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A las múltiples reformas que le corresponderá emprender al gobierno entrante -a éste no se le puede pedir ya nada, por su mediocridad rampante-, entre ellas la reforma del Estado, la de la salud y educación públicas, del proceso de regionalización, de la trama de instituciones pro inversión privada, etc., se deberá sumar, en primer orden, la reorganización completa del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Ambos poderes -ya no me sorprenderían más represalias por esta columna- están imbuidos de una degradación institucional terrible y profunda, cruzados por conflictos internos irresolubles y agitados por lógicas políticas que han desnaturalizado el inmenso poder del que gozan, el que, dicho sea de paso, deberá ser acotado.

Se ha intentado ya con anterioridad hacer reformas semejantes y todas han fracasado. Desde fuera y desde dentro. Habrá que repensar con paciencia y reflexión el mejor camino, pero la urgencia de hacerlo es irreversible.

Se suponía que la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, iba a lograr ello, pero ha fracasado en el intento, sumándose a la mediocridad y politización de los dos entes a su cargo. Se deberá repensar también cómo se conforma un nuevo órgano de control.

El sistema de justicia es vital para la democracia y para el libre mercado. Es, por ello, uno de los rasgos institucionales que rebaja nuestra calificación en todas las mediciones de libertad económica y calidad de la democracia que a nivel global se llevan a cabo.

Degrada la democracia tener un Ministerio Público politizado y arbitrario, afecta la institucionalidad tener un Poder Judicial venal e ineficiente, pervierte la libertad empresarial no tener previsibilidad respecto del modo como se imparte justicia en el país.

Desde ya, las diversas agrupaciones que aspiran a ocupar el poder el 2026 deberán ser interrogadas respecto de qué piensan hacer al respecto. No podemos conformarnos con candidatos carismáticos, disruptivos o sorpresivos. Se debe exigir hondura programática, claridad ejecutiva y presencia de equipos tecnocráticos calificados. Entre ellos, un equipo de juristas de primera nota que ofrezca un cambio urgente al desmadre de corrupción y abuso que reina en las dos instituciones mencionadas, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.

Hemos venido diciendo con terca insistencia, que si la centroderecha liberal (que debe excluir a los partidos merca mafiosos del Congreso), no se une para las elecciones del 2026, le va a regalar el triunfo a la izquierda radical.

Pero hay otro riesgo que podría ocurrir si tal cosa no sucede: permitirle a Keiko Fujimori que pase una vez más a la segunda vuelta y sea por cuarta vez derrotada en esas elecciones.

Keiko Fujimori debe tener, con el upgrade del padre indultado, un 12 o 15% ya en el bolsillo. Si no se produce un aluvión por la izquierda radical -que la lleve a meter dos candidatos a la jornada definitoria-, la candidata de Fuerza Popular tiene asegurado su pase a la segunda vuelta.

Contra escenario de alto riesgo también cabe invocar sensatez en el resto de candidatos. Anderson, Añaños, Chiabra, Belaunde, Marisol Pérez Tello, etc., son lo más potable de la oferta electoral nueva que se aprecia. Están obligados éticamente a conversar y tratar de sacar adelante un proyecto común, que impida no solo la avalancha radical sino el retorno indeseado del fujimorismo a las instancias decisivas.

El keikismo se ha convertido, ya sin ambages, en un movimiento autoritario, conservador y mercantilista. Ha colapsado el centro liberal que alguna vez su padre encarnó. Las pocas luces de Keiko Fujimori hicieron que su labor congresal contra PPK frustrara su triunfo el 2021. Su bancada congresal está volviendo a hacer lo mismo, pero esta vez para el 2026.

Se necesita una opción plenamente liberal, que nos saque del atolladero económico, social y político en el que nos encontramos. Si accede al poder una opción de ese tipo, y dado su éxito, repite la jornada el 2031, en un decenio habremos dado vuelta a la página y retornado, con mejor institucionalidad, a la espiral de crecimiento de los primeros años de este milenio.

Un buen candidato, un conglomerado de partidos, y equipos tecnocráticos bien afiatados, son la fórmula a aplicar para aspirar a tener éxito y distinguirse del aventurerismo del resto. La extrema derecha y la extrema izquierda deben ser derrotadas en las elecciones que se avecinan.

–La del estribo: tres exposiciones artísticas imperdibles en estos días. Canto abierto. Homenaje a Jorge Eduardo Eielson, en el marco del centenario del poeta, escritor y artista plástico peruano. Va en el CCPUCP hasta el 12 de mayo. Ver por contacto. Fotogramas 2014-2024, de Roberto Huarcaya, en el ICPNA (acaba de inaugurar su muestra en la Bienal de Venecia). Va hasta el 23 de junio. Y la de Alejandro Alayza en Galería Fórum, que va hasta el 4 de mayo.

Me parece bien que no se le haya inhabilitado al exPremier, Aníbal Torres. La moción consideraba tan solo sus expresiones beligerantes como razón para dicha inhabilitación, lo cual hubiera constituido un despropósito democrático tremendo.

Otra cosa sería si el Poder Judicial finalmente determina que tuvo efectiva participación -como todo lo hace pensar- en el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. En tal caso, la inhabilitación caería por su propio peso, pero en tanto ello no suceda, solo estamos, claramente, ante un intento antidemocrático de excluir candidatos que se considera riesgosos (una última encuesta de Ipsos lo coloca en lugar expectante).

Lo mismo sucede con el manido afán de algunos congresistas de reformar la Constitución para impedir que Antauro Humala pueda postular el 2026. También es claramente antidemocrático. La razón -señalan- es que su mensaje no se condice con los valores democráticos y que la democracia se debe defender. Pregunto: ¿deben prohibirse entonces todos los partidos comunistas? Eso no ocurre en ningún país desarrollado del mundo, a pesar de que claramente dichos partidos trastocarían el orden político vigente.

O, para medir con la misma vara, entonces que el fujimorismo también sea excluido de cualquier contienda electoral ya que tiene probada solera antidemocrática y riesgo latente de reeditar el autoritarismo de los 90.

Lo peor de todo es que semejantes actos de exclusión no tendrían ningún efecto práctico, como el que desean sus promotores. ¿Creen realmente que si excluyesen a personajes como Aníbal Torres o Antauro Humala, la izquierda radical desaparecerá del escenario electoral venidero? Claramente eso no va a ocurrir. Surgirán otros en su reemplazo. Hay una pulsión antiestablishment radical en el país, asentada sobre todo en el sur andino, que se va a expresar por los mencionados o por cualquiera que asome el rostro el 2026, por más exclusiones que la derecha congresal perpetre.

A la izquierda radical se le debe desterrar del país. Es un peligro para la economía de mercado y la institucionalidad democrática, pero se la debe derrotar en las calles y las urnas, no mediante leguleyadas que, además, fácilmente podrían ser revertidas en instancias legales, nacionales o supranacionales.

Se asoma un horizonte electoral de alto riesgo, pero por culpa, sobre todo, de la irresponsabilidad política del centro y la derecha. Que no pretendan zafar responsabilidades excluyendo adversarios inconstitucionalmente y destruyendo los parámetros electorales democráticos.

Según la última encuesta que sobre el tema ha hecho Ipsos (abril del 2023), el 14% del electorado se identifica con la izquierda, 48% con el centro y 21% con la derecha. Más recientemente, en enero de este año, IEP hizo la misma pregunta y la ciudadanía respondió así: 29% se autodefine de izquierda, 36% de centro y un porcentaje similar (36%) de derecha.

Como es obvio, hay una clara mayoría centroderechista en el país, que se explica por varias razones sociológicas e históricas: la huella mnémica de Sendero Luminoso, la migración del campo a la ciudad, la proliferación de iglesias y sectas conservadoras, el fracaso estrepitoso de la izquierda, tanto en su versión moderada (Susana Villarán) como en su versión radical (Pedro Castillo), la gran informalidad (individuación forzada) existente, etc.

Ello ocurre a pesar de que la mayor parte de los gobiernos de transición (del centro a la derecha) le fallaron al país en cuanto a la urgencia de emprender reformas de mercado e institucionales. Y a que el gobierno actual y su pacto con el Congreso es percibida como una coalición derechista con enorme grado de impopularidad.

Intuimos, sin embargo, que esta identidad ideológica señalada es muy frágil y que los ánimos antiestablishment crecientes terminarán por desbordarla, haciendo muy probable que a pesar de estos resultados que comentamos, un candidato de izquierda radical -si no, dos- pasen a la segunda vuelta el 2026.

Dos razones hay para ello: primero, el factor anti statu quo señalado, asentado sobre todo en el sur, pero que irradia el mundo andino en general y algunos bolsones de pobreza de la costa y la selva. Y el segundo factor es la irresponsable actuación política de las fuerzas de centro y derecha que se están presentando absolutamente fragmentadas. A la fecha, entre ya inscritos y en trámite de hacerlo, hay diez candidatos que se podría identificar de centro y dieciocho de la derecha. ¡Es de locos!

Si eso no cambia de acá al 2026, estaremos lamentando que una situación sociopolítica proclive a que se repita un escenario como el del 2016, con dos candidatos finalistas de centroderecha, como Keiko Fujimori y PPK, sea desperdiciada.