Gabriel Boric

La actual crisis política por la que atraviesa Venezuela debido al fraude electoral perpetrado por el régimen autoritario de Nicolás Maduro ha revivido el debate acerca de la siempre complicada relación entre izquierda y democracia en América latina.

Al respecto, no sorprende que Gabriel Boric, el izquierdista presidente de Chile, lidere en solitario una postura de abierta condena a la dictadura bolivariana. Ya hace 5 meses, en las exequias al expresidente Sebastián Piñera, Boric cuestionó tanto las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como los maximalismos del progresismo radical, alejado del diálogo democrático y del sentido común popular.

Desgraciadamente, el joven mandatario chileno está solo. A pesar de tratarse también de gobiernos democráticos, el Brasil de Lula, el México de AMLO y la Colombia de Petro trastabillaron en la OEA y no fueron capaces de votar la resolución que exigía a Maduro un mínimo razonable: mostrar las actas electorales. Por un voto, la resolución no se aprobó. Luego, los tres mencionados han transitado entre la culpa y la complicidad y le han exigido por fuera a Maduro lo que no fueron capaces de exigirle en el foro multilateral. La pregunta que flota en el aire es si lo que buscan es la transición democrática o avalar el fraude electoral.

El discutible compromiso de Brasil, México y Colombia con la democracia puede explicarse en que no hayan transitado por un proceso complejo como el chileno, país en el que las agendas progresistas radicales fueron abrumadoramente derrotadas en el referéndum constitucional de septiembre de 2022. Por ello la izquierda chilena se ha visto obligada ha plantearse preguntas fundamentales así como a trazarse nuevas prioridades para mantenerse popular, característica que mantuvo a lo largo del siglo XX. Así se explica la apuesta de Boric por retomar las agendas democrática y social como una vía que corre paralela a la batalla cultural, es decir, una tercera vía.

La disyuntiva para las izquierdas de América Latina es la misma que para el caso chileno. Tratándose de países en vías de desarrollo, con enormes desigualdades sociales, con servicios estatales básicamente deficitarios, y con una igualdad de oportunidades que duerme el sueño de los justos, la prioridad en cualquier agenda de izquierda o de centro izquierda debe ser salir del hambre, de la desnutrición, ofrecer idóneos servicios de salud y de educación, invertir en infraestructura para el desarrollo, etc.  

No puede haber socialdemocracia, no puede haber Estado de Bienestar, no podemos construir los pisos más altos del edificio, aquellos donde mora la cultura, sin la previa revolución capitalista, sin una burguesía comprometida con el desarrollo de la sociedad en su conjunto, sin un Estado promotor de la actividad económica y con un auténtico compromiso al servicio del ciudadano.

¿Qué es el socialismo del siglo XXI? ¿despilfarrar en el mega-asistencialismo una pasajera bonanza petrolera? ¿promover la guerra de las razas y la guerra de los sexos? ¿o promover el desarrollo a través de un Estado promotor capaz de introducir a todos los agentes económicos en una lógica de progreso? Si lo que se busca es el bienestar de la sociedad, la izquierda y la centro izquierda deben reencontrarse con cinco conceptos fundamentales: democracia, desarrollo, bienestar, solidaridad y justicia social. Sin ellos, seguiremos arando en el mar de los ensueños*

*Fragmento de la canción Ese arar en el mar, de Chabuca Granda.

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SANTIAGO.- Cuando en una visita fugaz, pero nutritiva, a Chile, uno descubre que la informalidad en nuestro vecino sureño es del 27% y que eso les preocupa al sector empresarial y académico, no puede dejar de asombrarse de que después del estallido social del 2019 -que cambió el país para mal en todo sentido-, la fortaleza institucional chilena siga siendo envidiable.

Hay malestar en el sector inversor por la falta de confianza y, por ende, de inversión privada -como sucede en el Perú-, pero al mismo tiempo hay claridad de que la energía que se ponga en las protestas gremiales no puede saltarse a la garrocha la institucionalidad oficial del país.

Un país gobernado por la improvisación supina de Gabriel Boric, logra sobreponerse porque mantiene incólumes los pilares institucionales que le otorgaron décadas de progreso ininterrumpidos.

El propio Boric ha tenido que pisar tierra. De sentirse una suerte de Che Guevara reencarnado, llamado a tareas políticas trascendentes, ha debido reconvenir en que necesita convencer al centro del país para poder gobernar (por ello, dicho sea de paso, su reciente viaje a la asunción de mando de su antípoda Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que no hacerlo hubiera despertado las furias del sector mayoritario de la opinión pública chilena).

No hay manera de pronosticar cuál va a ser el resultado del plebiscito constitucional de este domingo respecto del texto esta vez aprobado por la derecha chilena. Lo más probable es que se rechace, con lo cual se mantendría el statu quo. Boric no tiene salida victoriosa, sin embargo. Si se aprueba la reforma, pierde y si no se aprueba, también pierde, porque mantendría vigencia la Constitución de Pinochet (así considerada, a pesar de que ha merecido ya infinidad de cambios durante los diferentes gobiernos de la transición).

Hoy los problemas chilenos son muy parecidos a los del Perú. Encabeza la lista la inseguridad ciudadana y la sensación compartida de que el gobierno no sabe qué hacer al respecto. La ola delincuencial que sacude al país del sur es inédita en su historia republicana y genera, como es previsible, un impacto social que, entre otras consecuencias, produce cierta inmovilización política ciudadana o un menoscabo de la valía de las protestas, sobre todo si son violentas. Mucho por ver y mucho por aprender de las experiencias chilenas.

 

 

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La izquierda latinoamericana ha involucionado y se ha enemistado con los criterios de libre mercado, que son los únicos capaces de asegurar el crecimiento económico y, por ende, la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades.

En esa tesitura, han conducido a sus países a la pobreza, el estancamiento y, en el peor de los casos, a las dictaduras más desembozadas (es el caso de Nicaragua y Venezuela). El socialismo del siglo XXI ha conllevado al atraso de la región y al debilitamiento corrosivo de la democracia.

El Perú debe mirar con especial atención ese espejo regional y reconvenir sus términos. No dejarse llevar de las narices por grupos minoritarios violentistas y hacer pedagogía ideológica para que el pueblo no se deje sorprender por razones extrapolíticas, como sucedió el 2021, y que nos llevó a una calamidad de la que felizmente nos libramos por obra y gracia de la torpeza castillista.

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