La corrupción es el segundo gran problema nacional, apenas por debajo de la inseguridad ciudadana. Eso lo ratifica la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022, que efectuó Ipsos el año pasado y que conviene traer a colación porque el statu quo se mantiene.
El 60% considera a la delincuencia el principal problema y el 57% a la corrupción; 4 de cada 5 peruanos estima que la corrupción en el Perú ha aumentado en los últimos cinco años; 53% considera que la corrupción aumentará en los próximos cinco años; alrededor de 9 de cada diez peruanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana (“principalmente, advierten que afecta su economía familiar, reduce sus oportunidades o las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su confianza en los políticos y en la calidad de los servicios públicos que recibe”).
Esta encuesta ha sido hecha en pleno gobierno de Castillo y por ello “destaca el aumento importante que tiene el gobierno de turno en el presente año: mientras que en el 2019 solo el 10% de peruanos consideraba al gobierno como una de las instituciones más corruptas, este año esta percepción aumenta a 42%”.
Por supuesto que la corrupción no existiría sin ambos lados de la moneda, el corrupto y el corruptor, y, en esa medida, el sector privado es cómplice de la misma, pero lo que es preciso anotar, siempre, es que mientras más Estado haya (con las barreras burocráticas que lo suelen acompañar) mayor propensión a la corrupción habrá. Mientras más permisos, licencias, autorizaciones, reglamentos, trámites sean necesarios, la puerta abierta al corrupto estará allí omnipresente.
De nada parece haber servido, en cuanto a escarmiento se refiere, ver a tantas autoridades públicas en la cárcel por los recientes escándalos del caso Lava Jato, del Club de la Construcción o el de los Cuellos Blancos. La ciudadanía en el Perú sigue siendo corrupta porque se ve en la obligación muchas veces de serlo para conseguir aquello que, en principio, debería serle concedido sin mayor dilación.
Una de las grandes tareas de un buen gobierno a partir del 2026 es reducir el Estado a su mínima expresión en cuanto a tramitología. Y diseñar un esquema institucional anticorrupción, ya que, probado está, el funcionamiento vigente de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía, no es suficiente.
Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.
Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.
Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.
Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.
Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).
Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.
La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.
[EN EL PUNTO DE MIRA] Después de 23 años, ¿qué podemos decir de aquella narrativa y de dichas instituciones? Que si bien se avanzó en dar un entramado institucional al país, no se llegó a darle el reimpulso necesario para su fortalecimiento, como sí vimos en países como España y Chile. Con aciertos y errores, lograron dar reimpulsos significativos a las instituciones que encierran conflicto de intereses.
La descentralización. Si bien llevamos seis elecciones a nivel subnacional, no se ha llegado a fortalecer los mecanismos de fiscalización. Allí tenemos a César Álvarez, encarcelado por formar una mafia desde el gobierno regional en Áncash. También tenemos a Félix Moreno del Callao y Jorge Acurio de Cusco, ambos encarcelados. Debe darse una lucha frontal contra la corrupción e incentivos para una gestión transparente.
La ley de partidos. Si bien por primera vez en nuestra historia política contábamos con una ley que regule la actividad partidaria, esta necesita pensarse a raíz de los límites que ha tenido la participación de los candidatos independientes en las cuatro elecciones que han pasado. Financiamiento es una de ellos, transparencia en los mecanismos de democracia interna es otro, dejar los legalismos es un tercero, para saber si existe una real vida política de los partidos. Hay que dar paso protagónico a los órganos de control y fiscalización, como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, con participación del Reniec.
El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario. Estos dos órganos, que son las principales directrices de la descentralización, no han dado impulsos para repensar la formación de funcionarios y servidores públicos permanentes. Asimismo, no se ha pensado aún en una articulación macrorregional. Las mancomunidades son un buen avance porque se articulan proyectos macrorregionales, pero son apenas una pieza dentro del entramado mayor del rompecabezas de la descentralización. Vale decir, debe dejarse de ver como una secretaría para ser un órgano autónomo.
Por otro lado, desde la transición a la democracia, hay un tema aún no superado, aún no resuelto: el sentimiento del “anti”. Si en el siglo XX teníamos el antiaprismo como una especie de identidad política que unía tanto a la oligarquía como a los comunistas, militares e Iglesia para enfrentar al Apra; post-noventa tenemos (sumado al antiaprismo) al antifujimorismo, el cual aglutina a cierta parte de la derecha, a organizaciones socialdemócratas y a la izquierda.
¿Eso está bien? Claro que no lo está; en democracia debería prevalecer la tolerancia. Pero seamos realistas. Para poner dos ejemplos, ni en España postdictadura franquista, ni en Chile postdictadura pinochetista, el “anti” ha sido superado. De cuando en cuando, y generalmente en el marco de elecciones, este suele aparecer.
Dicho esto, ¿habrá reconciliación? Con los actores políticos que fueron afectados por el gobierno autoritario fujimorista, no lo creo. Muy difícil. Podrá haber acuerdos (o coincidencias) parlamentarias, pero seguirá prevaleciendo el antifujimorismo. Es más rentable políticamente, dado que la democracia también es competencia.
¿De dónde partimos, entonces, para la reconciliación? Mínimamente, del reconocimiento de la participación en elecciones. Desde el encuentro electoral (aunque hostil) con el fujimorismo, podría a largo plazo irse apaciguando el anti y el fujimorismo irse adecuando aún más a los marcos democráticos.
Quien quiera tener alguna posibilidad electoral el 2026 (o antes, ya no se sabe) va a tener que tomar la mayor distancia política posible del régimen fallido de Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
El gobierno es una lágrima en cuanto a la resolución de los cuatro principales problemas que aquejan a la población (inseguridad ciudadana, corrupción, crisis económica y salud pública). La seguridad urbana se reduce a cotos muy exclusivos y la mayoría de ciudadanos del país está expuesta a la delincuencia creciente (el Tren de Aragua y el Comando Vermelho actúan con absoluta impunidad). El Perú no es un paraíso para las inversiones sino para el delito y demagógicos estados de emergencia no van a resolver nada.
La corrupción campea en todas las instancias del sector público (desde guachimanes hasta gerentes) con absoluto descaro. La crisis económica ya claramente no depende de factores externos (pandemia y guerra Ucrania-Rusia) sino de factores internos que provocan la caída de la confianza empresarial y el concomitante desplome de la inversión privada, principal sostén del crecimiento económico.
Por su parte la salud pública sigue siendo un desastre. Cerca de 150 mil peruanos acuden todos los días a alguna entidad de salud pública y son tratados como ciudadanos de quinta categoría, sembrando disidencia masivamente. Y el gobierno no mueve un dedo para mejorar ello.
El régimen de Boluarte es el reino de la medianía más rampante. El papelón protagónico de su reciente viaje a Nueva York, donde no se ha reunido con nadie importante, solo refleja la mediocridad estructural de un gobierno que se encontró el poder de casualidad y no ha sabido responder a la altura de las circunstancias.
Y la derecha tonta, empezando por su cúpula empresarial, anda feliz de la vida simplemente porque hay aparente estabilidad y ya no hay conflictos sociales. Y ni qué decir de la clase política de la centroderecha parlamentaria que no agita ni un plumero si cree incomodar al oficialismo del Ejecutivo, no pasando de bravatas verbales o gestos parlamentarios irrelevantes (como la eventual censura a los titulares del Minem y de Defensa).
La oposición se está haciendo a sí misma un flaco favor otorgándole un periodo de gracia permanente a un gobierno que merecería, casi, el mismo maltrato que el desastre de Castillo (quien, a pesar de todo, obtuvo sumisamente la confianza de todos sus gabinetes). Las urnas se lo van a hacer pagar caro.
Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Salvo dos o tres calificamos en todas. No nos estamos percatando del profundo deterioro social, económico, político e institucional por el que transita el país, producto de habernos conformado con solo haber hecho algunas reformas de primera generación en los 90, habernos congelado allí, y haber permitido que la realidad desborde el “modelo”, tornándolo inservible e ineficiente.
Lo grave de esta situación es que nos coloca en el abismo de una toma de decisiones electorales tremenda el 2026, con fuerzas radicales de izquierda cosechando el descontento masivo de la población con ese Estado funesto que nos rige. Los antiestablishment tienen razones fundadas para entusiasmar a quienes quieren patear el tablero.
Detrás de la inmensa multa municipal a la empresa Granja Azul, hay cutra de todas maneras. Como la hay cuando se clausura un centro comercial como Larcomar, por “gravísimas irregularidades” y luego se le otorga la reapertura a las pocas horas.
Se ha vuelto un negocio mafioso de muchos municipios clausurar y luego extorsionar con coimas a los establecimientos formales que deben soportar onerosos cierres de operaciones, muchas veces por detalles nimios fácilmente resolubles en cuestión de horas.
Los municipios distritales compiten con las mafias extorsivas en ver quién sangra más a los empresarios formales. Llegan las clausuras ostentosas, con letreros llamativos pegados en las puertas de los locales, a la par aparecen los sobres intimidatorios o las llamadas amenazantes de los mafiosos delictivos que piden cupos para dejar funcionar al negocio en “paz”.
Y ni hablar del aún más lucrativo negocio de las licencias de construcción, donde, en complicidad con la alcaldía provincial, se permiten alturas de edificios cuya propia normativa prohíbe, pero que el cabo del tiempo, o del ingreso de un nuevo alcalde, terminan siempre regularizadas. Entre tanto, los alcaldes capitalizan y se enriquecen (no conozco casi exalcalde distrital que no haya terminado siendo millonario luego de su gestión y después se les ve años sin trabajar, y sin oficio conocido, dándose la gran vida; les bastó un periodo edil para lograrlo).
En mi distrito, Barranco, he tenido suerte con la anterior administración y con la actual, pero otros distritos sufren y son víctimas de alcaldes corruptos que llenan sus arcas en paraísos fiscales a costa del bienestar de sus contribuyentes.
Y la Contraloría bien gracias. Si ni siquiera es capaz de revisar el irregular contrato de limpieza pública que tiene el Municipio de Lima con Innova Ambiental (ex Relima, la de Comunicore), sobre el cual hemos decidido hacer campaña sostenida en Sudaca hasta que el señor López Aliaga cumpla su promesa de campaña y convoque a una licitación pública internacional para el recojo y procesamiento de los residuos sólidos de la circunscripción metropolitana. Huele feo este tema.
La corrupción se ha enseñoreado en toda la administración pública, pero ha agarrado especial carne en los municipios, que merecen por ello la mayor fiscalización de los organismos competentes y de la opinión pública, que debe mostrar sana suspicacia sobre todos los actos ediles aparentemente administrativos que se toman.
Cuando se habla de la corrupción cometida en los ascensos policiales y militares, se ve un solo lado del problema, el de los agentes corruptores que vendían los puestos de ascenso y que, claramente, merecerán la severa sanción penal que corresponde a su delito.
Pero de lo que no se habla es de por qué un policía o un militar estaría dispuesto a pagar veinte o treinta mil dólares por ser ascendido, si el aumento remunerativo que dicho ascenso implica no alcanza, ni en todos los años de servicio premiados, para “recuperar” la inversión.
Claramente sucede esto porque hay una inmensa corrupción en nuestros institutos armados. Un ascenso implica acceder a fuente de sobornos y coimas gigantescas que justifican el pago efectuado para ascender.
Todos los días o muy a menudo aparecen informaciones que muestran cómo elementos de la policía y de las fuerzas armadas están involucrados en arreglos con el narcotráfico. Si a ello le sumamos las operaciones de las otras mafias ilegales (minería delictiva, contrabando, trata de personas, maderas preciosas que se explotan ilegalmente, etc.), sumadas a la corrupción endógena que lamentablemente se ha enseñoreado en todo el sector público, en cuanto a la adquisición y licitación de compras de equipos e insumos, entenderemos la madre del cordero.
No se equivoca la opinión pública cuando, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, identifica a la corrupción como el segundo de los problemas a resolver (y que además está ligado con el primero, que es el de la seguridad ciudadana; ¿qué puede hacer una policía corrupta para enfrentarla?).
Por lo pronto, se espera que las investigaciones fiscales en curso contra el presidente Castillo y otros subalternos, por este tema de los ascensos, saque a la luz qué oficiales malpagaron para lograr su objetivo, porque solo así, interrogándolos, se podrá ir desenmarañando esta terrible y deleznable red de corrupción, que ataca la base del contrato social que cimenta no solo una democracia sino cualquier forma de gobierno.
Si nuestras fuerzas “del orden” están preñadas de corrupción, no hay viabilidad social factible. Este escándalo reciente debiera servir, por ello, como hilo de la madeja para proceder a una extirpación quirúrgica de los elementos podridos de nuestra policía y fuerza armada, instituciones ambas que debieran ser pilares morales de la democracia.
Que las declaraciones de Vladimir Cerrón sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente sean respondidas acremente por Keiko Fujimori en defensa de la Constitución del 93, plantea un debate inocuo, porque a muy pocos les interesa en estos momentos esa discusión.
Bienvenida la polémica, por lo menos salimos del chato nivel político que en el Congreso y en el Ejecutivo se aprecia en estos momentos, pero lo que las circunstancias demandan es que se arme la bronca temática sobre los asuntos acuciantes de la coyuntura, como son la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la corrupción, como ha revelado una reciente encuesta de Ipsos.
No hay nadie de los partidos políticos dispuesto en meterse en el debate de cómo salir del terrible entrampamiento económico en el que nos hallamos. Los economistas sí han entrado de lleno al escenario, pero no se escucha una voz orgánica de quienes pretenden tener responsabilidades políticas en el futuro, ni a los del establishment congresal ni a los nuevos actores en ciernes.
Lo mismo sucede con el terrible problema de la creciente ola delincuencial. No faltan los émulos de Bukele o los promotores de la xenofobia antivenezolana y de allí no salen para atender un problema que ya amenaza con corroer los cimientos de la mínima civilización democrática en el país, pero no se oye padre respecto de nuestros políticos. Nadie dice ni pío, ni siquiera sobre las propuestas que el gobierno ha lanzado en el mensaje presidencial y que se traducen en el pedido de facultades legislativas presentado.
Mucho menos se escucha planteamientos sobre cómo romper el nudo gordiano de la corrupción que nos está arruinando. Sada Goray es el personaje del momento, pero como ella hay cientos y actúan en todas las instancias del sector público (gobierno nacional, regionales y locales), y la Contraloría se muestra inoperante para prevenir siquiera el desmadre. ¿Alguien ha escuchado acaso por azar alguna propuesta de los políticos sobre la materia? Por el contrario, se les ve orondos bajando los plazos de prescripción o a los congresistas pretendiendo recuperar la imnunidad.
–La del estribo: arranca con bríos el 27 Festival de Cine de Lima que organiza la PUCP. Un dato: el miércoles 16 dan en el cine Alcázar a las 16.30 Yana Wara, película póstuma de Óscar Catacora, a las 19.15, Historias deShipibos, de Omar Forero, y a las 21.45 Diógenes, ópera prima de Leonardo Barbuy, lo mejor de la producción nacional de este festival. Una maratón o un empacho cinéfilo. Compre última fila, así nadie le patea el asiento, ruegue que no le toque un removedor de canchita al costado e invoque a los dioses para que no haya cerca un tarado que no deje de mirar su celular. Y a disfrutar de buen cine peruano.
[MIGRANTE DE PASO] Un Congreso lamentable. La corrupción aplasta. López Aliaga le da la espalda a la comunidad LGTB+. Crisis en la Fiscalía. El sicariato aumentó 50% este año. Lima, número uno en tráfico vehicular latinoamericano. 5380 mujeres desaparecidas y 137 feminicidios en 2022. En lo que va del año, se suman 76 casos. Solo el 30% de mujeres denuncian. El miedo reina en este país. Lima, una ciudad enferma y patológica.
Es natural, ante tantos atentados contra los ciudadanos a manos de quienes deben protegerlos, que el estado de derecho sea odiado y carezca de respaldo. ¿Quién confiaría en esta jauría que nos gobierna? Solo unos locos podrían hacerlo. Los extremos crecientes se regocijan en el caos. Es su alimento. El conservadurismo, como mayor enemigo, le da una patada al progreso que muchos anhelamos. Imagino a Manuel Gonzáles Prada, César Vallejo, José María Arguedas, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru Segundo, María Elena Moyano, Chabuca Granda y nuestros próceres libertadores enfurecidos y apenados desde sus tumbas.
“Hay peligro en los cambios temerarios, pero mayor peligro hay en el conservadurismo ciego” -Henry George (economista estadounidense)
A pesar de todo, esta es mi ciudad, mi hogar, y el cariño que siento por mi país es inextirpable. Viviendo fuera, “La flor de la canela”, “Valicha” o “El cóndor pasa” te sacan lágrimas, aunque no quieras. Lágrimas de nostalgia y de pena por la situación en la que nos encontramos. Una pena por nuestra situación, donde la indefensión aprendida sobra.
La ciudad parece estar dormida y deprimida. Me llama la atención cómo a las 9 de la noche ni un alma transcurre en las calles. La vida nocturna se limita a desmadres de fines de semana. Los teatros y cine nacionales luchan por la supervivencia. El arte está bajo amenaza. El deporte abandonado. Yo no encuentro solución en mis divagares mentales. Rezo, aunque no creo en dios, porque alguien la encuentre. Un héroe salvador.
No me tiembla la pluma al aceptar que la Lima que yo conozco no es la misma que la del 90% de ciudadanos. No me tiembla la mano al decir que mi situación se debe a suerte pura. Altamente agradecido por donde nací y por mi familia, que no me dejó caer en las cucufaterías de las elites. ¿Qué seria de mi sin eso?–, me lo pregunté siempre. Estas aceptaciones parecen arderle a la inmundicia que abunda en las clases altas. Lo que escasea es su empatía y conciencia respecto de por qué están donde están. En muchos casos, simplemente suerte.
Las élites conservadoras tienen un nuevo slogan: “Matemos a todos”. Hay que ser psicópata para decirlo en serio y la superioridad autoproclamada no es más que una patraña sucia. Quienes se creen los reyes del país no son más que parásitos. De superioridad no tienen ni un pelo. Su ignorancia y prepotencia sólo demuestra su falta de inteligencia y la necesidad de demostrar, como todo ser débil. Yo les recomiendo bastante lectura para que sepan dónde están parados.
Un amigo, bastante limitado, me pregunta: ¿entonces eres marxista? Un cuestionamiento que se repite innumerables veces, en medios, en la calle, por todos lados. A qué diablos se refieren. Creen que es sinónimo de comunista. No lo soy. Pero no tomar en cuenta el desarrollo de la civilización por medio de la lucha de clases, la necesidad de tener conciencia de clase, el materialismo histórico, la teoría de alienación y el opio del pueblo es un error terrible. Cualquier interpretación sociológica, política y económica que no considere esos factores va a caer en falacias. Seas de izquierda, derecha, centro, de arriba o de abajo. Negarlo es como no creer en el inconsciente de Freud. Por lo tanto, ante esa pregunta, sí debo ser marxista.
Existe una epidemia de inocencia política incomprensible. Desde los inicios de la República los gobiernos se han dedicado a robar, delinquir y someter al país. Pero la incredulidad continúa y no muchos escapan de ella. Aún recuerdo la publicación de una persona bastante leída que decía: “Ganó mi profesor, el del pueblo” cuando Castillo triunfó en las elecciones, no había pasado ni un día y ya todos sabemos cómo terminó. En este país es casi un deber ser siempre de oposición y abandonar simpatías políticas. De lo contrario, seremos defraudados por el poder.
“El poder siempre atrae a los hombres de baja moralidad” -Albert Einstein
Saliendo del Jorge Chávez me salió una sonrisa, se extraña la huachafería y el ambiente contaminado. No pasa mucho tiempo para que se borre. Los autos pareces competir entre ellos, carreras por pasajeros y maniobras imprudentes. Un tumulto de masculinidades frágiles se enfrenta por ver quién es más hombre. Ridículo. Formas de pensar arcaicas. La sonrisa me regresó al llegar a la Costa Verde. Al estar acostumbrados al mar no nos damos cuenta de la hermosura de su inmensidad estando a pie de la ciudad.
Durante la pandemia que acechó ferozmente nuestro país y las máscaras corruptas se cayeron, nos las arreglamos encerrados. Aún no se conoce la gravedad de las consecuencias en la salud mental por ese período. Lo único que rescató mi cordura fueron las vueltas consecutivas que daba en la Costa Verde. Era necesario un respiro. Felizmente, esa etapa terminó y el mundo entró nuevamente en funcionamiento.
Mis perros me recibieron saltando y moviendo la cola. Ver a mis familiares y amigos me hicieron sentir en casa. Las noticias, almorzando en la cocina, derrumban la esperanza, pero es importante ser reacio a perderla. Todos los recuerdos que viví en mi ciudad me hicieron quien soy y el entorno donde crecí me mantiene expectante a nuevas ideas y a corregir pensamientos que inevitablemente tengo. La idea es identificarlas para cambiarlas. Mantengo la mente abierta a que todos hagan lo mismo.
Un punto de quiebre en mi caso fue cuando trabajé en La Mula y gané amistades grandiosas de cariño incondicional con personas de mundos distintos. Si alguno de ellos lee esto sepan que les debo un enorme Gracias. Me hicieron crecer.
Al día siguiente de mi llegada me quité la espina con mis amigos de siempre, en la esquina de siempre y con el mismo amor de siempre. Son parte de mi familia. Nos reunimos en un pequeño malecón de Barranco donde se ve toda la bahía. Jugué fútbol, aprendí a montar bicicleta, tuve rechazos amorosos y travesuras inolvidables. Con esta vista me fumé incontables problemas junto con mi hermano. Al estar ahí nuevamente aumentaron mis ganas de vivir y aprender. Ahí, con mis hermanos de alma y el mar que consume todos mis problemas. Nunca abandonaré el orgullo de donde vengo. Sea cual sea la situación. Espero que todos tengan la suerte de encontrar personas como las que yo hallé. Si aún no las tienen, el mundo es infinito y siempre hay personas que te querrán por lo que eres.
“Un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo” -Jim Morrison (The Doors)
