Muertos

«Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno», señaló la presidenta Dina Boluarte respecto de la anunciada protesta que grupos de izquierda han convocado.

Hay un error conceptual y moral de base en la declaración de la presidenta. Los muertos no se ocasionaron solos o los causaron los protestantes. Como se ha acreditado, fueron obra y gracia de excesos policiales y militares. ¿Qué nos quiere decir la gobernante? ¿Que de producirse nuevas protestas violentas, el gobierno reaccionaría represivamente igual que en diciembre y enero y, por ende, se volvería a producir la carnicería que se produjo?

No hay justificación alguna para lo sucedido, y las investigaciones fiscales presentes o futuras deberán acreditar las sanciones penales de quienes resulten responsables (Dina Boluarte y Alberto Otárola incluidos en la pesquisa) y ser debidamente castigados judicialmente.

Por más violenta que sea una protesta, por más que se tomen carreteras, bloqueen puentes, incendien locales públicos o privados, o se tomen aeropuertos, la respuesta no puede ser la muerte de sus autores. No hay pena de muerte para tales delitos (definitivamente, lo son). Lo que corresponde es la detención inmediata de los violentistas y su procesamiento penal.

El uso de las armas por parte de la policía o de las fuerzas armadas, cuando se les encarga labores policiales, solo es justificable legalmente cuando está en riesgo la integridad o la vida de los propios hombres de uniforme o de terceros civiles, por acción de los manifestantes que protestan. Así corresponde en un Estado de Derecho, como el que supuestamente nos ampara.

Eso es algo que, lamentablemente, la presidenta Boluarte no parece entender y por ello sus declaraciones, ignominiosas para los deudos y para la sociedad civil aún indignada por lo sucedido, indignación que, entre otros factores, explica el inamovible grado de desaprobación del régimen. Los muertos seguirán lastrando al gobierno mientras éste no enmiende, repare o haga justicia.

 

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“A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de policía había sido sancionado ni apartado del servicio”.

“El gobierno peruano debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y presentar cargos, según proceda, no sólo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas”.

“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.

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Los halcones de ambas partes solo conducen a una guerra interminable, generando más violencia que aquella que supuestamente quieren evitar. Esperamos y exigimos del gobierno una actitud sensata en ese sentido y que desoiga los cantos de sirena de la derecha extrema, que parece disfrutar del caos, igual que los azuzadores que lo provocan, buscando justamente una reacción desmedida.

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Durante el pico de la segunda ola, a donde trabajo, el Hospital de Tingo María, llegaron varios pacientes desde otras provincias, tanto del mismo Huánuco como de otros departamentos. La mayoría de ellos eran casos muy graves, por lo que lamentablemente, fallecían a los días o tras varias semanas en UCI. 

Cuando un paciente fallece teniendo una prueba positiva para la infección por SARS-CoV-2 o se encuentra catalogado como caso sospechoso de la misma, se aplica el protocolo de manejo de cadáveres contemplado en la DS 087-2020 DIGESA/MINSA, donde se indica que el difunto no puede ser velado ni ser trasladado fuera de la provincia en donde falleció. 

Esto último fue muy difícil de asimilar para los familiares de aquellos fallecidos. Nunca imaginaron que intentar salvar la vida de su ser querido tuviese un costo tan alto. “No voy a abandonar a mi madre aquí”, “cómo van a crecer mis hijos chiquitos tan lejos de su padre”, “yo me lo llevo a mi tierra así sea lo último que haga”; son algunas de las frases que los deudos me decían entre lágrimas cuando venían a buscarme implorando que les dé una autorización de traslado (algo que me hubiese gustado hacer, pero que escapaba de mis manos).

Es por ellos que siento importante que esta directiva sanitaria ya debería ser dejada sin efecto, pero también existen razones objetivas por las cuales creo que hace mucho que debió ser modificada. Comenzaré por lo más claro para todos: La evidencia científica. Ya se ha demostrado que el contagio es a través de gotículas y que el riesgo de hacerlo al entrar en contacto con superficies contaminadas es ínfimo; por ende, una persona fallecida no va a contagiar a nadie. Esto hace que a día de hoy, carezca de sentido continuar con la prohibición de velar y trasladar a los difuntos. 

Si bien esa es la razón principal por la que esta directiva ha quedado obsoleta, me gustaría retratar las razones por las cuales creo que la prohibición del traslado no fue bien pensada, porque es importante aprender de los errores y porque esta mala planificación ha generado que se atropellen derechos de los deudos injustificadamente. Para ello, mencionaré datos de casos que se registraron durante esta segunda ola. 

Dada nuestra distribución geopolítica y la existencia de cementerios en varios centros poblados, a veces respetar el límite entre una provincia y otra tomaba un carácter absurdo. Nosotros siempre procuramos que el cementerio elegido para la inhumación, sea el más cercano posible al que deseaba la familia. En una de esas coordinaciones se dio el caso de unos deudos que habían llegado desde el centro poblado de Ramal, que pertenece a Tocache, la provincia de San Martín que colinda con Leoncio Prado (la provincia en la que queda Tingo María). El cementerio más cercano a ellos dentro de nuestra jurisdicción era el del centro poblado de Milano. ¿La distancia entre este y el de Ramal? 5 minutos, solo que, a pesar de estar tan cerca, cruzar la frontera está prohibido. 

Al menos para ellos, hubo un cementerio cerca a su hogar. Desafortunadamente, esa no fue la suerte de todos. Recuerdo el caso de un paciente a quien aprecié mucho. Él era policía y se encontraba de servicio aquí cuando se enfermó, sin embargo, toda su familia vivía en Piura. Los hijos quisieron ver la posibilidad de que se le incinerara para así llevar sus cenizas a casa. El único crematorio de Huánuco queda en la capital pero, a pesar de estar a 2 horas y media de Tingo María, es otra provincia, por lo que al final él tuvo que ser inhumado en el cementerio de nuestra ciudad. Se fue portando su traje de policía, con los honores que correspondía.  

Viendo esta problemática, como coordinadora he tenido que ser más estricta con las referencias. Antes de aceptar que se trasladara a cualquier paciente, había que estar muy seguros de que realmente íbamos a poder ayudarlo acá, porque de fallecer, dejar a su familiar aquí iba a ser aún más doloroso para la familia. Incluso así, llegaron varios con pronóstico muy malo a corto plazo. La situación más extrema que recuerdo es la de un paciente que fue traído en ambulancia desde Tocache y que falleció a su llegada a triaje. Nuestra intervención fue mínima, pero aun así se tuvo que sepultar aquí. 

Esta normativa también afectó a aquellos pacientes que tras varias semanas en UCI, fallecían. Lógicamente, ellos ya habían pasado la etapa en la que eran contagiosos y por lo general, la causa de su fallecimiento solía ser alguna complicación. El caso más frustrante fue el de un paciente que ya se encontraba en hospitalización con solo 0.5 litros de oxígeno, próximo al alta; pero que se complicó con lo que llamamos un TEP masivo (cuando un coágulo ocluye un vaso principal) y falleció. No pudo ser llevado a su ciudad porque al haber ingresado por neumonía COVID-19, debía ser manejado bajo el protocolo que dicta la directiva sanitaria. 

Quisiera terminar allí, sin embargo, debo mencionar también lo sucedido con los pacientes que el año pasado fueron internados en área COVID-19 por tener prueba de anticuerpos positiva, pero que ingresaban por cuadros no relacionados a la infección. Siempre andábamos pendientes de si ya habían salido los resultados de PCR de los más delicados, para así poder cambiar sus estados a “caso descartado” y, de esa forma, queden exentos del protocolo en caso de fallecimiento. Lastimosamente hubo resultados negativos que llegaron luego de que ya todo había sido aplicado. 

Por último, quiero comentar también acerca de los velorios. Se me hace un tanto discriminatorio que no sea permitido en caso de que el fallecido tenga una prueba positiva; pero sí si este ha fallecido por otra causa. Reitero, el difunto no va a contagiar a nadie, además, las medidas de cuidado deben ser las mismas siempre, porque al velorio de un paciente no COVID, también puede asistir alguien infectado y contagiar al resto de asistentes. He tenido pacientes que se han contagiado en los velorios, no lo negaré, y es por eso mismo creo que estos deben ser permitidos para todos, para así poder establecer ambientes y protocolos que se puedan controlar. 

Los que no lograron superar la enfermedad no son solo parte de las estadísticas. Tienen una familia detrás que también importa, porque para nuestra cultura, el poder velar y enterrar a nuestros seres queridos es muy valioso. Quitar la oportunidad de cumplir con nuestras tradiciones por protocolos que ya no tienen sentido, es generar un daño innecesario; es por esto, que es urgente actualizarlos, antes de que la tercera ola pegue más fuerte en las regiones fuera de Lima.

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