millones habría utilizado informes con serias irregularidades para sustentar numerosas prisiones preventivas.

Miguel Ángel Nureña Sanguinetti fue otro de los que vivió un episodio de terror que involucraba a Juan Carrasco cuando, a finales del 2018, fue detenido porque, según le dijo el entonces fiscal, un colaborador eficaz  lo señaló como el testaferro del congresista Javier Velásquez Quesquén. Posteriormente, Nureña recuperaría su libertad, aunque la experiencia detenido lo marcaría tanto a él como a su familia debido a las irregularidades que existieron en el medio y la ausencia de un sustento razonable.

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Se ha presentado una demanda de amparo contra el Archivo General de la Nación (AGN), el Ministerio de Cultura y el Consorcio Transel. La acción legal tiene como objetivo detener el inminente traslado de valiosos documentos históricos desde la sede del AGN en el Palacio de Justicia a un almacén en el Callao, propiedad del consorcio.

Benjamín Zevallos

El 12 de agosto, la noticia del contrato entre el AGN y el consorcio Transel por más de 12 millones de soles, destinado a realizar un traslado «temporal» de tres a cinco años, despertó alarma entre académicos, historiadores y ciudadanos. La documentación afectada, que incluye registros notariales, expedientes judiciales, y otros documentos de vital importancia para la ciudadanía, está programada para ser trasladada a un depósito ubicado en una zona industrial del Callao.

Es importante mencionar que este material es consultado diariamente por cientos de personas, y su resguardo es esencial para mantener los derechos de propiedad, herencia, nacionalización, entre otros.

La demanda presentada señala que el local al cual se pretende trasladar el archivo no cumple con las condiciones adecuadas para albergar documentos históricos.

Un informe de inspección del Ministerio de Cultura del 21 de mayo de 2024 ya había alertado sobre las deficiencias del espacio, y un informe posterior de la Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos físicos y legales del traslado. Entre estos riesgos, se encuentran irregularidades en la firma del contrato y la falta de saneamiento legal del local, que además está hipotecado por más de 8 millones de dólares.

La demanda de amparo no solo denuncia la falta de condiciones adecuadas para el traslado, sino que también subraya la violación de varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre estos derechos se encuentran:

  • El Derecho a la Identidad Cultural de la Nación (Artículo 2.19): La pérdida o daño irreparable de estos documentos supondría un golpe notorio para la identidad cultural del Perú.
  • La Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 21): Este artículo obliga al Estado a proteger el patrimonio documental, una obligación que, según los demandantes, se estaría incumpliendo con el traslado.
  • El Acceso a la Cultura y la Vida Cultural a través del Patrimonio Documental (Artículo 2.8, 2.17 y 21): Los demandantes argumentan que, de llevarse a cabo el traslado, no hay garantías de que los documentos sean accesibles al público en un futuro cercano, lo que afectaría los derechos de los ciudadanos a consultar archivos vitales para sus derechos civiles.
  • El petitorio de la demanda es claro: exige que se detenga inmediatamente el traslado, se anule el contrato de arrendamiento y se inicien las gestiones para la construcción de una sede definitiva para el AGN, que cumpla con todos los requisitos necesarios para la conservación del patrimonio documental del país.

Los documentos que custodia el Archivo General de la Nación no son solo papeles antiguos almacenados en cajas. Son el testimonio vivo de la historia del Perú, desde los registros notariales que establecen derechos de propiedad hasta los expedientes judiciales que documentan la evolución del sistema legal del país. Este acervo representa la memoria de la nación, un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de todos los peruanos.

Benjamín Zevallos

El traslado de estos documentos a un depósito industrial sin las condiciones adecuadas no es una mera cuestión logística. Es un acto que podría resultar en la pérdida irreversible de información vital sobre la identidad y la historia del país. Como señalan los demandantes, ¿quién en su sano juicio confiaría sus pertenencias más valiosas a un espacio que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y conservación?

Al cierre de este informe, se espera que haya respuestas definitivas sobre el AGN. El Perú se enfrenta a un momento crítico en la preservación de su memoria histórica. La demanda de amparo presentada el 12 de agosto no solo busca detener un traslado que pone en peligro el patrimonio documental del país, sino que también llama la atención sobre la responsabilidad del Estado en la protección de su historia. 

Es imperativo que el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y la ciudadanía en general reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para asegurar que el patrimonio documental del Perú no solo sea preservado, sino que también sea accesible para las generaciones futuras. En un país donde la historia y la identidad están tan intrínsecamente ligadas, proteger estos documentos es proteger a la nación misma.

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[Agenda País] Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Antauro, tomó notoriedad en el año 2000 cuando junto con su hermano Ollanta y al frente de 69 reservistas, se sublevaron contra el moribundo régimen de Alberto Fujimori, más por un tema mediático con visos presidencialistas que por una razón de conciencia. Los hermanos Humala lograron tener cierta notoriedad y fueron amnistiados por el presidente transitorio Valentín Paniagua.

A los pocos años, en el 2005, Antauro, esta vez solo, lideró otro grupo de reservistas que se amotinaron y tomaron violentamente la comisaría de Andahuaylas, donde, a balazo limpio y sin piedad, asesinaron a cuatro valientes policías, algunos de ellos desarmados.

Esta incursión contra el estado, que fácilmente pudo enmarcarse en terrorismo, le valió una condena inicial de 25 años, reducida graciosamente por el poder judicial a 19 y de los cuales solo cumplió 17 al otorgársele generosos beneficios penitenciarios por su habilidad manual en preparar proyectos con el personaje de Hello Kitty. Pero si son tan tiernos en el poder judicial…

Ya dentro de la cárcel, Antauro continuó con el objetivo marcado por su padre Issac, el de ser presidente del Perú, usando a los ingenuos o interesados medios de comunicación para propagar ideas de un nacional socialismo a la peruana, clamando virtudes a la superioridad de la raza cobriza, vomitando odio a los homosexuales y exacerbando un racismo clasista envuelto en humo marihuanero de cosecha incierta.

Ya libre, Antauro ha seguido por la ruta de la violencia verbal, confirmando su homofobia y racismo, un nacionalismo absolutista y expropiador de la inversión extranjera, pero lo que es peor, con un desprecio a la vida humana proliferando amenazas de fusilamiento a cuanto corrupto y rosquete encuentre por ahí, siempre y cuando su aventura presidencial tenga, Dios y la Constitución nos salven, éxito.

Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Igor, era alumno del colegio Franco-Peruano junto con varios de sus hermanos. Sí, lo conocíamos como Igor, nombre que, de saque, causaba cierto temor ya que nos recordaba a personajes de ficción siempre identificados con el mal.

Igor era un abusivo, de aquellos que golpeaba, te jodía, te pateaba la pelota cuando estabas tranquilo jugando con tus patas. Lo que hoy llamamos bullying era encarnado perfectamente por Igor en la década del 70’.

Pero la actitud violenta de Igor no solamente se concentraba con otros alumnos, no. Igor quería más, siempre más.

En un partido de vóley, deporte que se practicaba con mucha pasión en el colegio Franco-Peruano, surgió desde una tribuna, una hermosa naranja madura que en vez de encontrar un boca que la saboree, terminó en la cabeza de una profesora de educación física, explotando de manera pirotécnica y volviéndola refresco de IQ.

Furibunda y al borde de la histeria, la profesora trata de ubicar al atacante que hábilmente se escabulle entre la masa del alumnado, con tanta astucia que le empiezan a echar la culpa a un compañero que era más bueno que el pan.

Pero todos habían visto a Igor y se identificó al culpable. Y si bien la nebulosa de las décadas no asegura el recuerdo si fue expulsado del colegio por ello, pues de sobra que se lo merecía.

Antauro Igor Humala Tasso no es un violento de ahora. Es un violento de siempre. 

Y continúa siendo un peligro para la sociedad, esta vez disfrazado de candidato presidencial y apoyado por esa izquierda vomitiva, la de Vero y compañía, que no le importa juntarse con el diablo con tal de quedarse, ya no con la mamadera del estado, sino con toda la vaca.

Que ese Naranjazo escolar y la indignación del Andahuaylazo nos prevengan de una larga noche de insania violenta de un tirano nacional socialista que, aprovechándose de la democracia, de la complicidad de algunos y de la inocencia de muchos, pueda llegar al poder. 

Si este relato nos recuerda a Adolfo Hitler, su pasado sicópata, la noche de los cristales, su asunción democrática al poder para luego violarla y las millones de vidas que se perdieron por una insania, es pura coincidencia… 

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“andahuaylazo”, Antauro Humala, Democracia, Dictador, Elecciones, Perú, Poder Judicial, Política, Tiranía

Así de ridículo suena y así de grave es la situación de nuestro país.

En la historia reciente del Perú, desde que regresamos a la democracia en 1980 e incluso un poco antes con la Constituyente del ‘78/’79, el ejercicio de la política estaba limitado a los partidos políticos y a sus representantes tanto en el poder ejecutivo como en los gobiernos locales y a la academia.

En ese entonces, los medios se limitaban en sus noticieros a informar sobre los acontecimientos nacionales y mundiales, incluyendo en su programación espacios políticos, deportivos, de espectáculos y las siempre vistas telenovelas. El poder judicial, siempre con sus cuestionamientos de probidad, aplicaba la ley sin hacer notar una preferencia política, al menos, de manera pública. De los fiscales y procuradores, ni sabíamos quiénes eran.

Cuando Alberto Fujimori se convierte en presidente del Perú en 1990 y para, desde su punto de vista, combatir al terrorismo y la hiperinflación, y luego, mantenerse en el poder, es que comienza la politización de la política, que como bien lo define la Real Academia de la Lengua Española significa, en su primera acepción, es :  “ Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen.”

En la década de los 90’s la política entró en el Ministerio Público con aquella vocecita casi imperceptible y celestial de la fiscal Blanca Nélida Colán que terminó presa, el recién formado Tribunal Constitucional que se armó a la medida del régimen fujimorista y con Vladimiro Montesinos que cerró el círculo comprando al poder judicial y a los medios de comunicación. 

Han pasado más de 23 años desde que renuncia Fujimori y llega Toledo luego de la transición con Paniagua, y la verdad, estamos peor que antes.

La política está ahora en todas partes, incluso en aquellos lugares e instituciones donde no debería estar.

Los fiscales son ahora vedettes que salen a declarar a medios afines y se despachan a diestra y siniestra sin ninguna vergüenza ni ética profesional de guardar reserva en sus investigaciones. Ya no tienen sangre en la cara para expresar condenas a colegas o incluso dejar entrever sus preferencias políticas. La guerra del trono actual por el control de la fiscalía es un claro ejemplo de ello.

La Junta Nacional de Justica, creada políticamente por Martín Vizcarra, tiene el desparpajo de emitir opiniones ex ante como en el caso de la fiscal Zoraida Avalos y de establecer un procedimiento ad-hoc para destituir a la fiscal de la nación Patricia Benavides, con cronometrada coordinación con cierta prensa cómplice.

Tenemos jueces que dan cautelares como el árbitro argentino Javier Castrilli sacaba tarjetas rojas, permitiendo el enfrentamiento de competencias entre instituciones cuando el Tribunal Constitucional ya tiene este tema oleado y sacramentado.

Que los medios tengan sus programas políticos, por supuesto, y que sus conductores tengan afinidad con ciertas ideologías está bien, para eso son programas políticos. Pero cuando la ideología o los intereses de los propietarios de esos medios son también llevados al resto de su programación como noticieros y espectáculos, se está dando contenido político a entornos que no deberían tenerlos. Politizando la política.

La política debería estar concentrada, primariamente, en aquellas instituciones donde los funcionarios son electos por voto popular y a esto me refiero a partidos políticos, poder ejecutivo, gobiernos locales y congreso. Como ciudadanos, ya sea de manera colegiada o individual, también podemos y debemos ejercer política constructiva que sea alimento de los partidos políticos y de los funcionarios electos.

Pero el resto de las instituciones deben regresar a su esencia y trabajar no en función de intereses mercantilistas o ideológicos, sino en función del bienestar de los ciudadanos. 

Basta de fiscales vedettes y magistrados en la televisión, basta de periodistas que fungen de voceros de fiscales en base a posiciones ideológicas, basta de noticieros que chancan día a día y sistemáticamente la labor del congreso cuando deberían individualizar responsabilidades. Basta de doble raseros fiscales como el allanamiento a Juan Carlos Tafur que dignamente responde de inmediato a las preguntas mientras que cuando se allana a Gorriti, éste agarra el celular y llama al fiscal Pablo Sánchez para que le paren el procedimiento.

Si no detenemos esta vorágine de abusos y de enfrentamientos sin pensar en el bien común, y siendo laxos con amenazas latentes como la de Antauro Humala, ya atenuada por algunos periodistas que dicen que será controlado por el congreso o por políticos como Marisol Perez-Tello que ante un escenario Keiko-Antauro en la segunda vuelta votaría en blanco, pues vamos directo hacia la autodestrucción.

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En los últimos años, hemos sido espectadores de innumerables actos de corrupción realizados por funcionarios públicos en todos los niveles e instituciones del sector público, incluyendo el Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso, gobiernos regionales y locales, y en todo el resto del aparato estatal.

La Contraloría General de la República, es la institución que tiene el encargo de, y cito : “Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de nuestras gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA).”

Lo que hemos visto de la Contraloría, en la voz del Contralor General Nelson Shack, son anuncios de cuánta plata se han robado en el 2023 (más de 24,000 millones de soles), cuánto se gasta en consultorías y que han encontrado unos 9,000 funcionarios incurriendo en faltas de todo tipo.

Pero siempre es lo mismo. Se siguen robando la misma cantidad de soles cada año, seguimos observando, impávidos, contrataciones de “amiguitas” y dinero público, nuestro, de nuestros impuestos, gastado en inútiles consultorías y sabe Dios, en qué otras barbaridades, porque si Dios no lo sabe, menos la Contraloría.

Ya estamos cansados de estos anuncios inútiles que hace el Contralor Shack. En vez de ello debería exponer cuáles han sido las mejoras en los procesos que los Órganos de Control Institucional (OCI) que funciones dentro de las instituciones públicas, han propuesto, implementado y cuáles han sido los resultados.

Si en el 2023 se robaron más de 24,000 millones de soles, ¿Cuál es la meta que la Contraloría se pone para el 2024? ¿Cuánto menos dinero se va ir en corrupción gracias al trabajo que hace la Contraloría y sus gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA)?

Todos los funcionarios públicos trabajan con metas e indicadores que miden su gestión. ¿Cuál es la meta de dinero gastado en corrupción Sr. Contralor? Si en el 2023 se gastaron 19,300 millones en contrataciones “a dedo” porque los montos no sobrepasan las 8 UIT (41,200 soles), ¿Cuál ha sido la propuesta de la Contraloría para limitar este tipo de gasto discrecional sin concurso ni licitación?

Ya es hora que se ajuste a la Contraloría, para que trabajen con objetivos claros y que todos los peruanos sepamos las actividades, mejoras en los procedimientos e iniciativas legislativas que se han implementado y las que están en curso, así como sus respectivos impactos en la lucha contra la corrupción.

Pero en la práctica, ¿Quién controla al Contralor?

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La impunidad que logró Walter Ríos no debe quedar sin castigo

Una de las preguntas más importantes en esta trama de corrupción y de impunidad es por qué Walter Ríos ha terminado recibiendo beneficios indebidos y logrando archivos de casos que debían seguir su trámite regular.

La respuesta a esta pregunta es que quien tenía el control del procedimiento especial de delación fue la Fiscal Fanny Quispe, la encargada material de preparar el acuerdo, fijando sus cláusulas y beneficios, tramitar el acuerdo de colaboración eficaz de Ríos, lograr su firma en la Fiscalía, de sustentar dicho acuerdo en el Poder Judicial y hacer el seguimiento correspondiente. Sin su participación y “buenos oficios” el acuerdo ni siquiera se habría logrado.

La gravedad de los hechos que el Juez Juan Carlos Checkley Soria ha impedido que se consumen o que sus efectos subsistan hasta la actualidad, debe llevar a los que han creado este menudo problema en el Equipo Especial, en el Ministerio Público, a que se les abra investigación y se inicie la búsqueda de la verdad a fin de saber e identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a conceder ventajas y beneficios indebidos al juez más corrupto de la historia del Perú.

Más allá del enojo e ira natural que puede albergar Walter Ríos porque no se salió con la suya, la sociedad peruana y el sistema de justicia no puede quedarse con las manos cruzadas y dejar que fiscales inescrupulosos que ya no están en el equipo especial del caso “Cuellos Blancos” hayan vendido beneficios y favores como si se tratara de una feria, pisoteando la Constitución y la ley.

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Cuellos Blancos, Fiscalía, Juez Juan Carlos Checkley, Juzgado Supremo, Poder Judicial, Walter Ríos

CUATRO

Los Congresistas tienen 48 pasajes al año. Tienen cuatro pasajes por mes, para ir a su región, para ir a otra región, para ir donde quieran. No tienen que dar explicaciones.

Congresista MariCarmen Alva 

El vestido verde floreado, la mirada sobradora y los aires de grandeza la delatan.  Encima enfatiza el no tener que dar explicaciones ante un periodista maleable, los cuales abundan en estos tiempos. Aun así, desliza la pregunta.

  • Yo me imagino que si tiene que informar al respecto y que si tiene que ver con su condición de congresistas y con la función de representación que deben ejercer.
  • Nunca he escuchado que iban para una cosa especifica de representación. También podrían tener una reunión ahí…responde enojada la fémina.
  • ¿Tiene sentido que el Congreso financie viajes por reuniones partidarias?, termina preguntando Ghibellini.

La Congresista es una conjunción de todo lo que no debe ser un político. Al margen de no poseer empatía alguna. Es la muestra latente del racismo y clasismo imperante en nuestras clases acomodadas.

María del Carmen Alva Prieto no me representa. En absoluto.

CINCO

Interpone demanda de amparo contra la Municipalidad de Lima, solicitando que se declare inaplicable el Decreto de la Alcaldía, que declara zona rígida para cualquier tipo de concentración publica, el sector de máxima protección dentro del centro histórico de Lima …. pues considera que esta vulnera sus derechos fundamentales de reunión y participación pública.

Sentencia del Tribunal Constitucional – 07 diciembre de 2005

Esta sentencia determina que las autoridades no pueden evitar que la gente ingrese al Casco Histórico de Lima. Se junte o se manifieste, sea pacíficamente o políticamente. Es una libertad consagrada en la Constitución. Es la Ley Mayor que nos rige. Lógicamente, el esperpento hecho Alcalde, desconoce la sentencia. Lo secundan – ridículamente– sus adláteres.

  • Nosotros como autoridad no podemos seguir aceptando violencia y desmanes que sigan dañando nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Lo que hemos aprobado  ….. es declarar que el Centro de Lima es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, que pongan en riesgo la seguridad pública…todas esas marchas – que hemos visto- cargadas de violencia y vandalismo – encendiendo fuego en las calles del Centro Histórico- lanzando piedras a la policía nacional y teniendo armamento (¿?) …Eso no se va aceptar. 

Acotó el Teniente Alcalde –Renzo Reggiardo– ante la permisividad cojuda de tres jóvenes periodistas de RPP.

Ignoró que el incendio del Edificio Marcionelli lo provocaron las bombas lacrimógenas de la Policía. Ídem, la muerte de Víctor Santisteban es un asunto baladí para el ínfimo personaje. Así como el hecho de la violencia policial contra gente que se manifestaba pacíficamente.

  • ¿Esta es la extrema derecha o los HuevoNazis?
  • En tanto, Dina Boluarte se reunió con Keiko Fujimori.

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Ejército Nazi, Poder Judicial

Se espera que el Poder Judicial dé la razón a los demandantes y se evite el debilitamiento de una institución y un cargo fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos.

Es importante visibilizar y limitar el avance de sectores oscurantistas que intentan asirse de las instituciones del Estado para sentar las bases de una sociedad contraria al bienestar común. Los derechos de mujeres, pueblos indígenas, discriminados, periodistas; víctimas de la corrupción, de las violencias y de la ineficiencia del Estado, están en franco peligro.

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