Sin duda el 2023 será un año centrado en las elecciones. Finalmente, el Congreso de la República tiene tiempo sólo hasta marzo para que en abril se comience a ejecutar las tres jornadas electorales, primarias, primera vuelta y segunda vuelta, las que costarán alrededor de 1,500 millones de soles. Especialistas como Fernando Tuesta, sugieren que no haya elecciones primarias. Ese será un debate entre parlamentarios y los líderes políticos de los partidos actuales que de seguro copará los medios de comunicación nacional, tan contentos ahora con la alianza entre los poderes ejecutivo, legislativo y ellos, el célebre “cuarto poder”.
Así que ahora que quedan pocos días del convulso, golpeado y enlutado 2022, quisiera recordar al menos un tema que no debemos permitir quede escondido tras las campañas y consignas electorales y es el tema de la educación escolar. Son cerca de 6 millones ochocientos mil estudiantes que, de seguro, definirán los resultados de las votaciones del 2026 en adelante. Este año que se va, sólo el 64 % de quienes estudiaban en colegios públicos volvieron pudieron reanudar las clases presenciales luego de los dos años de pandemia. Como sabemos, la baja conectividad y el difícil acceso a los dispositivos electrónicos necesarios, produjeron una brecha sin precedentes en los niveles de formación escolar. La única solución que encontró el Minedu durante el gobierno de Pedro Castillo fue establecer que el 2023 las clases escolares terminarían en febrero, no en diciembre. Así que como el 2023 las clases escolares comenzarán el 13 de marzo, millones de niñas, niños y adolescentes no tendrán vacaciones escolares de largo aliento. Es muy probable entonces que haya crisis por agotamiento, no sólo de estudiantes, sino también de docentes y familiares.
En medio del esfuerzo que les espera, les docentes ganarán un poco más. Tendrán dos incrementos remunerativos: 500 soles en marzo y 800 soles en noviembre. 1300 soles es un buen aliciente. Sin embargo, su condición de paliativo sigue sin resolver un problema profundo y de larga historia: la poca atractiva remuneración docente. Puede ser que recién al culminar la formación universitaria, se acepte ganar 3,100 soles, pero tener que esperar al menos 20 años de trabajo, para poder recibir 5,960 soles, desanima a quienes están obligados no sólo a ser docentes estrella, sino también a contar con maestría y doctorado (que, por cierto, desconocemos cuál es su fin). Salvo que la persona cuente con una vocación heroica docente, resulta difícil exigirle que además deba mudarse a vivir en una comunidad rural de difícil acceso, baja seguridad y con pocos recursos urbanos con esos rangos salariales. Y ni hablemos de las condiciones en las que se encuentran las escuelas, pues esa ha sido la razón por la que más de la tercera parte de escolares no han podido tener clases presenciales.
Al comenzar este año, el gobierno informó que de los 54,800 colegios públicos del Perú el 76% debía ser reforzado estructuralmente o demolido. El 40% no tenía agua, el 36% no contaba con desagüe y el 30% no tenía luz. Recién este próximo y cercano año 2023 se hará el censo de infraestructura educativa para establecer construcciones o mantenimiento de locales escolares que garanticen la seguridad de nuestras, de nuestros escolares. El exministro Rosendo Serna fue sincero, hasta este año no se contó con la información necesaria sobre la demanda de obras de infraestructura.
Mientras tanto, el Consejo Directivo de la Sunedu, debido a la Ley que será promulgada por el Congreso gracias al Tribunal Constitucional que eligió, ahora estará integrada por un conjunto de rectores, decanos de colegios profesionales y representantes de instituciones públicas vinculadas a la educación y la investigación, escogidos entre ellos, en lugar de continuar con el haber estado conformado por integrantes que ganaron concurso público, (salvo el representante del Concytec y su superintendente). Este cambio, también lo sabemos, permitirá bajar la exigencia a las centros de educación superior. Pero no es el más grave. El cambio más profundo es que al desligar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, ha quedado en suspenso la seguridad de su financiamiento económico, quitándole el soporte de una entidad superior.
El próximo año nos dirá de qué colegios saldrán y a que universidades llegarán nuestras próximas generaciones. Que el debate electoral del 2023 no nos deje convertirnos en el país que se opone a la educación de sus niñas, niños y adolescentes, sino en el país capaz de revertir sus grandes errores.
28 de diciembre de 2022
