Gabriel Boric

SANTIAGO.- Cuando en una visita fugaz, pero nutritiva, a Chile, uno descubre que la informalidad en nuestro vecino sureño es del 27% y que eso les preocupa al sector empresarial y académico, no puede dejar de asombrarse de que después del estallido social del 2019 -que cambió el país para mal en todo sentido-, la fortaleza institucional chilena siga siendo envidiable.

Hay malestar en el sector inversor por la falta de confianza y, por ende, de inversión privada -como sucede en el Perú-, pero al mismo tiempo hay claridad de que la energía que se ponga en las protestas gremiales no puede saltarse a la garrocha la institucionalidad oficial del país.

Un país gobernado por la improvisación supina de Gabriel Boric, logra sobreponerse porque mantiene incólumes los pilares institucionales que le otorgaron décadas de progreso ininterrumpidos.

El propio Boric ha tenido que pisar tierra. De sentirse una suerte de Che Guevara reencarnado, llamado a tareas políticas trascendentes, ha debido reconvenir en que necesita convencer al centro del país para poder gobernar (por ello, dicho sea de paso, su reciente viaje a la asunción de mando de su antípoda Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que no hacerlo hubiera despertado las furias del sector mayoritario de la opinión pública chilena).

No hay manera de pronosticar cuál va a ser el resultado del plebiscito constitucional de este domingo respecto del texto esta vez aprobado por la derecha chilena. Lo más probable es que se rechace, con lo cual se mantendría el statu quo. Boric no tiene salida victoriosa, sin embargo. Si se aprueba la reforma, pierde y si no se aprueba, también pierde, porque mantendría vigencia la Constitución de Pinochet (así considerada, a pesar de que ha merecido ya infinidad de cambios durante los diferentes gobiernos de la transición).

Hoy los problemas chilenos son muy parecidos a los del Perú. Encabeza la lista la inseguridad ciudadana y la sensación compartida de que el gobierno no sabe qué hacer al respecto. La ola delincuencial que sacude al país del sur es inédita en su historia republicana y genera, como es previsible, un impacto social que, entre otras consecuencias, produce cierta inmovilización política ciudadana o un menoscabo de la valía de las protestas, sobre todo si son violentas. Mucho por ver y mucho por aprender de las experiencias chilenas.

 

 

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La izquierda latinoamericana ha involucionado y se ha enemistado con los criterios de libre mercado, que son los únicos capaces de asegurar el crecimiento económico y, por ende, la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades.

En esa tesitura, han conducido a sus países a la pobreza, el estancamiento y, en el peor de los casos, a las dictaduras más desembozadas (es el caso de Nicaragua y Venezuela). El socialismo del siglo XXI ha conllevado al atraso de la región y al debilitamiento corrosivo de la democracia.

El Perú debe mirar con especial atención ese espejo regional y reconvenir sus términos. No dejarse llevar de las narices por grupos minoritarios violentistas y hacer pedagogía ideológica para que el pueblo no se deje sorprender por razones extrapolíticas, como sucedió el 2021, y que nos llevó a una calamidad de la que felizmente nos libramos por obra y gracia de la torpeza castillista.

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