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El Congreso decidió iniciar el año 2025 llevando a cabo una renovación de oficinas. Sudaca ha podido encontrar que, entre sillas, escritorios y equipos de aire acondicionado, el Legislativo ha gastado casi setecientos mil soles.

En las oficinas del Congreso se viene llevando a cabo una verdadera renovación. Pero no, no es el tipo de renovación que demanda la mayoría de peruanos producto del hartazgo generado por los actuales inquilinos del palacio legislativo. Por el contrario, lo que está ocurriendo en la sede parlamentaria podría ser incluido en la lista de razones que explican los altos porcentajes de desaprobación.

Mientras que la mayoría de peruanos intentan entender la razón por la cual en el hemiciclo se observa una postura indulgente y hasta cómplice ante las claras muestras de incompetencia por parte del gobierno de Dina Boluarte, en el Congreso están enfocados en transitar el año y pocos meses que les quedan en el cargo de la manera más cómoda posible.

Sudaca ha podido conocer los detalles de las nuevas adquisiciones hechas por el Legislativo para llegar al 2026 en un ambiente de absoluta comodidad. Luego de recibir un mayor presupuesto para este año, en el Congreso decidieron gastar una buena parte de ese monto para renovar sus oficinas, un proceso que además parece interminable.

HAY QUE ESTAR EN SU LUGAR

Para la mayoría de peruanos, los congresistas son funcionarios con inmerecidos privilegios y ellos están determinados en demostrar que es así. Sudaca ha detectado una larga y costosa lista de gastos reportados por el Legislativo durante varios meses que no tienen otra finalidad que darles más comodidades a los padres de la patria.

En esta lista uno de los nombres que llama la atención es el de Orihuela industrias del Mueble, una empresa dedicada a la venta de mobiliario para oficinas y casas. Hasta antes de febrero de este año, el Congreso había gastado el monto de S/ 72,560 en la adquisición de muebles para llevar a cabo una renovación en sus diversas oficinas. 

Cristian Rebosio

En el segundo mes del año que estamos transitando se realizaron nuevas compras a esta empresa por casi dieciséis mil soles. Pero, no conformes con ello, durante el mes de abril volvieron a necesitar de los productos que les ofrecía este proveedor e invirtieron más de trece mil soles en un nuevo proceso de compras.

Cristian Rebosio

Sin embargo, para quienes manejan el Legislativo, una cifra que en total superaba los cien mil soles no era suficiente para la renovación que buscaban en el Congreso. Por eso, la búsqueda de nuevo mobiliario los condujo a la Corporación Peruana de Mobiliario (COPEMO) en donde hasta inicios del 2025 se gastaron más de cuarenta mil soles en compras, más precisamente S/ 40,800.

Critian Rebosio 

Al igual que ocurrió en el caso de Orihuela industrias del Mueble, una sola visita a COPEMO en el año no fue suficiente y, por lo tanto, el pasado mes de abril volverían a darse una vuelta a ver los productos que ofrecía la Corporación Peruana de Mobiliario. En esta nueva oportunidad serían S/ 18,060 el total utilizado en las nuevas adquisiciones.

Cristian Rebosio

Pese a esta cuantiosa inversión, en el Congreso todavía estaban insatisfechos. Por este motivo, Servimuebles Camil apareció como otra tienda para continuar con la renovación de las oficinas en las cuales los congresistas y sus asesores llevan a cabo sus labores diarias. En este lugar se desembolsaron más de treinta mil soles sólo durante el mes de marzo. 

Cristian Rebosio

Aunque la verdadera sorpresa llegaría al revisar los gastos que se registraron durante los años anteriores y que superan largamente los trescientos mil soles. Desde 2022 hasta 2024, el Congreso de la República ha gastado S/ 355,505 en las compras realizadas en Servimuebles Camil.

Cristian Rebosio

A esta lista se le agregan más de veintisiete mil soles que corresponden a sillas giratorias que el Congreso le compró a Red Importex en el mes de marzo y cerca de diez mil soles más por la adquisición de sillas ergonómicas a los proveedores Mundo Arquitectura y Servicios e Importaciones Haulson.

Cristian Rebosio

NUEVOS AIRES EN EL CONGRESO

No obstante, sillas y escritorios no son lo único en lo que se ha gastado. Para combatir el calor de manera eficiente, el Legislativo también ha considerado necesario renovar el aire acondicionado y por ello recurrió a Mora Perú Corporation, una empresa que se dedica a la venta de equipos de aire acondicionado. 

Cristian Rebosio

Aunque el Congreso no ha podido colaborar en la lucha contra la delincuencia, tal parece que sí ha podido obtener resultados en la lucha contra las inclementes temperaturas del verano y para ello han destinado más de cien mil soles del presupuesto asignado para el 2025 para la compra de nuevos equipos de aire acondicionado.

Cristian Rebosio

En los casos puntuales que pudo revisar Sudaca, el monto acumulado es de casi setecientos mil soles. Si bien es comprensible que las oficinas del Congreso, como las de cualquier empresa, requieren mantenerse en buenas condiciones, resulta llamativo que el proceso de compras para esta renovación de mobiliario se repita durante varios meses y con costos cada vez más altos.

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Compras, Congreso

El primer ministro Gustavo Adrianzén fue querellado por presentar como “delincuente y terrorista” a una persona inocente y para su defensa legal contrató a uno de sus trabajadores al cual la Presidencia del Consejo de Ministros le paga más de cuarenta mil soles.

Con las encuestas cada vez más cerca del 100% de desaprobación, el gobierno liderado por Dina Boluarte lleva un largo tiempo en un estado de desesperación ante la necesidad de algún logro que les permita presumir que están capacitados para gobernar y aleje el apellido de la presidenta de los rankings de los mandatarios con mayor desaprobación en el mundo.

Sin embargo, esta impaciencia, sumada a la innegable incapacidad que parece ser el sello de este gobierno, los ha llevado a cometer los más burdos errores. Uno de estos tuvo lugar a finales del año pasado cuando, con la crisis de inseguridad escalando fuera de control, se anunció que “el mando número dos de Sendero Luminoso” había sido capturado.

En aquella oportunidad, el entonces titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez, apareció ante los medios para anunciar, y presumir, que Iván Quispe Palomino había sido capturado por la policía y que este sujeto era “un delincuente terrorista con requisitorias vigentes”. El primer ministro Gustavo Adrianzén no quiso quedar al margen del espectáculo montado y se pronunció catalogando a Quispe Palomino como un “delincuente y terrorista”.

Pero este show con el cual se pretendía mostrar eficiencia no tardó mucho en transformarse en uno de los más grandes bochornos para el Ejecutivo. Luego de haber privado de su libertad a Iván Quispe Palomino, se descubrió que este personaje no tenía requisitorias vigentes ni mucho menos formaba parte de una agrupación terrorista.

PCM, Gustavo Adrianzén, Boluarte

Días después, Quispe Palomino fue liberado. No obstante, su imagen había aparecido en cuanto medio de comunicación existe en el Perú acompañada del infame rótulo de terrorista y, como cualquier persona que ve dañada su imagen, Iván Quispe decidió querellar a Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez por el presunto delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.

¿TRABAJO DE MEDIO TIEMPO?

Según lo señalado en la Ley del Servicio Civil, el servidor civil, como lo es el premier Gustavo Adrianzén, tiene derecho a contar con defensa y asesoría legal en procesos judiciales o investigaciones por hechos que han tenido lugar cuando estaba en funciones. 

El abogado del premier

Por ello, luego de ser querellado por Iván Quispe Palomino y estar próximo a una audiencia de apelación por este caso, el premier Gustavo Adrianzén Lino no dudó en solicitar el servicio de asesoría y defensa legal cuyo costo sería asumido en su totalidad por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

El abogado del premier

Un día después de esta solicitud, el  miércoles 16 de abril de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros decidió otorgarle a quien la preside el beneficio de defensa y asesoría legal. 

El abogado del premier

Sin embargo, al revisar la extensa lista de órdenes de servicio emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros en el mes de marzo se puede observar que los pagos por defensa y asesoría legal al premier vienen desde mucho antes. En el mes de marzo, la PCM pagó cuarenta y un mil soles al abogado César Alberto Chávez De la Peña por esta labor.

El abogado del premier

Pero no es la primera vez que el nombre de este abogado aparece en la lista de órdenes de servicio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aparentemente, el premier Adrianzén habría elegido como su abogado a uno de su trabajadores. En la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de enero del 2025, se puede ver que el abogado Chávez de la Peña fue contratado por la PCM para brindar apoyo legal y por este trabajo recibió treinta y seis mil soles.

El abogado del premier

Además, entre los meses de septiembre y diciembre del 2024, el letrado que ahora atiende el caso que involucra al primer ministro registró cuatro órdenes de servicio por diferentes servicios por un total de cuarenta y un mil soles, un monto que pudo repetir con lo recibido sólo en el mes de marzo de este año con el caso de Gustavo Adrianzén.

El abogado del premier

EXPERTO EN MALOS FUNCIONARIOS

Esta no ha sido la primera experiencia del abogado y trabajador de Adrianzén en casos de funcionarios cuestionados. Entre 2023 y 2024, el letrado Chávez de la Peña recibió más de setenta y ocho mil soles por encargarse de la defensa de Modesto Montoya, quien fue ministro del Ambiente durante el gobierno de Pedro Castillo y al quien la Contraloría recomendó denunciar por designar personal no calificado.

El abogado del premier

Chávez de la Peña también se ha encargado de la asesoría y defensa legal para el  Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), una de las áreas más cuestionadas y con repetidas falencias del sector salud, y por ese trabajo ha recibido más de veintiséis mil soles. 

Las innumerables distracciones que afronta un gobierno más preocupado por convencer que no merece este nivel de desaprobación que por realizar una labor eficiente están llevando a que el premier, los ministros y hasta la propia Dina Boluarte cometan errores pocas veces vistos. Pero casos como el del titular de la PCM contratando con dinero del erario público a uno de sus trabajadores para que lo defienda demuestran que no hay un interés real en enderezar el rumbo.

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Boluarte, Gustavo Adrianzén, pcm

[El Minedu y su realidad virtual] Con varios contratos a personas dedicadas a las redes y hasta el uso del exfotógrafo del despacho presidencial, el Ministerio de Educación utilizó aproximadamente doscientos mil soles para intentar maquillar su imagen en las redes sociales.

En lo que podría interpretarse como una actitud desafiante, diversos ministerios, e incluso la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), parecen haber decidido ignorar el descontento que tiene la mayoría de peruanos con el manejo de sus respectivos sectores y despilfarrar el presupuesto asignado para el 2025 en privilegios y otros gastos innecesarios.

Durante las últimas semanas, Sudaca y otros medios han informado sobre los elevados montos que la propia PCM y el Ministerio del Interior han destinado para contratar a personas que retoquen las fotografías de sus eventos, expertos en manejar sus redes sociales y hasta un entrenador para el personal administrativo. En los informes titulados LOS INFLUENCERS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y EL GOBIERNO DE LA VANIDAD se han detallado en profundidad estos casos.

Pero, lamentablemente para los intereses del Perú, no son los únicos. El Ministerio de Educación, cuya cabeza es uno de los ministros más cercanos a la presidenta Boluarte, tampoco ha desaprovechado la oportunidad de destinar grandes cantidades a áreas que, indiscutiblemente, no se podrían calificar como las prioridades del sector educación.

¿A DÓNDE SE VA EL PRESUPUESTO?

Mientras diversas problemáticas como la deserción escolar y los más de cuarenta y seis mil niños que no van al colegio, cifra que reportó la Defensoría del Pueblo en 2024, demuestran que el sector educación no atraviesa su mejor momento, para el ministro Morgan Quero y quienes acompañan su gestión pareciera que existen otros temas por atender primero.

Al igual que ha ocurrido con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, Sudaca ha podido encontrar que en el Minedu se emiten generosas órdenes por servicios que se enfocan en reflejar una eficiencia que realmente no caracteriza a la actual gestión del Ministerio de Educación.

Uno de estos casos se puede observar en dos órdenes emitidas este año 2025 por un servicio de asistencia técnica para la gestión digital y coordinación de redes sociales. Por este trabajo, el Ministerio de Educación ha desembolsado un total de treinta y dos mil soles en lo que va del año. Aunque si se cuentan dos órdenes de servicio del año pasado, este montó alcanza los setenta y siete mil soles. 

Cristian Rebosio  

Pero en el Minedu esta cifra no parecía suficiente. El pasado mes de febrero, este ministerio emitió otra orden de servicio a nombre de Nelly Janett Moquillaza Bolaños por el concepto de un servicio de asistencia técnica comunicacional en las estrategias de contenido y publicación en las redes sociales. Por este encargo, el monto a pagar fue de trece mil soles, con lo que se acumula un total de veintiséis mil soles durante este 2025.

El Minedu y su realidad virtual 

Desde la llegada del ministro Morgan Quero, en abril del año pasado, el Minedu le ha pagado a Moquillaza más sesenta y nueve mil soles por estos servicios relacionados con las redes sociales del Ministerio. Pero, si se contabiliza desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, la suma de dinero llega a casi cien mil soles, lo que incluye los periodos de Magnet Márquez y Miriam Ponce a cargo de la cartera de Educación.

Cristian Rebosio 

FOTOS PRESIDENCIALES

Semanas atrás, Sudaca reveló que la Presidencia del Consejo de Ministros destinaba varios miles de soles en pagos por las fotografías de los eventos y conferencias. Sin embargo, no son los únicos en darle una buena parte de su presupuesto a este fin. En el Ministerio de Educación, no escatimaron a la hora de conseguir buenas fotos de sus actividades públicas.

Según pudo revisar Sudaca, desde que Morgan Quero está a cargo, el Minedu ha invertido poco más de ochenta y siete mil soles en órdenes de servicio para el fotógrafo profesional Luis Alfonso Elías Alfageme, quien casualmente venía de trabajar en el despacho de la presidenta Dina Boluarte.

Cristian Rebosio

NI ASÍ SE SALVA

No obstante, esta considerable inversión que busca mejorar la cuestionada imagen del ministro Morgan Quero y del propio Ministerio de Educación en las redes sociales está lejos de ser un objetivo cumplido. Paradójicamente, ha sido el propio titular del sector quien se ha encargado de destacar en Tiktok y X por sus desafortunadas declaraciones. 

Un ejemplo de ello es lo ocurrido a inicios de abril, cuando Morgan Quero se convirtió en noticia cuando visitó un centro de educación básica especial y no tuvo mejor idea que finalizar su discurso al grito de “¡Que viva el autismo!”.

Meses atrás, Quero Gaime también fue tendencia en las redes sociales, donde pretende destacar, por los motivos equivocados. En aquella oportunidad, una periodista le hizo una pregunta con respecto al Día de los Derechos Humanos y las víctimas de la represión durante el gobierno actual, ante lo que el ministro sólo atinó a responder que estos derechos “son para las personas, no para las ratas”. 

 Las redes sociales se han convertido en una herramienta que los ministerios no pueden dejar de lado en su estrategia de comunicación. Sin embargo, los elevados montos que se pagan y que distan tanto de la calidad del trabajo que se ha entregado al país lleva a pensar que hoy las prioridades están en fabricar una realidad virtual y no en mejorar el presente del sector educación.

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Dina Boluarte, Educación, Minedu, Morgan Quero

A más de un año de su paralización, el proyecto de protección ante inundaciones y movimientos de masa en la quebrada Huaycoloro —una de las zonas más vulnerables de Lima Este— sigue sin avances. La obra, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), debía ejecutarse en seis tramos a lo largo de cinco distritos, pero hasta la fecha solo registra un 6,5% de avance físico, según un informe reciente de la Contraloría General de la República.

La quebrada Huaycoloro ha sido históricamente una amenaza constante para la población de San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, El Agustino, Santa Anita y Ate. Cada temporada de lluvias, el cauce se desborda y arrastra viviendas precarias construidas en sus márgenes. El proyecto, valorizado en más de 94 millones de soles, tenía como objetivo mitigar estos riesgos mediante defensas ribereñas, encauzamientos y otras obras de ingeniería. Sin embargo, su ejecución ha estado marcada por demoras, deficiencias técnicas y una escasa capacidad de respuesta institucional.

Benjamín Zevallos 

Señalización presentada por la Contraloría General

Un hito de control publicado el 4 de abril por la Contraloría advierte que los retrasos en la ejecución podrían agravar las consecuencias de los fenómenos climatológicos extremos asociados al Fenómeno El Niño. Además, señala que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no emitió las autorizaciones correspondientes a tiempo y que el expediente técnico presenta observaciones no levantadas, lo que afecta la viabilidad del proyecto.

A pesar de que la obra fue adjudicada en marzo de 2023 al Consorcio Huaycoloro —integrado por dos empresas con historial en obras públicas—, los trabajos no llegaron a consolidarse en ninguno de los tramos previstos. El contrato fue resuelto por mutuo acuerdo en diciembre del mismo año, sin que se hayan definido nuevas fechas para retomar la ejecución. Mientras tanto, más de 100 mil personas siguen expuestas a posibles deslizamientos y desbordes.

Los vecinos de las zonas colindantes expresan su frustración. “Cada año es lo mismo. Llega el verano y todos tenemos miedo de que el huaico se lleve nuestras casas”, dice Clara Rodríguez, vecina de Cajamarquilla, uno de los sectores más golpeados en temporadas de lluvias. “Nos prometieron defensas, pero no hay ni un saco de arena”, agrega.

La situación evidencia una falla estructural en la planificación y ejecución de proyectos de prevención de riesgos. En su informe, la Contraloría también señala que el Midagri no presentó una estrategia adecuada para garantizar la continuidad del proyecto ni tomó acciones inmediatas para reiniciar la obra tras la resolución contractual.

En un contexto donde los efectos del cambio climático intensifican los fenómenos naturales, la demora en obras de prevención no solo refleja ineficiencia administrativa, sino que pone en peligro vidas humanas. Por ahora, el cauce de la quebrada Huaycoloro sigue expuesto, y con él, miles de familias que esperan respuestas concretas antes de la próxima temporada de lluvias.

Presupuesto duplicado y ejecución financiera

El costo inicial viable del proyecto fue de S/ 320 millones. Sin embargo, este monto fue actualizado a S/ 586 millones, de los cuales ya se han girado S/ 545 millones, según datos del Banco de Inversiones (Invierte.pe) y el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas al 22 de noviembre de 2024.

El incremento del presupuesto se explica por un mayor costo en la construcción de muros de concreto en la parte baja de la quebrada, así como por el aumento de gastos en el expediente técnico y la gestión del proyecto.

De manera desagregada, la valorización acumulada del contrato —sin considerar IGV ni penalidades— asciende a más de S/ 458 millones, mientras que el total abonado al contratista, sumando adelantos, supera los S/ 527 millones.

Supervisión y cambios en la administración del contrato

El proyecto cuenta con servicios de supervisión en calidad, seguridad y medio ambiente (SSOMA), a cargo de la empresa TAKESHI S.A.C., contratada inicialmente por la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios) y posteriormente transferida a la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) mediante adenda al contrato suscrita en diciembre de 2023.

El servicio de TAKESHI contempla acompañamiento durante 18 meses de obra y 12 meses para la subsanación de defectos. Su inicio fue el 15 de agosto de 2023.

Fechas clave y penalidades

El proyecto ha enfrentado modificaciones en las fechas contractuales. Por ejemplo, el hito de aceptación del diseño final, previsto para mayo de 2023, se alcanzó con una semana de retraso, generando una penalidad de S/ 82 mil.

La fecha clave para la culminación de obras, inicialmente prevista para octubre de 2024, fue reprogramada al 10 de enero de 2025, como resultado del Evento Compensable (EC) N.º 14, derivado de demoras en el trámite de inscripción registral de predios afectados.

Eventos compensables y controversias

Durante la ejecución del contrato, el contratista notificó 72 Eventos Compensables. De estos, 49 fueron aceptados, 18 rechazados y 5 se encuentran en evaluación. Además, se han presentado cuatro Sumisiones Formales al Dispute Adjudication Board (DAB), de las cuales tres ya han sido resueltas.

El contrato NEC3 permite la aplicación de penalidades por incumplimiento de fechas clave. Estas pueden ser deducidas directamente de órdenes de pago, del fondo de garantía o cualquier otra garantía vigente.

Al cierre del informe (noviembre de 2024), solo los paquetes 4.1A y 4.1B habían sido concluidos, mientras que el paquete 1 no contaba con confirmación para su inicio debido a problemas de expropiación y acceso, por lo que se evalúa su exclusión del contrato.

Mientras señalaban que la razón por la cual no podían combatir la delincuencia era la falta de dinero y recibían un aumento de presupuesto, el Ministerio del Interior destinó varios miles de soles para contratar a un numeroso grupo de personas para que manejen sus redes sociales.

Para el mes de septiembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ingresaba al Congreso con la tarea de sustentar el aumento de presupuesto para su ministerio en 2025. En aquella oportunidad, Santiváñez recibió el respaldo de los parlamentarios que escucharon sus planes para los más de doce mil millones de soles que tendría a su disposición y que representaban un incremento de más del 8% con respecto al presupuesto del 2024.

En los primeros meses del 2025, los planes para combatir la delincuencia no parecían estar dando los resultados que el ministro había prometido durante su exposición ante el Legislativo. Sin embargo, quienes todavía defendían la labor del ministro Santiváñez, como era el caso del alcalde Rafael López Aliaga, señalaban que la razón por la cual no se veían resultados positivos en la lucha contra la criminalidad era la falta de dinero.

Sudaca revisó el uso que el Ministerio del Interior le ha dado al presupuesto recibido y se ha podido encontrar una larga lista de gastos que, hasta para el menos conocedor del manejo de ministerios, estarían representando lo que se podría calificar como gastos innecesarios y un despilfarro del dinero que les asignaron.

VIVIR PARA LAS REDES

El uso de las redes sociales para mostrar una vida idealizada aunque irreal es un fenómeno que se ha vuelto común entre adolescentes y jóvenes durante la última década. No obstante, también parece que se ha vuelto una costumbre en el Ministerio del Interior y, en este caso, está teniendo un costo económico bastante alto.

El ministerio encargado de velar por la seguridad de los peruanos, tarea en la cual viene fracasando de forma rotunda, inició el 2025 destinando dieciocho mil soles para la edición del contenido que publican en redes sociales en una orden de servicio a nombre de  Jossé Jesús Alvarado Maguiña, quien en 2024 también había recibido veinte mil soles por este trabajo.

Cristian Rebosio

Dieciocho mil soles puede parecer una suma más que suficiente para el contenido en redes sociales de un ministerio. Pero en el Ministerio del Interior parece que con eso no alcanza. Por ello, este año le pagaron a Christopher Ríos Chinga quince mil soles por el servicio de gestor de contenidos para las redes sociales. Por este trabajo, el monto acumulado entre este año y el anterior supera los cincuenta mil soles.

Los influencers del Ministerio del Interior

DONDE TRABAJAN DOS, TRABAJAN TRES

Pagar estos salarios de dieciocho mil y quince mil soles en el mes de enero a más de uno le parecería un gasto muy elevado si se tiene en cuenta que el Ministerio del Interior venía perdiendo la lucha contra la delincuencia y, por lo tanto, no había logros para presumir. Sin embargo, la gestión de Santiváñez no tuvo mejor idea que contratar a una tercera persona para las redes sociales.

También en el mes de enero de este año, el Ministerio del Interior contrató a Christian Andrés Domínguez Samames por un sueldo de más de dieciséis mil soles para que se encargue de ser el editor de productos comunicacionales para las redes sociales. Entre 2024 y 2025, Domínguez recibió S/ 49,500 soles por esta labor.

Cristian Rebosio

Increíblemente, mientras miles de peruanos emprendedores se veían obligados a pagar elevados montos a bandas de extorsionadores y otros incluso debían cerrar sus negocios a cambio de preservar sus vidas, el ministerio encabezado por Juan José Santiváñez invertía doce mil soles por un servicio de creador de contenido. 

Annete Gabriela León Cárdenas se convertía en la cuarta persona contratada por el Ministerio del Interior para dedicarse a las redes sociales. La suma de los montos que recibió por este trabajo entre enero de este año y los últimos meses del 2024 acumulan un total de treinta mil soles.

Cristian Rebosio

En este equipo dedicado a las redes sociales figura un quinto nombre. Chris Brian Edwin Cielo Lara venía siendo el encargado desde 2021 de elaborar campañas y estrategias para las redes sociales de este ministerio así como para análisis de estas redes sociales. El monto destinado a esta tarea tan sólo en 2025 alcanza los veintiún mil soles y el año pasado superó los ochenta mil soles. 

Cristian Rebosio

Esta inversión, además de parecer inoportuna y excesivamente costosa, no estaría dando los resultados que se esperaban. En la cuenta de Tiktok del Ministerio del Interior se puede observar que son muchos los videos que ni alcanzan las diez mil visualizaciones.

Cristian Rebosio

LOS TEMAS QUE IMPORTAN

En contraste, para puestos mucho más relevantes en la lucha contra la delincuencia, el Ministerio del Interior parece no poner demasiado esfuerzo al momento de seleccionar personal. Un ejemplo de ello se pudo ver en las últimas semanas cuando se anunció que el nuevo integrante del equipo técnico del ministerio sería José Luis Gil Becerra, un exintegrante del GEIN que en redes sociales se muestra como un fiel creyente de diversas teorías conspirativas.

Cristian Rebosio

Pero, además, Gil Becerra fue sancionado en 2023 por haber aprovechado su cargo en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior para que su esposa e hijo tengan chofer y seguridad a su disposición. 

Cristian Rebosio

A ello se le suma que, a inicios de este mes, Sudaca publicó el informe titulado EL GOBIERNO DE LA VANIDAD en el cual se detallaban los contratos por más setecientos mil soles que la propia Presidencia del Consejo de Ministros había asumido durante los últimos meses por servicios de retoques de fotografías y manejo de redes sociales.

El Ministerio del Interior parece haber seguido esa misma política que prioriza la inversión en redes sociales en lo que se podría considerar un desesperado intento por fabricar y difundir en estas plataformas una realidad alterna en la cual sí están ganando la batalla contra la delincuencia, aunque lo cierto que es que cada día son más los sectores afectados por esta crisis mientras en algunos ministerios lucen más preocupados en convertirse en influencers.

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Congreso, Ministerio del Interior, santivañez

La crisis que envuelve a Innova Ambiental, antigua operadora de parte del sistema de disposición final de residuos de Lima, ha llegado a un punto sin retorno. Con la culminación de su contrato con la Municipalidad de Lima y una serie de denuncias ciudadanas acumuladas por años, la empresa se encuentra ahora en el centro de una tormenta política, social y ambiental.

A pesar de haber devuelto las instalaciones que gestionaba y solicitado su exclusión del Registro Autoritativo de Empresas Operadoras ante el Ministerio del Ambiente (MINAM), la sombra de su paso por los rellenos sanitarios sigue generando tensiones. Comunidades cercanas, expertos ambientales y diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir una investigación profunda y una reestructuración completa del modelo de gestión de residuos sólidos en la capital.

Un contrato que terminó, pero no cerró heridas

En mayo de 2024, Innova Ambiental puso fin oficialmente a sus operaciones en varios centros de disposición de residuos en Lima, marcando la clausura de un vínculo de décadas con la administración municipal. A través de una carta firmada por su gerente general, Marcelo Socoowski Azev, la empresa informó al MINAM sobre su decisión de dar por concluidas sus obligaciones contractuales, solicitando que se actualice el listado de infraestructuras bajo su operación.

Sin embargo, la salida no ha significado una desconexión total. El Ministerio del Ambiente no dio una respuesta formal a la solicitud de Innova, lo que generó incertidumbre sobre quién está asumiendo de facto la gestión técnica y ambiental de estos espacios. Este limbo burocrático es visto por muchos como una estrategia para diluir responsabilidades y desviar la atención de las múltiples denuncias acumuladas durante los años de operación.

Olores insoportables, proliferación de vectores y filtraciones en las napas freáticas son solo algunas de las quejas que se repiten en los testimonios recogidos en campo. Para muchos, la empresa no solo falló en su rol operativo, sino también en su obligación de informar y dialogar con las comunidades directamente afectadas.

Una historia marcada por los excesos

Las cifras, que aún no han sido auditadas de forma independiente, han avivado el debate sobre el uso de los recursos públicos y la falta de fiscalización en un sector clave para la salud pública de la ciudad.

Además, ciertos cambios en la estructura administrativa de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima han sido interpretados como maniobras para silenciar las voces disidentes dentro del aparato estatal. La salida de funcionarios críticos con el modelo de gestión de Innova ha generado sospechas sobre presuntas alianzas políticas que habrían protegido a la empresa incluso en sus momentos más críticos.

El desafío de recomponer la confianza

El caso de Innova Ambiental revela una problemática más profunda: la fragilidad institucional en la gestión de residuos urbanos en Lima. Más allá del nombre de una empresa o de las acusaciones puntuales, lo que está en juego es la salud de cientos de miles de personas, la protección del ambiente y la confianza en las entidades responsables de garantizar ambos.

La necesidad de un nuevo pacto social sobre cómo gestionar los residuos de una ciudad que genera más de ocho mil toneladas diarias se hace cada vez más urgente. Esto implica no solo mejorar la infraestructura, sino establecer mecanismos reales de fiscalización, acceso a la información y participación comunitaria en las decisiones que afectan su entorno inmediato.

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Innova ambiental, Lima, munilima

Entre noviembre y febrero, la Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado cuatro contratos por un monto que supera los cuarenta mil soles para la defensa legal del congresista Guido Bellido. Además, estos contratos incluyen a un excompañero de universidad de quien fue el primer ministro de Pedro Castillo.

Con la desaprobación del gobierno de Dina Boluarte cada vez más cerca de los cien puntos en las encuestas, los congresistas se preparan para marcar distancia con el Ejecutivo y con ello aferrarse a la esperanza de poder postular en las próximas elecciones o, por lo menos, mantenerse vigentes en la política peruana.

Sin embargo, pese a estos intentos de mostrarse en entrevistas o en sus redes sociales con una postura crítica contra el gobierno actual, labor parlamentaria de varios congresistas no parece alinearse con estos discursos y su cercanía con el Ejecutivo en momentos claves sigue estando vigente a lo que se suma que no dudan en aprovechar todos los beneficios disponibles.

Este parece ser el caso del congresista Guido Bellido. El expremier pasó de ser uno de los hombres de confianza del expresidente Pedro Castillo a tener una postura innegablemente indulgente con el gobierno de Dina Boluarte y, en simultáneo, recibir durante varios meses varios miles de soles para su defensa legal mediante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

EL OPOSITOR DEFENDIDO

Guido Bellido no pierde oportunidad en cuanta entrevista participa para cuestionar al gobierno de Dina Boluarte e incluso se ha sumado a una bancada, como la de Podemos, que en el último tiempo intenta busca cortar todo tipo de vínculo con el Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegan las votaciones determinantes, como la censura del exministro Juan José Santivañez, el exintegrante de Perú Libre no tuvo mejor opción que ausentarse.

Sudaca ha revisado los documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado una serie de pagos que se han realizado en favor de la defensa del actual parlamentario por diversos casos que lo comprometen y que hoy tienen al Ejecutivo, que el propio Bellido cuestiona, asumiendo estos gastos.

El primer caso que se encontró se remonta al mes de octubre del año pasado cuando el congresista Guido Bellido envía una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando que se le otorgue el beneficio de recibir defensa y asesoría legal por hechos que ocurrieron durante su paso por la PCM en el año 2021.

Cristian Rebosio

Este pedido se debía a que Bellido Ugarte había sido notificado que se realizarían diligencias en su contra luego de verse involucrado en un caso de delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal durante los meses en los cuales se desempeñó como primer ministro al inicio del gobierno de Pedro Castillo.

Cristian Rebosio

El 17 de octubre del 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros le dio luz verde a este pedido. Sin embargo, unos meses después la historia se repetiría. El 17 de diciembre, el congresista Bellido vuelve a enviar una carta a la PCM en la que una vez más solicita el beneficio de defensa y asesoría legal.

Cristian Rebosio

En esta oportunidad, Bellido justificó este pedido alegando que se había admitido a trámite una denuncia constitucional presentada en su contra. Al expremier se le acusaba de destinar una cifra de aproximadamente S/5.800 millones a diversas entidades como gobiernos regionales y alcaldías para fines populistas y el 26 de diciembre la PCM aprobó dicho pedido.

Cristian Rebosio

Como estas solicitudes fueron aprobadas, entre los meses noviembre y febrero la Presidencia del Consejo de Ministros emitió varios contratos por el servicio de defensa y asesoría legal. Los cuatro contratos bajo este concepto, hasta la fecha, alcanzaron la suma de S/ 46,800.

Cristian Rebosio

EL ELEGIDO

No obstante, pese a que Bellido Ugarte se encuentra en Lima, el exprimer ministro ha decidido que quienes se encargarán de defenderlo serán sus coterráneos. En los contratos con la PCM, el nombre que figura es el de la Corporación Jurídica Bernales, la cual cuenta con domicilio en la ciudad de Cusco.

Cristian Rebosio

Al revisar la información sobre la Corporación Jurídica Bernales no sólo se pudo conocer que se ubica en Cusco sino que tiene como gerente, socio y representante al abogado Edison Bernales Baca, un personaje que está recibiendo los pagos de la PCM y que cuenta con un par de aspectos en común con Bellido que van más allá del origen cusqueño. 

Cristian Rebosio

Según la información que pudo obtener Sudaca, Bernales Baca y Bellido Ugarte comparten la misma casa de estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Pero, además, ambos coincidieron en esta universidad durante su época de estudiantes. Mientras que Bernales cursó la carrera de derecho entre 2012 y 2017, Bellido terminaba la carrera de ingeniería electrónica en 2015.

Cristian Rebosio 

Con el gobierno cada vez más desprestigiado, el distanciamiento aparece como la estrategia de supervivencia más inteligente y razonable para los congresistas. Sin embargo, casos como el de Guido Bellido demuestran que muchos de estos posicionamientos críticos son tan sólo una pantalla y que realmente están interesados en seguir gozando de todos los beneficios que les puede brindar el Ejecutivo al que dicen repudiar.

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Se confirma la absolución de Edwin Oviedo

La sentencia absolutoria que fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo en agosto del año pasado ha sido confirmada por Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El empresario Edwin Oviedo ha sido declarado inocente en dos instancias por los cargos de homicidios de Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte que involucraban al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y a otros procesados. Durante esta audiencia, la Fiscalía no presentó ningún material que demuestre la culpabilidad de Oviedo Picchotito​ y los otros involucrados. Inicialmente, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo había emitido la sentencia absolutoria el día 22 de agosto del año pasado. 

La investigación y acusación de este caso, llevados a cabo por el exfiscal Juan Carrasco Millones, fue seriamente cuestionada por el juzgado que tuvo el juicio a su cargo y por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que ha confirmado la sentencia absolutoria.

“La Sala de Apelaciones ratificó que la Fiscalía no aportó pruebas de corroboración de los testimonios de colaboradores eficaces con los que se “armó” este caso; conclusión importante si se consideran a las denuncias públicas que se hizo sobre “fabricación” de colaboradores eficaces por el ex Fiscal Juan Manuel Carrasco Millones”, comentó César Nakasaki, abogado de Oviedo, con respecto a esta sentencia.

“Con la sentencia absolutoria del Juzgado Colegiado y su confirmación por la Sala de Apelaciones, luego de muchos años de batalla legal el Poder Judicial, confirmó la inocencia que defendió el empresario Edwin Oviedo Picchotito desde el inicio de la injusta persecución penal que sufrió”, señaló el letrado sobre la conclusión de este caso y agregó que “se generó una arbitraria prisión preventiva de más de quinientos días en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo en el distrito de Picsi y una persecución penal de diez años”.

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Pese a los deficientes resultados del gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros ha destinado varios cientos de miles de soles para sus fotografías, videos y redes sociales. Sudaca accedió a los gastos de la PCM de los últimos meses que evidencian gastos desmedidos en esta área.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, aquel recordado 7 de diciembre del 2022, la aprobación nacional se convirtió en una colina imposible de escalar. La falta de convicción para pedir el adelanto de elecciones, una postura sumisa ante el Congreso y esa tendencia a llenar ministerios con personajes de dudosa capacidad que agravaron los problemas del país llevaron a que para la mayoría de peruanos sea imposible sentirse representado, o por lo menos escuchado, por el Ejecutivo.

Esta situación, pese a su gravedad, nunca llevó a que el gobierno ponga en duda su propia continuidad. Por el contrario, como se ha podido ver en los últimos días con la cuestionada franja informativa que el Ejecutivo pretende imponer para presumir sus logros, el objetivo parece ser agotar todos los recursos para lavarle su imagen.

Pero, por supuesto, esta búsqueda de fabricarle al gobierno una imagen que refleje eficiencia cuando la realidad luce radicalmente opuesta no es gratis. Sudaca ha podido revisar las contrataciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado elevados gastos en áreas que, lejos de buscar eficiencia en el Ejecutivo, parecen querer satisfacer la vanidad del gobierno.

LOS GASTOS DE LA PCM

Durante las últimas semanas y meses, la vanidad de la presidenta Boluarte se ha convertido en un tema de interés nacional debido a las mentiras que existieron detrás de un procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, este interés por realizarse arreglos que mejoren su imagen no es exclusivo de la mandataria.

Con Gustavo Adrianzén Olaya como primer ministro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha realizado pagos muy elevados por órdenes de servicio relacionadas con las fotografías que se toman en las actividades públicas. Pero, además, la PCM también ha hecho un importante desembolso para que a estas imágenes les mejoren las imperfecciones y mejoren la iluminación.

Un ejemplo de este tipo de gastos es la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de abril del año pasado cuando, bajo la gestión de Gustavo Adrianzén, la Presidencia del Consejo de Ministros utilizó nueve mil soles del presupuesto disponible para pagar el servicio de retoque de imágenes fotográficas.

Cristian Rebosio 

Aunque la aprobación del gobierno no sufrió ninguna mejora y los problemas de los distintos ministerios se continuaron agravando, la prioridad en la PCM parecía radicar en salir bien en las fotos. En agosto del 2024, la cifra a pagar por fotografías en eventos en los cuales el Ejecutivo pretendía reflejar una imagen de eficiencia muy distinta a la realidad alcanzó los veintisiete mil soles.

Cristian Rebosio 

Si se calcula el total desde el día que Dina Boluarte se puso la banda presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros, con Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén al mando, ha desembolsado un total de 228 mil soles en fotografías y la edición de estas entre enero del 2023 y enero de este año.

Cristian Rebosio

Esta inversión en fotografías se vuelve más impactante cuando se contrasta con el gasto que se realizaba anteriormente. Durante el gobierno de Pedro Castillo, las órdenes de servicio por fotografías de los eventos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus conferencias de prensa apenas alcanzaban los 114 mil soles, una cifra que es la mitad de lo que han pagado hasta la fecha con el aval del expremier Otárola y Gustavo Adrianzén, quien actualmente se encuentra al frente de la PCM.

GESTIÓN DEFICIENTE, PRODUCCIÓN ENVIDIABLE

Pero este no ha sido el único gasto que la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó para presumir el trabajo que realizan. Pese a que los resultados del gobierno actual han sido, indiscutiblemente, deficientes, la producción detrás de sus eventos ha contado con un presupuesto envidiable.

Sudaca ha encontrado que, durante los últimos dos años, la PCM ha pagado 208 mil soles para que sus eventos y conferencias de prensa no sólo cuenten con fotografías sino con los respectivos videos.

Cristian Rebosio 

¿GABINETE INFLUENCER?

Además, el Ejecutivo no ha querido quedarse relegado en lo que respecta a presencia en las redes sociales y, mucho menos, desaprovechar esa tribuna para instalar la imagen de gobierno competente, aunque eso represente un costo sorpresivamente alto. En la siguiente imagen podemos observar una orden de servicio, que corresponde al mes de enero de este año, con la cual han pagado treinta mil soles por un servicio especializado en comunicación y redes sociales para la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cristian Rebosio

Los pagos por este servicio especializado en redes sociales empezaron en el año 2023, al poco tiempo de la toma de mando de Dina Boluarte. Desde esa fecha hasta la actualidad, se ha invertido en dicho servicio una suma total de S/. 243,335. Aunque este no ha sido el único gasto en redes sociales.

 

Cristian Rebosio

No conforme con destinar una suma considerable para redes, entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del presente año, la PCM ha utilizado 32 mil soles en un servicio de medición y análisis de las publicaciones que se realizan en las redes sociales.

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LAS COSTUMBRES DE SIEMPRE

Sin duda, una de las características del gobierno de Dina Boluarte ha sido el vincularse con funcionarios con antecedes cuestionables y en la Presidencia del Consejo de Ministros esa costumbre se estaría manteniendo. A esta larga lista de gastos en redes, fotografías y filmaciones se le ha sumado el contrato de un excamarógrafo de TV Perú involucrado en una situación muy extraña.

Sudaca pudo acceder a una resolución del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que data del año 2017 y en la cual se detalla un polémico hecho que involucra a uno de los actuales trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros. La persona en cuestión es Manuel Kanilín Quintasi Laura.

En el año 2016, Quintasi Laura trabajaba para TV Perú como camarógrafo. Pero en noviembre de ese mismo año, un mes antes del final de su contrato, fue acusado de sustraer una tarjeta de memoria propiedad del IRTP de uno de los módulos de recepción de video ubicado en el área de gerencia de prensa, situación que habría sido comprobada por las cámaras de seguridad.

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Sin embargo, Quintasi Laura no estuvo dispuesto a devolver dicha herramienta de trabajo cuando se le solicitó. Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, el entonces camarógrafo de TV Perú se negó y fue debido a la insistencia que devolvió la tarjeta de memoria.

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Pero eso no ha sido impedimento para que obtenga buenos contratos con la Presidencia del Consejo de Ministros y, desde el 2023 hasta la fecha, Quintasi ha logrado acumular un total de 208 mil soles por su servicio de cobertura y edición del material audiovisual de los eventos que realiza la PCM.

Cristian Rebosio

La adecuada difusión de las actividades del gobierno puede ser fundamental para que la población esté al tanto del cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero, cuando el Ejecutivo no sólo incumple sino que pretende distorsionar la realidad, gastar más de setecientos mil soles en rubros como fotografías y redes sociales sólo parece ser otra ofensa a una ciudadanía cada vez más enemistada con sus gobernantes.

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