Por último, el informe periodístico no adolece de rigor periodístico, como ha señalado el alcalde Molina, ya que se realizó utilizando como fuentes documentos oficiales del Tribunal de Contrataciones del Estado, Sunarp y la propia municipalidad de Miraflores. Además, Sudaca recurrió a dos especialistas y estos coincidieron en que hubo irregularidades.
Por los motivos expresados, consideramos que no corresponde realizar una rectificación por el informe que este medio presentó.
La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ha revisado los documentos presentados por Cibernos Consulting S.A. Ella indica que la vigencia de poder presentada no subsana la ausencia de poderes del representante, precisamente por no contar con la aprobación del gerente general. “A la fecha de presentación de propuestas, la inscripción de esa escritura pública no estaba”, señala.
En registros públicos, el otorgamiento de poderes a favor de Canseco fue emitido recién el 1 de marzo del 2022, según la documentación revisada por Sudaca. La fecha para la que tendría que haber estado disponible, como ya dijimos, era el 24 de febrero del 2022.
Carlos Peña, presidente del comité de selección, niega haber actuado de manera irregular. “La resolución del Tribunal dice que la empresa pudo haber presentado, como parte de su oferta, el certificado de vigencia de poder que fue entregado para la licitación pública declarada desierta. La misma resolución establece la forma de subsanación que el comité ha cumplido”, indica el funcionario de la municipalidad de Miraflores. Y luego arremete contra el consorcio perdedor: “Entendemos que alguien [se refiere al Consorcio NEC] que ha perdido una licitación tan importante como esta pueda no estar de acuerdo con lo que establece el tribunal. Pero lo que hay que cumplir es la institucionalidad”.
A pesar de todos los cuestionamientos, el 22 de abril, el comité de selección le volvió a otorgar la buena pro al Consorcio CKCity, alegando que este ya había cumplido con la entrega del certificado de vigencia de poder. El consorcio perdedor no apeló de nuevo, pero eso, a juicio de Mónica Yaya, no exime de responsabilidades –incluso penales– a los funcionarios y a la empresa.
Para el abogado Castillo Luna, estamos ante un caso de perjuicio al Estado porque se estaría “valorando inadecuadamente la propuesta de un postor, que estaría inhabilitado por falta de documentos”.
La firma de contrato, finalmente, se llevó a cabo el 17 de mayo. El evento fue promocionado en las redes sociales de la municipalidad, con Luis Molina como protagonista principal, ya embarcado en su campaña para ser el próximo alcalde de Lima.
