Si querían información de la transferencia de acciones del 2016, el fiscal Pérez tendría que haber ido a Invepar, a la que dice que quiere agregar al proceso de investigación sobre Susana Villarán, pero que aún no logra hacer. ¿Seis años se demora y no puede incluir a Invepar en este proceso y ni tampoco hacer algo contra OAS?
¿Se le pasó el tren? ¿Qué ha hecho el fiscal Pérez contra OAS? Pues nada y ahora quiere arreglar sus malos resultados con un show mediático en contra de la subsidiaria de una empresa multinacional (últimamente, como se ha comprobado con el caso Kuczynski, el fiscal de marras anda de show en show).
Resulta evidente que la Fiscalía no hizo nada en su momento contra la empresa OAS y ahora es demasiado tarde, pero en ese talante se afecta la seguridad jurídica que la inversión privada necesita en el Perú con actos desproporcionados e innecesarios.
La trama de coimas que involucra a Susana Villarán ha sido oficialmente reconocida por una empresa en Estados Unidos. En septiembre pasado, la agencia de publicidad británica WPP (una de las más grandes del mundo) accedió a pagar una multa de US$19 millones a la Comisión del Mercado de Valores de ese país, tras admitir malas prácticas en sus subsidiarias de India, Brasil, China y el Perú. En el caso peruano, su filial Ogilvy participó –en el 2013– en un “esquema de soborno” para beneficiar a la autoridad municipal de aquel entonces. Es decir, a Villarán.
Así lo revela una investigación de la reguladora bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que si bien no menciona a Villarán con nombre y apellido, sí describe hechos que corresponden a la pesquisa que se le sigue a la exalcaldesa en Lima. WPP aceptó la multa buscando eludir la acusación penal por haber violado la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, vigente en EEUU.
Septiembre, 2021. Informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos que consigna las malas prácticas de la subsidiaria de la agencia británica publicidad WPP, en la trama de sobornos que involucra a Susana Villarán.
LOS DETALLES
La SEC señala que la agencia publicitaria WPP instaló su subsidiaria peruana en 1996. Ese año, Ogilvy se creó con Óscar Vidaurreta Yzaga como principal ejecutivo. “El CEO [Vidaurreta] continuó administrando la subsidiaria de Perú hasta que, en el 2018, WPP lo despidió por haber participado en un esquema para manipular las ganancias de la filial peruana”, dice el informe.
¿Qué sucedió? La investigación del regulador bursátil estadounidense detalla que, en el 2013, WPP tuvo una “ganancia ilícita” de US$291.935 como resultado de una triangulación de dinero en la que participó Ogilvy. “La subsidiaria de Perú aceptó ser un conducto para el soborno de una empresa constructora a la alcaldesa de Lima [que en ese momento era Susana Villarán]”, añade el documento. La compañía a la que se refieren es OAS.
Los datos se condicen con la investigación que el Equipo Especial del caso Lava Jato le sigue a Villarán desde el 2017. La empezó el fiscal Carlos Puma y actualmente la tiene su colega José Domingo Pérez. En la pesquisa de la Fiscalía se menciona que Villarán, a través de su entonces gerente municipal José Miguel Castro, le pidió US$3 millones a OAS “para financiar la campaña por el No a la revocatoria”. Esto, como recompensa por conseguirles una adenda que amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que le permitió a la compañía brasileña subir la tarifa del peaje.
José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente general en la gestión de Villarán, contrató a la empresa de publicidad Ogilvy, subsidiaria de WPP. Fuente: La República.
De acuerdo al colaborador eficaz 101–2019, “Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán […] que serían pagados con contratos con la empresa Ogilvy [subsidiaria de WPP]”.
Lo que hizo OAS fue firmar contratos “completamente ficticios” de publicidad con las filiales de WPP en Ecuador, Colombia y Chile, dice la Fiscalía. Los US$3 millones, en realidad, sirvieron para que la subsidiaria peruana pague la millonaria propaganda del ‘No’ a la revocatoria y el trabajo del publicista brasileño, Luis Favre, a quien se le abonó medio millón de verdes, según el expediente fiscal.
“La empresa OAS aportó dinero para la campaña de Susana Villarán, con contratos en países como Colombia y Chile. Eso ya está claramente reconocido”, responde Vidaurreta a Sudaca, de manera escueta, sin mencionar el esquema corrupto.
Vidaurreta es considerado por el Ministerio Público como un hombre clave para el caso. El publicista entró al círculo de Villarán por un llamado de José Miguel Castro, entonces brazo derecho de la exalcaldesa. Al sumarse a la campaña contra la revocatoria, fue contactado por Alexandre Portela, ejecutivo de OAS, para firmar los contratos simulados, de acuerdo a la investigación.
Óscar Vidaurreta Yzaga (izquierda), exejecutivo de Ogilvy, filial de WPP, aludido en el informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos. Fuente: LatinSpots.
La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos describió así el papel de Vidaurreta: “El CEO simuló la fuente corrupta de los fondos utilizados para la campaña política del alcalde de Lima [Villarán], canalizando los pagos de la constructora [OAS] a la subsidiaria peruana a través de las filiales de WPP en Colombia y Chile”.
La británica WPP dice que tomó conocimiento de las malas prácticas de su subsidiaria peruana al ventilarse la investigación en la prensa de nuestro país. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que Ogilvy sea incluida en la investigación como persona jurídica. Los investigados en esta trama están actualmente con comparecencia restringida.
Es el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. “Yo no soy corrupta y quiero que se restablezca el único patrimonio que tengo: mi honra y mi nombre”, dijo la exalcaldesa durante una audiencia de junio del año pasado.
Ahora que las restricciones de aforo de concurrencia a las playas ponen una vez más en evidencia su cortedad para atender la inmensa demanda recreativa de una megalópolis como es Lima, es ocasión de volver a poner en la palestra la urgencia de que se emprenda una gran obra pública que amplíe los espacios playeros a todo el litoral citadino.
A la fecha, solo Chorrillos, Barranco y Miraflores tienen playas habilitadas, apenas un 30% de la costa limeña y chalaca está disponible para que la gente pueda acudir a ellas como grandes espacios públicos de recreación. De los casi 22 kilómetros que tiene (entre La Herradura y La Punta), apenas 6 cuentan con playas de uso público.
Desde San Isidro hasta La Punta (en su vertiente sureña), pasando por Magdalena, San Miguel, La Perla y Callao, simplemente es un litoral agreste, inutilizable para esparcimiento playero.
En una ciudad donde pocos espacios públicos existen, y teniendo en cuenta la importancia de ellos para el desarrollo de una cultura cívica y democrática, de compartimiento social, es imperativo recuperar para la ciudad ese gran litoral, hoy inutilizado.
El mayor magnicidio urbano cometido en Lima en las últimas décadas es el que perpetró Susana Villarán al convertir la Costa Verde en una autopista. Destrozó lo que debería haber sido un gran paseo de acceso urbano peatonal y citadino.
Pero se puede y debe remediar. Habilitando playas en los distritos que no la tienen, construyendo ascensores en lugar de las complicadas escaleras de acceso (o poniendo buses gratuitos), permitiendo algunos espacios de recreación en las zonas que lo permitan, conquistando, en suma, un gran parque natural para los millones de peruanos que hoy congestionan las pocas playas a las que pueden acceder.
No se ha invertido un sol desde hace décadas en habilitar playas construyendo espigones. Nuevas tecnologías hoy hacen relativamente previsible lo que antes era un albur. Esa tarea la debería acometer el gobierno central, con un convenio de gobierno a gobierno, como gran obra pública. Es de interés primordial, transformaría la vida de la ciudad y convertiría a Lima-Callao en lo que realmente es, una ciudad costera, con el inmenso beneficio que tendría construir un espacio público de disfrute abierto y gratuito para todos. Democracia urbana con inmenso impacto inclusivo y socializador, integrador y sembrador de cultura cívica.
–La del estribo: una corrección gustosa a un error cometido en un estribo anterior, respecto de la ópera Carmen, de George Bizet, que organiza el Festival Granda. La misma ya tiene fechas reprogramadas para este año. Va el viernes 20, domingo 22 y martes 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional, conforme fue anunciado en sus plataformas, con desconocimiento de quien escribe. Valga la rectificación y bienvenida la buena ópera este año al Perú. Por si aún quedan entradas, pueden averiguar en Teleticket.
