Hemos sido críticos de la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus decisiones, en particular en su protección a la exfiscal suprema Zoraida Avalos, pero ni aún ese yerro tremendo puede justificar la salvajada institucional que se pretende perpetrar en el Congreso, al buscar, sumariamente, la remoción de la JNJ en base a argumentos baladíes y que no disimulan los afanes autoritarios de un poder del Estado desatado y sin control.
Porque no estamos ante una vigilancia selectiva, como eventualmente correspondería, sino ante un manotazo que lo que busca es que el Congreso, en base a la mayoría hechiza que ha obtenido, y que ha descubierto el inmenso poder que administra, vaya poco a poco capturando todas las instituciones a su alcance. Lo intenta ahora con la JNJ, lo hará después con los organismos electorales y sabe dios qué otras caerán en sus garras posteriormente.
El Congreso tiene la potestad de sancionar a los integrantes de otros poderes del Estado (puede hasta vacar al Presidente), pero tiene que administrar ese poder con mesura y tino democráticos, sin avasallamientos ni excesos (como, dicho sea de paso, el que se iba a cometer al querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, y que, a la postre, desencadenó su renuncia, o como el que se cometió, también, al vacar al impresentable, pero legítimo mandatario Martín Vizcarra).
Zoraida Ávalos estuvo bien inhabilitada. ¿Cometió una ligereza la JNJ al salir en su defensa? Sí. ¿Pero es eso razón suficiente para que el Congreso remueva a todos sus integrantes? Es claramente un exceso institucional que pone en entredicho la justa separación de entidades democráticas y pondría al Perú al filo de ser una democracia fallida.
En un Estado democrático y en sus instituciones principales deben coexistir distintas líneas de pensamiento y admitirse, inclusive, su disputa. Emprender una razzia, aprovechando el poder alcanzado en el Legislativo (con la sorprendente complicidad de bancadas de izquierda), constituye un abuso sobre el que la ciudadanía debe estar alerta. Hay ocasiones en que la vigilancia ciudadana debe activarse. Esta es una de ellas.
Uno de los aspectos de más ingrato recuerdo en la historia judicial reciente del país es el trato especial y la protección legal que la Junta Nacional de Justicia ha brindado en los últimos años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, algo que no tiene antecedentes en la historia judicial del país.
Hay hechos que considerados en conjunto y en contexto revisten gravedad y que no pueden ser pasados por alto.
En primer lugar, resalta el hecho de que en la entrevista del 3 de noviembre del 2022 para ser ratificada o no en el cargo de Fiscal Suprema los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hicieron una sola pregunta a Zoraida Ávalos acerca de los certificados falsos que habría utilizado para acceder al cargo de Fiscal Suprema en el año 2013, pese a que ella tocó el tema. Ningún miembro de la JNJ siquiera se molestó en realizar una pregunta tangencial, de refilón o para salvar la vergüenza sobre un asunto tan delicado, serio y que revestía extrema gravedad a lo largo de los 65 minutos que duró la entrevista.
Para los miembros de la JNJ no había nada de interés público y de relevancia en el hecho de que se afirmara que una Fiscal de la Nación habría utilizado documentos falsos para participar y pasar con las justas el examen curricular cuando postuló al cargo de Fiscal Supremo y salió nombrada. El hecho es sumamente extraño y revelador debido a que diversos medios de comunicación se habían ocupado del tema con evidencias fílmicas contundentes acerca de la fábrica de documentos falsos a la que habría acudido Zoraida Ávalos y otros magistrados para tratar de mejorar su curriculum.
La total inercia, ni siquiera pasividad, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tratar el cuestionamiento más grave que tenía Zoraida Ávalos alrededor de los certificados falsos de LIBREJUR es verdaderamente aleccionador en lo jurídico y en lo ético tanto para todos los jueces y fiscales como para todos los estudiantes de derecho del Perú, pues nos enseña que se puede acusar a una persona de haber matado, robado o violado y se puede llegar a absolverla, frente a la gravedad de los cargos y el peso de la evidencia, sin preguntarle al sospechoso si efectivamente mató, robó o violó.
Incluso, un miembro de la JNJ, en el colmo de su simpatía y apoyo a Zoraida Ávalos en la entrevista le preguntó acerca de las “expectativas a futuro en lo personal e institucional” en el Ministerio Público, sellando por anticipado lo que se veía cantado: su segura ratificación por unanimidad. No se le preguntó sobre los hechos pasados extremadamente graves que se la atribuía, sino sobre su cómodo futuro en la Fiscalía que ya tenía asegurado con una pregunta de regalo. Otro miembro de la JNJ en la entrevista resaltó el “coraje” de Zoraida Ávalos, además, de enaltecer la figura personal de la entrevistada como si el acto de ratificación fuera una reunión de amigos o una charla de café.
Para los incrédulos acerca de la entrevista de Zoraida Ávalos por la Junta Nacional de Justicia se puede ver el enlace:
En segundo lugar, la JNJ, el 23 de mayo del 2023 emitió un comunicado público en la que mostraba su total respaldo a Zoraida Ávalos en el trámite de la acusación constitucional que se vería al día siguiente en el Congreso de la República. Tal fue el grado de apoyo de la JNJ que se permitió “invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.
La JNJ de la manera más descarada hizo suyo el principal argumento de defensa de Zoraida Ávalos y lo dejó en claro en su comunicado que no se puede pretender sancionar a un fiscal por “el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”. Se debe resaltar que la JNJ en ningún otro caso distinto al de Zoraida Ávalos emitió un comunicado o pronunciamiento a favor de la defensa de un magistrado (del Poder Judicial o del Ministerio Público) cuya independencia o autonomía se podía ver amenazada como puede ser, por ejemplo, el caso de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Vargas, que son objeto de campañas mediáticas de demolición.
La JNJ dejó sentado en su comunicado que lo importante para sus miembros no era tanto la preservación de la independencia de los jueces y fiscales, sino garantizar que Zoraida Ávalos no sea removida de su cargo como Fiscal Suprema titular por el Congreso de la República. ¿En los cuatro años que viene funcionando la JNJ el único caso en el que se amenazaba la independencia de un Fiscal era el de Zoraida Ávalos? Para la JNJ vivimos en un país de ensueños en cuanto al sistema de justicia, ya que en el único caso que se consideró que se amenazaba la independencia de un Fiscal era en la investigación que se seguía en el Congreso contra Zoraida Ávalos.
En tercer lugar, una de las muestras de mayor protección e incondicionalidad de la JNJ con Zoraida Ávalos es su absoluta indiferencia y total desconexión con la realidad respecto a los hechos relatados en las publicaciones de Sudaca que se han presentado contra Zoraida Ávalos y que han generado cero investigaciones de oficio por parte de la JNJ, pese a la gravedad de las publicaciones, lo que difiere de otros casos en los que por hechos menos graves se abrió investigación inmediatamente a jueces y fiscales supremos.
Una sanción con sabor a impunidad
Algunos defensores de Zoraida Ávalos advertirán que ella fue sancionada por la JNJ con un mes de suspensión del cargo por el indebido nombramiento como Fiscal Superior adjunta de la hija de su comadre María Zavala Valladares (Carla Estefanía Bourdieu Zavala), miembro de la JNJ, en el distrito Judicial de Piura y que, por tanto, no se puede hablar de que ella fue favorecida indebidamente o recibió un trato especial.
Sin embargo, basta revisar la resolución de la JNJ para advertir que se dio por probado “el vínculo de amistad y comadrazgo entre la investigada y la madre de Bourdieu Zavala” al considerar que “María Zavala Valladares y Zoraida Ávalos Rivera han coincidido en señalar que tienen una relación de amistad desde que estudiaron la carrera de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relación que se ha mantenido en el tiempo, incluso la investigada es madrina de la hija menor de aquella; así consta en la declaración testimonial de esta última obrante a fs. 1855, y en las declaraciones de Zoraida Ávalos Rivera de fs. 1003 y 1201”.
Zoraida Ávalos, inclusive, en sus descargos, lejos de reconocer su falta llegó a sostener que: “no existe ningún impedimento legal que configure tal relación de amistad para la aludida designación”, es decir, admitió expresamente que podía manejar al Ministerio Público como si fuera su empresa privada, o algo suyo, y que podía nombrar a los hijos de sus amigos, de sus compadres y comadres como fiscales sin ningún problema.
La gravedad del caso es que Zoraida Ávalos con su puño y letra llegó a firmar la resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019 en la que designaba como Fiscal adjunta superior de Piura a: Carla Estefanía Bourdieu Zavala, hija de su comadre y amiga íntima, miembro de la JNJ: María Zavala Valladares.
Se ha consultado a especialistas en temas penales y administrativos sobre el tema y formulan dos observaciones a la decisión de la JNJ de solo imponer la sanción de 30 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Un primer cuestionamiento reside en la proporcionalidad de la sanción, ya que en un caso semejante de nombramiento de una juez supernumeraria de la Corte del Callao, la JNJ impuso la sanción de destitución al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, pese a que se acreditó que él solo recomendó a que se nombrara como juez a una persona que ya había ocupado cargos semejantes en la Corte de Justicia de Lima y tenía un mejor currículum que la hija de María Zavala; mientras que Zoraida Ávalos nombró directamente, sin rubor y abusando de su cargo, a la hija de su comadre. No es que Ávalos pidió que un tercero la nombrara en el cargo de Fiscal superior adjunta, sino que ella misma firmó la resolución.
Un segundo cuestionamiento, es que la JNJ no deriva ni remite copias al Congreso de la República o a la Fiscalía de la Nación para que se investigue penalmente a Zoraida Ávalos por la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo y por el delito de patrocinio ilegal, dado el manifiesto conflicto de intereses en los que había incurrido, lo que, según los entendidos, supone cometer el delito de omisión de deberes funcionales.
Resulta grave que la JNJ luego de dar por probada la relación de amistad íntima, de comadrazgo entre Zoraida Ávalos y María Zavala como el claro conflicto de intereses no haya derivado el caso a las autoridades competentes por la probable comisión de por los menos dos delitos.
La Junta Nacional de Justicia no cancela el título de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos
La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilita por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa del Congreso número 024-2022-2023-CR que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio del 2023 y en el que se ordena “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera”.
Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, pese a la decisión del poder Legislativo de ordenar la inhabilitación de Zoraida Ávalos por cinco años no ha cumplido, luego de más de 70 días, con cancelar el título profesional de Fiscal Suprema, tal como lo ordena el artículo 2 inciso h de la Ley N.º 30916 que regula la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
En la elaboración de esta nota se ha consultado a dos destacados constitucionalistas quienes al tiempo que pedían reserva de su nombre nos señalaban que la consecuencia inmediata de la inhabilitación efectuada por el Congreso de la República lleva consigo que cualquier funcionario público no solo no pueda seguir ejerciendo la función pública, sino que en el caso de funcionarios nombrados en la administración pública, especialmente, en el caso de fiscales y jueces, se les debe cancelar su título profesional.
Los especialistas consultados nos hicieron ver que el artículo 4 inciso 2 de la ley de la carrera fiscal establece como un requisito general para el ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal de cualquier nivel el “Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles”, situación que se pierde de manera irremediable al ser alguien inhabilitado “para el ejercicio de la función pública”. La inhabilitación implica que a persona se le suspende el ejercicio de poder ingresar o permanecer en el ejercicio de cualquier actividad de la función pública, entre los que se cuenta el cargo de Fiscal Supremo.
Se nos hizo ver que el Tribunal Constitucional peruano tiene zanjada la cuestión en la sentencia del EXP. N° 3760-2004-AA/TC del 18 de febrero del 2005 que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. En dicha sentencia se señaló que del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que pueden manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) la destitución del funcionario público. Y que la inhabilitación política es una sanción política discrecional y que es distinta a una inhabilitación administrativa y a la inhabilitación penal. Ella es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.
Por su parte, SERVIR (la Autoridad Nacional del Servicio Civil) en el Informe Técnico N° -2022-SERVIR-GPGSC ha señalado, sobre la inhabilitación política, que “tiene como efecto la restricción al derecho de acceso a los cargos públicos derivados de elección, acceso mediante concurso público o de designación; por lo que, el sujeto infractor queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer y/o acceder a cualquier cargo o realizar función pública durante el período en que se encuentra vigente la mencionada inhabilitación”.
Los constitucionalistas consultados nos refieren que el funcionario público inhabilitado que no puede ejercer cargo público alguno, ya sea de elección popular o de otro orden, se distingue del caso en que el funcionario recibe una sanción política de suspensión en el ejercicio del cargo en la que luego de cumplida la sanción puede regresar sin problemas a ejercer su cargo anterior. El funcionario público inhabilitado políticamente debe salir, o ser retirado de la función pública, y puede postular a cualquier cargo de la función pública, luego de cumplido su tiempo de inhabilitación.
La Junta Nacional de Justicia parece haber entendido que Zoraida Ávalos ha sido suspendida (y no inhabilitada) en el ejercicio del cargo, ya que solo así se puede explicar su decisión de mantenerla en el Ministerio Público a cualquier costo cuando la decisión correcta es proceder a cancelar su título como Fiscal Suprema.
En relación a la inhabilitación impuesta por el Congreso en la historia política y judicial se tiene el caso de las ex congresistas Luz Salgado y Martha Chávez quienes recibieron una sanción política de inhabilitación de cinco años (tiempo semejante por la que se inhabilitó a la ex Fiscal de la Nación) y que generó que el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 051-2001-P/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2001, se declaró la vacancia del cargo de Congresistas de la República. Dicha inhabilitación se discutió en la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada en el EXP. N.° 3593-2006-AA/TC del 4 de diciembre del 2006.
En un blindaje reiterado y escandaloso con Zoraida Ávalos, la JNJ ha decidido hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado para no remover y sacar del Ministerio Público a la exfiscal de la Nación. Según los especialistas consultados se ha incurrido en el delito de omisión de funciones.
Cuando la fraseología ideológica se usa sin fundamento, se pervierte cualquier posibilidad de discusión productiva. Es lo que está pasado ahora con el gobierno de Dina Boluarte y el ejercicio del poder que está ejerciendo un Congreso abierta y desembozadamente derechista.
¿Serlo los vuelve fascistas? Uno puede criticar ciertas decisiones gubernativas o congresales, u otras hechas en complicidad, pero no debería extenderle por ello partida de defunción a la democracia. Se ven tan fuera de la realidad a quienes hablan de dictadura congresal o régimen fascista de Boluarte, como los que, desde la derecha, durante el fallido régimen de Castillo, hablaban sin ningún criterio sensato, de la dictadura comunista que nos gobernaba.
Hay mucho por criticar del proceder de un Parlamento mediocre, corrupto y autoritario. La destrucción de la reforma universitaria, el intento de copamiento de otras instituciones (aunque sea normal en cualquier Parlamento del mundo con mayoría suficiente para proceder a ello), es discutible poner en el mismo saco la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien nunca, en verdad, debió ser ratificada por la Junta Nacional de Justicia, la arremetida anunciada contra los organismos electorales por razones infundadas, la falta de reformas importantes (ha sido vergonzoso el retroceso del fujimorismo en el tema de la bicameralidad), etc., pero no es verdad que el Congreso sea comparsa plena del Ejecutivo, y que, por ende, haya desaparecido la separación de poderes y, en consecuencia, haya muerto la democracia, como se ha dicho con más afán de impacto mediático que cercanía con la realidad política que hoy nos define.
Hay que activar los mecanismos de vigilancia democráticos y, además, estar pendientes del proceder de los poderes del Estado que hoy nos gobiernan, porque la contrarreforma que se ejecuta podrá ser legítima, pero no por ello está o puede estar libre de merecidas y duras críticas cuando se cometen en su nombre dislates como los mencionados.
Pero la batalla política debe empezar con la corrección en los términos y no mediante fraseología sensacionalista que no resiste el contraste de la realidad.
-La del estribo: imperdible la monumental muestra Los Incas. Más allá de un imperio, que se expone en el MALI. La muestra incluye una selección de más de 250 objetos arqueológicos y obras de arte procedentes de colecciones públicas y privadas, muchas de ellas nunca exhibidas, y comprende desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo, incluyendo su supervivencia en el periodo colonial. De manera complementaria se presenta Piedra en imagen. Lo inca en la fotografía, ca. 1900-1940, curada por Natalia Majluf. Va hasta el 26 de noviembre.
El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.
Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.
Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.
En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.
Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?
Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.
Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?
En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.
Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?
Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.
En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.
En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.
En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.
Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.
En Sudaca somos respetuosos del derecho de defensa y de la libertad de expresión, y vemos con agrado que la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos salga en diversos medios de comunicación escritos y televisivos a dar entrevistas; sin embargo, lo que no ha salido hasta ahora a la luz pública es el despliegue de influencias y de manejos oscuros que realiza para “convencer” a que los congresistas voten en contra de su inhabilitación como fiscal por cinco años y que la alejaría para siempre del poder que maneja en el sistema de justicia.
El lobby de Zoraida Ávalos en el congreso de la República
La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera viene realizando desde varios meses atrás una intensa actividad de influencias y lobby parlamentario con el fin de evitar que el Congreso de la República la inhabilite en el ejercicio del cargo de Fiscal Supremo. La conducta que realiza Zoraida Ávalos es la misma por la que abrió en su época de mandamás del Ministerio Público varias investigaciones penales por la comisión del delito de tráfico de influencias a diversos altos funcionarios.
Zoraida Ávalos trata de mover los hilos del poder en el Congreso de la República a través de diversas personas, entre las que se cuenta su ex asesora de confianza, que trabajó en la Fiscalía de la Nación: Malena Chacón Arenas, quien fue nombrada en dicho cargo el 19 de marzo del 2019 hasta el 3 de julio del 2023, es decir, laboró en la gestión de Ávalos Rivera los tres años que estuvo en el cargo como Fiscal de la Nación, desempeñándose como coordinadora parlamentaria del Ministerio Público. Malena Chacón viene sosteniendo diversas reuniones con congresistas y sus asesores a quienes trata de convencer de que voten en contra de la inhabilitación de Zoraida Ávalos o que simplemente voten en blanco con el único propósito de que no se alcance el número legal de votos requeridos para inhabilitarla. Chacón Arenas trabajó antes como secretaria general de la Municipalidad del Santa en la gestión de Victoria Espinoza García, quien fue condenada por el delito de colusión ilegal a cuatro años de pena privativa de libertad por el caso denominado “semáforos inteligentes”.
Malena Chacón Arenas (DNI N° 32964940) en el mes de abril del 2023 visitó tres veces el Congreso de la República: el 13 de abril, el 25 de abril y el 27 de abril. Todas las visitas fueron autorizadas por la congresista por Huánuco de Perú Libre, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, quien pertenece a la Bancada del Bloque Magisterial. La visita de Chacón Arenas a una congresista del partido del expresidente Pedro Castillo confirmaría la estrecha vinculación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos con el gobierno del defenestrado expresidente.
En el mes de mayo del 2023 Malena Chacón Arenas registra seis visitas, los días 3 de mayo (visita a la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla), 5, 15, 17 y 19 de mayo (visita a Javier Angeles Illmann: Director General Parlamentario,) y 22 de mayo (visita a la congresista María Acuña Peralta).
En las diversas visitas al Congreso de la República Chacón Arenas mantenía reuniones con diversos congresistas de las bancadas de izquierda, de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y otras tiendas políticas a fin de convencer a los congresistas de que voten por el rechazo por el pedido de inhabilitación de Zoraida Ávalos, ofreciéndoles que si Zoraida regresaba a la Fiscalía de la Nación iba a archivar cualquier investigación en su contra, dedicándose, además, a despotricar de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación, señalando que la Junta Nacional de Justicia la va a suspender del cargo y la va a destituir. La prueba reina de las gestiones y el lobby ilegal que hacía Malena Chacón Arenas a favor de Zoraida Ávalos se encuentra en un audio que grabó un Congresista de la República y que obra, según nuestras fuentes, en poder del Ministerio Público quien viene adelantando una investigación reservada al respecto.
Es muy grave que una exfiscal de la Nación utilice a sus antiguos asesores de confianza, quienes fueron contratados y pagados por más de tres años por el Ministerio Público, para hacer tráfico de influencias y para ofrecer una serie de beneficios y prebendas legales a los congresistas a cambio de votos en contra de la vacancia.
Zoraida Ávalos, como Fiscal Suprema en ejercicio, debe dar ejemplo de conducta ética y demostrar que para defenderse no es necesario acudir a acciones vedadas por la ley y menos utilizar a antiguas asesores de confianza para buscar acercamientos a congresistas para lograr que voten a su favor.
Los mails secretos de Zoraida Ávalos a los congresistas (jueces del congreso) que decidirán si la inhabilitan constitucionalmente
Zoraida Ávalos el 23 de mayo del 2023 envío desde su mail personal (zoraidaavalosrivera@gmail.com) al correo privado de casi todos los congresistas una copia de su escrito de defensa elaborado por el abogado Francisco Eguiguren Praeli, lo que supone realizar un manifiesto acto ilícito e indebido ya que a ningún litigante o abogado en el Perú se le permite que pueda enviar al correo privado de un juez o fiscal en el que se lleva un caso de su interés el escrito de alegatos de defensa o el informe elaborado por su abogado defensor. A ninguna persona investigada en el Perú se le autoriza enviar vía mail un escrito de defensa al correo personal de un funcionario público que conoce un caso. Cualquier litigante sabe que lo correcto es presentar el escrito que le interesa en la mesa de partes de una institución pública o enviar el documento al correo institucional de la mesa de partes, por ejemplo, de una fiscalía, de un juzgado o de cualquier dependencia pública.
Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.
A ningún ciudadano se le concede en el Perú el poder mantener una relación directa y personal, a través del correo electrónico, con algún funcionario (juez, fiscal congresista, etc.) que forma parte de un órgano colegiado que decide un caso de su interés. Todo abogado sabe que no es lícito ni correcto que los escritos de su defensa los pueda remitir al correo privado de un juez o fiscal o cualquier otro funcionario público, ya que está generando una relación extraprocesal prohibida por la ley.
Consultado el caso de Ávalos Rivera con algunos fiscales, se nos ha indicado que la exfiscal de la Nación habría cometido una infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal que sanciona, incluso, con destitución a quien “abusa de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado” (artículo 46.15). Se nos dice que Zoraida Ávalos solo por el hecho de ser todavía fiscal suprema se siente capaz de hacer algo que a ningún abogado se le ocurriría cometer: enviar los alegatos de su defensa al correo personal de los congresistas que dentro de poco deberán decidir si la denuncian constitucionalmente e inhabilitan para el ejercicio del cargo público.
Zoraida Ávalos y el Informe Policial de Cavassa Roncalla que desapareció del mapa
El hecho de la demora de más de dos años en abrir investigación al hacedor de su nombramiento como Fiscal Suprema, sin que haya justificación alguna que no sea el mero chalequeo descarado y al más alto nivel del Ministerio Público, no se debe ver como un acto aislado, sino en un contexto más amplio y delicado que explica el proceder de Ávalos Rivera. Veamos:
El 4 de febrero del 2021 la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DIVIAC) remitió el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 (firmado por SO PNP Norman Valdarrago Soria y con la conformidad del Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), mediante el Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 (firmado por el Capitán PNP: Gian Carlo Espinoza Valdivia), a la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, que en ese entonces despachaba la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra. En dicho Informe se realizaba un “análisis de contenido de la información existente en diversos audios obtenidos producto de la ejecución de la medida limitativa de derechos (escuchas legales), practicado a integrantes de la Organización Criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre los cuales se encuentra inmerso José Luis CAVASSA RONCALLA”.
En la página 41 del el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 se identifica a José Luis Cavassa Roncalla como titular del celular número 993686608 y se señala que dicha persona es conocida como “Pepe Lucho”. El Informe analiza 21 audios en los que directamente estaría relacionado “Pepe Lucho” Cavassa Roncalla y se comunica con otros miembros de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto o simplemente se refieren a él. En las conclusiones del Informe Policial se destaca la intervención de Walter Ríos Montalvo y José Luis Cavassa Roncalla para beneficiar al candidato a la Presidencia del CNM Orlando Velásquez Benites y en el que Cavassa habría influenciado ante sus amistades (Guido Águila Grados y Julio Atilio Gutiérrez Pebe) para que voten a favor de dicho candidato (página 24).
Sudaca se comunicó con la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, quien confirmó la autenticidad del Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 y nos señaló, para disipar cualquier duda, que en la parte superior del Oficio N° 61-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 02 se puede ver el sello de recepción del 4 de febrero del 2021 a las 3.47, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra el crimen organizado –Equipo Especial– que en ese entonces dirigía.
Lo grave del asunto es que el Informe N° 08-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP 2 ha desaparecido de la Carpeta Fiscal en la que se investiga a José Luis Cavassa Roncalla como parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Se ha consultado a algunos abogados y asistentes que han conocido la carpeta principal del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y ninguno recuerda haber visto incorporado a la Carpeta Fiscal el Informe N° 08-2021.
Resulta sumamente preocupante y escandaloso que dicho Informe, que llegó a la Fiscalía el 4 de febrero del 2021 en horas de la tarde y se comprueba con su sello de recepción, se haya extraviado y nadie lo ubique, luego que Zoraida Ávalos decidiera remover del cargo a la Dra. Rocío Sánchez Saavedra, pocos días después de recibido el Informe. Y justamente, lo extraño es que dicho Informe tenga como objeto exclusivo de análisis la intervención en la Organización Criminal de los Cuellos Blancos de José Luis Cavassa Roncalla, quien fue la persona que se encargó del nombramiento de Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema el año 2013.
La historia oficial del caso “Cuellos Blancos” refiere que la Fiscal Rocío Sánchez fue retirada del caso por haberse reunido con el expresidente de la República, Martín Vizcarra; sin embargo, es absolutamente razonable sostener como lo hizo hace casi tres años Ricardo Uceda en su artículo “Recuerdos de un ascenso” que: “Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza”.
Con ello, no solo se comprueba que hay una situación de complicidad e impunidad recíproca entre Zoraida Ávalos y su mentor José Luis Cavassa Roncalla, sino que refleja cinematográficamente la magnitud de cómo se llega a utilizar el poder en la Fiscalía en beneficio propio y de las personas cercanas que en su día fueron claves para la toma del Ministerio Público.
Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.
Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.
También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.
Todos juegan para Zoraida Ávalos
Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).
Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.
Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.
Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.
Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.
Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.
Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ
Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.
En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.
María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.
Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.
Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.
¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.
Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.
Audios reveladores que exponen la estrecha relación del operador Jose Luis Cavassa y el control que ejercía en el defenestrado CNM.
¿ME AYUDAS A APROBAR LA COLABORACIÓN EFICAZ DE WALTER RÍOS Y A CAMBIO TE AYUDO EN EL NOMBRAMIENTO COMO FISCAL?
Uno de los principales trabajos que se le habría encomendado a Castillo Nieto es que hiciera lo posible por aprobar el acuerdo de colaboración eficaz del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, cosa que hizo en tiempo récord y mostrando su plena eficiencia.
Como es de conocimiento público, el domingo 13 de diciembre del 2021 el programa de Claudia Toro en PBO RADIO emitió una primicia al publicar el audio del Juez Supremo Núñez Julca que sostiene con un oficial de la Diviac Jorge Rodríguez en donde trata a los investigados del caso Cuellos Blancos como delincuentes y corruptos, adelantando opinión sobre la responsabilidad penal de personas que estaban siendo investigadas violando el principio de presunción de inocencia y el deber de imparcialidad. Frente a la gravedad de los hechos y a la situación insostenible de Núñez Julca en el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria la Fiscalía Suprema de Eliseo Fernández Alarcón aceleró el paso y en tiempo récord logró presentar para su aprobación el acuerdo de colaboración eficaz que había firmado con Walter Ríos Montalvo.
Pese a que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Núñez Julca y Castillo Nieto tenía atrasado el despacho y estaban pendientes de resolver pedidos desde el mes de agosto del 2021, entre gallos y media noche, fijan fecha de la audiencia para la aprobación de la colaboración eficaz el día 22 de diciembre del 2021. En dicha audiencia, en la que intervino la Fiscal Fanny Quispe Farfán y el Procurador Público Javier Pacheco, se debía verificar cada uno de los 44 hechos que Walter Ríos Montalvo había delatado a fin de determinar si se había cumplido con corroborar y se habían respetado los demás requisitos fijados en la ley.
Pese a que la Procuraduría Pública de Corrupción de funcionarios había proyectado la realización de varias audiencias en el lapso de uno o dos meses para discutir cada uno de los puntos de la delación de Walter Ríos, sorprendentemente el Juzgado Supremo de Núñez Julca y Castillo Nieto resolvieron que un caso tan complejo se viera de manera fulminante en tres horas y el caso se dejó para resolver. Mientras el caso de la colaboración eficaz de Odebrecht duró más de 15 sesiones y tenía menos hechos delatados que la delación de Walter Ríos, el acuerdo de colaboración del expresidente de la Corte del Callao se vio de manera express como si se tratara de un servicio a la carta. Podemos preguntarnos si se buscaba acelerar los tiempos e impedir que si Núñez Julca era cambiado, otro juez conociera el caso, ya que si advertía los errores que contenía el acuerdo podía desaprobarlo.
El papel de Castillo Nieto aquí era determinante; si él demoraba la redacción de la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos después de la apertura del año judicial del 2022 se corría el riesgo de que con el ingreso de otro juez supremo al juzgado de investigación preparatoria el acuerdo de Walter Ríos no sea aprobado; de tal modo se aceleró el plazo a como diera lugar a fin de que la sentencia pueda estar lista antes de fin de año. Según fuentes judiciales, una Fiscal Suprema le habría ofrecido interceder con la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos para que sea nombrado como fiscal en el Ministerio Público y así no pueda quedar en el aire y sin trabajo frente a la inminente salida de Núñez Julca como juez encargado del Juzgado de Investigación Preparatoria.
Se coordinaron perfectamente los tiempos y el mismo día que Castillo Nieto entregaba el proyecto de sentencia de colaboración eficaz para la firma de Núñez Julca, el 31 de diciembre del 2021. Ese mismo día salió publicada en el diario El Peruano su designación como Fiscal adjunto provincial provisional. Se trataba de un evidente intercambio de favores al estilo Cuellos Blancos: la fiscalía recibía la aprobación de la colaboración eficaz y Castillo Nieto lograba un nombramiento delivery por los servicios prestados.
Se ha podido averiguar que la conducta de Castillo Nieto con la Fiscalía, en especial, con la Fiscal Fanny Quispe, no era aislada ni solitaria. Según las fuentes consultadas, Castillo Nieto tiene llamadas y comunicaciones constantes con la Fiscal Fany Quispe en la que coordinaban el resultado y el sentido de las resoluciones judiciales que le interesan a la Fiscalía como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, las tutelas de derechos, reexamen y algunas acciones semejantes. Dichas fuentes resaltan que Castillo Nieto pedía a la Fiscal Fanny Quispe el envío de resúmenes y de los argumentos en Word que querían que se ingresara en las resoluciones.
La propia Fanny Quispe habría coordinado con los funcionarios de la Oficina de Registros y evaluación de fiscales a fin de cerrar la designación de Castillo Nieto en el tiempo más breve posible y habría convencido a la Fiscal de la Nación para que apurara su nombramiento. Las grabaciones de las imágenes de los pasadizos del Ministerio Público, luego de la segunda quincena del 22 de diciembre, despiertan suspicacias en ese sentido. Incluso, se ha tenido acceso a un audio en donde Fanny Quispe en una reunión admite conocer y tener amistad con Castillo Nieto.
La Fiscal Fanny Quispe y Castillo Nieto, de comprobarse todo lo expuesto, incurrirían en prácticas en las que estaban incursos algunos empresarios y abogados involucrados en el caso Cuellos Blancos, pero esta vez la relación extraprocesal provendría de los propios miembros del Ministerio Público con las autoridades jurisdiccionales. ¿Alguien investiga estos graves hechos?
Se ha consultado a algunos fiscales y a abogados penalistas y nos señalan que la conducta de ofrecer o pagar por un determinado resultado judicial, antes o después, supone que se ha cometido el delito de cohecho activo. En ese delito debería investigarse si incurrieron Zoraida Ávalos y Fanny Quispe debido a que a cambio de obtener favores judiciales se lograría un nombramiento de Fiscal. Dicho hecho se vio consumado con la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN del 31 de diciembre del 2021 que fue suscrita por la misma Zoraida Ávalos.
Cuando se preguntó acerca de si había antecedentes parecidos los fiscales consultados nos remitieron algunas decisiones del propio Ministerio Público en las que se reflejaba el tratamiento como delito de cohecho del hecho de recibir designaciones o nombramientos como pago por obtener determinadas decisiones judiciales o fiscales.
El caso se remonta a mayo del 2017 en el que el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde autorizó a que se denuncie por cohecho al juez Edwin Elmer Yalico Contreras, debido a que el 2008 declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de ex Presidente Ollanta Humala Tasso por el caso del Andahuaylazo y el año 2013 fue contratado como asesor principal del Congresista José Antonio Urquizo Maggia, miembro de la bancada nacionalista. Se consideró que el nombramiento como asesor en el cargo de Profesional nivel SP-9 de Yalico fue un delito de corrupción, pese a que se produjo casi cinco años después de haber fallado en beneficio de Ollanta Humala. El caso de la designación de Castillo Nieto como fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos es mucho más grave porque se produce el mismo día que se dicta la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos, el 31 de diciembre del 2021, y meses después que se condenara por encubrimiento a Pedro Chavarry y se fallara de manera favorable a Zoraida Ávalos en casos relacionados con Fiscales Supremos que no eran de su grupo de poder: Tomás Gálvez y Carlos Arce.
Las irregularidades en el nombramiento del secretario de confianza Juan José Castillo Nieto como fiscal del Ministerio Público no terminan allí. Por ejemplo, su designación se produce antes que haya renunciado y su renuncia haya sido aceptada por el Poder Judicial; mejor dicho, cuando fue nombrado como Fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos seguía teniendo relación laboral con el Poder Judicial, tanto es así que el 31 de diciembre del 2021 termina suscribiendo la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos. Además, Castillo Nieto nunca ha trabajado en el Ministerio Público, ni como asistente fiscal, ni en un cargo administrativo en la Fiscalía; tenía cero experiencia; solo la suerte de una persona bendecida por los astros y el poder absoluto de Zoraida Ávalos explica su designación, rápida y fulgurante. Tanta suerte tiene Castillo Nieto que luego de su nombramiento como Fiscal Adjunto, producido en tiempo récord, no se le envía a trabajar en el pool de fiscales o en una Fiscalía provincial, de Lima o de provincia, sino que se le envía a laborar en la más alta esfera del Ministerio Público, en una Fiscalía Suprema Transitoria que depende de manera directa de Zoraida Ávalos.
El día de su investidura como Fiscal de la Nación Patricia Benavides dijo: “las leyes nos hacen iguales y nadie puede estar por encima de ellas, por ello iremos tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común. Todos aquellos actos que caigan bajo sospecha tienen el deber de comparecer ante la justicia y rendir cuenta por sus actos».
Si el discurso de la flamante Fiscal de la Nación es sincero y honesto debería ser consecuente y, sin pensarlo dos veces, debe abrir investigación a Zoraida Ávalos, su votante en la Junta de Fiscales Supremos como Fiscal de la Nación y que le tomó juramentó en el cargo, y debe comprender en ella a la Fiscal Fanny Quispe y al Fiscal Juan José Castillo Nieto.
No basta hablar; es necesario predicar con el ejemplo. Solo así, como reconoció la Fiscal de la Nación, el Ministerio Público saldrá de su peor crisis.
Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.
