Qali Warma: alimentación escolar y fuente de corrupción

Por: 21.06.2024

Creado en octubre de 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, el programa Qali Warma (niño fuerte, en quechua) se inscribe dentro de las funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y consiste en entregar productos lácteos, carnes en conservas, aceites y azúcares, a fin de mantener una dieta equilibrada de los estudiantes de educación pública durante el año lectivo.

Los productos entregados a los niños para su preparación en casa ascienden a una treintena de ítems, los cuales son proveídos al programa por un grupo grande o pequeño de productores, de intermediarios y de importadores. La cantidad variable de proveedores, el cambio constante de productos por la estacionalidad de estos y las innumerables triquiñuelas ideadas por los burócratas para favorecer a sus allegados convirtieron desde un inicio al programa en fuente de conflictos.

Para intentar “disminuir” esos conflictos, los burócratas crearon supervisiones para la compra de productos, supervisiones para que supervisen a los supervisores y muchos sistemas de control tan abundantes como inútiles.

Habla un funcionario (necesariamente) anónimo sobre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

A finales de 2023, Qali Warma sacó una ficha donde pedía que se emita un certificado con el logotipo acreditado solamente para los productos microbiológicos.

Entonces, nosotros hicimos una consulta al INACAL (Instituto Nacional de Calidad) sobre esa acreditación. Es más, todos los laboratorios hicieron sus respectivas consultas al INACAL. E INACAL dijo que con esa ficha no se puede certificar; entonces, todos nos preguntamos: “¿con qué documento nos teníamos que certificar?

Tras muchas preguntas, a finales del año pasado se acreditó a un laboratorio, mediante la norma 591. Esa es una norma en la que sí te puedes acreditar, pero eso se tenía que decir en la ficha. Y en la ficha no decía eso.

En la ficha decía: “tú te tienes que acreditar con el logotipo”.

Pero el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)  dijo que en la ficha no se puede acreditar porque Qali Warma no está autorizado para hacer normas. Es decir, todo estaba encaminado para ese laboratorio que se acreditó. Y en el camino Qali Warma se sentó encima de lo que INACAL decía: “que eso no se puede”.  

Finalmente, desviaron todo para que el laboratorio INSYLAB atienda a todos los proveedores de Qali Warma, cómo hizo ese laboratorio que cuenta con un sólo inspector para atender a todos los proveedores que necesitaban acreditarse.

INACAL ni siquiera revisa la capacidad de atención del nuevo laboratorio, sabiendo que solamente hay uno para todo el país. No tiene capacidad.

“Yo no soy proveedor de Qali Warma, yo estoy en el medio, pero conozco todo el tema, yo, más bien, trabajo en el lado de los laboratorios. En su momento, en los laboratorios nadie dijo nada; nos quejábamos pero nadie decía nada”.

Viviana Rodriguez
El Programa Qali Warma garantiza el servicio alimentario escolar (modalidades productos y raciones) a más de 4.1 millones de escolares, de más de 65 mil instituciones educativas públicas durante todo el año escolar a nivel nacional.

Desde que en 2012, Nadine Heredia y “sus ministras” pusieran en marcha Qali Warma, se ha acusado a viceministros, a directores y a jefes del programa de más de una pillería en la compra y asignación de los productos destinados a la alimentación de las familias carenciadas de los estudiantes de las escuelas públicas. 

Pero hasta el día de hoy, nadie había denunciado que una persona vinculada directamente al poder, como es el portavoz de la Presidencia de la República Fredy Hinojosa, estaba comprometido en presuntas irregularidades en el manejo de Qali Warma.

Se dice que el portavoz de la Presidencia no solamente se habría limitado a tomar acciones ante una denuncia de falsificación de documentos, sino que habría modificado el manual de compras a fin de beneficiar a grandes proveedores, ligados de una forma o de otra al poder político.

El recientemente nombrado portavoz de la presidenta Dina Boluarte dejó de protagonizar las noticias por sus respuestas evasivas a los cuestionamientos a la Presidencia y pasó a ser uno de los funcionarios más cuestionados por su labor como director ejecutivo de Qali Warma en el periodo marzo 2019-noviembre 2021.

Según el programa periodístico Cuarto Poder, Hinojosa conocía los pormenores de una denuncia sobre falsificación de documentos, mientras dirigía el programa, pero no tomó medidas para denunciar a las empresas implicadas. El caso se remonta a agosto de 2021, cuando Boluarte encabezaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y una empresa denunció el ilícito.

Es necesario mencionar que, como parte del procedimiento, el programa contrata a numerosos proveedores, quienes compran a terceros los alimentos no perecibles. Los proveedores deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad y de salubridad a través de un certificado emitido por un laboratorio especializado.

El problema surgió cuando un laboratorio denunció no tener relación con una certificadora que falsamente acreditó productos comprados por los proveedores.

Silvia Monzón, coordinadora de la Procuraduría del Midis, afirmó que Hinojosa debía verificar la cantidad de proveedores que distribuían dichos alimentos, pero no lo hizo.   

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INACAL, INSYLAB, Qali Warma

El papel de las organizaciones no gubernamentales y la corrupción judicial

Por: 13.06.2024

Años atrás, tantos que con las justas podemos recordarlos, los profesionales que iniciaban su ascenso en la burocracia solo tenían que preocuparse en hacerlo con paso firme, dedicación a tiempo completo y mucho estudio hasta llegar a dominar el puesto de trabajo. 

Tiempo después, casi sin aviso previo, unos funcionarios de tercer nivel decidieron poner requisitos innecesarios al ascenso laboral, creando doctorados y maestrías como si fueran vallas para hacer cada vez más lento el proceso de ascenso.

Creada la necesidad, los funcionarios tomaron el control de la situación, obligando a los trabajadores a buscar dónde conseguir doctorados y maestrías a bajo costo y, en consecuencia, tan baratas como de gran pobreza conceptual.

Poco a poco, casi sin explicación lógica, los burócratas decidieron convertir los doctorados y las maestrías en requisitos indispensables para crecer en la administración pública. En ese momento, alguien vio una gran oportunidad para salir de pobre sin mover un sólo dedo. Así, juntando los deseos de superación de los trabajadores, la codicia de los funcionarios y las ganas locas de manejar y de controlar grandes porciones del poder, se armó un sistema de corrupción de baja exposición.

Así fue como nació, creció y se desarrolló el sistema de “te doy para que luego me pagues”… La corrupción había ganado un nuevo negocio de costo cero.

Tan antiguas como la civilización, las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron ganando terreno entre los organismos de ayuda social, hasta que después de finalizada la segunda guerra mundial los flujos de ayuda de los países ricos, de los filántropos y de organismos de origen desconocido penetraron todos los estamentos sociales para convertirse en un mal necesario para algunos y en una pesadilla recurrente para otros.

Cubiertas de capas de opacidad, muchas oenegés han llegado a manejar fondos económicos enormes, sin supervisión ni control alguno, transformándose en verdaderos centros de poder.

A partir de esas nuevas características, las oenegés se dedicaron bien entrado el siglo XX a modificar el tablero donde discurre la historia del siglo pasado. Es así que, sin prisa ni pausa, las oenegés financiadas fundamentalmente por matrices progresistas iniciaron el asalto al poder desde el punto de vista cultural, es decir, el control absoluto del llamado bloque histórico. 

Controlando los doctorados y las maestrías, las oenegés de izquierda abrieron las puertas del cielo y lo asaltaron.

Sudaca le consultó al expresidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, sobre la situación de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA; que ha firmado un convenio sin límites con el Poder Judicial para brindar capacitación a jueces, con los cuales tendrán que litigar causas ambientalistas.  

¿Nos podría explicar qué está pasando en el Poder Judicial con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que tienen convenios con las autoridades del Poder Judicial y, además, litigan ahí?

Hay un conflicto de intereses evidente, ¿no?, porque yo considero que una ONG o cualquier entidad en general no podría capacitar a un juez, o no debería capacitar a un juez y, a la vez, tener posibilidad de interactuar con ese juez en un juicio, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque en justicia hay un principio elemental que se llama el debido proceso, y en ese, la igualdad de armas. Entonces, si hay una parte que tiene más influencia que la otra, hay una desigualdad de armas. Y eso es lo que podría pasar cuando este tipo de entidades, que no las estoy satanizando, hacer convenios y capacitar a los jueces que los van a juzgar después de sus causas, ¿no?

Se ha resuelto un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace unos días, en el Poder Judicial. Entonces, claro, ¿uno por qué resuelve algo? No necesariamente resuelve porque está bien. Yo creo que esto podría estar bien, con dos condiciones. Una, que sea transparente, o sea que todo el mundo sepa que eso existe. Y otra, que la asociación que tiene el convenio no tenga causas directas o indirectas en nuestro sistema de justicia.

¿Nos puede explicar qué tan perjudicial es y si se está alimentando la corrupción, más de la que ya existe en el Poder Judicial?

Sí. Sí, o sea no es corrupción directa, como la de un soborno, ¿no? Es una corrupción mucho más sutil que se da por el conflicto de interés. Entonces, cuando tú capturas jueces en sentido figurado, y los hace presos de una determinada tendencia para que te favorezcan, esa es una manipulación que desequipara la corrupción. Lo que yo estoy haciendo es como si lo hiciera una empresa también. ¿Qué sucede si mañana Repsol o Petroperú o cualquier empresa petrolera se empieza a capacitar a los jueces? Sería bastante cuestionable, porque, claro, tiene un interés legítimo, está denunciada y va a tener un montón de causas ahí. Lo mismo sucede para el otro lado. Entonces, quienes capacitan tienen que ser entidades neutrales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueden tener una orientación ambientalista, por supuesto que la pueden tener. El asunto es que no pueden tener causas directas ni indirectas en el Poder Judicial.

 

Viviana Rodriguez
La ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una oenegé ambientalista que ha firmado un convenio con el Poder Judicial para «capacitar» jueces.

Esa ONG, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿ha ganado juicios?

No lo sé. Eso sí no lo sé. Pero yo sí sé que representan de alguna forma indirecta causas ambientales. De hecho, Oceana, que es una entidad, una ONG, acaba de tener un juicio con la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que quiso ser parte y no lo fue. Entonces, ya mirar si tienen juicios o no es otra cosa. Y hay un caso o dos de un fiscal, por ejemplo, que estuvo en el Poder Judicial, fue capacitado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y sale del Poder Judicial. Y ahí se va a la SPDA. Entonces, ahí pues hay una puerta giratoria y conflicto de intereses que son sutiles, pero que evidentemente demuestran que no está todo bien, ¿no? No, pues algo se oculta ahí, ¿no? La transparencia. O sea, yo creo la transparencia es todo.

Un ingrediente fundamental 

Poco antes de que la epidemia de la COVID 19 recorriera el mundo destruyendo las economías de los países y matando a cientos de miles de ciudadanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez firmó un convenio marco con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, creando las condiciones para lo que vino después: todo tipo de canjes con jueces y fiscales, sobre todo a los que pertenecieron a las juventudes comunistas de las universidades estatales. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el juez supremo Duberlí Rodríguez fue una pieza clave en el diseño de una política judicial preñada de todos los vicios habidos y por haber.

 

Viviana Rodríguez
Disolución del convenio

El convenio suscrito con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambienta fue disuelto el 03 de junio Resolver por decisión unilateral del Poder Judicial, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa N.° 138- 2017-P-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.° 000121-2020-P-CE-PJ, expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Aunque no existen datos suficientes para establecer la fecha de nacimiento de los nuevos requisitos para los ascensos rápidos en las carreras públicas, podemos suponer que la fecha de fundación de universidades de bajo costo y pésima formación académica, las cuales tomaron la decisión casi en conjunto de otorgar cursos de capacitación, doctorados y maestrías a las autoridades políticas y judiciales de todo el país, tiene mucho que ver con la conformación de un sistema de prebendas que domina enormes aspectos de la vida política de los funcionarios de todo tipo, teniendo en cuenta que el término funcionario abarca a todos los empleados de la administración pública.

Con los funcionarios enganchados a las universidades de bajo costo y pésima formación académica, y esas instituciones ligadas al poder político de turno, es lógico prever la existencia de una corrupción de baja intensidad, donde predomina el “dame que te doy”.

Vista la estrecha relación entre el mundo académico de bajo nivel y los funcionarios listos para ser “aceitados”, es imposible prever cambios sustantivos en ese maridaje, toda vez que el sistema ha sido hecho para sobrevivir y hacerse cada vez más fuerte. Salvo error u omisión.

La alimentación de los niños condiciona su presente y su futuro

Por: 6.06.2024

En los países de renta media y renta baja, los fabricantes de alimentos para infantes y lactantes les añaden azúcares en cantidades inversamente proporcionales a las que les agregan los productores de alimentos en los países de renta alta.

De esa forma, desde la primera infancia los patrones de alimentación de los niños ricos se diferencian de manera significativa de los patrones de los niños pobres, estableciéndose una diferencia notable entre la dieta presente y la futura.

Por esa razón, cuando uno se pregunta en qué momento se originó la gordura de nuestros hijos, primero, y la obesidad, después, solamente tenemos que detenernos a leer en la letra pequeña del envase cuánta azúcar contiene cada porción del producto que le servimos a nuestros niños.

Según los nutricionistas, tanto los alimentos que consumen los niños de los países pobres como los que consumen los niños que se acostumbran a la ingesta de golosinas poco a poco, van minando el organismo y condicionando su futuro.

Hace unos meses, las organizaciones Public Eye y Red Internacional de Acción sobre Alimentación Infantil (IBFAN) publicaron los hallazgos de un estudio que subraya una discrepancia preocupante en las prácticas de Nestlé, la corporación de alimentos más grande del mundo, cuyo valor se estima actualmente en 265, 570 millones de dólares.

Según el diario británico The Guardian, la investigación que envió muestras de alimentos para bebés de Asia, África y América Latina a un laboratorio belga, examinó 150 productos vendidos por Nestlé en naciones de ingresos bajos y medios. Los productos analizados incluyen las marcas más vendidas del mundo: Nido y Cerelac.

Los resultados arrojaron que casi todos los alimentos en base a trigo vendido por Nestlé en esas regiones  -destinados a infantes a partir de los seis meses de edad-, contenían azúcar añadido equivalente a un promedio de 4 gramos por porción, más o menos un cubo de azúcar.

El volumen más alto de azúcar añadido en un producto fue de 7,3 gramos por porción, detectado en Filipinas; seguido de 6,8 gramos en Nigeria, y 5,9 gramos en Senegal. Además, en 7 de los 15 países más pobres del mundo, no se declaró en las etiquetas que en el alimento se había añadido azúcar.

Viviana Rodriguez
Cerelac y Nido figuran entre las marcas de alimentos infantiles más vendidas de Nestlé en los países de renta baja y media y también son las que contienen más azúcar en sus fórmulas. 

La estrategia que usa Nestlé para engañar al consumidor promedio es el marketing de influencia según identifica el informe, donde Nestlé emplea a “influencers mamás” y especialistas de la salud en asociaciones pagadas que “engañan” para captar a los padres de familia.

“Encontrarás en línea a nutricionistas de redes sociales, pediatras, doctores, que promocionan los productos de Nestlé, NIDO y Cerelac como saludables para los niños, bueno para su inmunidad, bueno para su desarrollo cerebral”, dijo Gaberell.

A pesar de las preocupaciones planteadas, Nestlé afirma que ha reducido la cantidad de azúcar añadido en su cartera mundial de cereales infantiles en un 11% durante la última década, argumentando que las “pequeñas variaciones en las recetas” de sus productos Nido y Cerelac se deben a regulaciones y disponibilidad de ingredientes locales.

Sin embargo, los detalles específicos del informe, como los 6 gramos de azúcar añadido por porción encontrados en cereales sabor a galleta en Senegal y Sudáfrica, o los más de 2,7 gramos por porción en productos de Cerelac vendidos en la India, subrayan la discrepancia con prácticas en Suiza, donde producto similares no contienen azúcares añadidos. Esta “doble norma”, como la califica Dr. Nigel Rollins, oficial médico de la OMS, “no puede justificarse” frente a las evidentes consecuencias para la salud pública global.

El consumo de estas leches ha ido incrementándose en los últimos años para lograr cubrir los requerimientos nutricionales de los niños en cuanto a ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales como el hierro. No obstante, su consumo es preocupante debido a que pueden conllevar a obesidad infantil, caries dental, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (por ejemplo: hipertensión e hipercolesterolemia) y diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, el consumo de dichas fórmulas puede dificultar la adquisición de hábitos saludables, debido a una mayor preferencia por consumir alimentos dulces.

Las consecuencias anteriormente descritas se deben a su alto contenido de azúcares, los cuales los podemos encontrar bajo otras denominaciones como fructosa, sacarosa, maltodextrina, jarabe de glucosa, entre otros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de azúcar total al día no debe exceder el 10% de las calorías diarias, sin embargo, muchas de estas leches exceden este límite. Esto se debe a que dichas fórmulas contienen 6 g de azúcar por cada 100 ml de preparado en promedio.

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Cerelac, Nestlé, Nido

Reduflación: un invento de los productores para estafar a los consumidores

Por: 27.05.2024

En noviembre del año 2016, antes que la Covid 19 desatara su guerra mundial contra el género humano, la multinacional Mondelez International, fabricante del ultra conocido chocolate Toblerone, decidió ensanchar el espacio entre los triángulos de chocolate de la famosa golosina, entregando menos por el mismo precio. Preguntado el portavoz de Mondelez en el Reino Unido por la decisión corporativa de la multinacional, este respondió en la cuenta de Facebook de la empresa: “Decidimos cambiar la forma para mantener el producto accesible para nuestros usuarios”.

Con esa pequeña nota, la compañía que produce en decenas de países las marcas de snacks más conocidas del mundo, como Oreo, Chips Ahoy!, Toblerone, Cadbury, Trident, Chiclets y Halls, le dio la partida de nacimiento a la reduflación, la práctica que vuelve “locas” a las amas de casa y hace más y más ricas a las empresas fabricantes de productos masivos, sobre todo en detergentes, aceites, condimentos, productos de limpieza y un largo etcétera.

Menos por más 

Desde las cuarentenas que obligaron al cierre temporal a una serie de negocios en todo el mundo, los fabricantes de productos de consumo masivo vieron reducirse sus enormes márgenes de ganancia, y, en lugar de mantener sus precios a la espera del fin de la pandemia, se pusieron rápidamente de acuerdo para castigar a los consumidores, trasladándoles todo el problema a los sufridos consumidores. Ese es el origen del problema que enfrenta a las asociaciones de consumidores del mundo entero contra los fabricantes abusivos.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) continúa la campaña iniciada el año pasado, denunciando la práctica conocida como reduflación, la cual está extendida por todo el mundo. Dicha política consiste en reducir la cantidad, el tamaño o el número de unidades de un producto manteniendo o elevando su precio.

Si a ese nuevo tipo de estafa al consumidor le sumamos la llamada obsolescencia programada, la cual consiste en fabricar piezas vitales de automóviles, de electrodomésticos y de muchos otros productos de uso cotidiano que se malogran al llegar a cierto número de ciclos de encendido. En todo el planeta, solo el arsenal legislativo de la República Francesa ha logrado incluir prohibiciones expresas a esa práctica, aunque es difícil penalizar todo y al mismo tiempo.

Aunque en el Perú se tolera la reduflación siempre y cuando se informe la disminución del contenido en el envase, ASPEC considera que eso no es suficiente, ya que muchos consumidores no revisan minuciosamente las etiquetas y confían en recibir el contenido de siempre.

Por ello, ASPEC insta a las autoridades del Legislativo y del Ejecutivo a seguir el ejemplo de Francia y promulgar las normas que sean necesarias a fin de informar y alertar a los consumidores sobre la reduflación.

En el Perú la compañía de alimentos procesados Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas: Primor, Cocinero, entre otras, también ha reducido el contenido de fideos Don Vittorio de 500 a 450 gramos

En la industria láctea ha sucedido otro tanto. El paquete de mantequilla Laive se ha reducido de 200 a 180 gramos, mientras la botella de yogurt bebible Gloria pasó de 1.9 a 1.7 kilogramos. Y así continua la larga lista de productos como agua, yogurt, gaseosas, cereales, mayonesa, margarina, papel higiénico, detergentes, champú, toallas de papel, pastas, pan de molde,

 

Viviana Rodriguez
Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas

La reduflación recorrre el mundo 

Carrefour, la cadena de supermercados de origen francés, decidió un día combatir in situ a las empresas que reducen los tamaños de sus productos pero mantienen sus precios iguales. Para ese fin, Carrefour colocó avisos en los estantes para advertir a sus compradores sobre la shrinkflation (algo así como la reduflación, una mezcla de reducción con inflación). El aviso estaba dirigido, principalmente, contra el té helado Lipton, los chocolates Lindt y otros productos de Pepsico/Unilever, uno de los gigantes de la comercialización de bebidas no alcohólicas.

Consultado el director de comunicaciones con los clientes de Carrefour, este declaró a la prensa: “queremos poner presión a las empresas fabricantes para que mantengan precios bajos”.

En México, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), le dijo a la BBC que en su país esta “tendencia afectaba a los productos de alto consumo en general” que son ofrecidos en presentaciones más pequeñas y en envolturas distintas a las originales. Se refería, fundamentalmente, a los panes, los snacks, los aceites, los cereales, los atunes los refrescos y los detergentes.

Vanesa Ruiz, la gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, Argentina, también indicó que en su país se venía detectando la reduflación desde hace algún tiempo. “Muchas empresas realizan esto de forma paulatina como una forma de ahorro, porque esas reducciones pequeñas en cada producto significan un beneficio importante para ellas”, le dijo a BBC en Español.

Así como los gremialistas mexicanos y los argentinos se dieron cuenta que las bolsas de papas fritas venían llenas de aire, las latas de sopa se habían encogido y los paquetes, frascos y sachets de detergentes que se habían reducido, las amas de casa descubrieron que el papel higiénico, las servilletas y toallas de papel y demás productos de uso diario pesaban menos y eran más caras.

La indignación es mundial, porque la estafa es global, llámese shrinkflation en inglés o reduflación en castellano; además, la fórmula encontrada por los abogados corporativos de las multinacionales les dijo que la práctica era malsana, pero no ilegal, porque ninguna de las corporaciones había firmado un contrato de inamovilidad de precios con uno, varios, muchos o todos los consumidores.

Según la Asociación de Consumidores de Columbia Británica, la reduflación nació realmente en 1988, es decir hace treinta y tantos años, cuando la marca Chock Full o’Nuts redujo su lata de café de 455  a 368 gramos, y otros productores siguieron su (mal) ejemplo: la estafa de los productores a los consumidores había llegado para quedarse entre nosotros.

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Alicorp, aspec, Mondelez Internacional, poder legislativo, Reduflación

Industrialicemos al Perú

Por: 19.05.2024

Desde los inicios de la presente legislatura, el economista Carlos Anderson se destacó como uno de los congresistas mejor preparados en un universo parlamentario repleto de políticos sin preparación académica ni experiencia en gestión pública.

Teniendo en cuenta esas características, buscamos a Anderson y le preguntamos: ¿qué propone el proyecto de la nueva Ley General de Industrias?

Hace mucho tiempo se pensó que no era necesario ningún tipo de política industrial; esa es una posición ideológica, nada más que eso. Ignorando 250 años o 350 años de historia de capitalismo mundial, ningún país se ha desarrollado sin políticas industriales. Las industrias, digamos, no se desarrollan de manera natural, viven de algún tipo de estímulos; lo que pasa es que después de muchos años, hubo gente, de una ideología en particular, que decía que los países en desarrollo no deben escoger ganadores, no deben tener políticas sectoriales de desarrollo; bueno, los países tontos que nos llevamos de esos consejos no desarrollamos la industria y los países que entendieron eso son los países que hoy en día se llaman de reciente industrialización, primero tenemos los cuatro tigres (originales) asiáticos: Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Ellos impulsaron la reciente industrialización de Malasia, Indonesia y Vietnam, países destruidos en la guerra mundial y recuperados a pasos agigantados.

En América Latina tenemos los ejemplos recientes de Costa Rica y de México, que son países que en los últimos 20 o 25 años han cambiado sustancialmente sus estructuras económicas; entonces, las preguntas son: ¿cómo lo hacen y qué hay que hacer? En el Perú hubo un ejercicio de industrialización en los años setenta, durante el gobierno militar, pero fue, por supuesto, muy mal hecho, con protección indefinida. Entonces hoy en día hay una nueva manera de mirar el tema de la industrialización, que consiste básicamente en tener un concepto más amplio de lo que significa industria con servicios, con tecnología y en tercer lugar promocionando, digamos, el contenido tecnológico entre las exportaciones. 

¿Cómo lo logran, cómo lo están haciendo?

Usando, precisamente, las buenas enseñanzas de los países asiáticos. En el caso del Perú, por ejemplo, no hemos transitado por ese rumbo; hemos desviado totalmente el tema de la industria. Ahora hay una discusión en cómo promocionar la industria, porque hay ciertos sectores que lo que dicen es: “ponme protección, que no entren los productos foráneos, esa es la mejor fórmula de estimular nuestra industria nacional”, y otros que dicen: “bueno, mira, dame regímenes especiales, laborales e impositivos y hay que ser cuidadosos con eso; y tiene que ser con condiciones”.

En particular, hoy en día hay un enfrentamiento geopolítico entre la China y los Estados Unidos que se ve en Asia, en África y en América Latina. Entonces los Estados Unidos, en particular en América Latina, se ha dado cuenta que ha venido perdiendo la batalla, y hace un par de años ha comenzado a impulsar una política que se conoce como nearshore, que, básicamente, es promocionar que se generen cadenas de producción y de suministro a las grandes multinacionales latinoamericanas.

El mes pasado se ha publicado un estudio que muestra cuál es el potencial que tiene esa política de estimular las exportaciones latinoamericanas, y, en el caso específico del Perú, dice que para nosotros, los que somos parte de toda esa corriente, podemos llegar a obtener beneficios de hasta 1400 millones de dólares anuales. Y si hubiéramos hecho lo que hizo México hace dos décadas con maquila y manufactura, entonces el impacto habría sido de un poco más de 5000 millones de dólares anuales, adicionales a las exportaciones.

Por ese motivo, cuando hay una discusión sobre un proyecto de ley de fomento industrial, hay escucharlo con interés y detenimiento.

El proyecto de ley que yo he presentado, que se llama REMA, que significa Régimen de Elaboración, Manufactura o Maquila y de Almacenamiento, es un poco distinto porque no busca generar incentivos por la industria que ya existe, sino para generar nuevas industrias.

 ¿Cuáles serían los incentivos que ofrecemos para atraer la inversión extranjera que necesitamos?

Si hoy en día tienes una empresa y le das un servicio de consultoría a una empresa domiciliada en el extranjero no pagas IGV; entonces, si tienes una empresa china, japonesa o francesa que quiere llegar al mercado norteamericano, vas y estableces una empresa de ese tipo en México, que está cerca al mercado estadounidense.

Este régimen, como te digo, es el que explica porqué México ha pasado de ser un país que dependía básicamente de la exportación de petróleo a ser el mayor fabricante de autos que se venden en el mercado estadounidense.

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Carlos Andersson, Ley industrial., Ley REMA

¿Cómo actúan los funcionarios y los abogados de la Federación Peruana de Fútbol?

Por: 16.05.2024

Como lo único que necesitan Agustín Lozano y sus secuaces para mantener el control mafioso del directorio de la Federación de Fútbol es contar en ese directorio con el número suficiente de clubes con derecho a voto, decidieron mantener a unos cuantos clubes pequeños pero controlables en desmedro de otros que se oponían abiertamente a sus planes.

Así, manteniendo al Deportivo Municipal y al Deportivo Binacional en sus ligas respectivas, Lozano y su pandilla hicieron todo lo posible y todo lo imposible para impedir que el Juan Aurich y el Unión Huaral militaran en la Liga 1.

El “empapelamiento” de esas instituciones contó desde el vamos con el apoyo de la gran mayoría de la prensa deportiva, de casi todos los representantes de los otros clubes y de jueces en diferentes instancias.

Aunque es una tarea descomunal, el señalamiento de la trama mafiosa, de la existencia de una prensa corrupta y de una red de jueces venales es necesaria por el bien del fútbol, de los aficionados y del deporte en general.

Argumentos “legales” que usa Lozano para sancionar al Aurich

Aunque los clubes Deportivo Binacional y Deportivo Municipal no le han pagado a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ni un sol de la deuda que mantienen con el ente recaudador, no hay sanciones de ningún tipo para dichos clubes, a diferencia de la persecución que diversos organismos del Estado han ejercido y ejercen sobre el Juan Aurich y el Unión Huaral.

Ese doble rasero, existente desde siempre en toda la pirámide administrativa del Estado, es insólito que Agustín Lozano tenga tanto poder como para manejar a la Sunat.

Por dichas razones, es necesario repetir que el virus inoculado por Lozano a los miembros de la Federación Peruana de Fútbol debe ser liquidado en la brevedad. El momento es ahora, no mañana ni la semana próxima. Hagámoslo ya.

 

IT. 157-2024 – 13.05.2024 – IT Fiscalización Licenciamiento – MUNICIPAL (1).pdf de Liliana Gilvonio

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Agustín Lozano, FPF, Juan Aurich, Unión Huaral

FPF la hace larga para que el Aurich no juegue este (y otros) campeonato(s)

Por: 15.05.2024

Luego, que hace unas semanas se conociera la decisión que la Comisión de Licencias de la Federación no le extendiera la licencia al Juan Aurich para jugar en la liga que le corresponde, el representante legal del club deportivo, acusó de intromisión del señor Agustín Lozano, presidente de la FPF. “No encontramos otra razón para justificar ese despojo, el único efecto que le puedo encontrar lógica es que de los nueve clubes de la Zona Norte en la Liga 2, grupo en el que también está el equipo del señor Agustín Lozano. Él ha dicho que es dueño del Juan Pablo II, y de pronto se beneficia porque tiene dos rivales menos y el club más tradicional de Lambayeque (Juan Aurich) queda fuera”, mencionó.

En nuestro país, el fútbol profesional se ha convertido en una maquinaria capaz de fabricar dineros (fácil) con tanta rapidez como el tráfico de drogas, la venta de oro extraído de manera ilegal y la tala de árboles de maderas finas.

Hace unos años, menos de cincuenta para tratar de ser precisos, las apuestas clandestinas, el “alquiler” de árbitros y los partidos arreglados configuraron el primer piso de un negocio que hoy se ha constituido en una fuente inagotable de dinero.

Para convertirse en potentados en un negocio que no conoce límites, los dueños de los clubes provincianos se juntaron para tomar el control de las federaciones nacionales, para, desde esa posición, decidir que clubes participaban en los diferentes campeonatos, quiénes elegían a las autoridades arbitrales y, por lo tanto, escogían a los que arbitrarían los partidos amañados.

Posteriormente, cuando las empresas de apuestas digitales y las cadenas de televisión iniciaron el manejo mafioso de ambos negocios, estar sentados en los sillones de los directorios convirtió a unos ciudadanos de a pie en individuos que se alojaban en habitaciones de hoteles de cinco estrellas, viajaban en las primeras clases de los aviones y gastaban como locos los dineros que producía el fútbol.

Según declaraciones del letrado, Agustín Lozano es el único presidente de una federación o asociación de fútbol, de los 210 países que integran la FIFA, que ha declarado suelto de huesos ser dueño de un equipo. Entonces, Lozano tiene injerencia directa sobre los órganos autónomos de la Federación, porque es el presidente ejecutivo de la misma; es decir, Lozano es juez y parte, jugador y árbitro, el que corta el jamón. Y puede ejercer ese poder para el bien y para el mal, y nosotros creemos que lo ha hecho para el mal.

Por esas y otras razones, controlar el quórum de las federaciones se convirtió en el único trabajo de esos zánganos.

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Agustín Lozano, FPF, Juan Aurich, TAS.

Agustín Lozano desaparece al club Juan Aurich

Por: 4.05.2024

En muchísimos países del mundo, sean estos tan pobres como los africanos o tan ricos como los europeos, tan grandes como Rusia o tan pequeños como en el Uruguay, los hombres que manejan las federaciones de fútbol profesional hacen lo que quieren al amparo de transacciones mafiosas, siempre apañadas por un periodismo deportivo venal.

En la Italia elegante y señorial, hay equipos de primer orden que fueron descendidos a la segunda profesional por arreglar partidos, todo eso, por cierto, con la anuencia de los árbitros y la intromisión de las casas de apuestas. En Argentina, probablemente el país más futbolero del mundo, un ferretero de barrio se hizo del control de la Asociación de Fútbol Argentino, y, desde esa posición, llegó a ser vicepresidente de la FIFA para manejar a placer un negocio que genera tantos ingresos como el narcotráfico, la trata de blancas o la minería ilegal.

En nuestro país, un político mil veces fracasado que, con el aval de una junta directiva impresentable, maneja a su antojo la Federación Peruana de Fútbol, a tal punto que cual mago de Las Vegas ha desaparecido de la Liga 1 al club más importante de Lambayeque.

Pregúntemosle al doctor Julio García, probablemente el abogado de temas deportivos más conocido del país, ¿cuáles son las acciones que tomará el Club Juan Aurich después de tomar la decisión de llevar a la Federación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la FIFA?

Hemos presentado la apelación ante el TAS y la solicitud de medida cautelar. Y la idea es obtener esa apelación en un plazo no mayor a las dos semanas.

¿Y por qué la Comisión de Licencias de la Federación no le extiende la licencia para jugar en la liga que le corresponde?

Nosotros creemos que es por la intromisión del señor Agustín Lozano, presidente de la FPF. No encontramos otra razón para justificar ese despojo.

¿Cuáles serían las razones que tendría el presidente Agustín Lozano para realizar semejante despropósito?

Básicamente que él es dueño de un equipo, un equipo nuevo. Es el único presidente de una federación o asociación de fútbol, de los 210 países que integran la FIFA, que ha declarado suelto de huesos ser dueño de un equipo. Entonces, Lozano tiene injerencia directa sobre los órganos autónomos de la Federación, porque es el presidente ejecutivo de la misma; es decir, Lozano es juez y parte, jugador y árbitro, el que corta el jamón. Y puede ejercer ese poder para el bien y para el mal, y nosotros creemos que lo ha hecho para el mal.

¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la Comisión de Licencias no le otorga la suya al Club Juan Aurich, cuáles son los argumentos?

El problema consiste en que antes de eso había 6 clubes a los cuales se les evaluó la licencia y estaban exactamente en la misma situación que el Club Juan Aurich, pero la Comisión decidió -creo que bien- aplicarles el Reglamento Conmebol. Ese reglamento es más flexible, y como tal más rápido para evaluar temas como los de las licencias. La pregunta es: ¿por qué en situaciones exactamente iguales a unos les aplican una ley benigna y a otros no? Ese es el tema de fondo: ¿por qué, cuál es la razón?

 Del proceso de Licenciamiento del club Juan Aurich.

  1. Mediante Resolución N° 028-FPF-2022 de fecha 27 de setiembre del 2022, se resuelve aprobar la modificación total al Reglamento de Licencias para Clubes en el Fútbol Profesional de la FPF (en adelante, el “Reglamento de Licencias FPF”). 
  2. Mediante Oficio Circular N° 040-2023/GCL-FPF de fecha 27 de octubre del 2023, la Gerencia notificó a todas las Entidades Solicitantes participantes en la Liga 2, incluido al CLUB JUAN AURICH S.A., el inicio del procedimiento de concesión de Licencias 2024, y se le solicitó tramitar y obtener la Licencia B, la cual es obligatoria para participar en el Campeonato 2024 Liga 2. 
  3. Con fecha 21 de noviembre del 2023 se notificó a los Clubes de Fútbol y a la Comisión, los Informes Técnicos referentes a la evaluación de requisitos durante la Primera Ventana, razón por la cual la Gerencia, emitió el Informe Técnico N° 514-2023/GCL-FPF señalando los documentos que debían ser completados y/o subsanados, respecto del procedimiento de concesión de Licencias en mención. 
  4. Mediante Acta N° 055-2023 de fecha 18 de diciembre del 2023, la Comisión acordó otorgar plazos extraordinarios adicionales para que las Entidades Solicitantes completen la documentación faltante y/o subsanen las observaciones pendientes, los cuales fueron concedidos hasta el 20 de enero del 2024 en el caso de los Clubes que participarán en la Liga 2 por haberse mantenido en dicha categoría o por haber descendido de categoría, y hasta el 25 de enero del 2024 en el caso de los Clubes de Fútbol ascendidos a la Liga 2 provenientes del Campeonato Nacional de Fútbol Aficionado “Copa Perú”.
  5. Mediante Oficio Circular N° 043-2023/GCL-FPF de fecha 19 de diciembre del 2023, se notificó a todos las Entidades Solicitantes que participarán en la Liga 2, el plazo adicional e improrrogable otorgado por la Comisión sobre la finalización del procedimiento de concesión de Licencias 2024, siendo dicho plazo hasta el 20 de enero del 2024, para la obtención de la Licencia B. 
  6. Mediante Oficio N° 001-2024-CL-FPF de fecha 29 de enero del 2024, la Comisión otorgó un último plazo adicional, extraordinario e improrrogable hasta el 29 de febrero del 2024, con la finalidad de que las Entidades Solicitantes que participarán en la Liga 2 subsanen las observaciones evidenciadas en las Opiniones Técnicas – Visitas Previas emitidas por el Coordinador de Proyectos del Área de Infraestructura Deportiva FPF, y presenten el Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado para el año 2024. 
  7. Mediante Oficio Circular N° 003-2024/GCL-FPF de fecha 30 de enero del 2024, la Gerencia notificó a todas las Entidades Solicitantes que participarán en la Liga 2 el plazo adicional otorgado por la Comisión de Licencias sobre la presentación de la documentación de Infraestructura y el Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado del procedimiento de concesión de Licencias 2024, es decir, hasta el 29 de febrero del 2024, para obtener y mantener la Licencia B. 
  8. Con fecha 16 de febrero del 2024, la Comisión aprobó el cronograma actualizado, para la finalización de los hitos restantes correspondientes al procedimiento de concesión de Licencias para las Entidades Solicitantes que participarán en el Campeonato 2024 Liga 2. 
  9. Mediante Resolución N° 004-FPF-2024 de fecha 21 de febrero del 2024, la Junta Directiva FPF resolvió en su numeral Primero lo siguiente: “Modificar el Reglamento de Licencias para Clubes en el Fútbol Profesional de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, aprobado mediante Resolución N° 028-FPF-2022 y modificado a través de las resoluciones N° 002, 004 y 006-FPF-2023, incorporando la Disposición Final y Transitoria Cuarta y Quinta, las cuales quedarán redactadas de la siguiente manera: ‘CUARTA. Suspensión de aplicación de requisitos. Suspéndase la aplicación de los requisitos exigibles contenidos en los artículos 29°, 30°, 56°, 77.3° al 77.8° y 78° del Reglamento de Licencias, para las Entidades Solicitantes (Clubes) de la Licencia B y Licencia Transitoria únicamente para todos los procesos y procedimientos de licenciamiento relacionados y que conlleven a la participación de dichos Clubes en el campeonato Liga2 2024. Suspéndase la aplicación de los requisitos exigibles en los artículos 35° y 37° del Reglamento de Licencias, para las Entidades Solicitantes (Clubes) de la Licencia B y Licencia Transitoria únicamente para todos los procesos y procedimientos de licenciamiento que relacionados y que conlleven a la participación de dichos Clubes en el campeonato Liga2 2024. En su lugar, dichas Entidades Solicitantes (Clubes) estarán obligadas a cumplir con los estándares mínimos que establezca excepcionalmente, la Jefatura de Infraestructura en coordinación con la Gerencia de la Liga Profesional de Fútbol de la FPF, los mismos que comprenderán al menos aspectos relacionados a la Identificación del Estadio, Instalaciones, Seguridad, Terreno de Juego y/o Plan de Mantenimiento. Dichos estándares mínimos serán validados para cada Estadio o Instalación de Entrenamiento, a requerimiento y costo de cada Club, por la Jefatura de Infraestructura de la FPF, mediante informes favorables, condicionados o no, que serán puestos en conocimiento de la Comisión de Licencias, para seguimiento, a más tardar los últimos días hábiles de abril, junio, agosto y octubre de 2024. (…) Suspéndase la aplicación de los requisitos exigibles en el artículo 61.1° del Reglamento de Licencias, para las Entidades Solicitantes de la Licencia B y Licencia Transitoria, así como los clubes con Licencia A, para todos los procesos y procedimientos de licenciamiento relacionados y que conlleven a la participación de dichos Clubes en los campeonatos de la temporada 2024. En su lugar, dichas Entidades Solicitantes (Clubes) estarán obligados a presentar los documentos que sustenten los estudios cursados y la experiencia requerida o de sus equivalencias, así como, el contrato que acredite el vínculo con el Club o -de forma temporal- las declaraciones juradas firmadas por el representante legal del Club que acrediten dicho vínculo, las cuales deberán ser monitoreadas mensualmente por el OCEF e informadas a la Gerencia de Licencias de la FPF. No obstante, el contrato que acredite el vínculo entre el personal clave antes descrito y el Club deberá ser formalizado y entregado en un plazo máximo establecido por la Comisión de Licencias. Respecto a la aplicación del artículo 106.2° del Reglamento de Licencias, no deberán considerarse como condiciones indispensables, los requisitos que no son exigibles, conforme a lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento de Licencias. Para tal efecto, deberá considerarse excepcionalmente, durante el año 2024, la aplicación de las consideraciones establecidas en la presente modificatoria. Los demás artículos del Reglamento de Licencias que se encuentren relacionados a las consideraciones y precisiones señaladas en la presente modificatoria serán aplicables parcialmente por los Clubes considerando las excepciones previstas.” QUINTA. Fiscalización de Estados Financieros Respecto a la aplicación del artículo 77° del Reglamento de Licencias para los campeonatos de la temporada 2024, los Estados Financieros requeridos podrán también ser preparados y presentados conforme al Plan Contable Generalmente Aceptado (PCGA). Sin embargo, la presentación de los EEFF conforme al PCGA, dentro de los plazos y demás consideraciones previstas en el Reglamento de Licencias, no será considerado como causal de revocación de la Licencia otorgada, pero si como una falta pasible de sanción (multa), conforme a lo que establezca -para tal efecto- la Comisión de Licencias. Asimismo, determinar que, excepcionalmente para los campeonatos de la temporada 2024, los clubes podrán designar auditores externos independientes que no cuenten con representación internacional de respaldo, pero deberán estar inscritos en el Registro de Sociedades de Auditoría del Colegio de Contadores.’”.

Los Argumentos del Club Juan Aurich.

El artículo 106.2 del Reglamento de Licencias establece que ciertas condiciones son indispensables para la marcha del equipo en el campeonato. En tal enunciado se enumera un total de 13 artículos.

Está acreditado que la Comisión de licencias otorgó licencia a ocho (6) clubes que no habían cumplido con una o más condiciones indispensables establecidas en el artículo 106.2 del Reglamento: FBC Melgar, Sport Huancayo, ADT de Tarma, Cusco FC, Cantolao y Deportivo Municipal.

Para algunos, este se trata de un caso en que dos clubes han incumplido los requisitos y condiciones establecidas para poder otorgarles licencia y en consecuencia de ello, la Comisión de Licencias les denegó – correctamente – la licencia y el Tribunal – impecablemente – confirmó dicha decisión; para otros, es válido concluir que, en algún momento la Comisión de Licencias resolvió que, ante el incumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para el otorgamiento de licencias, tenía la facultad de concederla, otorgando un plazo para la subsanación de los incumplimientos. Esta facultad podía ejercerla inclusive si se trataba de condiciones indispensables apelando a las exigencias (menos gravosas) del Reglamento de Licencias de Conmebol. 

La Sinuosa Posición de la FPF

Como se puede apreciar, de una manera confusa, todas las resoluciones en las que la Comisión decide otorgar un plazo para subsanar las condiciones indispensables, pese a lo señalado expresamente en el Reglamento de Licencias, consignan el siguiente párrafo:

“Cabe señalar que, el Reglamento de Licencias se encuentra alineado a lo previsto en el Reglamento de Licencias de Clubes emitido por la CONMEBOL que establece como criterio administrativo contar con especialistas procedentes de diversas áreas económicas (por ejemplo, mercadotecnia, finanzas, espectáculo, medios de comunicación, etc.), que pueden compartir su experiencia y conocimiento con los Clubes de Fútbol para satisfacer mejor las necesidades y los requerimientos de quienes participan en el fútbol. Es decir, se necesita el consejo de profesionales, personas experimentadas, con buena formación e innovadoras que pueden aportar al Club de Fútbol con sus conocimientos y experiencias, y ayudar a satisfacer las necesidades adicionales y las pretensiones del fútbol actual. Depende de las autoridades de la Entidad Solicitante de la Licencia la búsqueda de personas que satisfagan los requisitos establecidos y la contratación de aquellos candidatos que se adecuen al perfil definido. Entonces, el Reglamento de Licencia de Clubes de la CONMEBOL deja potestad a los Clubes en la contratación del perfil de su personal administrativo, y no exige o establece los términos y condiciones para ello.”

La inobservancia advertida de las condiciones indispensables en los artículos 41, 31 y 36 del Reglamento de Licencias de la FPF, parece cobijarse en esa disposición. En un solo caso, cuando un club omite el cumplimiento del artículo 68 referido a la política de prevención de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, al párrafo anterior se agrega el siguiente: “Asimismo, el Reglamento de Licencia de Clubes de la CONMEBOL define los criterios jurídicos mínimos para las Entidades Solicitantes de la Licencia. No hay mayor exigencia en establecer lineamientos, disposiciones y/o políticas que se encuentren dentro del marco legal peruano para el desenvolvimiento de un Club de Fútbol en el Perú.”

Así pues, queda, evidenciado que a efectos de auto otorgarse una facultad no contemplada en el Reglamento, la Comisión de Licencias decidió recurrir a la aplicación subsidiaria del Reglamento de Licencias de la CONMEBOL a efectos de mitigar la “rigidez” de algunos de los requisitos establecidos con condiciones indispensables, como se ha demostrado y puede ser comprobado con la lectura de las Resoluciones emitidas por la Comisión y que otorgan licencias a clubes que actualmente participan en los torneos Liga 1 y Liga 2.

Por ello, resulta inexplicable que, si amparada en el mismo razonamiento, en el caso de los clubes Aurich y Huaral, la Comisión pudo también ampararse en el Reglamento de CONMEBOL para flexibilizar la exigibilidad de los requisitos establecidos en el artículo 86, no lo haya hecho.

Con todo esto, no cuestionamos la legalidad de la interpretación hecha por la Comisión respecto de la aplicación del Reglamento de Licencias de CONMEBOL para flexibilizar las condiciones indispensables del Reglamento de Licencias de la FPF; sí es cuestionable que, pese a que tal conducta podía ser aplicable a los requisitos en su momento incumplidos por Juan Aurich y Unión Huaral, no se haya procedido de igual manera que en los casos previos.

Viviana Rodríguez

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Agustín Lozano, Chiclayo, Conmebol, FPF, Juan Aurich, TAS.

El contralor pretende extender su periodo por tiempo indefinido

Por: 15.04.2024

En las próximas semanas, con el consentimiento de varias bancadas parlamentarias y la financiación del dinero del fondo del control concurrente, el contralor Nelson Shack y una serie de funcionarios de la Contraloria pretenden extender el periodo del contralor, violando leyes, reglamentos y todos los mecanismos que aseguren el normal desarrollo de este ente. 

Según la Constitución General de la República, el Contralor General es nombrado por el Congreso de la República por un periodo de 7 años. A decir de los críticos de su actual administración, el contralor Nelson Shack Yalta ha venido creando nuevas plazas en la Contraloría a partir de la reasignación de grandes sumas de dinero correspondientes al control concurrente, y, en forma paralela, se ha reunido con los líderes de todos los partidos con representación congresal para lograr la ampliación inconstitucional del mandato del Contralor General. Es decir, está negociando la ampliación de su mandato mediante la creación de puestos de trabajo a miles de funcionarios, comprometiendo ilegalmente dinero del control concurrente, que se transforma en pago de sueldos y salarios.

Con fines netamente políticos, en el Dictamen emitido y aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento se ha propuesto ampliar el periodo del actual Contralor General, quien finaliza su mandato el 19 de julio de 2024, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política del Perú.

Finalizado el periodo de siete años, el Contralor General de la República continuará en funciones hasta que el Congreso designe al nuevo Contralor. (…); es decir, en la práctica se estaría ampliando el plazo de ejercicio constitucionalmente señalado para el ejercicio del cargo de Contralor General, por una norma de menor rango, lo cual constituye una vulneración a la Carta Magna.

Cómo debe designarse al nuevo Contralor

Dentro de los tres meses previos al término del período de la designación del Contralor General de la República, el Presidente de la República remite al Congreso su propuesta para la nueva designación. Es decir, más o menos las próximas dos semanas, el proceso de designación del sucesor del actual Contralor debe iniciarse para concluir la semana anterior a las Fiestas Patrias.

“El proyecto de ley que ha presentado la bancada de Fuerza Popular sólo quiere cambiar un artículo de la ley orgánica del sistema nacional de control de la Contraloría General de la República, sin embargo, el periodo de duración que había ahí se desprende de lo que dice la Constitución que establece el mandato del contralor, quién lo propone, quién lo elige y cuáles son los requisitos que ese alto funcionario tiene que cumplir. El 19 de junio de este año está culminando el mandato del actual contralor Nelson Shack, y la meta de este funcionario era lógicamente extender su periodo, por eso salió este proyecto de ley que presentaron el año pasado que está a la espera de la votación”, nos explica el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República – SINTRA CGR.

Hace unos años, los legisladores modificaron la ley orgánica de la Contraloría, y, en esa modificación, el vicecontralor, que era el funcionario que quedaba como responsable de la Contraloría, se crearon dos vicecontralorías, una del sector territorial y otra de control e identidad, y también se especificó que el de mayor antigüedad es quien asumiría la encargatura cuando Shack estuviera ausente del país o de vacaciones. A esto se suma el tuit de Keiko Fujimori en una capacitación de Shack, lo cual es un despropósito porque la agenda del contralor es pública y tiene prohibida la afinidad con partido político alguno.

Las limitaciones para el ingreso a la Contraloría General de la República 

El año pasado, pensando en el proceso sucesorio, el Contralor presentó el proyecto de ley 3331, que es que garantiza la autonomía y la profesionalización del auditor gubernamental. Nosotros estamos ante ese proyecto porque debilita la lucha anticorrupción, ya que contiene una serie de medidas contra los auditores gubernamentales. Por ejemplo, si el postulante tiene más de 30 años está vetada de postular porque según el proyecto de ley hay un programa de jóvenes talentos, entonces estamos hablando de que un auditor por lo general tiene que ser una persona con amplia experiencia en gestión, por lo que colisionaría con el proyecto que se encuentra en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

¿Cómo piensa financiar la Contraloría las nuevas plazas creadas a la luz del proyecto de ley 3331? La Contraloría respondió que tenía dinero del control concurrente, alrededor de 800 millones de soles. Como sabemos, el dinero del control concurrente sale de todas las instituciones públicas o mixtas que manejan capital del Estado, cuyas obras, servicios o proyectos superen los 5 millones de soles. A fines del año pasado, el presidente del Consejo de Ministros dijo que el dinero del control concurrente ascendía a mil 600 millones de soles. En otras palabras, todo el dinero que la Contraloría no usaba iba a regresar a las arcas del Tesoro Público.

El SINTRA CGR detalla que, de esos mil 600 millones, todo el dinero que al cierre del año 2023 no haya sido utilizado en el argot contable se llama o presupuestal comprometido, o sea, que no responde a algún compromiso que tenga la contraloría por pagar, todo ese dinero que esté libre, que forma el saldo de balance, iba a pasar a ser revertido. En otras palabras, todo el dinero que la contraloría no ha usado iba a regresar a las arcas del Tesoro Público. 

“El contralor pretendía implementar este proyecto de ley utilizando esos fondos. En ese momento, así como está la cosa, eso sería una razón más para que este proyecto de ley sea inviable, porque ya no tendría el financiamiento.

Este año, en este momento, hay una convocatoria donde van a concursarse 4 050 plazas. Y se supone que esas planillas se cubrirán con los fondos del control concurrente, en realidad, el año pasado ingresaron 7 000 personas para puestos de todo tipo y todos subvencionados con el dinero del fondo del control concurrente cuando el Congreso lo otorgó fue para realizaciones de control, para que la administración pueda realizar sus procesos de la manera más adecuada evitando los temas de corrupción, el mal uso de los recursos públicos y que el Estado sea más eficiente y eficaz Eso es el ideal y eso tiene el control concurrente, estos nuevos trabajadores están ingresando al régimen laboral correspondiente al Decreto Legislativo 728 pero a plazo determinado, no todos los que han ingresado son para puestos de auditor o de control han ingresado secretarías han ingresado choferes, comunicadores, asistentes sociales, abogados para la procuraduría a pesar de que con el control concurrente no se identifican responsabilidades. 

Otra de las cosas por la cual el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República se encuentra muy preocupado es porque: “El área de comunicación de la Contraloría en estos 7 años se ha expandido de manera exponencial, por ejemplo; en la última asistencia de Contralor a la Comisión de Fiscalización y Contraloría que es la comisión más fuerte que hay dentro del congreso, él ya no va con los vicecontralores, no va con su asesor jurídico, no va con el secretario general que sería su personal de apoyo, ahora va con el gerente de comunicaciones, va con el subgerente de prensa, va con el supervisor de imagen, va con su asesor personal de prensa que es el señor Armando Canchanya.

Armando Canchanya que es el asesor del despacho en temas de comunicaciones y con el coordinador parlamentario pero que tampoco es personal netamente técnico de las materias que se tratan en las comisiones”.

Lo más raro es que es en el último año de gestión el contralor está contratando o va a contratar más de 11 000 personas porque la meta del año pasado era llegar a 8 000 nuevas personas, con toda la carga social que eso significa, el SINTRA SGR, ha hecho un mapeo de la cantidad de personas que han ingresado por concursos públicos desde el año 2017. Y eso promueve entre 200 a 300 personas en el máximo esplendor de los concursos de la institución, pero jamás 3 000 a 5 000 personas que vemos que está ingresando y tampoco tenemos infraestructura.

Es no perder los recursos del control concurrente, pero lo están gastando en aumentar la planilla. ¿Y cuál es el riesgo adicional? con esta ley del auditor.

De acuerdo a esta ley y de acuerdo a la promesa que ha hecho el Contralor y toda la alta dirección y las áreas de recursos humanos, todas las personas no interesan que hayan ingresado por concurso o no concurso público, sean 728 o CAS, a plazo indeterminado o plazo determinado, o sea, las 7 000 personas que han ingresado más las  4 000 personas que van a ingresar, pasarían a este nuevo régimen que es de carácter permanente, con lo cual los contratos temporales de estas personas pasarían a ser contratos definitivos. En un año de 4 500 personas que éramos, vamos a pasar a ser 12 000.

Así, en un año y medio, de la noche a la mañana, ninguna entidad pública, por más necesitada que esté, ni siquiera el sector de educación crece de esa manera exponencial y menos en el último año de gestión.

Hemos crecido, más del 80%, Y con estas nuevas personas que van a ingresar, somos 12 000 trabajadores y las instalaciones no han crecido y es una de las razones por las cuales seguimos en teletrabajo. En un mismo escritorio se sientan, tres abogados. Y lo mismo sucede en otras áreas, cuando van al campo, a las entidades a hacer auditoría, se liberan esos sitios, y esos los ocupan otras personas, que también cuando van al campo los ocupan otras personas. Es el juego de las sillas, y todo el mundo llega temprano, porque si no encuentras tu silla, tienes que ingeniártelas.

Para que tengan una idea, llegó un momento donde el tercer piso del comedor de la sede central se utilizaba de oficinas. Aunque no estaba preparado para eso, pero como se necesitaba, se utilizó como oficina. Estaban en un sector de comidas, en el último piso del edificio que está en la Avenida Arenales, y también se utiliza de oficina, porque no hay espacio. Ya han alquilado, dos inmuebles, pero que no tienen certificado de defensa civil, por lo menos no lo tenían hasta principios del mes de marzo. Pero no, no hay certificado, y esa es información oficial que hemos obtenido vía acceso a la información pública, que al principio, al 4 de marzo de este año, ninguna de las sedes que tiene la Contraloría en Lima, cuenta con certificado de defensa civil, ninguna, finalizó SINTRA CGR.

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