Represión

[La columna deca(n)dente] El cuento La piel de un indio no cuesta cara de Julio Ramón Ribeyro nos ofrece una poderosa metáfora sobre las profundas desigualdades que marcan la estructura social en el Perú. A través de la figura de Pancho, un adolescente trabajador cusqueño que muere electrocutado en un club de campo de las élites limeñas, el autor revela cómo estas élites perciben a los más pobres como meras piezas intercambiables a su servicio. La tragedia de Pancho no solo refleja el desdén por la vida de los más vulnerables, sino que, como un espejo, muestra el rostro de un Perú profundamente dividido entre clases sociales.

Este tema del racismo y el clasismo resuena con fuerza en la actualidad política del país. Las recientes declaraciones del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pidiendo “más represión” contra los manifestantes de diciembre de 2022 a abril de 2023, son un claro reflejo de esa mentalidad que ha guiado a las “élites” durante décadas.

Blume, al exigir mayor represión, no solo actúa como portavoz de una mentalidad autoritaria, sino que también revive los ecos del pasado más sombrío del país. Su llamado a la violencia estatal recuerda a los gamonales, los “señores de horca y cuchillo” que, en tiempos pasados, utilizaban el poder del Estado para sofocar cualquier intento de disidencia de “sus” indios en sus haciendas, a la voz de “métanle bala a la indiada”.

En un Perú donde las tensiones sociales crecen, el pensamiento de Blume no solo es alarmante, sino también peligrosamente racista. En las protestas, las víctimas fueron, en su mayoría, ciudadanos de Ayacucho y Puno, quienes no solo fueron ejecutados extrajudicialmente, sino que además fueron deshumanizados en el discurso oficial como enemigos del orden democrático.

Este tipo de represión no es algo aislado, sino parte de un patrón estructural que busca silenciar a quienes históricamente han sido ignorados y marginados. Si Pancho fuera una persona real, probablemente habría sido uno de esos miles de manifestantes que se alzaron en defensa de sus derechos, solo para ser despojados de su dignidad y su vida en manos de un Estado que prioriza la estabilidad del poder por encima de la justicia social.

La tragedia de Pancho y las declaraciones de Blume convergen en una misma crítica: ambas evidencian un sistema que legitima la violencia contra los más débiles. Pancho muere en un accidente producto de la negligencia de los poderosos, mientras que los manifestantes caen bajo las balas del Estado, todo en nombre de una supuesta “seguridad” que nunca ha estado al servicio del pueblo, sino de los intereses de unos pocos. La indiferencia de las “élites” ante estas tragedias no solo es moralmente condenable, sino que socava los principios democráticos fundamentales.

En lugar de optar por más represión, el país necesita un cambio de rumbo hacia políticas inclusivas que no solo aborden las raíces del descontento social, sino que también busquen soluciones a la pobreza, la exclusión y la desigualdad. La solución no está en la violencia, sino en la justicia social y el diálogo. El futuro democrático del Perú depende también de rechazar estos discursos autoritarios y de construir una sociedad más equitativa. Mientras las “élites” sigan viendo a los demás como Pancho, la democracia seguirá siendo solo una ilusión para muchos.

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La Tercera Toma de Lima. El último 19 de julio se convocó a la ciudadanía para protestar en contra de Dina Boluarte y parece que su respuesta es controlar la situación con la represión como una de sus herramientas de confianza. En estas detenciones, uno de los perjudicados fue Oscar Bellido, estudiante de la PUCP, que el sábado 22 de julio fue detenido en la carceleta de la División de Asuntos Sociales por presuntamente hacer pintas en las instalaciones del Palacio de Justicia.

Esta historia de las manifestaciones en la capital no tiene cuándo acabar y parece que es una historia que dividirá a la ciudadanía hasta los futuros escenarios: la incierta salida de la mandataria o la finalización de su mandato.

Sudaca pudo acceder al expediente del estudiante y la Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima abrió una investigación contra el estudiante por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios) en agravio del Estado Peruano. En dicho documento se precisa la solicitud de prisión preventiva contra el joven que va a la carrera de Publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Días duros en detención

Se sabe que durante los días que estuvo detenido, Bellido tuvo diferentes complicaciones en su salud. Desde convulsiones hasta descompensaciones fueron parte de la odisea que vivió el estudiante universitario en la carceleta. La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó una inmediata atención médica. Bellido es llevado al Hospital Arzobispo Loayza.

Plantón a las afueras de la carceleta donde se encontraba Oscar Bellido

“Fue trasladado al Hospital Loayza a las 19:26 de emergencia. El médico a cargo indicó que necesitaba 3 nebulizaciones en un lapso de 1:30 horas cada nebulización”, mencionó el documento con la actualización del estado de salud de Oscar Bellido. “El compañero estuvo custodiado de dos policías en todo momento (…) uno de los policías se acercó al médico y habló con él, estando en calidad de custodia. Tenemos la certeza que el policía influenció al médico para cambiar la receta”, añade el comunicado.

  • Comunicado de la familia de Oscar Bellido:

Diferentes colectivos y organizaciones sin fines de lucro mostraron su rechazo por la detención del joven universitario quien ejercía su labor de brigadista en media de esta problemática social. Una de estas agrupaciones fue la Federación de Estudiantes de la PUCP que mostro su inmediato interés y atención en el caso. Se pudo evidenciar que diferentes estudiantes con y sin relación a estas agrupaciones también propagaron la noticia de la detención por sus redes sociales convocando a la casa de estudios para que se pueda hacer cargo del estudiante universitario.

La fiscal Roció Castañeda había solicitado 9 meses de prisión preventiva por las presuntas pintas que el universitario “supuestamente” había realizado. Su abogado mencionó que la detención presentaba irregularidades y que no se habían considerado los videos que se había presentado en su defensa. Sin embargo, la misma Fiscalía también presentó un video grabado por un teniente de la PNP quien también mencionó que se había realizado un operativo a la persona que realizó las pintas.

Expediente tras la detención de Oscar Bellido

Acciones realizadas

Diferentes organizaciones se movilizaron desde la detención de Oscar Bellido, pero esto no pasó solo con el estudiante de la PUCP. En el panorama de las manifestaciones también fueron detenidos Raúl Tinco y Kenty Aguirre. Este último es un documentalista y fotógrafo que se encontraba cubriendo las manifestaciones que se dieron en las afueras del Poder Legislativo mientras la presidenta Dina Boluarte se encontraba brindando el tradicional Mensaje a la Nación por 28 de julio.

El comunicador se encontraba, al igual que Bellido, en la División de Asuntos Sociales de la PNP retenido. Quien asume su defensa es la Dra. Janet Marín quien mencionó que también se habían cometido irregularidades contra la detención de Aguirre, ya que se encontraba entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, cuando uno de los agentes policiales ordenó en gritos la detención de Aguirre.

Sudaca pudo acceder a las actas de detención que se dieron en medio de la detención de Kenty Aguirre. En ella, la mencionada acta refiere que la detención de Aguirre se da por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios). Sin embargo, como veremos en los presentes documentos, el comunicador decidió no firmar los documentos que se les fueron presentados (acta de detención y acta de lectura de derechos).

  • Acta de detención contra Kenty Aguirre:

 

  • Acta de lectura de derechos a Kenty Aguirre:

Al cierre de este informe se sabe que el comunicador fue liberado. El fiscal provincial Gilbert Montenegro dispuso su liberación a las 05:00 am, por lo que se tiene entendido que Aguirre pasó más tiempo de lo dispuesto por la Fiscalía. A pesar de esta noticia alentadora, Juan José Quispe denunció que se estaba intentando dar una venganza fiscal. «Habiéndose ARCHIVADO la investigación contra SHANIN KENTY AGUIRRE FIGUEROA, inauditamente, para que le devuelvan todos sus implementos personales incautados, la Fiscalía nos pide que acreditemos la «propiedad» de los bienes«, comento.

Documento que mostro el abogado de Kenty Aguirre

 

 

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