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El Fenatep, sindicato sucedáneo del Movadef, asentado en el Congreso merced al Bloque Magisterial, y a quien increíblemente le han regalado la Comisión de Educación -una de las más importantes del Parlamento- ha aprobado una iniciativa legal que vuelve a la carga en el intento de intervenir la Derrama Magisterial modificando sus estatutos y disponiendo el retiro de fondos de sus afiliados.

Es un despropósito inconstitucional porque ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden entrometerse en la organización interna de una empresa privada. Es equivalente a que mañana se pretenda reformar los estatutos del Banco de Crédito o de Alicorp. Es gravísimo que siquiera haya habido congresistas incautos que le hayan dado al Bloque de marras la mayoría necesaria para aprobar este dislate y se espera, en consecuencia, que cuando se vea en el Pleno, sea desaprobado por la mayoría del Congreso, como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades (no es la primera vez que el sector ultraradical del magisterio pretende demoler o controlar a la Derrama Magisterial).

Resulta profundamente demagógico, además,comparar a la Derrama con una AFP e indicar, por ello, que así como lo han hecho con las AFP pueden hacer que los maestros retiren sus fondos. En primer lugar, no hablamos de pensiones sino de un fondo de jubilación que es entregado a los pocos días del retiro laboral del maestro. En segundo lugar, es un aporte voluntario, no obligatorio, y constituye, por ende, un acuerdo entre las partes, que le permite a la Derrama invertir esos fondos, rentabilizarlos y aportar un monto significativo a los maestros cuando se jubilan.

Desde que el Sutep asumió el control de la Derrama, hace cuarenta años, la ha logrado reflotar. Era una entidad quebrada. Hoy funciona a la perfección. Ha entregado más de mil millones de soles a los maestros y su manejo es estrictamente supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros y el propio Ministerio de Educación, que nombra un miembro en el directorio.

No se puede permitir un zarpazo ilegal como el mencionado. Las fuerzas filosenderistas del magisterio deben ser expectoradas del quehacer educativo y no se puede aceptar, por ello, que sus ansias destructivas de todo lo que signifique bienestar para el maestro -al que quieren empobrecido e irritado, como carne de cañón para sus propósitos levantiscos- tenga éxito en el Congreso. Hay que estar advertidos.

Un día como hoy, hace 32 años, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado, destruyó la democracia y estrenó uno de los periodos más oscuros de nuestra historia republicana en materia de institucionalidad democrática.

Cuando, a la luz del presente, se lee la historia del momento, sin las angustias de entonces (por la crisis económica y el avance senderista) se entiende que fue una medida innecesaria, premeditada con alevosía, y que solo dañó profundamente el desarrollo democrático del país. Fujimori pudo haber labrado sin problemas una mayoría congresal que le hubiera permitido hacer las reformas económicas que impulsó y queda más que claro que la derrota de Sendero Luminoso no se explica en absoluto por el 5 de abril del 92.

La fecha recobra especial actualidad porque, al parecer, no hablamos solo del pasado del hoy indultado exmandatario. Sectores crecientes dentro del fujimorismo, nos informan fuentes directas, están pergeñando la posibilidad de lanzar a Alberto Fujimori a la presidencia el 2026, a pesar de que entonces el exgobernante tenga la friolera de 87 años.

Hay antecedentes diversos de mandatarios longevos. Hoy mismo vemos una contienda presidencial en los Estados Unidos entre dos octogenarios. Y, al parecer, la salud de Fujimori no está tan quebrantada como se vendió para lograr su indulto. La pregunta que cabe hacerse, sin embargo, es si tiene posibilidades semejante consideración.

De hecho, Alberto Fujimori es mejor candidato que su hija Keiko y el antikeikismo es hoy superior al antialbertismo (a pesar de todo lo sucedido en los 90, que para la mayoría del electorado no figura en el recuerdo activo). Tiene obstáculos legales que resolver primero (como el juicio por el caso Pativilca), pero de lograr salvarlos, hay que señalar que sería un candidato de fuste, capaz, además, de aglutinar fuerzas dispares en el sector de la centroderecha, hoy fragmentada en más de veinte pedazos.

Es un albur y quizás sea la desesperación del fujimorismo frente a una eventual cuarta derrota de Keiko -lo más probable- la que los esté llevando a lo que parece ser una solución desesperada que puede terminar siendo contraproducente.

Quizás el mejor aporte que el expresidente puede hacerle al país y reivindicar políticamente su nombre es contribuir a que se organicen dos o tres coaliciones de centroderecha que sean capaces de pasar a la segunda vuelta y evitar el amenazante escenario de tener a Antauro Humala disputando la jornada definitoria o, lo que sería aún más trágico, de persistir la fragmentación centroderechista, de llegar a una segunda vuelta con dos candidatos izquierdistas radicales.

Ahora que se celebra el 30 aniversario de la Constitución de 1993, hay que ponderar lo que realmente significó ello. Fue un parteaguas social, político y económico respecto de la ruta del desastre a la que el Perú se encaminaba a fines de los 80. Éramos una sociedad inviable, una nación fallida, una democracia insostenible, azotada por la violencia terrorista y la hiperinflación recesiva de nuestra economía. Millones de peruanos se iban del país huyendo de la crisis y de la violencia.

Eso, que ya hacía barajar, inclusive, a Washington y países vecinos la eventualidad de una intervención internacional en caso accediera al poder Abimael Guzmán, cambió. El Perú recompuso su economía, se pacificó el país y nos encaminamos hacia una senda de desarrollo que ha durado casi las tres décadas que se conmemoran.

La crisis de hoy es menor respecto de la que vivíamos entonces. Tal vez solo equipare su gravedad la terrible situación de inseguridad ciudadana que nos azota. La sensación de zozobra, sin embargo, ha hecho que también abandonen la patria millones de peruanos.

Pero, como ocurrió hace tres décadas, es factible afrontar esta crisis y salir adelante. El Perú es un país resiliente y que apenas se normalice la gobernanza, sabrá recuperar dinamismo y retomar la senda progresista en la que nos hallábamos.

De este gobierno, lamentablemente, no se puede esperar gran cosa, y, en esa medida, habrá que cifrar las esperanzas en que el 2026 asuma el poder una opción que sepa enfrentar los desafíos más acuciantes: inseguridad ciudadana, corrupción y crisis económica.

La única salida pasa por instaurar un capitalismo democrático, bajo el manto de un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Se perfilan ya algunas candidaturas con ese perfil, pero adolecen de química política y, por ello, se torna imperativo abogar por la unidad de fuerzas similares que en conjunto aporten ese brío, y ojalá se encuentre un candidato que convoque los entusiasmos populares necesarios no solo para ganar la elección, sino para asegurar una coalición parlamentaria que permita la gobernanza con la normalidad perdida desde el 2016.

La desesperanza no es buena consejera. De peores hemos salido y sólo hace falta un buen gobierno, con las cosas claras y los equipos tecnocráticos y políticos adecuados. Hay masa crítica para que surjan esos liderazgos. Y hay tiempo para madurar las opciones. De acá al 2026 hay que apostar, desde la sociedad civil, para que cuaje una alternativa de ese talante.