Informes

Los resultados de las necropsias a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y el taxista que conducía el vehículo atacado abren la puerta a nuevas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.

A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, el caso de Andrea Vidal Gómez todavía siguen dando que hablar. El prematuro final de su vida con apenas veintisiete años y su reciente paso por la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento  en donde trabajó bajo las órdenes del implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso, Jorge Torres Saravia, llevó a que se sospeche que su muerte fue un intento de evitar que exponga lo que estaba ocurriendo en el Legislativo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empiezan a darse a conocer los primeros resultados sobre estos trágicos asesinatos que la noche del 10 de diciembre acabaron con la vida de dos personas en el distrito de La Victoria. Sudaca ha podido revisar los primeros informes de necropsia que revelan datos que podrían darle un giro inesperado a este caso.

LOS RESULTADOS

El lunes 9 de diciembre, Andrea Vidal Gómez recibió numerosos disparos en la cabeza, espalda y brazo mientras se trasladaba en un taxi que había pedido por un aplicativo y circulaba por el distrito de La Victoria. Tras este lamentable suceso, la joven quedó en estado crítico y falleció una semana después. En el siguiente informe pericial, se han podido conocer más detalles de lo ocurrido aquel día en la intercepción de las avenidas San Eugenio con Santa Catalina.

Cristian Rebosio 

El informe pericial de necropsia médico legal, realizado tras su deceso días después de los disparos recibidos en La Victoria, se detalla que, tras el ataque al vehículo en el cual se encontraba, Vidal Gómez sufrió varias heridas en la cabeza así como en el tórax y una de sus extremidades inferiores. 

Cristian Rebosio 

En el diagnóstico de muerte que firmaron los médicos legistas encargados de la necropsia al cuerpo de la extrabajadora del Congreso se puede leer que encontraron “orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y extremidades inferiores. Además, se señala que la causa del deceso fue la herida en la cabeza que produjo daño en el tejido cerebral.

Cristian Rebosio

Por otro lado, en el caso de José Daniel Vargas Briceño, la necropsia del ciudadano venezolano que conducía el taxi presenta un considerable número de heridas. Más precisamente, en este informe se detallan dieciséis heridas producto de los disparos que recibió y la mayoría de estas se encontraron en la cabeza y el tórax.

Cristian Rebosio

En el diagnóstico de muerte de Vargas Briceño, quien falleció el mismo 9 de diciembre, se explica que una hemorragia subaracnoidea (sangrado entre las capas que cubren el cerebro) así como los impactos de bala recibidos en el tórax y abdomen fueron las razones por las cuales perdió la vida.

Cristian Rebosio

EL OBJETIVO

Estos resultados han llevado a que se plantee la pregunta sobre quién era el objetivo de este ataque. Según la información que se ha podido conocer, el mayor número de disparos se concentró en el lugar que se ubicaba José Daniel Vargas Briceño, quien aquel día conducía el taxi, y se ha empezado a considerar que el objetivo principal sería él y no Andrea Vidal.

Cristian Rebosio

Sudaca conversó con Andy Felix Cabrera, director del Centro de Investigación Forense – CIFEC, sobre los detalles de este ataque que acabó con la vida de dos personas y abrió la puerta a diversas especulaciones. “El pasajero pudo haber sido un daño colateral. Los sicarios están con el nerviosismo encima y lo que hacen es cometer su objetivo y los daños colaterales pagan este tipo de situaciones”, señala con respecto a la posibilidad que la muerte de Andrea Vidal no haya sido el objetivo de los asesinos.

El director de CIFEC también considera que se debe tener en cuenta que el número de disparos realizados puede ser un mensaje. “No descartemos la posibilidad que, en una vía tan transitada, este sea un mensaje  para este tipo de delincuencia que se encarga de este tipo de cobros y demostrar de lo que son capaces”, agregó.

No obstante, resalta que se debe esperar a las investigaciones porque los dos fallecidos presentan heridas en la cabeza. “No podríamos tener una certeza sobre cuál de los dos sería el objetivo principal. Porque de acuerdo ambos presentan heridas en la zona craneana y esto reviste para el ámbito forense un enseñamiento”, explicó Andy Felix  a Sudaca.

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Andrea Vidal, Congreso, Jorge Torres

Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

Cristian Rebosio

Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

Cristian Rebosio

Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

Cristian Rebosio

Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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Acción Popular, Avanza Pais, Congreso

El exministro de Defensa del gobierno de Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta, a pesar de contar con una orden de impedimento de acercamiento emitida por su expareja, Tamara Gutiérrez, ingresó este viernes por la tarde a la vivienda que compartían y, un grupo de ‘matones’, violentó a Gutiérrez hasta sacarla del domicilio.

Entre patadas, puñetes y jalones de cabello. Fueron solo algunas de las agresiones que recibió Gutierrez antes de ser sacada de su domicilio mientras Chavez Cresta se encontraba detrás de este grupo. 

Gutierrez seguía residiendo en el domicilio que compartió con el exministro a la espera de una resolución favorable con respecto a la vivienda

“La policía estuvo presente y no hizo nada”, fueron las palabras de Gutiérrez, quien conversó con nosotros minutos después de ser agredida. La expareja de Chavez Cresta se encontraba en la calle con un tono lloroso y asustada después de haber sido golpeada en diferentes partes del cuerpo. Alegaba que hasta habían matado a las mascotas que tiene en su vivienda, ya que al cierre de este informe todavía no tenía acceso al domicilio. 

Tamara Gutiérrez grabó minutos después a las agresoras quienes entraron con Chávez Cresta a su domicilio

Chavez Cresta y Gutierrez compartieron una relación de varios años hasta que el exministro de Dina Boluarte abandonó el domicilio que compartían en abril del año pasado. “Compartimos vivienda hasta el mes de abril del 2024 que el señor abandonó el hogar después de propinarme una golpiza”, menciona Gutierrez.

No serían las primeras agresiones:

Gutiérrez denuncia que personas inescrupulosas se han estado acercando a su vivienda días antes del desalojo y alega que fueron mandados por el hermano del exministro, Mario Chavez Cresta. En el video que nos hicieron llegar, se visualiza a una persona ajena a la denunciante cerca al domicilio que compartían Chavez Cresta y Gutierrez en Chorrillos.

Gutiérrez graba a quien presuntamente estuvo merodeando su vivienda días antes del desalojo

Además, ha recibido amenazas desde su celular por números desconocidos. Todo esto ocurre días antes del desalojo. 

Benjamín Zevallos 

Mensaje recibido desde su celular a inicios de año

“El señor Chávez Cresta se niega a firmar el documento y tomar conocimiento de las medidas”, menciona Gutierrez mientras recuerda la denuncia que realizó contra el exministro por violencia.

Benjamín Zevallos

Orden de medidas de protección a favor de Tamara Gutierrez

Nos comunicamos con  el Ministerio de la Mujer, pero lamentablemente no tuvimos respuesta alguna o una solución certera para este tipo de casos. Al cierre de este informe, Tamara Gutierrez sigue fuera del inmueble y con el temor de que su vida se vea afectada o expuesta a personas inescrupulosas. Nos menciona que ha vuelto a ser agredida por estos matones mientras se conduce a la comisaría más cercana del distrito de Chorrillos.

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Jorge Chávez, Mario Chavez, Tamara Gutierrez

El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.

El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.

Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo. 

Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que  «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio». 

Cristian Rebosio 

Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.

Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,  tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.

LA HISTORIA NO AYUDA

El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.

Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.

Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.

Cristian Rebosio

Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.

Cristian Rebosio 

La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.

Cristian Rebosio 

OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL

El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.

Cristian Rebosio

En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.

Cristian Rebosio

Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso. 

Cristian Rebosio 

Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso. 

Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.

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app, Congreso, Jorge Torres Saravia

Este caso se extiende a la alcaldía de Santa Anita, después de un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece, que sigue siendo un escenario de tensión y violencia, donde amenazas y asesinatos parecen estar vinculados al negocio de la recolección de basura. Un año y medio después del asesinato del teniente alcalde John Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Ruth Cuno Chura, la actual teniente alcaldesa, quien podría asumir el cargo si se concreta la vacancia del alcalde Olimpio Alegría.

Cuno fue víctima de una amenaza verbal mientras regresaba a casa. Un desconocido le gritó desde un vehículo, advirtiéndole que cesara con sus acciones relacionadas con la vacancia del alcalde. La regidora, quien no denunció la amenaza, pensó que el incidente no tendría mayores repercusiones. Sin embargo, seis días después, la situación empeoró.

A la medianoche, un grupo de personas prendió fuego en la puerta de su casa, dejando un sobre con tres balas y una nota que le advertía: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John». Cuno, visiblemente afectada, explicó que el móvil de las amenazas está relacionado con el proceso de vacancia que enfrenta el alcalde, quien es señalado por presuntas irregularidades en su gestión, especialmente por la contratación de su exasesor de campaña en el municipio.

A pesar de no saber quién está detrás de estas amenazas, Cuno está convencida de que todo está vinculado a la disputa por el negocio de la recolección de residuos en el distrito. En la investigación sobre el asesinato de Valverde, que aún no ha logrado esclarecerse, se apunta a la existencia de una mafia relacionada con este negocio, que opera en varios distritos de Lima.

La empresa encargada de la recolección de basura en Santa Anita, Industrias Argüelles, de quien hemos hablado en diferentes informes de Sudaca, ha sido señalada como un punto clave en este entramado de intereses. El contrato de la empresa vence este año, y los regidores de la municipalidad, entre ellos Cuno, habían solicitado su rescisión. Sin embargo, el alcalde se negó a revisar estos contratos, lo que generó fricciones con su propio concejo municipal.

Vecinos de Santa Anita, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, sostienen que las amenazas contra Cuno están vinculadas a la negativa de la gestión municipal a ceder a los intereses de las mafias que controlan el negocio de la basura.

El caso se complica aún más con las denuncias de corrupción dentro del concejo. Limber Bustamante, impulsor del proceso de vacancia contra el alcalde, reveló que recibió amenazas directas de parte de un desconocido que le advirtió sobre las consecuencias de continuar con la solicitud. En respuesta, el alcalde defiende su gestión, argumentando que no cometió ninguna irregularidad al contratar a su exasesor.

En el contexto de Santa Anita, la violencia no es un hecho aislado. En abril del año pasado, el líder de la banda «Los Gallegos de Santa» fue detenido por su vinculación con el sicariato y el tráfico de terrenos, además de extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas. La regidora Jacqueline Beatriz Barzola, también involucrada en el caso, está actualmente detenida por presuntos vínculos con esta banda.

Ruth Cuno, por su parte, insiste en que su lucha no es contra el alcalde, sino por hacer cumplir la ley, a pesar de las amenazas constantes. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», concluye la regidora, quien continúa desempeñando su labor en medio de un clima de violencia y corrupción que sacude la alcaldía de Santa Anita.

Santiago Guardamino, un defensor de los derechos territoriales en la comunidad de Quipán, fue asesinado el 20 de marzo de 2024, justo horas antes de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Su trabajo se centraba en denunciar irregularidades relacionadas con la empresa Industrias Argüelles, que está implicada en la apropiación fraudulenta de 10,000 hectáreas de tierras comunales. Este acto delictivo habría involucrado falsificación de documentos y sobornos a funcionarios públicos.

Guardamino había recibido amenazas en varias ocasiones, especialmente por su activismo en contra de la empresa, que se sospecha opera en complicidad con altos funcionarios. Su asesinato, considerado premeditado, ha dejado a su familia —una viuda y dos hijos— en busca de justicia, mientras las investigaciones continúan.

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, ha iniciado una investigación preliminar sobre presuntos delitos relacionados con el manejo de residuos sólidos en el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la comunidad campesina de Quispán, e involucra a varios funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima).

Los funcionarios, incluidos Nancy Chauca y Elizabeth Ochoa, son acusados de actuar en contubernio para desviar el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se alega que el Gobierno Regional de Lima emitió una resolución administrativa sin la debida competencia, afectando la correcta tramitación del EIA.

La Fiscalía ha comenzado a recolectar pruebas y documentos, y se investiga la posible comisión de delitos por incumplimiento de normativas ambientales y el otorgamiento ilegal de derechos, que podrían acarrear sanciones penales para los involucrados. Este caso resalta la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión ambiental y la importancia de proteger el medio ambiente en el desarrollo sostenible del país.

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Arguelles, Basura, Guardamino, Santa Anita

Fue uno de los gerentes señalados por ocasionarle al distrito de Carabayllo un perjuicio económico cercano a los trescientos mil soles y ahora la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima lo ha colocado en una gerencia que manejará directamente el presupuesto en una decisión que invita a preguntarse si en las gestiones relacionadas a la Municipalidad de Lima existe descuido o indiferencia ante estos antecedentes.

Con la llegada del 2025 también está empezando el tercer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este periodo, el líder de Renovación Popular, que llegó al sillón municipal prometiendo que convertiría a la capital en potencia mundial, ha acumulado una serie de cuestionamientos por diversos temas, como promesas incumplidas, polémicas condecoraciones a aliados políticos y, como parece ser una costumbre en la política peruana, la falta de criterio al momento de designar funcionarios.

Es sobre este último punto cuestionado que Sudaca ha encontrado un caso que, nuevamente, pone al descubierto los errores por parte de la actual gestión de la Municipalidad de Lima y sus entidades adscritas. En esta oportunidad, un recientemente nombrado gerente en una de estas empresas que son propiedad de la municipalidad habría tenido un escandaloso antecedente que generó un perjuicio económico por cerca de trescientos mil soles para un distrito en el cual trabajó.

ESCÁNDALO EN CARABAYLLO

A finales del año 2020, el despacho de la alcaldía del distrito de Carabayllo recibe un oficio emitido por el Órgano de Control Institucional en el cual se remitió un informe correspondiente a una auditoría sobre el pago de bonificaciones por escolaridad a los trabajadores de dicha municipalidad y que comprendía el periodo de mayo del 2017 a enero del 2020.

Según el informe emitido como resultado de la auditoría realizada, la conclusión indicó que, bajo el concepto de bonificación por escolaridad, se habían otorgado “importes superiores a los establecidos anualmente en las leyes de presupuesto” y que esta situación se había repetido durante los años 2018, 2019 y 2020.

Cristian Rebosio

Como resultado de esta irregularidad que se repitió por varios años, el perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo habría alcanzado una cifra cercana a los trescientos mil soles y, para que se concrete esta escandalosa situación, habrían estado involucrados numerosos gerentes y subgerentes que ocuparon estos cargos durante los años mencionados anteriormente.

Cristian Rebosio

Ante estos hechos, la Municipalidad de Carabayllo debió iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a aquellas personas que habían pasado por las gerencias de Administración y Finanzas así como de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional a lo largo de esos años.

Cristian RebosioEn esta larga lista de involucrados figura el nombre de Herber Luis Minaya Rondán, quien desde el 1 de enero del 2019 fue designado en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo hasta que concluyó sus funciones en abril de ese mismo año.

Cristian Rebosio

En el documento revisado por Sudaca se puede observar que el informe de auditoría consideraba responsable a Minaya Rondán, como gerente de Administración y Finanzas, por haber “dado trámite” a numerosos informes en los cuales se hacían mención a estas cuantiosas cifras que terminaron generando un considerable perjuicio al distrito.

Cristian Rebosio

Como resultado, Herber Luis Minaya Rondán fue señalado como presunto responsable de haber vulnerado artículos de la Ley de Presupuesto del  Sector Público, un artículo de la Ley del Servicio Civil y el decreto supremo referido a las disposiciones para la bonificación por escolaridad. También se explica que Minaya habría incumplido con las funciones específicas del cargo que ostentaba.

Cristian Rebosio

Por lo explicado, la falta de Herber Minaya Rondán fue catalogada como “falta grave” y podía ser suspendido sin goce de remuneraciones hasta por un año. Sin embargo, cabe señalar que esta resolución de gerencia municipal se dio a conocer en diciembre del 2021, cuando habían pasado más de dos años de la salida de Minaya Rondán del cargo de gerente de Administración y Finanzas.

El tiempo transcurrido también terminó por beneficiar a otros de los implicados que vieron cómo se declaraba de oficio la prescripción de la falta administrativa que generó el cuantioso perjuicio a la municipalidad debido a que habían pasado varios años del momento en el cual se produjeron los hechos cuestionados.

Cristian Rebosio 

LA NUEVA OPORTUNIDAD

No obstante, lo ocurrido durante el paso de Herber Luis Minaya Rondán por la Municipalidad de Carabayllo parece no haber sido un obstáculo para que vuelva a ocupar una importante gerencia y esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar el patrimonio inmobiliario municipal y también tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos para el centro histórico de la capital.

Minaya Rondán pasó a ocupar, desde octubre del año pasado, el puesto de gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima en lo que será una nueva oportunidad laboral en la que volverá a tener en sus manos el manejo del presupuesto, un encargo que en Carabayllo no dejó los mejores recuerdos.

Cristian Rebosio

Pero esto no sería un caso aislado. Anteriormente, Sudaca ha informado sobre las cuestionables designaciones realizadas por quienes actualmente manejan la Municipalidad de Lima que no ha tenido reparos en colocar en puestos importantes a excolaboradores del actual alcalde y hasta ha contratado a personas acusadas de mentir en certificados de trabajo.

Por el pensamiento político que predomina en las filas de Renovación Popular resultaba previsible imaginar que la gestión de Rafael López Aliaga sería inflexible en su intención de erradicar cualquier vestigio de progresismo en el gobierno municipal. Sin embargo, parecen no ser igual de implacables al momento de evitar el ingreso de funcionarios con un pasado cuestionado.

En octubre, las autoridades comenzaron a investigar las acciones de la Inmobiliaria Muñoz EIRL, que, a través de un grupo de personas, marcó diversos sectores dentro de la Zona Arqueológica de Caral, colocando hitos en el terreno. La empresa planea un proyecto de urbanización bajo el nombre de «Condominios Puerto Supe».

La Policía Nacional también encontró varios archivos relacionados con el proyecto en litigio. Además, al revisar las redes sociales de la inmobiliaria, se detectó que estaban difundiendo esta información mediante publicidad engañosa, destinada a estafar a futuros compradores. De hecho, resultó difícil encontrar la página oficial o activa de la empresa, ya que a lo largo del tiempo han intentado ocultarse entre los numerosos perfiles que se han creado a partir de los comentarios negativos que han tenido.

 

Benjamín Zevallos
Afiche sobre el proyecto en la Zona Arqueológica de Caral. Foto: Inmobiliaria Muñoz

El 19 de octubre se hizo de conocimiento que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural hizo llegar un Oficio N°060-2024-2025-CCPC/CR al Ministerio del Interior sobre las acciones del sector para garantizar la intangibilidad de la Zona Arqueológica de Caral.

Conversamos con el congresista Hector Acuña, vicepresidente de dicha comisión, sobre esta problemática. “No es raro y tampoco es novedad. El tráfico de terrenos ahora es a nivel nacional. En Trujillo, en Chan Chan, es alarmante”, se refirió el legislador al abandono de los centros arqueológicos que no solamente compromete a Caral, sino a diferentes zonas protegidas que no están teniendo la atención correspondiente.

El congresista hizo un llamado de atención al Ministerio de Cultura. “El ministerio es indiferente. Voy a tratar de conversar en la comisión para citar al ministro porque estamos luchando pero hay una desatención”, comentó. “En Trujillo, están invadiendo y no es reciente, sino hace tiempo. Se lo hicimos de conocimiento, en ese momento, a la ministra Leslie (Urteaga) y nada”, añadió.

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura informó que fueron alertados por la ZAC (Zona Arqueológica de Caral) el 23 de octubre y que en las zonas en conflicto ofrecidas por la inmobiliaria se ha confirmado la presencia de estructuras y contextos funerarios arqueológicos, correspondientes a las épocas Caral y posteriores. En consecuencia, el ministerio indicó que estos terrenos no pueden ser ofertados para la venta pública.

¿Quién está detrás de Inmobiliaria Muñoz EIRL?

La Inmobiliaria Muñoz EIRL, identificada con RUC: 20609395916, fue fundada el 7 de mayo de 2022. Según la información que presenta en sus redes sociales, en estos dos años se han dedicado a la compra, venta de propiedades y al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, también organiza actividades de coaching y charlas motivacionales dirigidas a personas interesadas en trabajar como vendedores, adoptando un enfoque similar al estilo de Jurgen Klaric, de quien también hacen referencia en su publicidad a las tantas “convenciones” que realizan.

Intentamos comunicarnos con Deysi Valery Camargo Díaz, quien figura como representante legal de la inmobiliaria ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), pero no obtuvimos respuesta. Lo mismo ocurrió con Samuel Muñoz, quien se presenta como el CEO fundador de la empresa en redes sociales, aunque no figura como representante ante la SUNAT y tampoco contestó nuestra llamada.

Sin embargo, quien respondió fue Rosa Quiroz, asistente y trabajadora de la inmobiliaria desde hace año y medio. “No es la primera vez que nos acusan de esto. En Facebook crearon nueve perfiles falsos e intentaron acusarnos (…) siempre lo hacen de manera oculta. Sería mejor que vinieran a la oficina y lo demuestran con hechos. Que den la cara”, comentó Quiroz, quien admitió no conocer en profundidad las denuncias sobre la Zona Arqueológica de Caral. 

La trabajadora apeló al proceso legal en curso y afirmó que ya se están tomando las medidas correspondientes con los abogados. Asegura, además, que Inmobiliaria Muñoz realizó la compra legalmente de los terrenos que hoy se perfilan como un proyecto ambicioso. “La compra fue legalmente realizada, pero algunos de estos terrenos, los cuales son zonas arqueológicas, se ha pedido que (se) deje un porcentaje para que no choque con la zona arqueológica”, afirmó. 

Sin embargo, esta explicación dejó más dudas que certezas, sobre todo cuando preguntamos por su representante, Deysi Camargo. Quiroz nos mencionó que no era la única persona al frente de la inmobiliaria, lo que generó aún más incertidumbre sobre la gestión de la empresa. Cuando consultamos por las otras personas, solo mencionó que había más personas del equipo trabajando en la empresa. 

No sería el primer tropiezo de Inmobiliaria Muñoz EIRL.

A través de las redes sociales, la empresa ha sido señalada por supuestas estafas en la compra de lotes. El descontento de los usuarios llevó a la inmobiliaria a emitir un comunicado el 8 de mayo de 2023, en el que desmentía rotundamente las acusaciones:

“Inmobiliaria Muñoz ha venido creciendo de forma continua y transparente, sin necesidad de engañar a nuestros clientes, motivo por el cual han pretendido BOICOTEARNOS a través de la CALUMNIA y DIFAMACIÓN, utilizando y ofreciendo dádivas a exclientes nuestros, con quienes se había concluido la relación comercial en el mejor de los términos», menciona el comunicado

La empresa de bienes raíces asegura entre todos sus argumentos que es una guerra sucia de la competencia contra el crecimiento que han tenido ellos. Esta misma versión fue dicha por Rosa Quiroz quien fue tajante al mencionar que esta información falsa se intenta propagar por el buen accionar que Inmobiliaria Muñoz intenta dar a sus clientes. “No soportan que brindemos un mejor servicio y mejores precios. Nos quieren silenciar”, mencionó.

 

Benjamín Zevallos
Detalle de la poligonal de delimitación de la Zona Arqueológica Áspero y dentro de ella, indicadas en color rojo, las áreas que la Inmobiliaria Muñoz E. I. R. L. promociona en su folleto cómo Residencial Faraón y Condominio La Isla. Foto: Ministerio de Cultura.

Al cierre de este informe, ningún representante oficial de la inmobiliaria ha querido dar la cara ante esta denuncia. Las palabras de Quiroz solo evidencian la vulnerabilidad del patrimonio que se intenta invadir y lotizar. Las autoridades han prometido tomar acciones claras y contundentes para resolver esta problemática; sin embargo, lo mencionado por el congresista es cierto e importante: esta no es la primera ni la última zona arqueológica en enfrentar estos problemas.

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En el último tiempo se ha vuelto común escuchar casos de trabajadores fantasmas, aquellos personajes que son contratados y cobran un salario pese a no cumplir con las funciones que les corresponden y muchas veces ni estar presente en su centro de labores, pero en esta oportunidad lo que se va a relatar es el caso de un trabajo fantasma.

Sudaca ha conocido la historia de un supervisor de obra cuyo certificado de trabajo con graves irregularidades le costó una dura sanción a la empresa para la cual trabajaba debido a una insólita incongruencia en las fechas en las que, supuestamente, había desempeñado una determinada función durante la ejecución de una obra.

Sin embargo, pese a este antecedente sobre una clara manipulación en su experiencia laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima lo eligió para ser supervisor de obra y recibir más de siete mil soles. En el siguiente informe conocerá los detalles de un caso en el que, indiscutiblemente, hubo mentiras que involucran a empresas y al propio trabajador.

LA FALSA EXPERIENCIA LABORAL

Para conocer mejor esta historia es preciso remontarse al año 2018 cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo convocó a una licitación pública para una obra de mejoramiento de algunos tramos de una importante avenida trujillana y por la cual estaba en juego un elevado presupuesto que superaba los tres millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, los propios candidatos a que se les encargue la obra suelen indagar sobre el historial de sus competidores y exponer alguna irregularidad si es que la encuentran. Este caso no fue la excepción y, en octubre del 2018, uno de los postores, Constructora Pavimentos del Perú, presentó un recurso de apelación en el cual solicitaban que se le retire la buena pro al Consorcio Nazareno y sea descalificado.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó siendo expuesta una irregularidad en la oferta del postor que originalmente estaba pidiendo la descalificación del ganador del proceso de licitación pública. Según lo señalado, Hugo Santisteban Alejandro, uno de los profesionales que era parte de la oferta presentada por la Constructora Pavimentos del Perú para la licitación habría justificado su experiencia laboral con lo que sospechaban eran documentos falsos o adulterados.

Cristian Rebosio

Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, entre estos documentos cuestionados figuraba el certificado de trabajo de Hugo Enrique Santisteban Alejandro por el trabajo que supuestamente había desempeñado como supervisor de obra en el año 2010 en la construcción de pistas y veredas en Lambayeque.

Cristian Rebosio

En la siguiente imagen se puede observar el cuestionado certificado de trabajo. Este documento emitido por la empresa Trebol S.A.C. señala que Hugo Enrique Santisteban Alejandro llevó a cabo las tareas de supervisor de obra entre el 10 de febrero del 2010 hasta el 12 de julio del 2010.

Cristian Rebosio

Pero al revisar las fechas correspondientes al proceso de selección de la construcción de pistas y veredas se puede ver que la buena pro recién fue otorgada en los últimos días del mes de marzo del 2010, varias semanas después de la fecha en que supuestamente Hugo Santisteban había iniciado sus labores como supervisor de obra.

Cristian Rebosio

Ante esta indiscutible incongruencia entre las fechas, el Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que la experiencia como supervisor de obra que pretendía acreditar Hugo Enrique Santisteban Alejandro no era válida porque la fecha en la que dicho documento señalaba como inicio de la obra era incluso antes que se convoque al proceso de licitación.

Cristian Rebosio

Cabe señalar que también se descartaría un error por parte del empleador del supervisor de obra debido a que en la carta de compromiso que firma el propio Hugo Enrique Santisteban Alejandro se observa que coloca la fecha que no coincide con el periodo de tiempo en el cual se iniciaron las obras realmente.

Cristian Rebosio

Este caso llegó a su final el 21 de enero del 2022 cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la empresa Constructora Pavimentos del Perú por haber presentado documentación con información inexacta, entre los cuales se encontraban los relacionados con Hugo Enrique Santisteban Alejandro.
MUNICIPALIDAD SIN FILTROS
Sin embargo, y pese a que los documentos de este extraño caso de un trabajo fantasma están disponibles para cualquier interesado que realice una búsqueda sobre los nombres involucrados, la Municipalidad de Lima parece no haberle dado mayor importancia a este cuestionable antecedente.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien junto con los integrantes de su agrupación política suelen acusar a cualquier adversario de recibir dinero público injustificadamente, habría mirado hacia otro lado y contrató a Hugo Enrique Santisteban Alejandro para que sea supervisor de obra en la creación de una ciclovía.

Cristian Rebosio

Acorde a lo que se puede observar en la imagen anterior, el involucrado en la presentación de un certificado de trabajo inexacto recibió una cifra que supera los siete mil soles por llevar a cabo la tarea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como supervisor de una obra ejecutada este año.

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Continúan los errores en el sector salud. En esta oportunidad, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud volvió a equivocarse en el proceso de adquisición de un producto farmacéutico utilizado por pacientes con cáncer.

Aunque, en las últimas semanas, los ministros del gabinete liderado por Gustavo Adrianzén que más escándalo e indignación han generado fueron Morgan Quero y Juan José Santivañez, el sector en el cual no se han dejado de cometer preocupantes y constantes errores es aquel que tiene a César Vásquez como titular.

Desde su llegada al Ministerio de Salud, en junio del 2023, la gestión de Vásquez ha estado bajo la lupa en numerosas oportunidades por situaciones por demás alarmantes como errores en la adquisición de medicamentos, falencias en las campañas de vacunación y hasta improvisación en los tratamientos que le brindan a sus pacientes.

En esta oportunidad, Sudaca ha tomado conocimiento de un nuevo caso en la compra de medicamentos que expone una grave falta de rigurosidad por parte del sector salud al momento de encarar estos procesos que genera retrasos para un sector salud que suele estar en condiciones precarias y que, aparentemente, está lejos de mejorar.

COMPRADOR DESCUIDADO

Esta historia comenzó el 9 de agosto de este año cuando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) realizó una convocatoria para la adquisición de productos farmacéuticos oncológicos con  los cuales se iban a abastecer por el periodo de doce meses y por el cual se había estimado un valor de cerca de dieciséis millones de soles.

En esta lista, que incluía dieciséis ítems, figuraba la adquisición de “Triptorelina 3.75 mg inyectable”, el cual es utilizado en las personas que padecen cáncer de próstata, y para ello se había destinado un monto que superaba los cinco millones de soles del presupuesto anteriormente mencionado.

Este proceso siguió su curso y el 24 de septiembre del 2024 se hizo público que WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. había sido el postor elegido para recibir la buena pro con su oferta de S/3´977,850.00por el producto farmacéutico “Triptorelina 3.75 mg inyectable” y superar a las otras ofertas presentadas.
Cristian Rebosio

Sin embargo, semanas después, Farmindustria S.A., otro de los postores que participó en este proceso, solicitó que se retire la buena pro que se le había otorgado a WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. en el mes de septiembre. Los argumentos con los que sustentaban un pedido de este calibre eran, cuanto menos, desconcertantes.

Entre estos argumentos se señalaba que FarmindustriaS.A. había ofertado un producto que provenía de un laboratorio ubicado en India, un país que no es considerado en el grupo de los que cumplen con el criterio de alta vigilancia sanitaria, y que no había cumplido con la exigencia de presentar el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el área de fabricación de líquidos estériles, uno de los dos compuestos del producto.
Cristian Rebosio
Además, en los argumentos también se exponía que otro de los postores, GRUPO KMEDIC E.I.R.L., había sido descalificado del proceso y sus productos provenían del mismo laboratorio que Farmindustria S.A., con lo cual indicaban que ambos tenían el mismo problema de certificados.

Cristian Rebosio

Ante esta situación, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (DIGEMID) se pronunció y aclaró cuáles eran los documentos que debían ser presentados y, además, informó que el laboratorio cuestionado no contaba con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Esta situación llevó a que sea el Tribunal de Contrataciones del Estado el encargado de intervenir y determinar si estos cuestionamientos eran pertinentes. Fue durante este proceso que pudieron advertir que, tal como se había cuestionado, no hubo un mismo trato para los dos postores que provenían del mismo laboratorio y, mientras uno recibió la buena pro, el otro fue descalificado.

 

No obstante, lo más insólito de este caso sería descubierto posteriormente. Al revisar los documentos que habían sido utilizados, el Tribunal de Contrataciones del Estadoencontró que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no había cumplido con solicitar los documentos que correspondían para dicho proceso al haberse basado en requisitos que ya no estaban vigentes.

En la resolución que Sudaca pudo revisar, el Tribunal de Contrataciones del Estado expone que el  Documento de Información Complementaria usado erróneamente incluye documentos que no eran válidos, tal es el caso de la posibilidad de presentar certificados emitidos en el extranjero que no consignen fecha de vigencia o presentar Declaración Jurada de presentación de solicitud de certificado de BPM.

Ante este inesperado escenario, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que este proceso deba regresar a la etapa de convocatoria, lo que supone una demora de varias semanas y hasta meses para que se pueda concretar la adquisición de estos productos.

En la resolución emitida el pasado mes de noviembre también se puede leer un claro llamado de atención a quienes están a cargo del sector salud debido a que este percance que ha llevado a que este proceso de compra de varios pasos atrás tiene como único responsable al propio sector salud y, tal como se lee en la siguiente imagen, esta situación representa un obstáculo para la “satisfacción oportuna de los intereses del Estado”.

Lamentablemente, no es la primera vez que la salud de los peruanos es descuidada por errores evitables por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) en los procesos de adquisición. En la última semana, Sudaca dio a conocer que otro error por parte de Cenares había sido perjudicial el plan de prevención y control del dengue a tan sólo semanas del inicio de la temporada más crítica.

 

 

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