Por Paolo Benza y Alessandro Azurín

El éxito o el fracaso de algo depende, a veces, del cristal con el que se le mira. Esta frase –popularizada en España como la ‘Ley Campoamor’– es particularmente cierta para la evaluación del programa de créditos baratos con garantía del Tesoro público “Reactiva Perú”, lanzado en abril para ayudar a las empresas peruanas a paliar la crisis generada por el Covid-19. Ya se acaba noviembre y toca elegir con qué cristal mirarlo.

Este artículo no pretende ser un acumulado de cifras, sino de historias. Pero para poder entenderlas, es necesario meterse antes un poquito a los números. Vamos, entonces. Según las estadísticas de cierre publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Reactiva Perú benefició a poco más de medio millón de empresas. De estas, 492.768, o el 98%, fueron micro o pequeñas (mypes). El resto, 8.530 empresas, fueron medianas y grandes.

Las cifras oficiales, entonces, quedan así: 98% de beneficiarios son chicos y solo el 2% grandes. El expresidente Martín Vizcarra y la exministra María Antonieta Alva habían promocionado el programa como un apoyo, principalmente, a las mypes. Viendo los números, la conclusión parece clara: éxito. ¿O no? Ese es el cristal con el que el MEF, el BCR y el gremio bancario evalúan Reactiva Perú. En descargos enviados por escrito a Sudaca, la Asociación de Bancos (Asbanc) lo califica como una respuesta “rápida y efectiva” a la crisis.

Por supuesto, el cristal de los bancos –y sus consecuentes comunicados de prensa– no alcanza para ver el panorama completo. Veamos: las 8.530 empresas medianas y grandes que obtuvieron fondos baratos de Reactiva son el 60% del total de compañías de ese tamaño en el país. En cambio, las 492.768 micro y pequeñas beneficiadas representan apenas el 20,8% de mypes a nivel nacional.

En el Perú hay más de 2,3 millones de mypes y apenas 14 mil empresas medianas y grandes, según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI. Era evidente que esa proporción se iba a ver reflejada en Reactiva Perú. Sin embargo, las cifras son claras: las grandes obtuvieron –respecto al total– una cobertura tres veces mayor que las chicas. 

¿Qué lo hace peor? Que los fondos sobraron. Las entidades financieras no querían tomarlos. Pese a tener a las mypes solicitando los préstamos, no sacaron el dinero a bajas tasas ofrecido por el BCR. Según esta entidad, solo se colocó el 84% de los fondos ofrecidos en la segunda etapa del programa. En la mayoría de subastas se colocó un monto mucho menor al convocado, y una quedó desierta. Quedaron sin tocar más de S/4 mil millones, con mypes esperando.

Y la proporción de abandono es aún más grave si se incluye a las empresas informales. Según un informe de Hugo Ñopo y Miguel Jaramillo para el PNUD, en el Perú hay casi 9 millones de unidades productivas entre formales e informales. De esa cifra, Reactiva Perú alcanzó apenas al 5,6%.

Ahora, veamos brevemente los montos. El 53,9% de los más de S/57 mil millones colocados en las dos etapas del programa llegó a medianas y grandes compañías (de ventas mucho mayores que las de los pequeños emprendimientos). Con esos fondos, se podría haber más que duplicado la cobertura a las mypes bajo un criterio de urgencia. ¿A quiénes toca privilegiar cuando llega una crisis?

Sudaca es un medio con una línea editorial pro-empresa. Principalmente pro-micro-y-pequeña-empresa, cuyos dueños se han tenido que bancar el nuevo coronavirus sin ayuda del Estado, ni de la banca. Estas son sus historias.

Magics

A Diego Sotomayor, la cuarentena lo agarró –como a todos– desprevenido. A mediados de marzo tuvo que cerrar por completo el local de su pequeño negocio de juegos de mesa, Ponte Mosca, en Lince. Le esperaban más de cuatro meses de clausura. Ya con tres a cuestas, el 22 de junio, pidió por primera vez un préstamo de Reactiva al BCP. Su sectorista lo felicitó por estar temprano para la segunda etapa del programa. “Me dijo ‘te sale sí o sí’”. Hasta hoy sigue esperando.

Para Diego, cerrar el local fue un golpe directo a su facturación. “Yo vendo ‘magics’ [un popular juego de cartas]. Hacíamos torneos en la tienda dos o tres veces por semana, y se cobraba por jugar. Ese ingreso, que era el 30% de mis ventas, está en cero”, dice. Además, su local tenía una ‘ludoteca’: un espacio crucial en la experiencia de compra donde los clientes podían probar los juegos antes de comprarlos. No ha podido abrirla todavía.

“Cada semana le escribía a la sectorista pidiéndole una novedad”, dice. El 1 de agosto reabrió la mitad de su tienda. Decidió mudarse allí, separar los espacios, e instalar su cama donde antes jugaban sus clientes. Todo con tal de sacar a flote el negocio. “No sabíamos cómo íbamos a vender. Me mudo acá para meterle punche”, cuenta. Pero el BCP le dio la espalda. “El 28 de septiembre [la sectorista] me dijo definitivamente que no. ‘Ya se repartió todo el dinero y tú no agarraste’”. Asegura que sus ventas hoy recién alcanzan el punto de equilibrio.

En marzo, cuando Diego cerraba sus puertas, el Congreso de Estados Unidos creó –mediante una ley– el ‘Programa de protección de pagos’ (PPP, por sus siglas en inglés). Un paquete de préstamos cuya esencia fue parecida a la de Reactiva Perú, pero que se implementó de forma muy diferente. Para empezar, el PPP fue exclusivamente destinado a las pequeñas empresas: ninguna con más de 500 trabajadores (en el Perú serían 100) podía acceder. Los créditos, además, fueron garantizados al 100% y eran absolutamente condonables si las compañías retenían a su fuerza laboral. 

¿El resultado? El PPP colocó más de $521 mil millones a 4,8 millones de pequeñas empresas. Y la mayor parte del monto llegó a las franjas de menor tamaño. Con eso, el gobierno de Estados Unidos cubrió al 84% de la planilla de las ‘mypes’ del país, según cifras oficiales de la Small Business Administration (SBA). Más allá de la evaluación de fondo del PPP, esta es una cobertura infinitamente mayor que la de Reactiva Perú.

Ni una, ni otra

La primera versión de Reactiva Perú, diseñada por el BCR, se parecía al PPP de Estados Unidos. Los préstamos tenían una garantía de 100% por parte del Tesoro público peruano y, en la práctica, esto significaba que el dinero debía fluir rápidamente a las empresas. Los bancos no tenían por qué filtrar a quienes solicitarán el préstamo, porque no estaban arriesgando ni un sol de su propio capital. ¿Cómo se redujo esa garantía a un rango de entre 90% y 98%?

En abril, la exministra Alva dijo que dos bancos le habían advertido que no apoyarían el programa si la garantía era de 100%. ¿Por qué? Alegaron “problemas de riesgo moral”. Tres fuentes con conocimiento cercano contaron a Sudaca que el BCP fue el banco más insistente en que la garantía del Estado no fuera total. ¿Qué es el “riesgo moral” (en inglés, ‘moral hazard’)? En sencillo, y aplicado a este caso: no mandar el mensaje a las empresas de que, como todo el crédito estaba garantizado, podían no pagarlo. ¿Por qué? Porque así nadie pagaría y el Tesoro tendría que cubrir enormes montos de garantía.

Distintos especialistas previeron que esa pequeña variación en la garantía –de 100% a 98%– haría que los bancos filtren y destinen el dinero, en su mayoría, a los clientes con los que ya trabajaban, excluyendo a las mypes más vulnerables. Lo advirtieron –por ejemplo– el exministro de Economía Alonso Segura, el profesor de la Universidad del Pacífico Guillermo Flores, y la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña. El BCP aceptó a Sudaca que menos de un tercio de sus créditos Reactiva fueron colocados a empresas a las que no les habían prestado antes. Todo por un riesgo de 2%.

Así funcionan los filtros de la banca. Al tener que evaluar a quienes solicitaban el préstamo, las entidades financieras habrían aplicado –en su mayoría– los mismos criterios de un crédito normal: nivel de ventas, solvencia de los accionistas, historial crediticio con el banco, etc. En el reglamento operativo de Reactiva, sin embargo, no se estipulan ninguno de estos criterios. Las empresas sólo debían cumplir con dos requisitos: no tener más de S/4.300 en cobranza coactiva con Sunat, ni más del 90% de su deuda con bancos calificada peor que en “problemas potenciales” (CPP), a febrero del 2020.

Salvo indicación explícita, Sudaca ha verificado que todas las empresas nombradas en este artículo cumplen con ambas condiciones. Fritz Alexander Coyure, por ejemplo, quiso pedir un crédito garantizado para sus tres pequeños emprendimientos. No lo obtuvo con ninguno. Dos estaban absolutamente limpios. El tercero, sí, tenía una deuda vencida de apenas S/214. Interbank, Caja Piura y el BCP no atendieron sus solicitudes.

“¿Tan miserables fueron que, con asumir el gran riesgo del 2%, no me dieron el crédito? Nunca me dijeron nada por escrito, solo fue una llamada para decirme que no”, afirma. En el BCP –cuenta– sus pedidos fueron, como una pelota de ping-pong, de funcionario a funcionario. “Cada 15 días me cambiaban de asesor. Por teléfono me decían que lamentaban lo que pasaba”. El microempresario decidió quejarse por Twitter. Entonces, una empleada del banco le confirmó que no obtendría el crédito.

Sus pequeñas empresas pertenecen a rubros diferentes: hotelería, farmacia y eventos. Las dos primeras se vienen recuperando con mucho esfuerzo. La última está parada y a puertas de un cierre definitivo. A Fritz le carcome la cabeza saber cómo pagará las deudas que se le han generado durante la pandemia.

La deuda de otro

Escribir este artículo ha sido difícil. Sudaca se contactó con decenas de microempresarios, pero solo un puñado aceptó que sus nombres sean expuestos. Todos los demás dijeron tener miedo de que los bancos, en represalia, les cierren las puertas más adelante. Los casos aquí relatados, sin embargo, son suficientes para ilustrar el calvario de quienes fueron abandonados por las mismas entidades que, cuando la cosa va bien, los bombardean con ofertas de créditos a tasas de doble dígito. Y que lo siguen haciendo, incluso, tras haberles negado Reactiva.

Gustavo Reyna pidió el préstamo apenas una semana después de que se lanzó el programa. Su pequeño negocio, dedicado a la venta de drywall a grandes constructoras, tambaleaba ante la cuarentena. El problema es que la compañía tenía una deuda de factoring derivada de facturas atrasadas de una gran constructora. Su pedido fue rechazado.

El factoring, en simple, consiste en lo siguiente: Reyna es proveedor de una gran constructora que demora en pagarle. Para obtener liquidez, lleva sus facturas a un banco y este le desembolsa el dinero (cobrándole un porcentaje, por supuesto). Luego, la gran constructora cancela la deuda con la entidad financiera. “Todas mis responsabilidades estaban al día y por esa deuda aparecí mal calificado. Eso es injusto, ¿no crees?”, pregunta Reyna.

Sudaca confirmó que la gran constructora, que no le había pagado la factura, sí obtuvo S/10 millones en la primera repartición de Reactiva Perú. “Los bancos priorizaron a sus clientes seguros. Me parece injusto y desproporcionado”, se queja. Él, incluso, quiso pagar una parte de la deuda de factoring y financiar el resto, pero le dieron un portazo en la cara. El sector construcción viene recuperándose. “Gracias a dios recién ha salido una obra para nosotros”, cuenta. Su empresa, sin el apoyo de nadie, se reactiva lentamente.

¿Venderlo todo?

“Cuando escuché hablar a la ministra [Alva], dije ‘es algo hecho exactamente para una empresa como la mía, que cumple con todas sus obligaciones y, aún siendo pequeña, le da trabajo a la gente’. Luego, al no poder obtener el préstamo, no podía creer cómo a los bancos no les interesaba salvarnos”, dice el licenciado Gianmarco Sánchez, dueño de un pequeño centro de terapia física en San Borja, famoso por la calidad de su atención. “En un momento pensamos con mi socio empezar a vender nuestros bienes para salir a flote”, dice.  

Gianmarco sí obtuvo un préstamo de Reactiva Perú, pero después de un largo calvario y de tener que dejar ir a casi la mitad de su fuerza laboral. Lo pidió en mayo al BCP, y también fue víctima del vil ‘peloteo’. “Sin exagerar, habré llamado 60 veces en una semana. Eran momentos en que no podíamos operar, pero seguíamos pagando alquiler, planilla. Veía con mi socio que nos íbamos a quedar sin caja. Llamaba en la mañana, al mediodía, en la tarde. Nada”, cuenta.

Sin éxito, acudió luego al BBVA Continental. Empezó a operar en junio, luego de implementar costosos protocolos sanitarios. Tampoco pudo obtener el crédito con el segundo banco. “Señor, no se le va a otorgar el préstamo, pero por qué no solicita uno regular al banco”, le dijeron. Al reabrir tenía solo seis pacientes al día, de los 60 que marcaba antes de la pandemia. Tocó la puerta del Scotiabank.

Vale repetir lo siguiente: Sudaca ha podido cotejar el historial crediticio de Gianmarco. Está absolutamente limpio. Cualquier prestamista vería ese reporte y se sentiría seguro. ¿Su pecado? No haber pedido créditos antes. “Siempre en mi vida he pensado que para comprar algo tienes que tener el dinero. Trabajas, ahorras y entonces compras”, dice. Una filosofía de muchos pequeños empresarios peruanos. En Scotiabank, inicialmente, tampoco le pararon balón.

Por designio divino, uno de sus pacientes era ejecutivo de este banco. Conversando en una sesión de terapia, se comprometió con Gianmarco a revisar su caso. Entonces, un sectorista le contestó el teléfono. Le dijo que no obtendría el préstamos por no tener historial crediticio. Gianmarco llamó a agradecerle el trámite a su paciente. “No puede ser, tú cumples con los requisitos”, le dijo el ejecutivo. Él logró tramitarle el equivalente a un mes de sus ventas, cuando para entonces la segunda etapa de Reactiva colocaba tres meses. Algo fue algo.

“Cuando llegó el dinero yo ya le debía a mi casera, a mi contador, a la Sunat. Tuve que pagar también CTS, sueldos, se fue todo como llegó”, dice. Sin esa mano amiga, hubiera tenido que vender sus bienes. “Tengo pacientes empresarios que sí han accedido fácilmente. Son pacientes que siempre han trabajado con el banco, sacado préstamos, son clientes antiguos”, asegura.

El economista Pablo Secada concluye algo muy simple. Darles a los bancos la posibilidad de filtrar a las empresas ha sido un perjuicio mayor. Se trataba de un crédito de salvataje y, como tal, debía fluir rápidamente y sin cortapisas a las empresas. El daño de abandonar a millones de mypes a su suerte es mucho más grande que el de la deuda que le hubiera generado al Tesoro un impago masivo, explica. Es la lógica que aplicó Estados Unidos con el PPP.

Solos

“[En la municipalidad] nos han dicho que cambiemos de rubro, porque no va a llegar ayuda para nosotros. Esto ha sido un engaño, una tomadura de pelo”, dice Alexander Becerra, presidente de la asociación de Artesanos Unidos de Cajamarca. Su gremio lo conforman más de 100 productores de artesanía de su región, ninguno de los cuales pudo acceder a Reactiva Perú. Esto, pese a que sí se registran varios beneficiarios del programa con RUC unipersonal.

Alexander elabora productos utilitarios, “mayormente en lana de carnero: bolsos, mochilas, maletines, individuales”. Es formal. Pero eso poco importa cuando uno es excluido. Él acudió a la Caja Cusco, la Caja Sullana y al BCP. “La analista vino a mi tienda, tomó fotos, me dijo que en cuatro días me desembolsaban, pero no me volvió a llamar”, detalla.

“Nos sentimos engañados, defraudados por el Estado. Tuve que financiarme con un préstamo familiar y dejar un predio en garantía. Ya no podía pagar los gastos del negocio”, se queja. Tampoco le llegaron el FAE Mype ni el FAE Turismo. Desde Cajamarca, Alexander envía a Sudaca las solicitudes que cursó y este medio revisa su historial en Infocorp. Es un buen pagador. Todas sus deudas tienen el estado de “Normal”.

En descargo oficial a Sudaca, Asbanc aseguró que los bancos participaron de Reactiva “con el firme propósito de apoyar al país en un momento complicado”. El BCP, por su parte, señala que las cifras mencionadas al inicio de este artículo no convierten al programa “en malo, nocivo o sesgado hacia los grandes”. El banco de los Romero asegura haber canalizado el 35% de los fondos de todo el programa Reactiva.

Una fuente de Asbanc, en tanto, se defiende alegando que los bancos fueron tan exhaustivos con sus filtros porque, si el Estado descubría que habían evaluado mal a la empresa, les retiraba la garantía. En el reglamento operativo de Reactiva sí se estipula que Cofide –banco público de segundo piso– puede anular la garantía, pero no bajo ese supuesto. Es un candado que se activa si el banco no ha cumplido con, por ejemplo, verificar que la empresa no está investigada por corrupción.

Para cerrar, Sudaca le pide a Becerra un mensaje a todos los empresarios y artesanos que, como él, fueron abandonados. “Somos luchadores, podemos salir de esta trabajando. No bajemos la guardia, vamos a organizarnos. Todos, en conjunto, vamos a salir adelante”, ensaya. Ojalá ese ‘todos’ incluyera también a los bancos.

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