Informes

[INFORME] Óscar Zea y Paul Jaimes duraron menos de cuatro meses en el Ministerio de Agricultura, pero hasta ahora, aprovechando el derecho a defensa legal, le han costado al país más de 250 mil soles que, además, le ha sido pagados al personero legal del partido que ambos integran.

Acorde a la Ley del Servicio Civil, quienes son o han sido servidores civiles cuentan con el derecho de recibir asesoría y defensa legal en caso estén afrontando procesos judiciales, administrativos, constitucionales o investigaciones congresales que se vinculen con actos, omisiones o decisiones ejecutadas durante el ejercicio de sus funciones.

Si bien cuenta con respaldo legal, también es una realidad innegable que las cuestionables designaciones y acciones de presidentes, congresistas, ministros y otros funcionarios públicos en los últimos años han consumido una buena parte del erario público dado que estos no han desperdiciado la oportunidad de exigir que sea el Estado quien pague a sus abogados.

Pero, como si el poder tener un defensor pagado con fondos públicos no fuese suficiente, también se pueden encontrar casos de exfuncionarios que han salido de sus cargos en medio de serios cuestionamientos y, además, aprovechan este derecho para beneficiar con generosos pagos a abogados que, casualmente, también son sus socios políticos.

CAOS EN CUATRO MESES

En febrero del año 2022, el gobierno de Pedro Castillo anunció uno de sus tantos cambios de ministros. En esta oportunidad, Óscar Zea Choquechambi, quien también era miembro de la bancada de Perú Libre, había sido el elegido por el mandatario para estar al frente del Ministerio de Agricultura.

A las pocas semanas de su designación empezaron los cuestionamientos a su idoneidad para ocupar este cargo. El programa Panorama expuso que Zea Choquechambi había estado involucrado en una denuncia por homicidio y una investigación del periodista Bruno Amoretti reveló que, tras solicitar un adelanto de viáticos, el nuevo ministro se negaba a rendir cuentas sobre el uso de los más de veinte mil soles que recibió.

Pero entre estos datos alarmantes hubo uno que llamó la atención. Casi inmediatamente después de llegar al Ministerio de Agricultura, Óscar Zea designó como secretario general a Paul Jaimes Blanco. Este nombre quizá resulte conocido porque, efectivamente, se trata de quien en las últimas elecciones intentó llegar a la presidencia como candidato por el partido Progresemos.

Pero, como la propia Contraloría señalaría en un informe que se dio a conocer, Paul Jaimes Blanco no cumplía con los requisitos mínimos para desempeñar las funciones de secretario general de este ministerio. Sin embargo, y pese a que en un inicio el entonces ministro Zea dijo que no tenía problemas en retirarlo del cargo, terminaría blindándolo y la salida de Jaimes del Ministerio de Agricultura recién se concretó cuando Zea dejó de ser ministro.

La gestión de Zea Choquechambi terminaría poco antes de cumplir cuatro meses al frente del Ministerio de Agricultura. Pero esto también significaría el inicio de un nuevo capítulo debido a que tanto el exministro como su cuestionado secretario general terminarían involucrados en numerosas investigaciones por sus acciones durante un periodo que, si bien fue breve, también sería muy convulsionado y costoso para el sector agricultura.

UNOS EX MUY INSISTENTES

En los primeros días de junio del 2023, casi un año después del final de la gestión Zea, el Ministerio de Agricultura recibió numerosas cartas a nombre de Paul Jaimes Blanco. En una de ellas, el exsecretario general de Óscar Zea solicitaba que el Estado le pague un abogado debido a que estaba siendo investigado por la presunta comisión de delito contra la administración pública y alegaba que estos hechos habían ocurrido durante su paso por el ministerio.

Si bien, como se señaló al inicio de este informe, los servidores civiles cuentan con el derecho a solicitar defensa legal, esto aplica cuando los hechos por los que están siendo investigados están relacionados con las funciones del cargo público que venían desempeñando. Como Jaimes Blanco era investigado por haber sido designado como secretario general pese a no cumplir con los requisitos del puesto, su pedido fue declarado improcedente.

Pero, casi en simultáneo, Jaimes Blanco presentaba otra solicitud. También en junio del año 2023, Jaimes pidió que se le brinde defensa legal debido a que era investigado por la presunta comisión de delito contra la administración pública luego que un reportaje de Panorama expusiera chats en los cuales le enviaba currículos a una directora del ministerio para que contraten a las personas que él elegía.

Debido a que en esta oportunidad la investigación que lo involucraba estaba relacionada con hechos cometidos haciendo uso de su cargo de secretario general, el pedido de Paul Jaimes sí procedió y el Ministerio de Agricultura debió acceder a brindarle defensa legal para el caso en cuestión.

Sin embargo, para Jaimes Blanco esto no era suficiente y seguiría buscando que el ministerio se haga cargo de su defensa legal en todas las investigaciones en las que estaba involucrado. A finales de junio del 2023, Paul Jaimes pidió una reconsideración por el pedido que fue declarado improcedente a inicios de ese mismo mes.

Aunque el Ministerio de Agricultura le había explicado que esta solicitud no correspondía debido a que haber sido designado en un cargo no era una decisión tomada por él como secretario general, Jaimes alegaba que, como había aceptado el puesto y no renunció, entonces ello se debía interpretar como una acción suya como secretario general y, por lo tanto, correspondía habilitar el derecho a defensa legal. No obstante, el ministerio volvería a desestimar su pedido.

Las solicitudes de Jaimes continuarían durante el mes de junio. En otra de las cartas presentadas al Ministerio de Agricultura, el exsecretario general contaba que estaba siendo investigado por otro delito contra la administración pública al haber negociado directamente la compra de fertilizantes con Bolivia pese a no estar facultado para ello ni contar con opinión técnica. Nuevamente, Jaimes lograría el beneficio de defensa legal.

Luego de dos años, más precisamente en julio del 2025, Jaimes Blanco volvería a lograr que el Ministerio de Agricultura pague por su defensa legal. Esta vez, el secretario general que llevó Óscar Zea explicaba que una de sus investigaciones se encontraba en etapa intermedia y requería de este beneficio. Para ese momento, la defensa de Paul Jaimes le había costado un total de S/. 147,000 al Ministerio de Agricultura.

No obstante, el exsecretario general no era el único que se mostraba interesado en que su antiguo centro de trabajo le pague a su abogado. Óscar Zea, el responsable de llevarlo al Ministerio de Agricultura, también le estaba exigiendo a este ministerio que se haga cargo de sus gastos legales y, hasta la fecha, estos gastos relacionados con la defensa del exministro han acumulado un total de S/. 71,500.

En el caso de Óscar Zea es preciso señalar que sus solicitudes para que se usen fondos públicos para pagar su defensa por las investigaciones relacionadas con su etapa de ministro no sólo se presentaron al Ministerio de Agricultura sino que, aprovechando su cargo como parlamentario, Zea Choquechambi logró que el Congreso desembolse casi cuarenta mil soles extra para su abogado.

EL ABOGADO DEL PARTIDO

Pero Zea Choquechambi y Jaimes  Blanco no sólo lograron que el Ministerio de Agricultura y el Congreso asuman los costos de su defensa legal en los casos que terminaron involucrados por sus lamentables acciones en un ministerio, también consiguieron que estos más de doscientos mil soles vayan al bolsillo de un socio político que comparten estos dos personajes.

Según pudo corroborar Sudaca, Carlos Alberto Príncipe Gonzáles fue el abogado que tanto Paul Jaimes como Óscar Zea presentaron al Ministerio de Agricultura y Congreso de la República para que reciban estos generosos honorarios que superan los S/. 257,500 por el concepto de defensa legal.

Por supuesto, que ambos opten por los servicios de este letrado está lejos de ser una coincidencia. En 2023, un año después del final de la aventura de Zea y Jaimes en el Ministerio de Agricultura, el exsecretario general decidió incursionar en política y fundó la organización política Progresemos.

Jaimes Blanco no dejaría fuera de este intento de llegar al poder a quien, pese a no contar con los antecedentes necesarios, le obsequió un puesto en un ministerio. Como se puede ver en la siguiente imagen, Óscar Zea intentó prolongar su etapa como congresista y fue candidato a diputado con el partido de su amigo.

Pero al hurgar un poco más en la historia de esta agrupación se puede encontrar que Carlos Alberto Príncipe Gonzáles también es el personero legal del partido que lidera Paul Jaimes e integra Óscar Zea. No sólo eso, en el documento de fundación al que pudo acceder Sudaca, Príncipe Gonzáles también figura como uno de los asambleístas de dicho partido.

Un dato extra en esta historia es que cuando Paul Jaimes fue puesto en el cargo de secretario general por Óscar Zea, Carlos Alberto Príncipe Gonzáles fue contratado por Jaimes para hacerse cargo de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Agricultura. Paradójicamente, las acciones del propio Paul Jaimes y Óscar Zea estarían muy lejos de la palabra integridad.

Aunque existe el derecho a recibir defensa legal, casos como el de Paul Jaimesbuscando interpretaciones forzadas para que se utilice dinero del tesoro público para pagarle al abogado de su partido u Óscar Zea que logró que le pague su ministerio y también el Congreso demuestran que, lejos de tener autocrítica por sus deficientes gestiones, algunos exfuncionarios parecen más interesados en exprimir tanto como sea posible la posibilidad de aprovecharse del dinero de los peruanos.

[INFORME] José María Balcázar recibe en el despacho presidencial a un empresario que fue condenado por sobornar a exalcalde de Chiclayo y obtener una licitación. El encuentro se produjo en un contexto en el cual este empresario le exige a la justicia salir del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Han pasado casi tres meses desde que, producto de una de las tantas crisis que atravesó la política nacional en el último tiempo, José María Balcázar dejó su lugar en el parlamento y se instaló en Palacio de Gobierno para emprender un nuevo capítulo en su trayectoria que, probablemente, ni él mismo se lo imaginaba.

Pero si algo ha caracterizado a la gestión Balcázar es, sin duda, que optó por un perfil muy distinto del que mostraron sus más recientes predecesores. El congresista de Perú Libre parece no estar preocupado por agradar en redes sociales, como ocurría con José Jerí, ni busca constantemente los aplausos de las bancadas más poderosas del hemiciclo, algo que sí era una prioridad para Dina Boluarte.

Sin  embargo, aunque el gobierno busca un perfil bajo e intenta ser tan silencioso como le resulta posible, en los pasillos de Palacio de Gobierno se escuchan pasos de personajes que están lejos de contribuir con esa quietud y, por el contrario, resultan escandalosos por sus antecedentes.

VISITA DE UN CONDENADO

José María Balcázar llegó a la presidencia en un contexto muy particular. Por un lado, la mirada política de la mayoría de partidos, y bancadas, estaba puesta en el proceso electoral y, además, asumió el cargo en un momento en el cual su bancada, la de Perú Libre, se encontraba diezmada y lejos de tener claro un proyecto político.

Este inusual escenario para un mandatario lo ha llevado a buscar posibles aliados y el lugar ideal para encontrarlos parece haber sido su natal Cajamarca. Los registros de visitas del despacho de Balcázar demuestran que, desde que asumió el cargo, diversas autoridades y líderes de esta región.

Pero entre estos visitantes no han faltado algunas sorpresas muy desagradables. Por ejemplo, el pasado 13 de marzo, cuando no se había cumplido ni un mes de la llegada de Balcázar Zelada a Palacio de Gobierno, el despacho del presidente abrió sus puertas para una reunión de trabajo con Ángel Salvador Espinoza Castro.

Pero Ángel Espinoza Castro no es un desconocido. Hace menos de diez años supo ocupar las páginas policiales luego de verse involucrado en un pago de sobornos al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que este interceda en favor de la empresa de Espinoza Castro en una licitación del año 2017.

Sudaca pudo revisar los documentos de este caso en los cuales se detalla que este empresario que hoy visita Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Balcázar entregó cuarenta y seis mil soles al entonces alcalde de Chiclayo para que su consorcio, Llantas Sudamericanas, se adjudique la licitación correspondiente a la adquisición de neumáticos para la flota vehicular de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Cuando los involucrados, entre ellos Ángel Espinoza, vieron que la posibilidad de pisar una cárcel era una posibilidad optaron por el recurso de terminación anticipada con el cual podían evadir una condena de prisión efectiva si aceptaban haber cometido los delitos que se les imputaban.

Las consecuencias para Espinoza Castro por haber recurrido a estas maniobras ilícitas con tal de obtener una licitación para su empresa fueron una sentencia por el delito de cohecho activo por lo cual se le condenó a dos años y tres meses de pena privativa de la libertad y el pago de cuarenta mil soles bajo el concepto de reparación civil.

¿AYUDA PRESIDENCIAL?

Luego de verse involucrado en un caso tan grave que incluso terminó exponiendo muchos más casos de corrupción durante la gestión de Cornejo Chinguel en Chiclayo, para más de uno resultaría lógico que los involucrados no vuelvan a estar involucrados en procesos de licitaciones públicas.

Pero esto no es lo que piensa Ángel Espinoza Castro. Tras librarse de una condena efectiva, este empresario quiere volver a ser considerado para contratos con el sector público y viene exigiéndole a la justicia que su nombre se retirado del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Es en este contexto en el cual Espinoza viene pidiéndole de forma insistente a la justicia que borre su nombre de esta infame lista, con lo cual podría volver a participar de licitaciones o trabajar para el sector público, que el condenado empresario tuvo esta “reunión del trabajo” con el actual presidente. Casualmente, el mismo día que Ángel Espinoza Castro visitó el despacho presidencial ,se reiteró el pedido para que el juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque atienda la exigencia de Espinoza.

Otra sorprendente coincidencia de dicha “reunión de trabajo” es que el encuentro entre el empresario condenado por pagar un soborno y el presidente Balcázar tuvo lugar a poco más de una hora del viaje del mandatario a Lambayeque, donde se podría resolver el pedido de Espinoza Castro sobre su salida del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Pero queda un dato más a tener en cuenta sobre esta sospechosa reunión. En ella no sólo participaron José Balcázar y Ángel Espinoza. Como se pudo observar en la imagen anterior de la agenda presidencial, en este encuentro también se encontraba José Carlos Quiroz Calderón, miembro de Somos Perú y actual alcalde provincial de San Miguel (Cajamarca).

José María Balcázar parece alejarse de los reflectores tanto como sea posible. Sin embargo, este tipo de reuniones en el despacho presidencial invitan a creer que este bajo perfil no es para buscar estabilidad sino para evitar que la atención esté puesta en este tipo de encuentros muy cuestionables que ocurren en Palacio de Gobierno.

[INFORME] La familia de Santiago Guardamino no puede ponerle un punto final al trágico asesinato que ocurrió en 2024 luego de conocer que, pese a tener pruebas para investigar, intentaron archivar el caso.

Luego de tener que lidiar con el dolor de la muerte de Santiago Guardamino en abril del 2024, su familia ha tenido que encontrarse con un golpe que sólo prolonga más el dolor tras esa terrible pérdida. Santiago perdió la vida producto de nueve disparos que recibió dos años atrás, pero quien hoy produce un enorme pesar entre sus seres queridos es la justicia peruana.

SÍ EXISTÍAN PRUEBAS

Cuando estaban por cumplirse dos años del asesinato de Santiago Guardamino, su familia recibió una noticia inesperada. El fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de archivar el caso alegando que no contaba con las pruebas suficientes para que el caso de Santiago culmine con la identificación de sus asesinos y su condena correspondiente.

No obstante, se pudo conocer que la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo el entonces presidente de la Comunidad de Quipán en las semanas previas al terrible atentado contra su vida en el año 2024.

La hermana de Santiago, Alicia Guardamino, había indicado que se entregaron cinco dispositivos móviles a la policía para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y, sin embargo, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, integrante del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia, habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió por falta de recursos.

Alicia también cuestionó que “el suboficial Christian Ramos Espino ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos”.  Es por estas razones que la familia Guardamino entendió que no podían desistir en su búsqueda de justicia y han procedido con una apelación. Al respecto, el abogado Juan Sarmiento Verástegui, quien representa a la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.

LA LUCHA DE SANTIAGO

Cabe recordar que Santiago Guardamino, quien había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán antes de su muerte, había conocido los detalles de una venta fraudulenta de diez mil hectáreas que le pertenecían a su comunidad y habían terminado en manos de una empresa muy poderosa.

Abel Cruz Mosquera Ortiz, predecesor de Guardamino en su cargo, había sido parte de una jugada sucia en perjuicio de la comunidad de Quipán utilizando firmas falsas para vender un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, pese a que el precio correcto alcanzaba los cinco millones, a la empresa fundada por Aniceto Argüelles.

Santiago Guardamino incluso llegó a interponer una denuncia penal contra los involucrados que terminó con el 4to Juzgado de Lima Norte condenando a Mosquera a cinco años de prisión efectiva mientras que Argüelles hasta fue condenado por un caso de soborno a una magistrada en su desesperado intento por eludir las consecuencias de este caso.

[INFORME] El asesinato de Santiago Guardamino marcó un antes y un después para su familia. Sin embargo, los seres queridos del expresidente de la Comunidad de Quipán están lejos de encontrar justicia y el dolor a más de dos años del trágico evento continúa.

En el año 2024, Santiago Guardamino perdería la vida una noche de abril cerca de su vivienda en circunstancias muy sospechosas. Santiago, por aquel entonces, no sólo había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán, sino que también se había puesto al frente de la lucha por justicia luego de una fraudulenta venta de un terreno que le pertenecía a su comunidad y tenía como principal beneficiada a una poderosa empresa.

Pero nueve disparos terminarían con su vida y darían inicio a lo que hasta la fecha es una lucha muy complicada para sus familiares. Si bien escuchar los detalles de la manera en que le quitaron la vida y el contexto en el que ocurre invita a creer que hay mucho por investigar, el fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de desestimar los testimonios de la familia de Santiago Guardamino y archivar el caso alegando falta de pruebas.

UNA FAMILIA ENTRE LA DECEPCIÓN Y EL DESCONCIERTO

“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar”, señaló Maribel Guardamino, viuda de Santiago, al conocer esta inesperada decisión que tanto ella como el resto de la familia Guardamino los tiene angustiados. En estas declaraciones que brindó a La República, Maribel también indicó que “la más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”.

Según se ha podido conocer, la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo Guardamino poco tiempo antes del atentado que terminó con su vida. No obstante, excusándose en que la justicia no contaba con la tecnología ni peritos necesarios, este material fue dejado de lado.

La versión que brindó Alicia Guardamino, hermana del líder comunal, reveló que fueron cinco los celulares que se entregaron a la policía para su revisión. Pero, según explicó, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, quien integra el Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia, habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió debido a la falta de recursos.

A LA ESPERA

Con la esperanza de encontrar justifica pese a estas dificultades, la familia de Santiago Guardamino ha decidido no bajar los brazos y se apeló ante la decisión de archivas el caso. Al respecto, Juan Sarmiento Verástegui, abogado defensor de la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.

Sudaca pudo tomar conocimiento que, actualmente, el caso está en manos de la 1° Fiscalía Superior de Derechos Humanos a cargo de Daniel Jara Espinoza y ahora dependerá de ellos evitar que el caso de Santiago Guardamino sea archivado y que la esperanza de la familia de Santiago por encontrar justicia pueda encontrar un desenlace distinto.

[INFORME] Rafael López Aliaga amenazó con incendiar la pradera si la ONPE y el JNE no aceptaban su pedido de elecciones complementarias, y para cumplir con esta promesa está contando con la colaboración de un hombre de confianza del gobierno argentino.

Luego de haber liderado las encuestas durante varios meses antes de las elecciones, el candidato Rafael López Aliaga llegó al 12 de abril con más dudas que certezas. Esto debido a que numerosas encuestas dejaron de mostrarlo como el favorito producto de una evidente crisis en su popularidad que intentaría maquillar poniendo en duda el trabajo de las principales encuestadoras del país.

No obstante, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empezó a contabilizar los votos provenientes del interior del Perú, dicha crisis dejó de ser un temor para convertirse en una realidad que no le otorgaba ninguna garantía de conseguir el pase a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Aprovechando los graves errores logísticos en la jornada de votación, el líder de Renovación Popular empezó una agresiva campaña que buscaba instalar en la opinión pública que se había producido un fraude con la única intención de perjudicarlo a él.

Para lograr este objetivo encontraría el respaldo de un conocedor del ambiente digital. Es en esta parte donde aparece el nombre de un politólogo argentino que hoy es su principal aliado en la difusión de sus acusaciones contra Piero Corvetto y la ONPE. A continuación, Sudaca pudo recopilar algunos datos sobre este personaje muy cercano al presidente de Argentina y que por estos días busca tomar protagonismo en las elecciones peruanas.

 “NO SOS OTRA COSA QUE UN IDIOTA O UN HIJO DE…”

Quien aparece en el siguiente video señalando, con un tono muy agresivo, que quien no cree que ocurrió un fraude es “un idiota o un hijo de puta” se llama Agustín Laje Arrigoni y hoy podría ser catalogado como la última esperanza de López Aliaga para poner la opinión pública a su favor.

🚨🇦🇷🇵🇪 | Agustín Laje explotó contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú ante el burdo fraude electoral perpetrado contra el derechista López Aliaga, provocando la demora de los resultados que definirán el segundo puesto de balotaje.

«Hubo fraude… Hay que ser… pic.twitter.com/wb8k6J6mG2

— La Derecha Diario (@laderechadiario) April 16, 2026

Laje no es un desconocido para el candidato conservador. En los días previos al 12 de abril, el argentino le realizó una entrevista en una plataforma digital. Sin embargo, lejos de ser una entrevista tradicional, el objetivo de Agustín Laje era favorecer la candidatura de López Aliaga y no dudaba en pedir directamente que voten por él.

Rafael López Aliaga no tuvo mejor idea que romper la billetera y hacer un live con Agustin Laje para solo lograr 700 espectadores. 😭

Es inminente la caida de Porky en las encuestas y ya entró en desesperación. #PorEstosNo2026 pic.twitter.com/msRh7Disq5

— #PorEstosNo 🇵🇪 Movimiento Ciudadano 🇵🇪 (@PorEstosNo2026) April 4, 2026

En los días posteriores a la votación, Laje se involucraría más en la situación del país e hizo propias las acusaciones de un supuesto fraude perpetrado por Piero Corvetto y la ONPE. Este politólogo argentino incluso realizó entrevistas a otros miembros de Renovación Popular, como el congresista Alejandro Muñante, en las que también se acusó a los observadores internacionales de ser parte de un intento de manipular la voluntad de los peruanos.

Por supuesto, el rol de Laje en dichas entrevistas implicaba no cuestionar ninguna de las afirmaciones hechas por López Aliaga u otros miembros de su partido y, por el contrario, en más de una oportunidad terminaba siendo Laje quien se exaltaba hablando del supuesto fraude más que los propios entrevistados.

🔥🗳️ #NoLesCrean! Los observadores internacionales vinieron a legitimar un fraude.#AlejandroMuñante #AgustinLaje@AgustinLaje pic.twitter.com/HIFkv2whC1

— Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) April 17, 2026

ASCENSO Y SOMBRAS

La pregunta ante la intromisión de este personaje, que no sólo escucha sin cuestionar a los representantes de Renovación Popular sino que defiende incluso con mayor vehemencia que el propio López Aliaga la teoría de un fraude electoral, sería la siguiente: ¿quién es Agustín Laje?

Laje Arrigoni empieza a tomar notoriedad en su natal Argentina una década atrás con opiniones que apuntaban, principalmente, contra el feminismo y la comunidad LGTBI, y que recurrían a noticias falsas, como la que mencionó en una entrevista con el medio católico EWTN Noticias en 2018 cuando dijo que el Tribunal Supremo de Canadá había aprobado la zoofilia para vincularlo con lo que él llama “ideología de género” o cuando intentaba relacionar la homosexualidad con la pedofilia.

Afirmaciones de esta índole, por más que eran falsas, lo llevaron a ganar gran popularidad en las comunidades más conservadoras de Latinoamérica. Laje incluso vino a Perú para participar de un foro llamado “Desenmascarando la ideología de género”, un evento que hasta contó con la difusión de la entonces congresista fujimorista Nelly Cuadros.

Hasta ese momento, Laje había logrado tener un gran éxito como conferencista invitado por los movimientos ultraconservadores de la región, pero no se había involucrado en campañas políticas. Cabe señalar que, por aquel entonces, en Argentina gobernaba Mauricio Macri y, aunque era un gobierno de derecha, no se trataba de una derecha que tenía entre sus objetivos ir en contra de los derechos de las minorías, por lo que Laje, como él mismo lo reconoce, no lo consideraba como aliado de la “batalla cultural”.

Pero esto cambiaría con la aparición de Javier Milei en el escenario político. Si bien el actual mandatario logró gran parte de su popularidad por sus críticas al gasto público, entre sus más fieles seguidores también cuenta con grupos ultraconservadores que terminarían por propiciar el acercamiento entre Agustín Laje y Javier Milei.

Con la llegada del economista a la Casa Rosada, Laje finalmente tendría una posición cercana al poder político. En numerosas oportunidades, este politólogo se ha reunido con el actual presidente argentino en la casa de gobierno y, además, acompañó al presidente Milei a diversos eventos internacionales donde no dudaba en soltar sus afirmaciones tan falsas como discriminatorias contra las minorías.

🤨 PERVERSIÓN SEXUAL

El Gobierno vuelve a conectar la diversidad sexual con la pedofilia.
Agustín Laje, ideólogo de la batalla cultural que emprende el Gobierno, aseguró que el ministerio de la mujer estaba integrado por pervertidos sexuales.
Laje, y el secretario de Culto de la… pic.twitter.com/05Sqfs2xUb

— Marcelo Longobardi (@LongobardiM) June 3, 2025

Sudaca pudo comunicarse con Natasha Niebieskikwiat, periodista de Clarín que pudo entrevistar al actual aliado de Renovación Popular, e indicó que la marcada influencia de Laje y sus ideas en el entorno presidencial generó “mucho daño a la política exterior y la diplomacia argentina”.

“Le causó a Milei una marcha inmensa en Plaza de Mayo y el Congreso”, señala Niebieskikwiat con respecto los discursos extremistas de Laje sobre la ONU, el aborto y la diversidad sexual, y agrega que, como control de daños, el gobierno libertario debió salir a desmentir y moderar su posición contra la agenda de políticas de género.

Pero Niebieskikwiat también mencionó un episodio que expone un cambio importante en la historia de Laje. Esto debido a que, tras su cercanía con el gobierno argentino, su fundación empezó a tener a disposición varios miles de dólares. “Nunca quedó claro cómo se financiaba, porque le entraba dinero a través de su fundación”, señala la periodista de Clarín en referencia a la Fundación Faro que tiene a Laje como director.

Según ellos mismos lo describen, el propósito de Fundación Faro es “la creación y supervisión de programas y proyectos que promuevan el liberalismo económico y los valores históricos argentinos”. Pero lo desconcertante se encuentra en la enorme cantidad de dólares que ingresan a sus arcas.

Una investigación de la periodista Rosario Marina para el medio Chequeado reveló en marzo de este 2026 que Fundación Faro invirtió más de ochocientos mil dólares en publicidad política en redes sociales durante un año. Como se puede observar en el ejemplo de la imagen, sus mensajes atacaban a la comunidad LGTBI, los inmigrantes y otras minorías.

Ratio Oficial, una de las tres marcas registrada por la Fundación Faro, incluso llegó a convertirse en la segunda página argentina que más dinero destino a redes sociales, como Facebook e Instagram, siendo superada únicamente por la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

El misterio sobre la fundación que tiene a Agustín Laje como líder se centra en el origen de los cientos de miles de dólares que tienen a su disposición. La investigación de Rosario Marina reveló que la Fundación Faro no presentó sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) ni respondió a las preguntas de dicho medio por lo que el portal Chequeado puede concluir que “no es posible conocer el origen de los fondos que financian sus iniciativas ni el destino de lo recaudado”.

Paradójicamente, una de las teorías que Rafael López Aliaga y su partido han intentado instalar en la opinión pública durante los últimos días señala que habrían venezolanos y cubanos trabajando en la ONPE. Sin embargo, resultó ser él quien tiene a un hombre de confianza de un gobierno extranjero intentando ayudarlo a cumplir su promesa de “incendiar la pradera” si los organismos electorales no acatan sus órdenes.

[INFORME] Sudaca accedió a varios informes de Contraloría en los que se detallan errores en el proceso de contratación de personal por parte de diversos Jurados Electorales Especiales ubicados en diversas provincias.

Luego de un turbulento periodo de cinco años marcado por constantes cambios en el Ejecutivo y un quiebre irreparable entre los parlamentarios y el ciudadano de a pie, las elecciones representaban la oportunidad de un nuevo comienzo con actores políticos respaldados por una mayoría.

Los sucesos del pasado 12 de abril terminaron por generar todo lo contrario. Los injustificables descuidos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminaron por marcar una jornada que agudizó el clima de confrontación y potenció a quienes, insatisfechos por los número obtenidos en las urnas, hoy difunden todo tipo de teorías sobre un fraude en marcha.

Pero, en este escenario caótico, la ONPE no sería el único organismo electoral que ha venido cometiendo errores. Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría que abriría una impactante caja de sorpresas sobre una larga sucesión de errores que tienen como principal responsable al Jurado Nacional de Elecciones, que por estos días tiene un papel determinante en el desenlace de este proceso.

EMPEZARON MAL

Si bien por estos días la atención ha estado puesta en los graves descuidos de la ONPE tanto en la preparación como en el proceder del día de los comicios electorales, no han sido los únicos en cometer errores. Sudaca pudo acceder a un informe de Contraloría que data del mes de marzo y en el cual se exponen situaciones que sorprenden.

Para ello es preciso explicar previamente que, como parte de la preparación para el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de la instalación de los Jurados Electorales Especiales a lo largo del territorio nacional y estos tienen, entre varias responsabilidades, el encargo de contratar fiscalizadores de local de votación que deberán “fiscalizar la legalidad de las acciones y conducta de los actores electorales” los días previos así como el mismo día de la votación.

Para postular a este tipo de trabajos se debían tener presentes ciertos requisitos así como las leyes relacionadas con el empleo público. Entre ellas se puede encontrar un artículo que especifica claramente que “ningún empleado puede recibir del Estado más de una remuneración”.

No obstante, esto no fue lo que pasaba en el Jurado Electoral Especial instalado en la provincia de Coronel Portillo. Según se señala en el informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, ochenta y dos postulantes al cargo de fiscalizador de local de votación se encontraban trabajando en simultaneo en otras instituciones del Estado.

Pero esa no fue la única sorpresa. Contraloría también encontró que el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo venía calificando como aptos a numerosos postulantes al puesto de fiscalizadores pese a que no cumplían con los requisitos relacionados sus estudios universitarios.

DESCUIDOS A NIVEL NACIONAL

Sudaca indagó en otros documentos relacionados con este proceso electoral y encontró que este tipo de situaciones fueron más comunes de lo esperado. Por ejemplo, en Maynas, el Jurado Electoral Especial designado a esta provincia pasó por alto que fueron treinta y uno los postulantes al cargo de fiscalizador que no cumplían con acreditar requisitos como el no estar afiliado a una organización política y estudios superiores, y los declaró aptos.

Esta historia se repitió en el Jurado Electoral Especial de Ica. En esta oportunidad, la Contraloría tomó conocimiento que habían declarado como aptos a veintidós postulantes que, una vez más, no cumplían con los requisitos señalados en los términos de referencia para acceder al puesto de fiscalizador de local de votación.

Esta misma irregularidad se pudo encontrar en Huancayo. El Jurado Electoral Especial pasó por alto los vínculos laborales simultáneos y contrató personal para los cargos de especialista en tecnologías de la información y fiscalizador de tecnología aplicada a personas que ya percibían un ingreso por parte del Estado.

Sudaca también pudo encontrar otros informes de Contraloría que dan cuenta de un evidente descuido por parte de los Jurados Electorales Especiales de Tacna, Huánuco, Trujillo, Tambopata, Huamanga y Abancay. En los documentos revisados se puede encontrar que los JEE declararon como aptos a postulantes que no cumplían con las exigencias establecidas e incluso, como se observa en la siguiente imagen que corresponde al caso de Tambopata, registraban sanción vigente.

Teniendo en cuenta los antecedentes del 2021, no se podía descartar que más de un político inconforme los resultados intente denunciar que ocurrió un fraude en su contra. Sin embargo, lejos de ser esta una motivación para que los organismos electorales actúen con la mayor rigurosidad posible con el propósito de cerrarle los caminos a esta narrativa, pareciera haber generado lo contrario y el capítulo de los errores sigue sumando nuevos párrafos.

[INFORME] Sudaca pudo revisar numerosos documentos de Contraloría que exponen las diversas falencias de la ONPE en la preparación de la jornada electoral. Falta de personal, ausencia de material para capacitaciones y hasta injustificados cambios en contratos destacan en estos informes.

Tras cinco años de permanente crisis, las elecciones del pasado domingo se asomaban como la esperanza de alcanzar cierta estabilidad con nuevos integrantes del Ejecutivo y Legislativo que representen un proyecto de país que cuente con un mayor grado de respaldo por parte de la población.

Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una nueva etapa entre los peruanos y sus políticos terminó en un escándalo insólito que ha convertido el proceso electoral en una extensión de la crisis política que atraviesa el país. Las injustificables demoras con la entrega del material para instalar las mesas de votación generaron un razonable clima de zozobra en distintos puntos de la capital donde, incluso pasado el mediodía, se reportaban largas colas de espera y, en casos todavía más graves, se le anunciaba a los votantes que sus respectivas mesas nunca serían instaladas.

En un contexto en el cual un sector de la población desconfía de sus autoridades, no era impensado prever que una situación como esta derivaría en la formulación de todo tipo de especulaciones. En este informe, Sudaca pudo revisar las numerosas advertencias hechas por la Contraloría durante las semanas y meses previos al domingo 12 de abril.

DESDE INICIO DE AÑO

Si bien es justo señalar que en todo proceso electoral pueden ocurrir imprevistos, la tolerancia hacia estos cambia cuando se tiene en cuenta que las deficiencias en la preparación para estas elecciones venían registrando advertencias desde hace varios meses incluso para labores que requerían un menor despliegue que el del domingo.

Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se advertía de una situación adversa relacionada con la capacitación del personal que trabajaría en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Según se había programado, el personal de la ODPE de Puno debía llevar a cabo la capacitación de su personal la tercera semana de febrero.

Sin embargo, tal como se puede observar en la siguiente imagen, cuando llegó el día de la capacitación, la persona encargada no contaba con el material necesario. Pese a que se había estipulado una cantidad determinada de elementos, el 16 de febrero apenas contaban con treinta de los más de ochocientos lapiceros requeridos y ninguna de las credenciales que solicitaron.

Por supuesto, esta actividad sí estaba contemplada en la asignación de presupuesto para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno. Según se señala en el propio documento de Contraloría, se dispusieron cerca de cuatrocientos mil soles para la adquisición de materiales que no llegaron.

Pero este no fue un episodio aislado. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Román, también del departamento de Puno, recibió un presupuesto de casi doscientos ochenta mil soles para la capacitación de su personal y también reportó falta de materiales básicos como plumones, cintas de embalaje y cartulinas.

Otro informe de Contraloría sobre la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno pone al descubierto que tampoco contaban con computadoras para sus labores y que, ante el trabajo que tenían pendiente, el personal de esta ODPE tenía que utilizar sus propias computadoras.

Sudaca pudo encontrar por lo menos treinta y siete documentos de Contraloría, que corresponden a los meses de febrero y marzo, en los cuales se reportan problemas a nivel nacional relacionados con la capacitación del personal que estuvo a cargo de la preparación para el proceso electoral. Entre los problemas más recurrentes se encontraba la ausencia de materiales para dichas capacitaciones y la falta de personal que no habían contratado pese a que el cronograma establecía que para esas fechas debían estar disponibles.

CAMBIOS SIN JUSTIFICACIÓN

En otra situación insólita, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Ica realizó una extraña modificación en los términos de referencia para la contratación del servicio de transporte que tendría bajo su responsabilidad entregar el material necesario para instalar las mesas de votación.

Pese a que Gerencia de Organización Electoral y Coordinación había estipulado que los vehículos debían tener un máximo de diez años de antigüedad, esta ODPE decidió de forma unilateral extender a quince años de antigüedad el requisito para la contratación de transporte para el material electoral.

Pero la oficina de Ica no sería la única en realizar este tipo de cambios. En la provincia de Mariscal Nieto, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales también tomó la decisión de dejar de lado lo establecido por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación y amplió el requisito de antigüedad de vehículos que contratarían para la jornada electoral.

Estas irregularidades no sólo habrían ocurrido con los vehículos. En otro de los informes revisado por este medio se pudo encontrar que hasta habían contratado a personal que no cumplía con los requisitos establecidos como obligatorios para trabajar en una de las oficinas en Ayacucho.

Si bien no existen argumentos que respalden la narrativa del fraude que algunos políticos intentan instalar en la opinión pública, lo que sí está respaldado por evidencia contundente es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no se preparó de la manera más adecuada de cara a las elecciones pese a que, como se observa en los informes que de Contraloría, existieron numerosas señales de alarma sobre sus deficiencias.

[INFORME] Lizzi Sueldo, candidata a diputada por Renovación Popular, hace campaña por redes tratando de mostrar humildad y simpatía. Sin embargo, esa no fue la versión que conocieron los trabajadores municipales del distrito donde su esposo es alcalde. Sudaca pudo hacer un repaso de este escandaloso caso y algunas extrañas omisiones sobre sus estudios.

Quien aparece en el siguiente video de Tiktok subiéndose a un mototaxi para demostrar que no es una candidata pituca sino del pueblo es Lizzi del Rocío Sueldo Matos y se encuentra en campaña para convertirse en diputada por Lima de la mano de Rafael López Aliaga y Renovación Popular.

@lizzi_sueldoNo es lo que dicen… es lo que ves 🇵🇪 Somos calle, somos pueblo 💪 Estas elecciones, marca las 5R y en diputados el 5. ✍️ #LizziSueldo #RenovacionPopular #Peru #SomosPueblo #5R #fyp #parati #ViralPeru #TikTokPeru #reelsperu♬ sonido original – Lizzi Sueldo

Sin embargo, detrás de quien hoy graba numerosos videos mostrando su cara más amable existe una persona que, valiéndose del hecho de ser la esposa del alcalde de La Molina, maltrató y hasta fue el motivo de despido de trabajadores municipales a los que pretendía darles órdenes de la forma más prepotente posible.

Sudaca conoció de primera mano el violento paso de esta candidata de Renovación Popular por la Municipalidad de La Molina. Videos y testimonios exclusivos de este medio revelan la verdadera personalidad de Sueldo, quien sólo por tener un esposo alcalde se sentía incuestionable en este distrito.

¿QUIÉN ESTÁ SOBRE MÍ?

En enero del 2023, Diego Uceda (Renovación Popular) asumió el cargo de alcalde del distrito limeño de La Molina. No obstante, un año después, quien daba órdenes a sus trabajadores era su esposa. Quien en el siguiente video le reclama a funcionarios municipales por las invitaciones para una actividad del distrito y pregunta desafiante quién está sobre ella para botarlo es la misma que hoy recorre Lima buscando votos y haciendo gala de una humildad que por aquella época no era su característica principal.

Los polémicos audios y videos de la esposa del alcalde de La Molina pic.twitter.com/ePUAMFxwHT

— Cristian Rebosio 💚 (@crebosio95) February 22, 2024

Cuando estos videos salieron a la luz, lejos de mostrar arrepentimiento, Lizzi Sueldo, con el aval de su esposo, emprendió lo que se podría catalogar como una venganza. “Han empezado a sacar a las personas que ellos creen que pudieron grabar a la esposa del alcalde”, le comentó el entonces trabajador Humberto Quesquén Pérez a Sudaca.

“Le grita a los gerentes. Ella decide quién entra y sale. Por ella se han ido desde el año pasado hasta ahora más de cuarenta funcionarios”, reveló Quesquén sobre la manera en que se venía manejando la municipalidad desde la llegada de este matrimonio al poder. Humberto terminaría siendo otro de los trabajadores a quien la gestión de Uceda veía como sospechosos de grabar los maltratos de Lizzi y, antes que pudiera brindar su declaración a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, le dijeron que se tenía que ir.

MÁS QUE UN MAL DÍA

Sin embargo, ese no fue el único registro de la agresiva forma que tenía Lizzi Sueldo de dirigirse a los trabajadores de la municipalidad gestionada por su esposo. El siguiente audio vuelve a poner en evidencia la manera en que Sueldo no sólo se dirigía a funcionarios municipales, sino que también demuestran que ella tenía un injustificado poder para exigir y decidir.

Nuevos audios de la esposa del alcalde de La Molina dando órdenes y maltratando a los trabajadores del distrito.
(Parte 1) pic.twitter.com/aKAY9vjnul

— Cristian Rebosio 💚 (@crebosio95) March 21, 2024

La Municipalidad de La Molina difundió la versión que Lizzi Sueldo era parte del Comité de Apoyo Social. Pero fue en uno de los audios de la propia esposa de alcalde en donde reconoce que su poder iba más allá del mencionado comité y realizaba exigencias a todos los gerentes de la Municipalidad de La Molina. “Estoy haciendo lo mismo contigo que hago con todos los gerentes” se escucha decir a Sueldo en medio de su enojo con una gerenta por las críticas que venía recibiendo la gestión de Diego Uceda.

#EXCLUSIVO @SudacaPeru
Nuevos audios de la esposa del alcalde de La Molina dando órdenes y maltratando a los trabajadores del distrito.
(Parte 3) pic.twitter.com/rtZhpwk3k9

— Cristian Rebosio 💚 (@crebosio95) March 21, 2024

Sudaca pudo conversar con fuentes confiables quienes detallaron que la razón detrás de los maltratos de Sueldo a los funcionarios municipales era el desconocimiento de la esposa del burgomaestre sobre el funcionamiento de las distintas áreas de la municipalidad y los procedimientos establecidos, como se puede evidenciar en los audios presentados.
No obstante, lejos de intentar aprender la manera en que se conduce la municipalidad, Lizzi Sueldo prefería atacar verbalmente a los trabajadores. En el siguiente audio incluso se le puede escuchar decirle a una funcionaria con tono amenazante “espero que no hayas mandado ninguna”.

#EXCLUSIVO @SudacaPeru
Nuevos audios de la esposa del alcalde de La Molina dando órdenes y maltratando a los trabajadores del distrito.
(Parte 5) pic.twitter.com/oN61xLfmiX

— Cristian Rebosio 💚 (@crebosio95) March 21, 2024

PERO AÚN HAY MÁS…

Pero en la historia de Lizzi Sueldo hay más por contar. Según la información que presentó al inscribir su candidatura para diputada, Sueldo contaría con estudios de posgrado entre los que figuran dos maestrías en la reconocida Universidad San Martín de Porres así como otros estudios en otras instituciones.

Por ello ha llamado la atención encontrar que, según información consultada a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Lizzi Del Rocío Sueldo Matos tan sólo tiene registrado su título de bachiller en derecho y el de abogada mas no los estudios que presume en su información como candidata.

Entre los actuales integrantes del Legislativo se han registrado diversos episodios de parlamentarios que no supieron mantener la compostura y han amenazado desde periodistas hasta a fiscalizadores. Con el historial que arrastra Sueldo, no quedan dudas que este tipo de casos se podrían repetir en el nuevo periodo que iniciará en julio.