Una venganza inconstitucional

Mientras el pedido de un adelanto de elecciones parece consolidarse, un sector del Congreso parece decidido a aprovechar el tiempo que les queda en el cargo para atacar a los órganos electorales. Sin embargo, el Legislativo estaría tomando un camino inconstitucional si proceden con esta iniciativa.

Cuando Pedro Castillo dejó la presidencia tras su fallido intento de golpe de Estado, la política peruana parecía tener la posibilidad de entrar en un periodo que no se veía en mucho tiempo. Esto debido a que, lejos del discurso de confrontación usado por el expresidente, Dina Boluarte se mostraba dispuesta a entablar un vínculo distinto con el Legislativo, uno en el que predominaría el diálogo y consenso.

Sin embargo, la desaprobación del Congreso, 82% según la última encuesta de Ipsos, terminaría por causar en la opinión pública una valoración negativa del intento de Boluarte al buscar una relación más cercana con la oposición, y la posibilidad de cumplir el periodo para el que fueron elegidos, hasta julio del 2026, se terminaría de esfumar mientras que el «que se vayan todos» se expandía el diversas regiones del país.

«Muchos congresistas que saben que si salen del parlamento es muy difícil que vuelvan a tener una posición con esa importancia», declaró recientemente el politólogo Eduardo Dargent en una entrevista a Sudaca y, probablemente teniendo esta idea presente, el proyecto de adelanto de elecciones no fue recibido de la mejor manera en el hemiciclo. Sin embargo, ante la imposibilidad de ignorarlo debido al crítico panorama en las calles, el Congreso terminó por aceptar que su periodo sería más breve del que esperaban.

Pero,  para un bloque del Congreso, el mismo que sostuvo la teoría del fraude en las elecciones del 2021, esta oportunidad está siendo aprovechada para pedir la salida de Piero Corvetto Salinas y Jorge Luis Salas Arena, los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes son señalados por un sector de su militancia como los «culpables» del triunfo de Pedro Castillo acorde con el relato del fraude.

La venganza

«Renuncien. Ustedes son parte del problema, no son garantía de elecciones limpias», publicaba en sus redes sociales las congresista fujimorista Tania Ramírez respaldando el relato de su colega de bancada, Alejandro Aguinaga, quien exigía «igual desprendimiento» por parte de los titulares del JNE y ONPE y pedía que dejen sus cargos junto con los parlamentarios.

La bancada de Renovación Popular se sumó a este discurso y envió un documento a la Comisión de Constitución pidiendo que, a la par del adelanto de elecciones, se produzca el cese en sus funciones de todas las autoridades del sistema electoral.

 

Un pedido sin sustento

Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.

Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.

Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.

«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.

“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.

Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.

Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.

El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.

Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.

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