[INFORME] Sudaca pudo revisar numerosos documentos de Contraloría que exponen las diversas falencias de la ONPE en la preparación de la jornada electoral. Falta de personal, ausencia de material para capacitaciones y hasta injustificados cambios en contratos destacan en estos informes.
Tras cinco años de permanente crisis, las elecciones del pasado domingo se asomaban como la esperanza de alcanzar cierta estabilidad con nuevos integrantes del Ejecutivo y Legislativo que representen un proyecto de país que cuente con un mayor grado de respaldo por parte de la población.
Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una nueva etapa entre los peruanos y sus políticos terminó en un escándalo insólito que ha convertido el proceso electoral en una extensión de la crisis política que atraviesa el país. Las injustificables demoras con la entrega del material para instalar las mesas de votación generaron un razonable clima de zozobra en distintos puntos de la capital donde, incluso pasado el mediodía, se reportaban largas colas de espera y, en casos todavía más graves, se le anunciaba a los votantes que sus respectivas mesas nunca serían instaladas.
En un contexto en el cual un sector de la población desconfía de sus autoridades, no era impensado prever que una situación como esta derivaría en la formulación de todo tipo de especulaciones. En este informe, Sudaca pudo revisar las numerosas advertencias hechas por la Contraloría durante las semanas y meses previos al domingo 12 de abril.
DESDE INICIO DE AÑO
Si bien es justo señalar que en todo proceso electoral pueden ocurrir imprevistos, la tolerancia hacia estos cambia cuando se tiene en cuenta que las deficiencias en la preparación para estas elecciones venían registrando advertencias desde hace varios meses incluso para labores que requerían un menor despliegue que el del domingo.
Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se advertía de una situación adversa relacionada con la capacitación del personal que trabajaría en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Según se había programado, el personal de la ODPE de Puno debía llevar a cabo la capacitación de su personal la tercera semana de febrero.
Sin embargo, tal como se puede observar en la siguiente imagen, cuando llegó el día de la capacitación, la persona encargada no contaba con el material necesario. Pese a que se había estipulado una cantidad determinada de elementos, el 16 de febrero apenas contaban con treinta de los más de ochocientos lapiceros requeridos y ninguna de las credenciales que solicitaron.
Por supuesto, esta actividad sí estaba contemplada en la asignación de presupuesto para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno. Según se señala en el propio documento de Contraloría, se dispusieron cerca de cuatrocientos mil soles para la adquisición de materiales que no llegaron.
Pero este no fue un episodio aislado. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Román, también del departamento de Puno, recibió un presupuesto de casi doscientos ochenta mil soles para la capacitación de su personal y también reportó falta de materiales básicos como plumones, cintas de embalaje y cartulinas.
Otro informe de Contraloría sobre la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno pone al descubierto que tampoco contaban con computadoras para sus labores y que, ante el trabajo que tenían pendiente, el personal de esta ODPE tenía que utilizar sus propias computadoras.
Sudaca pudo encontrar por lo menos treinta y siete documentos de Contraloría, que corresponden a los meses de febrero y marzo, en los cuales se reportan problemas a nivel nacional relacionados con la capacitación del personal que estuvo a cargo de la preparación para el proceso electoral. Entre los problemas más recurrentes se encontraba la ausencia de materiales para dichas capacitaciones y la falta de personal que no habían contratado pese a que el cronograma establecía que para esas fechas debían estar disponibles.
CAMBIOS SIN JUSTIFICACIÓN
En otra situación insólita, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Ica realizó una extraña modificación en los términos de referencia para la contratación del servicio de transporte que tendría bajo su responsabilidad entregar el material necesario para instalar las mesas de votación.
Pese a que Gerencia de Organización Electoral y Coordinación había estipulado que los vehículos debían tener un máximo de diez años de antigüedad, esta ODPE decidió de forma unilateral extender a quince años de antigüedad el requisito para la contratación de transporte para el material electoral.
Pero la oficina de Ica no sería la única en realizar este tipo de cambios. En la provincia de Mariscal Nieto, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales también tomó la decisión de dejar de lado lo establecido por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación y amplió el requisito de antigüedad de vehículos que contratarían para la jornada electoral.
Estas irregularidades no sólo habrían ocurrido con los vehículos. En otro de los informes revisado por este medio se pudo encontrar que hasta habían contratado a personal que no cumplía con los requisitos establecidos como obligatorios para trabajar en una de las oficinas en Ayacucho.
Si bien no existen argumentos que respalden la narrativa del fraude que algunos políticos intentan instalar en la opinión pública, lo que sí está respaldado por evidencia contundente es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no se preparó de la manera más adecuada de cara a las elecciones pese a que, como se observa en los informes que de Contraloría, existieron numerosas señales de alarma sobre sus deficiencias.
