No todo ha sido favorable para Ayala. El 25 de octubre del presente año, el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la decisión de la Fiscalía de la Nación que había ampliado la investigación en su contra por el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el año 2021.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” un recurso de tutela de derechos presentado por el mismo. Mencionó que no había motivaciones para que el fiscal disponga su inclusión en la presunta red criminal en el gobierno de Pedro Castillo, por ello, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso.

En el proceso de esta investigación, el último lunes, el Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa y de un grupo de generales de la Policía Nacional que son investigados por los presuntos ascensos irregulares en las FF.AA. El operativo se dio en horas de la madrugada y dándose la detención de tres oficiales generales de la policía y otras personas. Resultado de esto también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país.

La Inspectoría General de la Policía Nacional también remarcó su competencia funcional para la determinación de responsabilidades administrativas disciplinarias. Por su parte, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un operativo contra los generales investigados por la entrega de dinero para ascender de rango en el 2021, en la investigación se detalla que fue con autorización del expresidente Pedro Castillo.

El Ministerio Público detalló a la opinión pública: “El Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”, manifestó a través de Twitter.

Un pedido sin sustento

Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.

Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.

Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.

«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.

“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.

Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.

Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.

El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.

Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.