Poder Judicial

NO SON “LESIONES GRAVES”

Héctor Lazo Cuba es contador y padre de dos niñas de seis y tres años. Busca que le otorguen la tenencia de ambas. La madre no deja que Lazo las visite, a pesar de contar con un régimen establecido. La historia también incluye acusaciones de violencia.

Una de las primeras agresiones físicas ocurrió, recuerda Lazo, cuando estaba bajando las escaleras con su hija mayor en brazos. Se dirigían al parque y de pronto “la señora salió corriendo y me rompió un muñeco de plástico en la espalda”, dice.

En el 2019, los ataques alcanzaron un nuevo nivel: Héctor Lazo denunció a su entonces esposa por apuñalarlo en la espalda con un lapicero. Un documento judicial que le otorgó medidas de protección confirma el daño: “Los resultados de la evaluación física y psicológica del denunciante concluyen que presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes y evidencia afectación emocional”.

Esta fue la gota que derramó el vaso y el motivo por el que el padre pidió el divorcio. Como en el caso de Jorge Romero, a pesar del antecedente de violencia, en la conciliación le dieron a la mamá la tenencia de las dos pequeñas y a él un régimen de visitas. En lo que duró este proceso, Lazo no pudo ver a sus hijas. “No pude ver a las niñas por ocho meses. Me enteré del nuevo domicilio de la madre cuando en los documentos del juzgado me llegó su dirección. Fue terrible porque en ese tiempo no sabía cómo estaban”, cuenta.

 

 

Héctor-Padre-Hijos
A pesar de que Héctor se divorció de su esposa porque esta lo apuñaló con un lapicero, le dieron la tenencia de las dos niñas a la mamá. Hector solo tiene un régimen de visitas y denuncia que su exesposa maltrata a su hija mayor.

 

Cuando él se fue de la casa, quien se llevó la peor parte fue su hija mayor -a quien llamaremos ‘Ariana’ para proteger su identidad-, de seis años. Según Lazo, ella le contaba que sufría agresiones físicas y psicológicas, pero en la comisaría no mostraron interés en ayudarlo. Uno de los policías le dijo que debía llamar al 105 para pedir ayuda. Cuando Lazo lo hizo, al otro lado de la línea le dijeron que vaya a la comisaría. Al final, debido a la insistencia, un efectivo lo acompañó a casa de su exesposa a buscar a Ariana.

“Llegamos a la comisaría e increíblemente hicieron que mi hija pase al médico legista con la mamá, con la agresora. Como no había lesiones graves, me dijeron que no podían hacer nada y todo quedó ahí. Yo me quedé como ‘¿Qué hago ahora?’”, cuenta el padre.

El problema se repitió, pero ahora con la niña llorando encerrada en el baño de la casa, mientras la mamá golpeaba la puerta y gritaba. Nuevamente, Lazo acudió a la comisaría para pedir ayuda. Esta vez, para que le hagan caso, llevó un video donde se veía a la mamá gritándole a la niña y jalándole el cabello. El archivo también fue revisado por Sudaca y confirma la versión del padre.

 

Maltrato infantil tenencia compartida
Captura de pantalla del video donde se ve a la madre de Ariana gritarle y jalonearla del cabello. La asustada niña permanece a un lado cubriéndose la cabeza.

 

Consultada por este medio, la madre denunciada acepta la veracidad del video. “El papá me ha acusado a mí por un video que ocurrió en agosto del año pasado. Él ha difundido que yo soy una madre violenta. Está vengándose porque yo lo boté de la casa”, dice en su intento por defenderse.

Aunque un policía lo acompañó a la casa de la mamá, al final no hicieron nada porque la señora se negó a salir. “No, señor. No puedo entrar porque no escucho gritos, no escucho nada», asegura Lazo que le dijo el efectivo cuando él le pidió que ingresara a la casa. Incluso, cuenta que deslizaron la idea de que estaba haciendo problemas “porque no quiere pasar pensión alimenticia”.

En enero de este año, Lazo volvió a denunciar a su exesposa por maltrato psicológico, también contra Ariana. El Juzgado de Familia resolvió otorgar medidas de protección a la menor y ordenó a la mamá a “no realizar cualquier acción que cause daño” a su hija. Además, se le ordenó tomar terapia psicológica. La lucha judicial continúa para ver quién se queda con la custodia de las dos menores.

Lazo dice que, para poder denunciar a la madre por violencia física, los policías le han dicho que su hija debe “tener el ojo morado, haber perdido un mechón de pelo o moretones”. “Pero como no tiene nada de eso, no puede pasar por el médico legista. Eso es precisamente lo que quiero evitar. La violencia es gradual. Conmigo empezó así”, apunta.

 

“TE QUIERO, PERO NO TE RECUERDO”

José -quien pidió mantener su nombre en reserva- se separó de su esposa en el 2011. Su hija tenía apenas un año. Desde entonces, verla o conversar con ella se convirtió en toda una batalla.

A pesar de tener un régimen de visitas, muchas veces la madre no permitía que José salga con la menor. Prueba de ello son las más de 50 constataciones policiales donde se deja evidencia que fue a la casa de su expareja y no le entregaron a su niña. “Mi hija tiene el derecho de crecer con sus dos padres”, sostiene él.

Las pocas veces que sí le dejaba salir con su hija, no podía demorarse ni un minuto en llevarla a casa de nuevo porque la mamá se enojaba y le reclamaba. “A veces íbamos al cine y teníamos que salir a la mitad de la película porque me empezaba a llamar para decirme que teníamos que regresar en ese momento”, continúa.

Incluso, cuenta José, la mamá de su hija llegó a tal punto que le negó cualquier contacto con el colegio de la niña. Según un documento de la institución, en el 2019 la mamá presentó una solicitud donde pedía ser la única apoderada que podía acercarse al colegio. Por ello, cuando José asistió a una reunión de padres, fue expulsado de la escuela.

 

tenencia compartida padres

 

En la pandemia, la poca comunicación se hizo aún más escasa. José explica que su hija no tiene celular, pues la mamá no se lo permite. Tampoco puede llamar al número de la madre o mandarle mensajes, porque ella no le responde. “Una vez tuve el atrevimiento de llamarla para preguntarle por mi hija porque por mensajes no me contestaba. Me dijo: ‘este es mi teléfono personal, no tienes por qué llamarme’”, cuenta. Su única manera de hablar con la menor es a través de correo electrónico.

Lo que más lamenta José es no haber disfrutado crecer junto a su hija. “Mi hija ya tiene 12 años y me dice: ‘Papá, yo te quiero mucho porque eres mi papá, pero no te recuerdo tanto’. A mí me duele. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija que no estás con ella no porque no la quieres, sino porque su mamá no me lo permite?”, comenta.

Lo que anhela es recuperar el tiempo perdido. “Yo como padre no sé llevar a mi hija al colegio. Nunca estuve en sus primeras palabras, no supe cómo creció, no la vi en su primer día de colegio. Son cosas que me he perdido por culpa de la ‘justicia’”, reclama.

José sabe que, en su caso, es tarde para pedir una tenencia compartida porque su hija ya está grande. Pero le hubiese gustado tener esa opción. “Cuando me enteré del proyecto de ley de tenencia compartida, me agradó la idea. Si la primera opción del juez hubiese sido eso, creo que este maltrato no habría ocurrido”, apunta.

El proyecto de ley al que hace referencia tiene como objetivo que el niño pueda disfrutar de ambos padres. Actualmente es promovido por Fuerza Popular y se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de ser debatido. La propuesta establece, además, sanciones a aquellos que obstruyan el régimen de visitas y busca que no se le hable mal a los hijos sobre los padres.

La abogada María Espinoza Muñoz explica que actualmente “hay un uso abusivo de la tenencia”. Lo que ocurre, según la especialista, es que, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia exclusiva de los hijos, el otro padre -normalmente con un régimen de visitas- se encuentra en una situación de desventaja. Por lo general, como hemos señalado, es la madre a quien se le otorga este “privilegio”.

Lo que hace, entonces, la tenencia compartida, es reivindicar que “ambos progenitores tengan los mismos derechos y obligaciones con sus hijos”, asegura la abogada.

 

 

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Paternidad, Poder Judicial, Tenencia compartida

Un tribunal de Australia decidió recientemente que el retiro de la visa de Novak Djokovic o No-vac Yo-Covid -como simpáticamente han empezado a llamarlo- se ajusta a ley y por consiguiente fue expulsado del país y con ello se pierde la posibilidad de disputar el Abierto de Tenis de dicho país, donde muy posiblemente hubiese sido el campeón. ¿La razón? La salud pública. La consideración del Poder Ejecutivo, ratificada en los tribunales, de que permitirle la exención generaría una controversia interna y alentaría al movimiento antivacunas fue suficiente para terminar con un par de semanas de recursos legales y de disputa judicial.

El tenista serbio no está vacunado y el gobierno de Australia prohíbe el ingreso de extranjeros sin vacuna. La razón “legal” que esgrimía su defensa era que a mediados de diciembre había contraído el Covid y por lo tanto tenía una inmunización natural y por lo tanto podía proseguir su viaje sin problemas. Ello supone, como ha reconocido el propio Djokovic, que estuvo en reuniones con otras personas mientras estuvo con Covid y que en dichos encuentros no hubo mascarillas ni mecanismos de protección ni advertencias.

En resumen, la defensa para poder quedarse en Australia y jugar el torneo hizo que admitiera una conducta peor y que confesara que lo hizo sin mala intención. Como si bastara. Su padre, el viejo Djokovic, ha convertido el caso en una cruzada. Habla de su hijo como víctima y cree que el paradigma de la libertad en el mundo ha ganado un nuevo líder. Sí, su hijo. Se sienten discriminados. Sienten que les han amputado los brazos, como a Maradona las piernas cuando lo suspendieron por el doping que el sabía prohibido. Entonces, ahora resulta que no solo era que no quería vacunarse, sino que el no hacerlo implicaba un ejercicio de la libertad en su sentido más “revolucionario”. Hoy, gracias a la corte australiana, No-vac está camino a Dubai y su puesto lo ocupará un tenista que nadie conoce pero que tiene tres dosis de vacuna en su organismo.

El caso es que se trató de una batalla legal en la que diversos argumentos se esgrimieron. Con una primera etapa en la que la justicia estuvo a favor del tenista -y nadie la discutió- y con otra definitiva en contra -que nadie discutió tampoco-. Porque si algo debe tener la justicia, y el ejercicio de esta y quienes la determinan, es esa capacidad de ser respetada. Esa posibilidad de determinar sin dudas sobre el ejercicio hecho, quién es culpable y quién inocente. Apreciar el desarrollo de ese caso durante la semana resultó en satisfacción por el fallo y una profunda depresión por ver lo que ocurre en nuestro país.

El lunes 10 de enero, hace una semana, un juez supernumerario señaló que el periodista Cristopher Acosta era culpable de difamación en perjuicio de César Acuña, millonario político, experto en hacernos creer que es un meme permanente, siendo condenado a dos años de prisión suspendida y al pago de S/ 400 000 de reparación civil al agraviado, una bicoca considerando que había pedido la friolera de 100 millones de soles, lo que alegremente decían que era “lo que ganaba en un mes”. De manera solidaria, Jerónimo Pimentel, editor y representante de la casa editorial que publica el libro, fue sentenciado a lo mismo. Lo bueno es que la reparación es conjunta.

Desde el lunes lo que se ha vivido es un gran compendio de reseñas sobre el tema que se agrupan en dos temas fundamentalmente: en publicitar el libro (hoy por hoy debe ser un best seller sin precedentes) y en desestimar la actuación del juez. La lógica es la siguiente: es un juez que no sabe, un juez que no conoce, un juez que no ha seguido la doctrina básica, un juez que ha intepretado a su gusto, un juez que se dejó llevar por el abogado del demandante (a quien otro periodista señala como alguien que hace que el Poder Judicial se mueva al ritmo del dinero), etc. No se discute el acto legal sino quien lo ejecuta. Se discute al juez. Salen los antecedentes. Sale su CV. Nos preguntamos si estaba capacitado para algo así. Aseguramos que con un mejor juez la sentencia será otra. Damos por hecho, aún siendo muy lejanos al mundo del derecho, qué importa, que el juez está equivocado, comprado, incentivado, lo que sea que queramos que sea. Discutimos al juez. A partir de allí descalificamos la sentencia.

Un juez no es un “nadie”. Es alguien que tiene un mandato muy particular. Puede decidir, con los instrumentos y herramientas adecuados, quién es inocente y quién es culpable. Tomar esa clase de decisiones no es algo sencillo ni mucho menos grato. Más cuando se trata de casos tan públicos. Un juez está sujeto al sesgo, como Sunstein, Siboney y el Nobel Kahneman han señalado en su último libro Ruido, donde analizan centenas de sentencias judiciales y evalúan como los jueces pueden actuar distinto dependiendo del día de la semana, del clima o de la hora en que exponen. Sin embargo, un juez determina así y todo qué es lo que la justicia precisa en cada caso.

El problema es que, en un país de instituciones tan debilitadas como nuestro querido Perú, el ejercicio de la justicia es demasiado arbitrario. Si una sentencia no nos gusta, cuestionamos al juez. Porque los jueces son cuestionables. Porque no generan la confianza de que estarán en la capacidad de afrontar los retos que se demandan. Salimos de una crisis enorme generada por la evidencia comprobada de un Poder Judicial tomado por mafias que ponían y sacaban jueces a criterio propio y para beneficiar decisiones específicas. Los casos judiciales más escabrosos pasaron de ser los de homicidios y pasaron a ser los de los propios magistrados. Los hermanitos, cuellos blancos y demás solo socavaron una institución en la que cada vez confiamos menos.

De acuerdo con datos de la ENAHO 2018, la desconfianza hacia el Poder Judicial supera el 80% de la población peruana. Sin duda que la posibilidad de confiar en una decisión del Poder Judicial es bastante baja. 

¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que ni siquiera la justicia sea justa en el país? ¿Que nos atrevamos a desconfiar de lo único de lo que debiéramos -la capacidad de impartir justicia-? ¿Que un juez sea percibido más como parte de una mafia que alguien que realmente puede solucionar algo? ¿Cómo es posible que semana a semana discutamos esto? Si en un momento se jodió el Perú, Zavalita, creo que fue acá. Cuando asumimos directamente que la forma menos justa de solucionar algo es recurrir a la justicia.

 

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Desconfianza, juez, justicia, Poder Judicial

Gabriela Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado. Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.

A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12.500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.

El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.

Resultado final del proceso CAS.
Resultado final del proceso CAS.

Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.

Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.

Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa. 

Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.

El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación. 

Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública. 

MENTIRAS Y ACUSACIONES

Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89.000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.

Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.

Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad. 

Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.

«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5.500, aún me faltan S/13.500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.

La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.

Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.

“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.

Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.

Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.

Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.

Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.

“Ella dijo: ‘yo creo que es Yanacocha porque he hecho un informe en OEFA’”, recuerda una de las personas consultadas, que pide mantener su identidad en reserva. “Todo había sido simulado. Al final usaba ese tipo de argumentos para hacer que su expareja volviera con ella. Para eso estaba dispuesta a inventar cualquier cosa”, cuenta la otra fuente.

Salvador niega los hechos, aunque reconoce el episodio de la corona de flores. “Nunca mencioné a Yanacocha en campaña. La corona lo interpreté como alguien que quería molestar. Nunca dije que había sido enviada por alguien en específico, ni tuve sospechas”, dice a Sudaca.

Así las cosas, Gabriela Salvador pareciera ser, pues, más que una persona que engaña y manipula, una heroína en tiempos modernos.

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La periodista Perla Berríos sigue lidiando con el que fue su lugar de trabajo por casi diez años: la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión SA, mejor conocida como Latina. El canal que decía “hacerse cargo” se negó a pagarle los intereses legales de la indemnización que recibió tras ganar un juicio por despido indirecto en el 2018. Por eso, en enero el Poder Judicial ordenó el embargo de las cuentas de la empresa. El proceso para cobrar el dinero, sin embargo, aún debe pasar por varias etapas para hacerse efectivo.

La cifra -S/11.509- no es significativa para los dueños del canal, el fondo de inversión Enfoca, controlado por el ‘Zuzo’ Zamora, cuyos accionistas mayoritarios están domiciliados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El fondo también tiene millonarias inversiones en la red de clínicas Auna, la pesquera Diamante, la empresa de servicios aeroportuarios Talma, entre otros negocios. 

Este es el colofón de una historia de injusticias que empezó a fines del 2015, cuando Perla Berríos se negó a leer publicidad como si fuese contenido informativo en el noticiero ‘90 Segundos’. El hecho le costó el puesto por presunto “incumplimiento de contrato”.

La periodista recuerda que fue retirada del aire, le dijeron que no regrese a trabajar e, incluso, no la quisieron dejar entrar al canal. Ella mandó una carta para que cesara la hostilización en su contra, dirigida a varias gerencias, incluídas la de recursos humanos y la de noticias.

“La hostilización en una empresa o institución empieza con un jefe que decide desconocer un contrato o desnaturalizarlo. Y luego la empresa o institución pública lo secunda. Es muy fácil decir: ‘no me gusta lo que haces o quién eres, entonces te maltrato, te congelo, te aislo porque, como en teoría tengo el poder, entonces puedo mandarte a hacer lo que se me venga en gana’. Y eso no es así”, dice Berríos a Sudaca.

La empresa, cuenta, no reconoció la falta. Entonces, ella se dio por despedida y acudió al Poder Judicial. Allí ganó en primera y segunda instancia el caso por despido indirecto. En mayo del 2018, la Corte Superior ordenó a Latina pagarle su indemnización, CTS, vacaciones y gratificaciones. La empresa quiso seguir el caso mediante una casación, pero terminó retirando el recurso, aseguran desde la defensa de la periodista.

Latina finalmente cumplió con pagar la indemnización, pero debía hacer lo mismo con los intereses que se habían generado desde que la periodista fue injustamente despedida, a fines del 2015, hasta que les ganó el juicio. El monto fue calculado por un perito judicial en septiembre del 2018 “no habiendo ninguna de las partes presentado recurso de observación alguno contra la liquidación de intereses legales y financieros”, según una resolución posterior.

embargo de latina perla latina docs
Izquierda: el requerimiento del juzgado de marzo del 2020 para que Latina pague los intereses. Derecha: la decisión de embargar sus cuentas de enero de este año. Tiene un error de tipeo en el nombre de la empresa.

Aquel fallo fue la primera advertencia para que el canal pague. En vista de que no cumplió, a inicios de este año se tomó la decisión de embargar sus cuentas. El pasado 20 de enero, el 19° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente dispuso “trabar embargo en forma de retención sobre las cuentas bancarias que pudiese tener la empresa demandada”. El siguiente paso era que los bancos respondan al Poder Judicial si registraban alguna cuenta a nombre de la empresa.

Entre mayo y junio, el BCP, Interbank, el BBVA y otros enviaron oficios al juzgado, según se puede ver en la web de consultas de expedientes judiciales. El contenido de aquellas cartas no está en el sistema. De tener cuentas de la empresa en sus centros financieros, el juzgado cobrará el dinero para luego transferirlo a Berríos.

“Hoy me río, porque ya gané y sé que el pago se dará tarde o temprano. Pero en su momento padecí tremendamente”, dice la periodista.  Cuando se produjo su despido, tenía siete meses de embarazo. A pesar de su situación, dice, Latina nunca se mostró dispuesta a cumplir ni siquiera con el pago de su liquidación. Tuvo que acudir a la Sunafil luego de dar a luz.

“Recién había dado a luz y Latina no quería ni pagar mi liquidación, que no estaba judicializada y que por derecho me correspondía. Acudí a la Sunafil, hicieron una inspección y les dieron 24 horas para pagarme”, recuerda. Terminó cobrando el dinero luego de un mes y medio. Fue el primer paso de un largo proceso.

Berríos ahora está a la espera de cerrar definitivamente el capítulo más incómodo de su carrera profesional. Aún falta que Latina le devuelva también los “costes y costos” del proceso, entre ellos los honorarios de su abogado. El asunto podría derivar, visto lo visto, en otro embargo.

El caso de la exconductora de Latina podría ser usado en los tribunales por otros periodistas que enfrenten este tipo de abusos de parte de sus empleadores. “Nada más bajo que jugar con la estabilidad laboral de alguien que necesita el trabajo para darle de comer a su familia. En mi caso, pude defenderme gracias al estudio Blancas Bustamante, por eso le digo a las personas que no se dejen. Hay que ir de frente, no son todopoderosos”, apunta Berríos.

Sudaca se comunicó con Latina por varios medios, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron al pedido de descargos. Quizá estaban entretenidos con alguna de sus novelas turcas.

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 169: El Poder Judicial le arruina la única prioridad que le quedaba a los congresistas: elegir nuevo TC. Y seguimos debatiendo sobre los Dinámicos y una vacancia a Castillo.

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Rafael López Aliaga parece haber convertido el litigio en una afición compulsiva. Desde el 2006, su nombre figura en 71 carpetas fiscales: 11 de ellas como demandado y todas las demás como el hombre que gatilla las acusaciones. Sus empresas son protagonistas de decenas de expedientes más. La aplastante maquinaria legal al servicio del hoy candidato no sólo lo ha sacado de apuros en más de una ocasión, sino que ha sometido a sus rivales, en una demostración de músculo legal, a largos y estresantes procesos judiciales.

María Escalante Aragón, por ejemplo, tuvo que enfrentarse por cuatro años al staff de abogados de PeruRail, la empresa ferroviaria cuyo directorio López Aliaga preside desde hace varios años. La razón: un delito que no cometió. “Nunca podré ser la persona próspera que era antes. Lo perdí todo gracias a la empresa PeruRail”, dice.

Escalante es gerente de la empresa Promoturs, que durante años vendió los tickets del tren que lleva turistas a Machu Picchu a cambio de una comisión. Todo se hacía a través de sistemas de cómputo. En el 2012, PeruRail la acusó de haber clonado tarjetas de crédito para vender los tickets y quedarse con un porcentaje de las ventas. Tuvo que enfrentar un largo proceso por hurto agravado.

“El 26 de enero del 2012, me encontraba en oficinas de PeruRail depositando dinero. Me llamó mi secretaria diciendo que había mucho policía, muchos periodistas en el local de Promoturs. Cuando llegué, los agentes sacaron todo. La fiscal me dijo que me estaban acusando de comprar boletos con tarjetas clonadas. Se llevaron los equipos de cómputo y los papeles”, cuenta Escalante.

Cuando el caso pasó de la policía de Cusco a la Dirincri de Lima, la acusación se desmoronó. Fue el 2014. “En las investigaciones se determinó que el 27 de enero aparecieron registros de boletos comprados con tarjetas clonadas. Eso fue un día después de la incautación cuando se supone que las computadoras estaban en manos de la policía de Cusco”, explica Escalante.

La mujer muestra a Sudaca la resolución de marzo del 2015 que finalmente archivó su caso. Pero no fue una verdadera victoria: en el curso del proceso perdió amigos y la confianza de otros empresarios. La veían, dice, como una estafadora. Parte del daño colateral fue terminar su matrimonio y abandonar los planes de estudios que tenía para sus tres hijos. Su negocio quebró.

El 2016, le escribió al ahora candidato López Aliaga por redes sociales. “Quería llegar a un acuerdo, porque aún estaba a tiempo de recuperar a mis clientes. Me habían dicho que era una persona muy noble, amable. Le escribí a su Facebook, pero me bloqueó”, se lamenta.

María Escalante empezó entonces un juicio de indemnización por daños y perjuicios que fue admitido en Cusco. Durante el proceso, PeruRail acreditó un robusto staff de 10 abogados, cuyos nombres quedaron registrados en una resolución judicial. María Escalante apenas podía costearse uno, y nunca llegó a confiar al 100% en quienes la asesoraron.

Hace dos años pasó por un peritaje psicológico ordenado por el juez, que determinó que estaba pasando por un cuadro de depresión. “Se encuentra en una situación de frustración puesto que también ha sido afectada a su familia, específicamente a su menor hijo, al cual le hicieron bullying porque le decían que su madre era una ladrona, así como a su esposo le condicionaron el contrato en la Universidad Andina (…) [Escalante] viene presentando un trastorno distímico”, se lee en el análisis de la perito psicológica Yulia Loaiza Manrique, el cual se menciona en una resolución del 2019.

Unos meses antes, en una resolución del 19 de junio, los peritos contables que solicitó el juzgado calcularon que le correspondería una indemnización de S/1.054.046. El brazo legal de la empresa, sin embargo, ha hecho que el proceso se alargue, según el abogado de Escalante.

“Estamos a la espera de que la jueza pueda emitir sentencia. Se ha demorado el proceso porque se han demorado en realizarse los peritajes y porque PeruRail ha tomado medidas dilatorias. Ha observado los peritajes psicológicos y contables. Desde que contestaron la demanda, presentaron varios abogados. Como si la empresa tuviera una política de intimidar a mi patrocinada”, dice el abogado Aarón Medina. Además de los abogados de la empresa, en este proceso PeruRail también recibió asesoría del prestigioso estudio Rodrigo, Elias y Medrano.

 

María Escalante Aragón
María Escalante Aragón: “Lo perdí todo gracias a la empresa Perú Rail”

Sindicato, no

Los líos judiciales de las empresas de López Aliaga se extienden a la cadena hotelera Belmond, donde es director desde 1999. Actualmente, y según información del Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco, al menos ocho exempleados buscan su reposición a través de juicios por despido arbitrario. Y hay contraofensiva: el sindicato mismo enfrenta un proceso que pretende disolverlo.

“El sindicato de trabajadores de Perú Belmond se crea el 2012, con un total de 60 personas. Lamentablemente empezó un proceso de amedrentamiento hacia los afiliados para que renuncien al sindicato y esto fue mermando la cantidad de asociados. Al no contar con el número mínimo, la empresa inició un proceso de disolución del sindicato. Pero en el tiempo que toma el trámite, logramos llegar a la cantidad necesaria de afiliados. A pesar de ello, el proceso judicial sigue hasta hoy”, explica a Sudaca Hernán Flores Siancas, secretario general del gremio.

Sus miembros tienen que arreglárselas para contratar un abogado que los defienda. Al otro lado del cuadrilátero, sin embargo, se sienta la crema y nata del litigio laboral cusqueño. “Los primeros años de negociación colectiva hablábamos solamente con el apoderado y el jefe de recursos humanos, pero hace algunos años contrataron a un bufete de abogados acá en Cusco: el estudio Salinas. Es, se podría decir, el estudio de abogados más caro de Cusco. Pagarle al estudio, pienso yo, es más caro que [pagar] los beneficios sindicales que conseguimos en las negociaciones colectivas”, apunta Flores, que nos atiende telefónicamente.

Rafael López Aliaga es un viejo conocido de los juzgados cusqueños. Su nombre figura en 17 carpetas fiscales, cuatro de ellas como imputado en casos de retención de remuneraciones, falso testimonio y corrupción de funcionarios. Todos estos casos, sin embargo, han sido archivados.

 

Arremetida sin sentido

A fines de febrero del 2017, cuando era columnista del diario Perú21, Luis Davelouis citó un extracto de una nota periodística publicada en ese mismo medio: “El buscapleitos de Castañeda”. La nota revelaba que Rafael López Aliaga había realizado 170 demandas ante la Fiscalía y el Poder Judicial. La autora colocó los descargos del ahora candidato de Renovación Popular. “Si usted publica algo de mí y de esas denuncias, yo la denuncio ante el Poder Judicial, al igual que ya tiene una denuncia por difamación su director”, consigna que le dijo.

Ese año, el director del periódico era Fritz Du Bois. “Yo me topé con el artículo, llamé a Fritz y le pregunté si podía usar esa cita. Me dijo que sí y que tenga cuidado con que [López Aliaga] me vaya a querellar como lo había querellado a él. Me lo dijo por teléfono”, recuerda Davelouis.

Su columna se tituló “Ley de medios y embudos” y contenía estas líneas: “Siendo director de este diario, Fritz Du Bois fue demandado por difamación por Rafael López Aliaga (sí, el «tío» de Butters que lamenta el recorte de la «libertad» de Phillip de insultar a quien le dé la gana). ¿Se imaginan que hubiesen botado a Fritz por la denuncia de alguien que utilizaba dicho mecanismo como amenaza?”.

López Aliaga entonces lo emplazó públicamente a rectificarse, negando que haya querellado al director del diario. Según dijo en su querella posterior, se le atribuía “ser una persona capaz de interponer una denuncia contra un periodista con la finalidad de amedrentarlo, lo que nunca ha realizado, y claramente perjudica su reputación”. Ello, incluso después de que el periodista se había rectificado.

“Finalmente me rectifiqué porque no encontré la demanda, pero igual me querelló. Era ridícula [la querella] porque yo no lo estaba difamando y ya me había rectificado. Si voy y le digo que es un ladrón y que me ha robado, entonces sí tengo que ir a demostrarlo. Pero estoy usando sus propias palabras”, dice el periodista. “A pesar de la exigencia de rectificación, el querellado no cumplió con hacerlo dentro del plazo establecido por la ley”, se justifica en la denuncia de López Aliaga.

El abogado de Davelouis, Julio Arbizu, recuerda que en todo el proceso tuvieron que enfrentar distintos asesores legales contratados por López Aliaga y que las notificaciones llegaban constantemente a su despacho. De acuerdo a Arbizu, los abogados de López Aliaga intentaron ingresar esa querella hasta en tres ocasiones, pero en todas fue rechazada. Arbizu pronto se dio cuenta de que estaban “ruleteando” la demanda. Es decir, intentando ingresarla de juzgado en juzgado hasta que alguien la admita. Eso terminó pasando hace un año.

El 18 de febrero del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Lima admitió a trámite la querella. “No es que tú te puedas defender solito, tienes que contratar abogados. Es una situación estresante e incómoda. Hasta tres veces [se rechazó la querella] y se fueron a la Corte Suprema y, por una razón absolutamente extraña, dicen que todo vuelva a foja cero. O sea, me puede volver a querellar y seguimos cuatro años más en esto”, se queja Davelouis.

 

Luis Davelouis
La columna de marzo del 2017 por la que Luis Davelouis fue querellado.

Competencia en el ferrocarril

Tampoco los empleados públicos se han librado de las arremetidas del candidato ultraconservador. A fines del 2009, López Aliaga denunció a una decena de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran por haber modificado normativa para abrir la competencia en el ferrocarril turístico a Machu Picchu, que hasta entonces PeruRail operaba en forma exclusiva. El caso fue archivado por la fiscalía.

«RLA es el tipo de persona que usa y abusa del sistema judicial para intimidar funcionarios y personas que se oponen a sus objetivos. Sin importar si sus objetivos son o no correctos. Alguien que asume el sistema legal como un arma de coacción, puede ser muy peligroso en una posición de poder político”, escribe a este medio una de las personas demandadas por López Aliaga en aquella ocasión, quien pidió mantener su identidad en reserva precisamente por temor a represalias legales.

 

Una junta y los Panamá Papers

En abril del 2011, Lorenzo Souza Debarbieri había sido absuelto de un proceso por difamación en su contra iniciado por su socio, Rafael López Aliaga. En paralelo, la conocida guerra entre ambos empresarios tenía un capítulo oculto: el hoy candidato presidencial fue acusado de tomar el control de una empresa hotelera de manera fraudulenta.

En el 2011, Souza le dijo a la fiscalía que López Aliaga y su socio Edward Yabar Gutiérrez, ambos accionistas de la empresa Perú Hotel Monasterio, habían celebrado una Junta de Accionistas ilegal en donde se nombraron nuevos representantes en el directorio y se reasignaron funciones.

López Aliaga tenía una medida cautelar que lo nombraba administrador judicial de varias empresas, incluida Perú Monasterio, desde el 15 de octubre del 2008. Pero Souza había conseguido que dicha medida caduque el 26 de agosto del 2011. Aun así, en setiembre de ese año, un mes después, López Aliaga celebró la junta de accionistas, de acuerdo la demanda.

Ante la fiscalía, el hoy candidato señaló que la resolución que declaró la caducidad de la medida no tenía “calidad de firme” al momento de celebrarse la junta. “La defensa de este procesado ha sido en todo momento demostrar que los hechos atribuidos a su persona, entre ellos la convocatoria y celebración de la junta, los realizó dentro de los alcances de las medidas cautelares que le favorecían”, se lee en un oficio fiscal a la que accedió Sudaca.

 

expediente falsedad
La denuncia por falsedad genérica realizada por Loreno Souza de Barbieri contra sus socios Rafael López Aliaga y Edward Yabar consignada en un oficio de la 5° Fiscalía Superior Penal de Lima.

 

Desde el 2016, los abogados de López Aliaga intentaron tirarse abajo el caso. Sobre el mismo hecho, se abrieron tres carpetas fiscales. En la fiscalía que llevó la investigación, sin embargo, explican que en dos de estas el Ministerio Público se allanó a la prescripción del caso. “No es que se le haya declarado inocente, es que los delitos prescribieron y la fiscalía se allanó a eso. Es lo que sucedió con Alan García, por ejemplo”, dice una fuente de la 19° Fiscalía Penal de Lima.

Quisimos hablar con el candidato de Renovación Popular sobre las frecuentes incursiones de sus abogados en distintos juzgados, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta de su equipo de prensa. Tampoco contestaron el teléfono que consigna el candidato en su sitio oficial de Facebook. Su staff legal debe estar ocupado en el proceso por lavado de activos que se le sigue al postulante por el caso Panamá Papers. La semana pasada pidieron una “audiencia de control de plazos”, argumentando que el tiempo establecido para las investigaciones preliminares ya concluyó. Aunque buscaban que el caso se archive bajo esos supuestos, el Poder Judicial rechazó su pedido. Es la tercera vez que piden lo mismo. Queda claro que chamba no les falta.

 

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Fecha de publicación: 6 de abril del 2021

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