“El fútbol a sol y sombra” es un libro hermoso en el que Eduardo Galeano reseña –entre otras cosas– la historia de los Mundiales. Cada capítulo inicia con un contexto distinto. “Un atentado terrorista había derrumbado las Torres Gemelas”, dice para Corea-Japón 2002. “El mundo se quedaba callado de Frank Sinatra”, lamenta para Francia 98. Pero hay una frase que se repite, capítulo a capítulo, con obstinado sarcasmo, de los sesenta en adelante: “Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro”. Una caída que siempre iba a producirse “en cuestión de horas”.

Galeano usa esa muletilla para burlarse de un tipo de anhelo muy particular: algo que se vocea y vocea con persistencia, porque a algunos grupos políticos les sigue interesando que ocurra, pero que la mayoría de personas ya tiene claro que no va a ocurrir. Al menos, no según el sentido común. La trampa está en que hablar sobre un tema, así sea cada vez más improbable, lo mantiene vigente. En los últimos cinco años, un posible premierato de Ántero Flores-Aráoz se había convertido en eso: la caída del régimen de Fidel Castro. 

Con cada renovación de Gabinete (que no han sido pocas en este gobierno), de algún lado llegaba el rumor de que uno de los voceados para ser primer ministro era el Dr. Flores-Aráoz. Alguien –quién sabe si él mismo– se encargaba de filtrar la información con la esperanza de que llegara a los círculos de prensa. Pero la prensa seria, y con el tiempo la otra también, terminó por entender que el rumor no tenía sustento. ¿Por qué alguien le daría el premierato a Flores-Aráoz en el 2020? El tema comenzó a verse como un chiste. “¿Y ahora quién va a la PCM? Ántero, seguro”.

Desterrado del PPC hace más de una década, Flores-Aráoz se había convertido en un político huérfano e incapaz de recuperar el capital electoral que en un momento –es cierto– sí tuvo. En las últimas elecciones, las del 2016, en las que postuló con el Partido Político Orden, quedó último con el 0,4% de los votos. Ni siquiera grabando el infame video del ‘Gato Fiero’ pudo conectar con una ciudadanía que ya parecía haberlo jubilado, sin que él se diera cuenta. En las redacciones de los principales diarios del país, incluso, ya existía un veto tácito a consultarle como analista. No por alguna tendencia ideológica particular, sino por esta honesta pregunta: ¿hoy a cuántas personas representa su opinión?

“[Winston] Churchill, en el Reino Unido, tuvo que ponerse adelante en momentos muy difíciles. Nadie mejor que él [Flores-Aráoz] para asumir un reto de esta naturaleza”, dice Luis Alfonso Morey, asociado en licencia de su firma de abogados y quien, como candidato a la alcaldía de San Isidro, propuso construir un muro alrededor de su distrito. Luego aclaró que se trataba de un “muro de valores”. En la carrera municipal del 2018, Morey obtuvo un porcentaje ligeramente superior al de Ántero en la presidencial: 1,9%.

Pero la soledad política de Flores-Aráoz no solo se ha reflejado en su juramentación unipersonal –algo que también le ocurrió al expremier Vicente Zeballos tras el cierre del Congreso–, sino en la creciente protesta callejera contra el gobierno que ahora representa. “No he visto violencia”, dijo en la mañana de ayer, ya ungido como premier. “Que [los manifestantes] se tranquilicen, pues”, pidió luego, ya sin poder cerrarle los ojos a la realidad. Horas después, la exministra de Salud Pilar Mazzetti le dio un portazo en la cara descartando –en medio de la pandemia– formar parte de su futuro Gabinete. Ántero la había estado llamando sin que ella le levantara el teléfono.

“Ha juramentado solo y con protestas cada vez más fuertes en la calle. Eso es digno de García Márquez. Ya ni siquiera es El otoño del patriarca, sino ‘El crudo invierno del patriarca’”, dice el psicoanalista Jorge Bruce. “Ántero no es un caso delirante y aislado. Sí representa todavía a una parte del pensamiento de la élite. Pero creo, y sin estar siendo demasiado optimista, que representa solo a la parte más atrasada”, asegura.

Flores-Aráoz ha tomado el premierato como representante de un sector de políticos que el electorado ha castigado en las últimas elecciones. Es sintomático, por ejemplo, que una de sus primeras entrevistas como primer ministro haya sido en UCI Noticias, entrevistado por Jorge Del Castillo, histórico dirigente aprista, pero cuyo partido obtuvo apenas 2,7% de los votos en las últimas elecciones congresales.

¿Por qué de ser presidente del Congreso, elegido congresista durante once años consecutivos, en ocasiones con más de 150.000 votos, Ántero Flores-Aráoz ha pasado a ser un político cuya toma de mando en PCM se considera una resurrección? La principal razón es, explica Bruce, lo que da origen al título de este perfil: su inocultable racismo. 

Un lapsus que pinta un océano

Ántero es un político racista en una sociedad en la que el racismo todavía está profundamente arraigado. Con el auge global de la ‘incorrección política’, uno podría pensar que eso lo mantendría vigente. Sin embargo, su caso es distinto: el electorado peruano –aunque se trate de una sociedad que se sigue manejando en esos códigos– no premia la discriminación desde posiciones de privilegio. Por el contrario, la sanciona drásticamente. Si un candidato tiene aires de virrey y rechaza un chicharrón, no puede pretender tener éxito.

Durante décadas, Flores-Aráoz disimuló ese racismo con una imagen ‘criolla’ y ‘desvergonzada’, pero en los últimos años se le ha desbordado. “No entiendo cómo gente inteligente puede haber presentado esto […]. Si esto lo hubiera presentado Juan Pérez Mamani, de repente”, dijo en Ampliación de Noticias, en el 2018, al criticar la Ley Mulder sobre publicidad estatal. “Decir ‘los pueblos olvidados del Perú’, ¡no me jodan!”, dijo, cuando pensaba que la cámara no lo estaba grabando, al documental La Espera, que trata sobre el Baguazo. Su argumento: que es imposible llevar servicios básicos a todos los rincones del país, porque el dinero no alcanza.

Imagen: Andina

Pero hay un episodio que describe con mucha más claridad el racismo de Ántero. Ocurrió en junio del 2006. El periodista Ramiro Escobar trabajaba en un programa de Canal N llamado ‘Sin Rodeos’, auspiciado por el Instituto de Defensa Legal (IDL). Por entonces se discutía la ratificación parlamentaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y el Perú. Desde la izquierda, una idea -cuya factibilidad era, es cierto, cuestionable- había surgido en el debate: convocar un referéndum para decidir si se debía ratificar el convenio bilateral.

Escobar -quien reconstruyó el episodio en diálogo con Sudaca– llegó al Congreso para entrevistar al entonces presidente de la Comisión de Constitución, Ántero Flores-Aráoz. Ya en su oficina, mientras el camarógrafo preparaba la toma y en las conversaciones previas a la entrevista, ocurrió el siguiente diálogo informal. El hoy premier hablaba bajo la seguridad de que, al no haber iniciado la entrevista, sus palabras no serían reproducidas. Esta es una transcripción literal que Escobar hizo pocos días después del incidente y que reafirmó para Sudaca:

—¿Y usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum?

—Noo, ¿para qué? ¿Le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?

—¿Cómo dijo, congresista? ¿A quién se refiere con “llamar y vicuñas”?

—¿A quién? A la gente, pues

—Oiga, eso es insultante. Me está ofendiendo a mí y a numerosos compatriotas. Eso es ofensivo.

—Es mi opinión, pues, y por último no la estoy diciendo públicamente.

Escobar cortó la entrevista rápidamente y, por supuesto, no utilizó las declaraciones de Flores-Aráoz para su reportaje. Sin embargo, sí tomó una decisión periodística: revelar lo que el entonces congresista había dicho con el micro apagado. “[Flores-Aráoz] me miró como diciéndome tú me entiendes”, recuerda. Junto al conductor del programa, Hans Landolt, relataron el episodio y le hicieron un llamado público a la rectificación. Escobar, luego, también escribió una columna al respecto en Perú21.

El incidente tuvo repercusiones menores. Hace 15 años, la condena pública a los actos de racismo no era tan robusta. Pero Escobar sí recuerda una anécdota: frente a la firma de abogados de Flores-Aráoz, en Corpac, San Isidro, se convocó una manifestación de la que participó una llama. “La habrán conseguido de la [universidad] Agraria. El caso es que le pusieron un cartelito que decía ‘yo también quiero opinar sobre el TLC’ o algo similar”, cuenta.

Como toda persona racista, Ántero ha negado varias veces serlo. También lo han hecho sus allegados, como Morey. “No tiene el más mínimo grado de consciencia de que encarna el racismo más rancio de la sociedad peruana, porque lo reitera una y otra vez. Lo vuelve a hacer con lo del Baguazo, por ejemplo. Ahora, que él se niegue a entender la realidad de su desprecio o el daño que hacer es problema suyo. Lo asombroso es que lo nombren primer ministro”, dice Bruce, quien analiza el episodio de las llamas y las vicuñas en su libro “Nos habíamos choleado tanto”.

En una entrevista con Fernando Vivas, para El Comercio, Ántero ha intentado maquillar lo inmaquillable, diciendo que sus palabras fueron mal interpretadas. Asegura que se refería a las llamas tanto como a las piedras. “Mis padres eran quechuablantes y de la sierra. Así que eso, a mí, particularmente, me agredió. Me acordé de mi vieja, de mis abuelos. ¿Cómo me va a decir una cosa así?”, dice Escobar.

No hace falta explicar la grieta que un discurso como ese abre en la psicología colectiva de los peruanos. Sin embargo, para que quede claro que este perfil no es un recuento ‘moralista’ de hechos, sino uno pragmático, vale explicarlo. “Desalienta cualquier espíritu de cambio y genera un sentimiento de desasosiego profundo en los ciudadanos. Estos se retraen de la vida pública porque dicen ‘si nuestros dirigentes dicen eso, ya qué nos espera’”, dice el psicoanalista Bruce. Reciclar políticos abiertamente racistas aleja a los peruanos aún más de la política. Y esa desconexión ha explicado mucho de lo que hemos visto en los últimos cuatro años.

“Pero me preocupa aún más que muchas personas terminen por autodiscriminarse. Es una figura como la del niño que sufre porque su padre es violento, pero trata de entender por qué lo hace. Luego, termina creyendo que hay algo de cierto. Eso genera atraso cultural, social y un daño psicológico profundo. Ah, y también atraso económico, por supuesto”, agrega Bruce. Un país con ciudadanos que no se reconocen como iguales a sus dirigentes está condenado al fracaso. 

“Mi propósito no es atacarlo, sino hacer notar algo que ocurrió y que se debe tomar en cuenta cuando alguien toma el poder. No puedes decir eso y tratar de gobernar un país, resolver cosas importantes para la sociedad”, dice Escobar.

Defensor de universidades denegadas

El fracaso político del 2016 obligó a Ántero a recluirse en su trabajo como jefe de una firma de abogados que lleva su apellido. En la arena pública, se mantuvo como columnista del diario Exitosa. Hasta que resucitó como premier. Dado el nuevo poder que ahora tiene sobre el devenir institucional del país, es necesario cerrar este perfil con unos renglones sobre un tema clave: su posición sobre la reforma universitaria. Una que ha esgrimido en por lo menos media docena de columnas y otros tantos pronunciamientos públicos.

Para Flores-Aráoz, la reforma universitaria ha ‘discriminado’ a las universidades privadas denegadas, muchas de las cuales no cumplieron con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad que evalúa la Sunedu. “Ha habido un doble rasero. Por un lado, a las universidades públicas no licenciadas se les dio otra oportunidad, que se la han negado a las privadas. Vamos a tener un cuarto de millón de estudiantes en la calle”, le dijo a TV Perú en el 2019.

Este argumento se desprende del Decreto Supremo 016-2019, emitido por el gobierno del expresidente Vizcarra, en el que se obliga a las universidades públicas denegadas -solo dos, hasta octubre último- a elaborar un plan de emergencia, reorganizarse y volverse a presentar al licenciamiento. También se las sanciona si no lo superan en la segunda oportunidad.

Como han analizado los abogados Wilder Oyola y Diego Méndez para el portal jurídico IUS 360, el decreto no es discriminatorio porque también permite a las universidades privadas no licenciadas (48) hacer lo mismo, solo que sin el financiamiento ni acompañamiento del Estado. “Por su naturaleza, las normas del citado DS no son aplicables a estas universidades, puesto que se trata de sujetos privados, financiados con sus propios fondos y que se rigen por decisiones de sus órganos. Así, como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad exige tratar igual a los que son iguales y distinto a los que son distintos. Se trata de personas jurídicas de distinta naturaleza”, aseguran ambos juristas.

Sin embargo, Ántero ha repetido el discurso de la discriminación. Uno que, coincidentemente, también ha esgrimido con fervor la Universidad Privada Telesup, de José Luna Gálvez, también fundador de Podemos Perú. De hecho, Morey ha sido el asesor jurídico de Telesup en todo este proceso, que incluyó una medida cautelar ganada en un juzgado de Bagua.

Morey asegura haber tomado el caso de Telesup ‘a título personal’. Para ello, dice, pidió licencia del estudio Flores-Aráoz. “Es como un profesor universitario que no está dictando clase. No estoy viendo ningún caso con el estudio, pero formo parte de él como abogado asociado”, aseguró a Sudaca. “En el seno del estudio estuvimos todos de acuerdo que por lo mediático del tema iba a hacer la defensa [de Telesup] de forma individual”, agregó. Según él, que el nuevo premier tenga el mismo discurso que Telesup -el cual reafirmó a medios ayer- es simple coincidencia de posiciones.

El tema cobra aún más relevancia porque apenas al día siguiente de la caída de Vizcarra, el 10 de noviembre, poco antes de que juramentase el nuevo primer ministro, Telesup envió una carta notarial al superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra. En la carta, argumenta por qué la medida cautelar de Bagua –luego revertida– sigue vigente y le da 24 horas a la entidad para aplicarla. Es decir, para imterrumpir el proceso de cierre de Telesup y restituir su derecho a admitir alumnos.

Lo sintomático del documento, sin embargo, son sus últimos párrafos. Con inusitada confianza, el gerente general de Telesup, Luis Felipe Luna Morales, amenaza a Zegarra con denuncias penales y le dice que -todo este tiempo- la Sunedu se ha aprovechado de una “posición de dominio” porque tenía el “respaldo del gobierno” de Vizcarra.

A renglón seguido, Luna Morales asegura –sin miramientos– que “una vez que su posición de dominio y respaldo gubernamental haya llegado a su fin, conforme el devenir político del país”, Telesup recuperará su supuesto derecho a seguir operando. Así las cosas, Flores-Aráoz, doctor honoris causa por Telesup, y Manuel Merino, nueva cabeza del Ejecutivo, deberán definir si, de cara a la creciente ola de protestas callejeras, apoyarán públicamente a la Sunedu como ente rector del proceso de reforma universitaria.

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Antero Flores-Aráoz

Las legítimas manifestaciones de protesta convocadas por colectivos estudiantiles y ciudadanos, indignados por la trapacería perpetrada por el Congreso al vacar arbitrariamente al presidente Vizcarra y sentar en Palacio de Gobierno al titular del Congreso Manuel Merino, pueden alterar el tablero político diseñado por los vacadores.

El Perú es desde hace tiempo una olla de presión. Las enormes inequidades sociales, sumadas al desastroso Estado que nos gobierna (es de horror la situación de hospitales, colegios y comisarías en el país), conducen a ello. La gente es tratada como ilegal en su propio país y simplemente ya no aguanta más.

Frente a esa situación explosiva, que ha sido exacerbada por el espectáculo nauseabundo de la corrupción sistémica de autoridades de todo pelaje, Vizcarra fungió de bálsamo, al identificársele como un líder provinciano, austero, decidido a la hora de cortar cabezas cuando fuera necesario, entre ellas la del propio Congreso, al que disolvió por su necia tarea de sabotaje gubernativo. El líder moqueguano mal que bien ayudó a bajar la temperatura.

Cuando al Congreso vacador no se le ocurre mejor idea que sacar de Palacio a Vizcarra, sin razones justificadas, ha destapado el caldero social y éste puede crecer y estallar con imprevisibles consecuencias.

La popularidad del Presidente Vizcarra y la trama de la informalidad eran factores que hacían difícil estimar que en el Perú se repitiese una protesta como la chilena, pero con un gobierno desaprobado como el de Merino y una situación económica en la que la informalidad ya no es el colchón que evita el desempleo, se construye un escenario altamente combustible que los irresponsables vacadores pueden hacer encendido.

La protesta ha empezado focalizada, pero está creciendo. La jornada de hoy es multitudinaria y todo hace prever que seguirá aumentando, atizada también por infelices declaraciones como las del flamante ministro de Educación Fernando D’Alessio acusando a los jóvenes de ser infiltrados del Movadef, revelando una miopía política que parece extensiva al conjunto de este Gabinete.

Si a la precariedad político legal con la que nace el Gabinete Flores Araóz, se le suma una calle crecientemente movilizada, su periodo de vigencia puede ser muy corto.

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protesta

La bonhomía de Antero Flores-Aráoz no le alcanza para soslayar que su perfil respecto de temas controversiales en el país puede no ser el más adecuado en estos momentos. Sus cuestionables posturas respecto de la Sunedu (reafirmadas hoy mismo en la mañana), sus vínculos con José Luna Gálvez, su relación con los sectores más recalcitrantes del conservadurismo nacional o su declarada indiferencia, por decirlo elegantemente, respecto del sentir popular o callejero, lo pueden conducir al desmadre.

Porque a estas alturas lo único que cabe esperar y exigir de este nuevo gobierno de transición es que retome las banderas planteadas por Vizcarra: manejar la pandemia, reactivar la economía y asegurar la convocatoria a elecciones generales en abril del próximo año, a lo que habría que agregar contener la explosiva ola delictiva. Y con ese talante tratar de recuperar visos de legitimidad popular.

Cualquier otra agenda es impertinente. No la permite el poco tiempo por delante ni la naturaleza de un régimen que nace en medio de sospechas de ilegitimidad por una vacancia arbitraria y dudosamente constitucional y que, además, adolece de una inmensa impopularidad.

Flores-Aráoz puede incendiar aún más la pradera si se empeña en salirse de esos parámetros y busca imprimirle su marca personal a su paso por el Premierato. Tiene flexible juego de cintura, demasiado quizás (por ejemplo, de ser feroz persecutor de Alan García pasó luego, sin rubor, a ser su ministro), pero ojalá lo emplee para torear las múltiples presiones que va a recibir de la coalición vacadora.

En términos de gestión pública, el panorama se alivia, además, si se considera que la administración de Vizcarra fue lamentable. Pésima en el manejo de la pandemia y mediocre en el proceso de reactivación económica. Y si a ello le sumamos la tierra de nadie en la que se ha convertido el país en materia de seguridad ciudadana, reaparece la inquietud de cómo un gobierno tan malo como el de Vizcarra pudo tener tan altos índices de popularidad.

Si Flores-Aráoz se limita a lo que en estricto sentido le corresponde puede ayudar a sobrellevar la crisis. Si se dedica a gestar iniciativas fuera de lugar o, lo que es peor, se allana a la agenda subalterna de los apuntaladores de Merino, la suya puede ser una gestión ya no solo desastrosa sino apocalíptica.

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Antero Flores-Aráoz

El Congreso traspuso la línea y se encargó de engrosar la historia nacional de la infamia, al haber aprobado arbitrariamente la vacancia del presidente Vizcarra.

No había razón alguna, ni legal ni política, que justificase semejante despropósito. Los delitos de los que se le acusa a Vizcarra son graves y verosímiles, pero no han sido probados penalmente y en tanto eso no ocurriese, el primer mandatario era inocente y su proceso judicial debía seguir su curso. Fuera de la incapacidad física o psíquica, la única otra razón por la que debería procederse a una vacancia presidencial es que al mandatario se le pruebe un delito fehacientemente: si hubiese aparecido, por ejemplo, un video de Vizcarra recibiendo una coima, pues no quedaba otro camino decente que no sea sacarlo a empellones del Palacio.

Pero tal como fue planteado el proceso era claramente una jugarreta política liderada por ciertas mafias empresariales y aventureros políticos quienes, aprovechando grises constitucionales, solo han buscado obtener beneficios con la vacancia, sea a través de impunidad judicial o despliegue de poder para su posterior disfrute. Ya lo veremos en los primeros pasos del nuevo gobierno.

El país atraviesa una tormenta perfecta de crisis simultáneas. Económica, por la profunda recesión derivada de la cuarentena obligatoria de la que aún no salimos plenamente; sanitaria, por la persistencia de un virus frente al cual aún no hay vacuna ni tratamiento eficaz; social, por el incremento espantoso de la delincuencia y la conflictividad regional; y política, por el desmadre ocasionado por la corrupción; a todo ello le sumamos ahora una crisis adicional, vacando al Presidente y generando una línea de sucesión mostrenca que llevará a un ambicioso expresidente del Congreso a sentarse en la plaza de Armas dispuesto a armar un gabinete de última hora, signado por una serie de transacciones menudas, y seguramente ansioso de populismo para remontar su ilegitimidad de origen. La pronta celebración del bicentenario debería habernos planteado la exigencia de estabilizar al país, no de arrojarlo a las fauces de la zozobra. Un Congreso surgido precisamente del colapso del establishment debiera haber fungido por ello como dique tranquilizador, no como un elemento incendiario sobre las brasas aun ardientes de la crisis precedente. Nuestra clase política nos demuestra una vez más, fatigando el cansancio, que nunca está a la altura de las circunstancias.

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Congreso, Crísis, Martín Vizcarra

En el 2019, el gobierno de Martín Vizcarra cuadruplicó el presupuesto de apertura de Pasto Grande y, con ello, dotó a Lomas de Ilo de inusuales S/ 22 millones. Poco tiempo después, la mitad de aquel monto fue girado al consorcio Obrainsa-Astaldi para el pago de laudos arbitrales. Hoy, un aspirante a colaborador eficaz acusa al presidente de haber recibido S/1 millón en coimas de ambas compañías. Lomas de Ilo, la obra ‘estrella’ de Vizcarra cuando fue gobernador regional, sigue inoperativa.

Para los moqueguanos, Pasto Grande es tan emblemático como Machu Picchu. Pero el enorme proyecto de irrigación, que lleva agua a más de 7 mil hectáreas de ese pequeño departamento, tiene un problema. Su problema se llama Lomas de Ilo. Gestionada en el 2013 por el entonces gobernador, Martín Vizcarra, y construida por el consorcio italoperuano Obrainsa-Astaldi, la ampliación ‘Lomas de Ilo’ debía canalizar el agua de Pasto Grande hacia las tierras de la zona costera de Moquegua en el 2014. Todavía no lo ha hecho, porque colapsó en la primera prueba.

Pero, increíblemente, ese no es meollo del asunto. Una edificación inútil, mal construida y vinculada a presuntos sobornos ya no resulta extraña en el Perú. Lomas de Ilo sería apenas un renglón perdido en la larga lista de obras vinculadas a corrupción si no fuera por ese apellido: Vizcarra. Su principal impulsor hasta hoy. Desde que asumió como presidente, el gobierno central ha aumentado los recursos para el proyecto de infraestructura más mimado de su gestión regional. Aquel por el cual hoy un aspirante a colaborador eficaz lo acusa de corrupción. ¿Por qué? Sudaca viajó hasta Moquegua para encontrar la respuesta.

El 2019 fue el primer año en el que el gabinete de Vizcarra pudo armar el proyecto de presupuesto público y decidir en qué se gastaría el dinero del Estado. Eso se vio claramente reflejado en las partidas destinadas a Moquegua. Luego de tres años sin presupuesto de apertura, Lomas de Ilo abrió el 2019 con uno inusualmente alto: S/22 millones. La cifra es más extraña aún si se observan los montos que esa obra había ejecutado en el 2018: apenas S/3,7 millones, conseguidos sobre la marcha. ¿Por qué necesitaría siete veces más dinero una edificación que todavía no puede empezar a operar?

Hasta el cierre de este informe, el Ministerio de Economía (MEF) no respondió a esa pregunta, alcanzada por Sudaca desde Moquegua.

La partida de Lomas de Ilo fue, a su vez, parte de los más de S/ 61 millones que recibió todo el proyecto Pasto Grande para el 2019, la gran mayoría provenientes del gobierno central. Una cifra que cuadriplicó su presupuesto del año previo y que las autoridades regionales de ese entonces aseguran no haber solicitado. Se trata, de hecho, de la asignación presupuestal más alta en los 16 años que el GORE Moquegua ha administrado el proyecto.

“Recibimos S/ 61 millones de parte del MEF a pesar que nosotros habíamos considerado menos para Pasto Grande. Ellos no especificaron en qué actividades usar ese dinero, por lo que consultamos si podíamos moverlo a otras partidas donde hubieran servido más. La sectorista del MEF me dijo que la Directora General de Presupuesto Público [entonces, María Antonieta Alva] había destinado ese presupuesto específicamente a Pasto Grande, que el dinero tenía nombre propio [el del proyecto] y que no se podía dar a ninguna otra unidad ejecutora”, dice William Pineda exjefe de planeamiento y presupuesto del GORE Moquegua.

Pasto Grande tiene un presupuesto que solo aumenta significativamente cuando se va a realizar una nueva obra. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2009, se triplicó para la construcción de la conducción Jaguay Rinconada. Algo parecido ocurrió entre el 2013 y 2015 para levantar las fallidas Lomas de Ilo. Pero en el 2019 y el 2020 Pasto Grande no tiene especificada ninguna obra nueva en particular. Ricardo Tapia, ingeniero agrónomo con más de 40 años trabajando en actividades vinculadas al proyecto, asegura que ya no hay obras de gran envergadura contempladas para inversión. Solo proyectos pequeños.

¿Qué ocurrió, entonces, con la inusual cantidad de dinero que entró a Lomas de Ilo, a través de Pasto Grande? Parte importante terminó siendo girada al consorcio Obrainsa-Astaldi, conformado por dos empresas que, según un aspirante a colaborador eficaz, habrían pagado S/1 millón en coimas a Vizcarra para adjudicarse aquella obra.

Laudos, laudos y más laudos

Para entender mejor ese giro de dinero hace falta irse unos años para atrás. Durante su gestión como gerente general de Pasto Grande, entre el 2017 y el 2018, el ingeniero Johan Vilchez intentó que el GORE de Moquegua no pague los cerca de S/ 11 millones en arbitrajes que dicho consorcio les había ganado en el 2016. Todos derivados de la construcción de las Lomas de Ilo. Así lo demuestra un informe que Vílchez presentó a la Contraloría, en el que solicita una inspección detallada de la obra para evaluar “los contratos hechos con empresas investigadas” y las “tamañas deficiencias en el proceso constructivo”.

En su informe, Vilchez también detalla que al menos cinco de los siete arbitrajes perdidos serían, en realidad, responsabilidad de la empresa contratada para elaborar el expediente técnico y para supervisar la obra: ATA, del exministro de Agricultura José Hernández. De hecho, entre el 2015 y el 2018, Pasto Grande judicializó los laudos y buscó reducir el importe total a pagar. No tuvo éxito. Así, una obra que se licitó en S/80 millones, que costó finalmente S/ 92 millones y que está inoperativa, terminó -además- debiéndole al consorcio constructor un saldo adicional por arbitrajes perdidos.

“Como nos denegaron la nulidad de los arbitrajes y la Contraloría no respondía, intentamos levantar inspecciones para abrir laudos arbitrales [de nuestro lado] que superen el monto que habíamos perdido. Pero para eso se necesita presupuesto, la partida de Lomas de Ilo no tenía dinero asignado [en el 2018] y se nos acabó el tiempo de pedir transferencias”, señala Vilchez. En el 2018, el ingeniero se reunió con Vizcarra para pedirle un presupuesto mayor para Pasto Grande. Le dijo, asegura, que necesitaba apenas S/14 millones. Vizcarra no atendió su solicitud.

“Reunión de julio del 2018 entre el ingeniero Johan Vílchez, entonces gerente de Pasto Grande, y el presidente Vizcarra. Acompañan personajes del círculo moqueguano”

 

La intención del presidente, según Vílchez, era que Pasto Grande pasase a ser administrado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Algo improbable dada la importancia del proyecto para la región. “Es como si a Cusco le quitaran Machu Picchu para que lo administre otro”, dice el ingeniero Tapia. Recién cuando quedó claro que eso no ocurriría, llegó el grueso aumento presupuestal. Los modestos S/14 millones pedidos por Vílchez fueron cuadruplicados. Pero el ingeniero, que era reacio a pagar los arbitrajes perdidos, ya no estaría para administrarlos.

 

Pese a haber hecho caso omiso al pedido de ampliación presupuestal de Vílchez en el 2018, apenas el Poder Judicial emitió sentencias negando los argumentos presentados por Pasto Grande, en julio de ese año, el MEF corrió a agendar el presupuesto sobredimensionado del proyecto para el 2019, que terminó en el pago de los laudos a Obrainsa-Astaldi. Según fuentes de esta entidad, el proyecto de ley de presupuesto del año por venir se cierra, a más tardar, entre julio y agosto. Abogados especialistas en arbitrajes explicaron a Sudaca que, si bien por norma un fallo arbitral debe ser ejecutado inmediatamente, en la práctica es muy extraño que el Estado tramite estos pagos con tanta premura. De hecho, normalmente una empresa que busca cobrar un laudo al sector público debe esperar algunos años.

 

En enero del 2019, el GORE Moquegua fue asumido por el profesor Zenón Cuevas, y Vilchez fue reemplazado. Según periodistas regionales, Vizcarra apoyó abiertamente a Cuevas en su primer intento por llegar a la gobernación de Moquegua, en el 2014. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso el año pasado, Cuevas lo celebró con un evento en la Plaza de Armas de su ciudad. Ambos, en el 2008, fueron líderes vitales del llamado ‘Moqueguazo’.

 

A los pocos meses de la gestión Cuevas, en agosto, David Espinoza, nuevo gerente general de Pasto Grande, le dijo al medio regional Telesur Expresión que ahora sí estaba previsto el pago de los arbitrajes ganados por Obrainsa-Astaldi. Al ser consultado sobre de dónde había presupuesto para pagarlos, Espinoza declaró que había llegado dinero del MEF con la indicación explícita de que sea destinado a eso. En conversación con Sudaca, Espinoza aseguró que en su declaración se referió a indicaciones establecidas en documentos heredados de la gestión anterior.

 

Ese mismo agosto, Pasto Grande devengó casi S/ 11 millones en favor del consorcio Obrainsa-Astaldi para atender el pago de los arbitrajes. El dinero salió de la partida de Lomas de Ilo llamada “Ampliación de línea de conducción de sistemas de riego”, con función agropecuaria. Apenas un mes después, en septiembre, hubo escándalo en Moquegua: se publicaron audios del entonces gerente del GORE, Alberto Jiménez, en los que instaba al gerente de asesoría legal de Pasto Grande, Wilfredo Zapata, a que firme y publique la resolución de pago de los laudos. Todo bajo la excusa de aumentar el nivel de ejecución del proyecto.

Jiménez fue cesado de su cargo tras el barullo político, pero el dinero, en varios cheques, finalmente fue girado.

Girados pero no pagados

Desde hace dos meses hay un nuevo hombre fuerte en Pasto Grande. Se llama Agapito Mamani. Hasta el cierre de esta nota, él optó por no brindar las declaraciones solicitadas por Sudaca. El actual gerente del proyecto de irrigación había dicho en una entrevista al diario Prensa Regional que su prioridad será “las Lomas de Ilo”. Mamani fue gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el GORE Moquegua durante los cuatro años de la gestión de Vizcarra. Luego se ha desempeñado como parte de la mesa de diálogo para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente al proyecto Quellaveco, durante la presidencia de Vizcarra. “Mamani es parte del personal de confianza del presidente”, asegura una fuente que ha sido muy cercana al mandatario durante casi una década.

A la designación de Agapito Mamani la acompaña la de Edmer Trujillo, el amigo de Vizcarra que -pese a sus interminables críticas por su labor al frente de dos ministerios- sigue rondándolo en distintos puestos de la administración pública. Trujillo ha sido contratado por el Ministerio de Agricultura para realizar una asesoría en el desarrollo de Lomas de Ilo, y en setiembre fue destacado a Moquegua con un contrato de servicios por S/ 30 mil. Así, las conexiones de Vizcarra en Pasto Grande, el proyecto que lo obsesiona desde que lo presidió cuando tenía 26 años, a finales de los ochenta, son cada vez más fuertes.

Desde el inusual aumento de presupuesto en el 2019 hasta hoy, alrededor de S/60 millones han sido designados a actividades relacionadas con Lomas de Ilo, un proyecto entregado hace tres años pero que no está operando. Además del pago de los laudos arbitrales a Obrainsa-Astaldi, se ha usado dinero para el saneamiento físico legal, infraestructura extra por la duplicación de parcelas en el área de distribución de la irrigación, los rescates arqueológicos en los terrenos vendidos, que no se contemplaron como parte del proyecto inicial y que ya llevan extrayendo más de 150 momias del subsuelo de Ilo (con una inversión de más de S/15 millones), entre otros.

Según información del consejero regional Luis Miguel Caya, para el 2021 se habría separado ya una partida presupuestal de más de S/ 50 millones de soles a ser invertidos en Pasto Grande. De estos, se volverían a considerar altos recursos para Lomas de Ilo. En otras palabras, además del especial interés por pagar los laudos arbitrales, el gobierno de Vizcarra parece francamente convencido de que puede arreglar el desastre que dejó cuando estuvo en el GORE.

Pero aquí una sorpresa: el dinero para pagar los arbitrajes llegó del MEF para Pasto Grande, y fue devengado y girado en favor de Obrainsa-Astaldi, pero estas compañías aún no pueden cobrarlo. ¿Por qué? El 20 de enero de este año, Wilfredo Zapata, el exgerente de asesoría legal de Pasto Grande, elaboró un informe en el que asegura que no procede el cobro porque el consorcio no tiene los mismos representantes legales que cuando solicitó los arbitrajes. En su informe, Zapata le dice a Obrainsa y Astaldi que pidan el dinero por la vía judicial. Mientras, la plata ha sido depositada en una cuenta intangible a la espera de ser cobrada.

El argumento de Zapata carece de sustento legal, pero él parece ser el único funcionario con interés en frenar (o demorar) el desembolso a una empresa investigada por el caso Club de la Construcción. Hoy ha pasado a ser asesor legal de todo el GORE Moquegua. “Lo que debe hacer la empresa es enviar el caso a un juez que certifique la validez de los representantes legales, para que se cumpla el pago de las deudas”, comenta el abogado experto en arbitrajes, Carlos Valderrama.

Pero antes de acudir a la justicia, Obrainsa-Astaldi recurrió el 30 de julio pasado al Minagri. En una carta expedida ese día, dirigida al titular del despacho, José Luis Montenegro, el consorcio le expone todos los argumentos por los cuales asegura que debe cobrar el dinero. El ministro Montenegro reenvió el pedido al gobernador Cuevas el 19 de agosto. El consorcio ha decidido presionar al GORE a través del Ejecutivo.

Mientras, Zapata ha dejado Pasto Grande, hoy copado por personajes cercanos al presidente. El dinero de los laudos arbitrales -que según los exfuncionarios entrevistados por Sudaca fue específicamente destinado para eso por indicación del MEF- ya ha sido girado. Revertir su desembolso, demorado por Zapata, es teóricamente imposible. Lomas de Ilo, con crecientes montos de asignación presupuestal, sigue paralizada. Una nueva moción de vacancia, por el presunto pago de coimas al presidente, ha sido admitida en el Congreso. Y los agricultores del valle de Ilo -los que realmente deberían importar- siguen preguntándose por qué la prometida ampliación de la frontera agrícola de su región sigue postergándose.

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Martín Vizcarra

 

El personaje clave de la investigación por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori ha firmado, finalmente, un acuerdo de colaboración eficaz. En noviembre del 2018, poco después de que José Domingo Pérez sustentara un pedido de prisión preventiva en su contra, Jorge Yoshiyama Sasaki -el sobrino de confianza de Jaime Yoshiyama- empezó una serie de confesiones ante el equipo especial de fiscales que investiga los presuntos aportes ilícitos a Fuerza 2011. Pero hasta hace diez días esas delaciones -aunque muy mediáticas- eran solo dichos no corroborados de un aspirante a colaborador. Hoy están a punto de convertirse en herramientas poderosas para un próximo juicio.

A lo largo de dos años, Yoshiyama no solo ha dado testimonios reveladores que implican a Keiko Fujimori, sino también documentos valiosos para el progreso de la investigación. Aseguró, por ejemplo, que Fujimori sabía sobre los aportes a su campaña de la corrupta constructora Odebrecht, y que fue ella misma quien le pidió conseguir los falsos aportantes para ocultar el dinero. También que ella organizó la estrategia de presión a los testigos para que den versiones falsas a la fiscalía. Todo esto, por supuesto, ha sido negado por la ahora nuevamente candidata presidencial.

Pero Yoshiyama Sasaki ha hecho más que solo hablar de Fujimori. Con sus delaciones, la fiscalía ha podido corroborar la tesis del ‘pitufeo’ como herramienta para ocultar aportes en Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Por encargo de su tío Jaime, que era secretario general del partido, Jorge Yoshiyama fue el nexo entre los aportantes fantasma y la cúpula de la presunta red criminal encargada de camuflar el dinero de Odebrecht. Yoshiyama se ha ocupado de desentrañar ese esquema de presunto lavado ante la justicia.

Toda su información ya ha sido corroborada por la fiscalía mediante documentos y otros testimonios vinculados al caso. Esa es una de las condiciones para que un aspirante a colaborador pueda firmar el acuerdo que le garantizará, a cambio de la información que brinda, beneficios frente a una posible condena.

Sudaca confirmó que el fiscal Pérez suscribió dicho documento con Yoshiyama el pasado 22 de octubre. El equipo especial ha dispuesto levantar la reserva de su identidad. Para que sus delaciones sean usadas como prueba en el próximo juicio, solo falta que un juez evalúe el convenio y emita una sentencia.

El cuaderno de colaboración fue enviado al Cuarto Despecho de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, el pasado viernes alrededor de la 1:30 de la tarde. Siete horas después, Keiko Fujimori anunciaba la inscripción de su precandidatura presidencial a través de su cuenta de Twitter. Irá acompañada por el excongresista Luis Galarreta y por la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez.

La documentación enviada al Poder Judicial contiene los hechos delatados por Yoshiyama y los actos de corroboración ejecutados por la fiscalía. Zúñiga será el encargado de evaluar, en audiencia reservada, la información entregada por Yoshiyama respecto a los beneficios que obtiene. De ratificarse el acuerdo, se convertirá en uno de los varios colaboradores eficaces en la investigación a Fujimori.

Entre el resto de testimonios, sin embargo, el suyo tiene un papel preponderante. Mientras que en la declaración de un falso aportante o alguien cercano a la cúpula de la organización solo se puede escudriñar uno de los flancos del esquema de ‘pitufeo’, Yoshiyama conocía los dos. Al haber sido el nexo entre aquellos y ésta, según sus propias revelaciones, se convirtió en el eslabón más importante de la cadena de presunto blanqueo de dinero.

Un rosario de revelaciones

“Mi tío (Jaime Yoshiyama) me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011”, confesó Yoshiyama en el 2018. Luego, dijo que su tío Jaime “tenía dinero de empresarios” entregado en efectivo para la campaña, pero que estos “no deseaban aparecer públicamente”. El fiscal Pérez consideró ese como un “momento cumbre” en la investigación.

Tras conseguir a los falsos aportantes, Yoshiyama contó cómo concretó la operación de supuesto blanqueo. “Voy nuevamente a la casa de mi tío, a quien le indico que tenía un amigo que me va a ayudar. Es en ese momento que mi tío me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet, donde había una caja fuerte, y sacó varios fajos de dólares por la suma de US$100 mil aproximadamente. Me los dio en una bolsa de plástico y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011. En ese momento me entregó el número de cuenta del banco Scotiabank, donde debían realizarse los depósitos a nombre de Fuerza 2011”, dijo. Esos primeros falsos aportantes habrían sido, según Yoshiyama, Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.

Pero su siguiente testimonio sería más poderoso aún. En noviembre de 2019, Yoshiyama señaló directamente a Keiko Fujimori. Aseguró que ella sí sabía que, para la campaña presidencial del 2011, su partido había recibido presuntos aportes de Odebrecht. Dijo que su tío se lo había confesado en confianza durante la segunda mitad del 2015.

“Fuente: Andina”

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, reveló el aspirante a colaborador.

Yoshiyama también declaró que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, tenían interés en que los falsos aportantes no digan la verdad a la fiscalía. “La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, señaló.

Pero la delación no se quedó en el 2011. Según Yoshiyama, cuyo segundo testimonio Sudaca revisó en su totalidad, Keiko Fujimori le pidió buscar personas para simular aportes también en la campaña del 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, aseguró.

Y vendría más: Yoshiyama también vinculó a miembros del “Club de la Construcción” con Keiko Fujimori. Según informó IDL-Reporteros, en diciembre del año pasado contó a la fiscalía cómo varios empresarios de dicho cártel realizaron aportes en efectivo para la campaña electoral de 2016. La excandidata presidencial le había pedido buscar empresarios para que donen US$10 mil cada uno.

El primero al que contactó fue Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo, dueño de la compañía Aramsa Contratistas Generales, quien consiguió convocar -entre otros- a Ernesto Tejeda, de Obrainsa. Esta constructora, según otro aspirante a colaborador eficaz que declaró ante el fiscal Germán Juárez, habría pagado una coima de US$1 millón al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha rechazado en diferentes ocasiones las declaraciones de Yoshiyama y ha sostenido que existen contradicciones respecto a lo que ha dicho sobre el origen del dinero.

Extraños mensajes

Mientras que el despacho del fiscal Pérez avanzaba con la corroboración del proceso de colaboración eficaz, en febrero pasado, el número personal de Yoshiyama recibió extraños mensajes de Whatsapp. Un celular no identificado le pedía depositar S/10 mil a una cuenta bancaria si quería que el fiscal cambiara la dirección del proceso. “10 mil a esta cuenta y jdp limpia tu caso”, decía el primer envío.

Días después, el mismo número insistió y le pidió una respuesta. “Confirma si lo harás para informar arriba, me está preguntando”. Jorge Yoshiyama no respondió y un tercer mensaje le fue enviado. Esta vez, le planteaban pagar incluso menos de los S/10 mil solicitados en un inicio. “El doctor me está indicando si gustas hacer un depósito menor y luego en la semana recibirás un mensaje a través de la prensa, indicando que tus posibilidades de recibir una sentencia de inocente son altas por el compromiso de hablar con los fiscales”, le escribieron.

Conocido este hecho, el equipo especial dispuso identificar quién o quiénes enviaron los mensajes al aspirante a colaborador eficaz, y solicitó levantar el secreto bancario de la cuenta de ahorros que se le remitió a Yoshiyama. La operadora de telefonía Claro informó a la fiscalía que la titular de la línea era Miriam Giovanna Lozano Espinoza, mientras que el Banco de Crédito del Perú reportó que la cuenta (una cuenta sueldo) correspondía a David Pin Orihuela. Indicaron que se abrió a solicitud de la Compañía Universal Textil, empresa que forma parte del Grupo Romero.

Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales DIVIAC-DIRNIC de la Policía Nacional determinó que Miriam Lozano y David Pin son convivientes y residen juntos en el Callao. Pese a que desde el número telefónico de uno se proporcionó la cuenta bancaria del otro, Pin Orihuela aseguró a Sudaca que le habían robado el celular a inicios de año, y que recién pudo recuperarlo entre marzo y abril. Como era esperable, negó haber enviado los mensajes.

“No tengo relación con ningún partido. Alguien ha hecho uso indebido de mi celular, y también de mis redes sociales, sería irresponsable que desde mi propio teléfono extorsione o amenace a alguien”, señaló. Ninguno de los dos aparece como aportante de Fuerza 2011 ni está inscrito como afiliado. Con la información recopilada, el fiscal Pérez ha presentado el último lunes una denuncia ante la fiscalía anticorrupción para que se determinen responsabilidades y motivaciones detrás de los mensajes.

Pero más allá de ese hecho, cuya investigación seguirá curso para determinar si se trata o no de un intento por quebrar el proceso de colaboración, Yoshiyama tendrá por delante meses cargados. Como ocurre con el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, además de declarar en el juicio, el empresario se ha comprometido a seguir brindando información en las investigaciones contra el fujimorismo. Con Keiko Fujimori nuevamente en carrera por la presidencia, se viene movimiento en la arena judicial.

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Ojalá que al final del apretado conteo de votos -va a demorar algunos días en saberse el resultado final- pierda Donald Trump, el líder global de la derecha extrema de la que se ha convertido en estandarte el republicanismo norteamericano y que tantos congéneres reproduce en el mundo.

A pesar de que América Latina siempre la ha pasado mejor cuando han gobernado los republicanos y sea verdad que los conflictos bélicos suelen ser estimulados por quienes puertas hacia adentro son más liberales, como los demócratas, en esta coyuntura planetaria es mucho más que eso lo que está en juego.

El capitalismo corporativo, ese sistema en el que el mercado libre es una quimera y está pervertido por grupos de poder, es una amenaza mundial y un obstáculo al advenimiento de una auténtica sociedad liberal, en la que son la libre competencia y la igualdad de oportunidades las que signan el éxito o el fracaso de los agentes económicos.

Trump se ha convertido en el símbolo de ese capitalismo. Sus maneras chambonas, vulgares y denigrantes no son otra cosa que la mejor expresión de esa obscenidad capitalista que representa y a la que hay que combatir en todos los frentes.

La mayoría norteamericana es anti Trump no cabe duda. Si se votase como acá, ya podríamos asegurar que Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos, pero la endiablada trama electoral de la primera democracia del mundo, hace que aún se mantengan niveles de incertidumbre respecto del desenlace final.

Los admiradores del trumpismo en el Perú, al igual que su ícono gringo, se amparan en obsesiones antiglobalistas, vocación clasista y enjuagues clericales. No hay que perderlos de vista. Así como ocurrió con Trump, esa derecha prospera y crece cuando la sociedad confía en que su carácter rudimentario y obtuso hará que la ciudadanía se espante. En medio del descuido cívico, anidan y se reproducen. En el libramiento de esta campaña mundial contra la derecha bruta y achorada sería un hito importante una derrota en las urnas de su macho alfa.

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DBA, Donald Trump
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